APAF-Madrid (Asociación Profesional de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid)

Normativa profesional de los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid Normativa profesional de los Agentes Forestales

Normativa profesional de los Agentes Forestales

 Las funciones que desempeñan estos profesionales en su quehacer diario, se orientan al cumplimiento de la normativa legal aplicable en la Comunidad de Madrid relativa a materia forestal, flora, fauna, caza, pesca, incendios forestales, ecosistemas, aguas continentales, vías pecuarias, espacios naturales protegidos, geomorfología, paisaje y, en general, al correcto uso de los recursos naturales y de todo aquello que afecte al medio ambiente natural.

Los miembros del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid ejercerán sus funciones buscando siempre prevenir las infracciones y los daños ambientales de cualquier tipo que pudieran producirse.

Aquí puedes encontrar un breve compendio de legislación relacionada con los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.

Disponemos en APAF-Madrid de toda la legislación que pueden aplicar los agentes forestales para la protección de nuestro patrimonio natural.

(Ayuda con la normativa Donde lo encuentres, este símbolo te ayudara con la legislación.)

 

Temáticas:

- Constitución

- Administración

- Vicepresidencia, Consejería de Presidencia  y Portavocía del Gobierno de la Comunidad de Madrid

- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid

- Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid

- Delitos tipificados en el Código Penal

- Protección Civil y Emergencias Ambientales

- Patrimonio Natural, Biodiversidad, Espacios Naturales, Flora y Fauna

- Montes

- Aguas

- Caza y Pesca

- Incendios Forestales

- Vías Pecuarias

- Evaluación Ambiental

- Patrimonio Histórico

- Suelo

- Atmósfera

- Residuos

- Vehículos a Motor, Usos Deportivos y Recreativos

- Minas, Canteras, Graveras, etc.

- Animales Domésticos

- Salud Laboral

- Trafico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial

 

 CONSTITUCIÓN

- Constitución Española de 1978

- Auto del Tribunal Constitucional sobre el mantenimiento de la suspensión cautelar del Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley de Medidas Urgentes de la Comunidad de Madrid

- Sentencia 214/2015 del Tribunal Constitucional, de 22 de octubre de 2015 (BOE núm. 284, de 27 de noviembre de 2015).

subir

 

 ADMINISTRACIÓN

NORMATIVA ESTATAL

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

- Ley de Enjuiciamiento Criminal

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

- Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

- Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

- Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de lugares de trabajo

- Orden JUS/1291/2010, de 13 de mayo, por la que se aprueban las normas para la preparación y remisión de muestras objeto de análisis por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

NORMATIVA  AUTONÓMICA

- Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid

- Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas

- Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid

- Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid

- Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid

- Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid

- Acuerdo sectorial sobre condiciones de trabajo del personal funcionario de administración y servicios de la administración de la Comunidad de Madrid (2018-2020)

(BOCM nº 201, de 23 de agosto de 2018)

- Acuerdo sectorial para el personal funcionario de Administración y servicios de la Administración General de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos para los años 2.004 - 2.007

subir

 

 VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

- Estructura, competencias, normativa, etc.

subir

 

 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

subir

 

 AGENTES FORESTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

NORMATIVA ESTATAL

- Definición de agente forestal (Artículo 6.q de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. (Textos refundidos))

- Régimen Jurídico de los Agentes Forestales

NORMATIVA  AUTONÓMICA

- Ley 1/2002, de 27 de marzo, por la que se crea el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid

- Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se establece la acreditación profesional de los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid

- Orden 1346 bis/2014, de 2 de julio por la que se modifica parcialmente laOrden 788/2001, de 26 de marzo, por la que se aprueban los protocolos de actuación operativa del Centro de Atención de Llamadas de Urgencia 112.

- Orden de 6 de abril de 2010, por la que se establece la uniformidad e imagen institucional del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid

- Orden 4634/2006, de 29 de diciembre, por la que se modifica la distribución territorial de las comarcas forestales de la Comunidad de Madrid

- Orden 2069/2006, de 12 de junio, por la que se aprueban las bases que han de regir las convocatorias para la adjudicación temporal, como vivienda habitual, de las casas forestales gestionadas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

- Orden 788/2001, de 26 de marzo, por la que se aprueban los protocolos de actuación operativa del Centro de Atención de Llamadas de Urgencia 1-1-2.

Acuerdo de 31 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba expresa y formalmente el Acuerdo de 9 de julio de 2018, de la Mesa Sectorial del personal funcionario de Administración y Servicios, por el que se regulan las condiciones de trabajo del Cuerpo de Agentes Forestales para el período 2018-2020

- Acuerdo de la Mesa Sectorial del Personal Funcionario de Administración y Servicios, por el que se ratifica el acuerdo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con las organizaciones sindicales más representativas para la Mejora de las Condiciones de Trabajo de Agentes Forestales y Adecuaciones Organizativas en aplicación de la Ley 1/2002, correspondiente al período 2005-2007

subir

 

 DELITOS TIPIFICADOS EN EL CÓDIGO PENAL

- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y Leyes Orgánicas 15/2003, 5/2010 y 1/2015, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal. (Textos Refundidos)

- Delitos sobre la omisión del deber de socorro (Arts. 195 al 196)

- Delitos contra los derechos de los trabajadores (Arts. 311 al 318)

- Delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente (Arts. 319 al 340)

- Delitos de incendio, incendios forestales y de los incendios en zonas no forestales (Arts. 351 al 358)

- Delitos contra la Administración Pública (Arts. 404 al 445)

- Delitos contra la Administración de Justicia (Arts. 446 al 471)

- Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales (Arts. 529 al 542)

- Atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia (Arts. 550 al 556)

- Faltas contra el orden público, al respeto y consideración debida a la autoridad o sus agentes, o desobediencia. (Art. 634)

- Los delitos relativos a la flora, fauna y animales domésticos. Autor: José Muñoz Lorente (Profesor Titular de Derecho Penal, Universidad Carlos III de Madrid)

subir

 

PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS AMBIENTALES

NORMATIVA ESTATAL

- Ley 17/2015 de 9 de julio, sobre el Sistema Nacional de Protección Civil

- Ley 25/1997, de 26 de diciembre, de Regulación del Servicio de Atención de Urgencias 112

Real Decreto-ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales

Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales

- Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo químico

- Real Decreto 1564/2010, de 19 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo radiológico

- Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación

- Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas

- Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas

- Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas

- Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma básica de protección civil

- Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para la actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública

- Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas

- Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas

- Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil para emergencias por incendios forestales

- Resolución de 30 de enero de 2013, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo volcánico

- Resolución de 2 de agosto de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de julio de 2011, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo de inundaciones

- Resolución de 29 de marzo de 2010, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo sísmico

- Resolución de 21 de febrero de 1996, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo volcánico

- Resolución de 5 de mayo de 1995, aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo sísmico

- Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado de interior, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo de inundaciones

- Normativa de Protección Civil

NORMATIVA  AUTONÓMICA

- Decreto 83/2018, de 5 de junio, por el que se modifica el Decreto 59/2017, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA)

- Decreto 59/2017, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA)

- Decreto 85/1992, de 17 de diciembre, por el que se aprueba, con el carácter de Plan Director, el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM)

- Orden 1346 bis/2014, de 2 de julio, por la que se modifica parcialmente la Orden 788/2001, de 26 de marzo, por la que se aprueban los protocolos de actuación operativa del Centro de Atención de Llamadas de Urgencia 112

- Orden 788/2001, de 26 de marzo, por la que se aprueban los protocolos de actuación operativa del Centro de Atención de Llamadas de Urgencia 1-1-2

- Orden 1624/2000, de 18 de abril, por la que se modifica el Plan de Protección Civil ante Inclemencias Invernales en la Comunidad de Madrid

- Plan de Actuación en caso de Inundaciones de la Comunidad de Madrid

- Plan de emergencias de presas

subir

 

 PATRIMONIO NATURAL,  BIODIVERSIDAD, ESPACIOS NATURALES, FLORA Y FAUNA

NORMATIVA EUROPEA

- Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres

- Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre

NORMATIVA ESTATAL

- Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales

- Ley 7/2013 , de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

- Directrices de aplicación en la Ley 42/2007:

· Directrices Técnicas para la captura de especies cinegéticas predadoras. Homologación de métodos y acreditación de usuarios

· Directrices Técnicas para la gestión de la alimentación de especies necrófagas

· Directrices Técnicas para regular la captura de fringílidos en el medio natural

- Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales

- Real Decreto 216/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la región ultraperiférica de las islas Canarias y por el que se modifica el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras

- Real Decreto 599/2016, de 5 de diciembre, por el que se regula la licencia de uso de la marca "Reservas de la Biosfera Españolas"

- Real Decreto 598/2016, de 5 de diciembre, por el que se regula la composición, funciones y funcionamiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales

- Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales

- Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos I, II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

- Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras

- Real Decreto 1636/2011, por el que se regula la alimentación de determinadas especies de fauna silvestre con subproductos animales no destinados a consumo humano

- Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas

- Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09

- Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres

- Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas

NORMATIVA  AUTONÓMICA

- Ley 7/2013, de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

- Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid

- Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestre de la Comunidad de Madrid

- Ley 7/1990, de 28 de junio, sobre Protección de Embalses y Zonas Húmedas de la Comunidad de Madrid. Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid. Planes de Ordenación de embalses catalogados y Planes de Actuación sobre humedales catalogados

- Decreto 144/2018, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Actuación contra el uso ilegal de veneno en el medio natural de la Comunidad de Madrid

- Decreto146/2017, 12 diciembre, por el que se crea y regula el registro de explotaciones ganaderas de la Comunidad de Madrid, y se establece la normativa reguladora de la actividad apícola en la misma

- Decreto 26/2017, de 14 de marzo, por el que se declara la Zona Especial de Conservación "Cuencas de los ríos Alberche y Cofio" y se aprueban su plan de gestión y el de la Zona de Especial Protección para las Aves "Encinares del río Alberche y río Cofio"

- Decreto 106/2014, de 3 de septiembre, por el que se declara Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria "Cuenca del río Guadalix" y se aprueba su Plan de Gestión.

- Decreto 105/2014, de 3 de septiembre, por el que se declara Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria "Cuenca del río Guadarrama" y se aprueba su Plan de Gestión.

- Decreto 104/2014, de 3 de septiembre, por el que se declara Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria "Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid" y se aprueba su Plan de Gestión y el de las Zonas de Especial Protección para las Aves "Carrizales y Sotos de Aranjuez" y "Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares".

- Decreto 103/2014, de 3 de septiembre, por el que se declara Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria "Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte", y se aprueba su Plan de Gestión y el de la Zona de Especial Protección para las Aves "Alto Lozoya".

- Decreto 102/2014, de 3 de septiembre, por el que se declara Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria "Cuenca del río Manzanares" y se aprueba su Plan de Gestión y el de las Zonas de Especial Protección para las Aves "Monte de El Pardo" y "Soto de Viñuelas".

- Decreto 28/2014, de 27 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos reguladores de los órganos de gestión y participación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

- Decreto 172/2011, de 3 de noviembre, por el que se declara Zona Especial de Conservación (ZEC) el Lugar de Importancia Comunitaria “Cuencas de los ríos Jarama y Henares” y se aprueba el Plan de Gestión de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de la Zona de Especial Protección para las Aves denominada “Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares” y de la Zona Especial de Conservación denominada “Cuencas de los ríos Jarama y Henares”.

- Decreto 40/1998, de 5 de marzo, por el que se establecen normas técnicas en instalaciones para la protección de la avifauna

- Decreto 18/1992, de 26 de marzo, Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y Árboles Singulares

- Orden 68/2015, de 20 de enero, por la que se modifica el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid, en su categoría de "Árboles Singulares"

- Orden 2/2014, de 2 de enero, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se crea la figura del Director Conservador del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en la Comunidad de Madrid

- Orden 1/2014, de 2 de enero, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se crean las figuras de Director de los Parques Regionales de la Comunidad de Madrid y de Conservador de Parque Regional

- Acuerdo de 2 de septiembre de 2004, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la revisión del Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid

- Acuerdo de 10 de octubre de 1991, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid

- Espacios Naturales Protegidos

- Planes de Gestión de Espacios Protegidos Red Natura 2000

- Zonas Especiales de Conservación (ZEC)

- Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)

- Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

- Repertorio de Legislación Ambiental (RLMA) de la Comunidad de Madrid

subir

 

 MONTES

NORMATIVA ESTATAL

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y Ley 10/2006, de 28 de abril, Ley 21/2015, de 20 de julio y Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por las que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. (Textos refundidos)

- Sentencia 214/2015 del Tribunal Constitucional, de 22 de octubre de 2015 (BOE núm. 284, de 27 de noviembre de 2015).

Recurso de inconstitucionalidad 8405-2007. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 9 de la Ley 3/2007, de 26 de julio, de medidas urgentes de modernización del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, que introduce un nuevo primer párrafo en el apartado 3 del artículo 100 de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, forestal y de protección de la naturaleza de la Comunidad de Madrid.

Competencias sobre medio ambiente, montes y Administración de justicia: Nulidad del precepto legal autonómico que requiere autorización judicial para que los Agentes Forestales accedan a montes de titularidad privada.

- Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción

- Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas

- Decreto 485/1962, de 22 de febrero, del Reglamento de Montes

NORMATIVA  AUTONÓMICA

- Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid y Ley 3/2015, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. (Textos refundidos)

- Ley 17/1999, de 29 de abril, sobre aprovechamiento de pastos y rastrojeras para la protección de la ganadería extensiva

- Decreto 40/2002, de 28 de febrero, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Consorcios de Reforestación en la Comunidad de Madrid

- Decreto 65/1989, de 11 de mayo, por el que se establecen las unidades mínimas de cultivo para el territorio de la Comunidad de Madrid

- Decreto 111/1988, de 27 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la regulación de cortas en los montes bajos o tallares de encina y rebollo de la Comunidad de Madrid

- Decreto 8/1986, de 23 de enero, del Consejo de Gobierno, sobre regulación de las labores de podas, limpias y aclareos de fincas de propiedad particular pobladas de encinas

- Decreto 35/1985, de 8 de mayo, por el que se establece la normativa reguladora de la actividad apícola en el territorio de la Comunidad de Madrid

subir

 

 AGUAS

NORMATIVA ESTATAL

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas

- Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales

- Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental

- Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico

- Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril

- Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los Títulos II y III de la Ley de Aguas

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio

- Marco legislativo del agua (Europeo, estatal y autonómico)

subir

 

 CAZA Y PESCA

NORMATIVA ESTATAL

- Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza

- Ley 37/1966, de 31 de mayo, sobre creación de Reservas Nacionales de Caza

- Ley de 20 febrero 1942 de Pesca

- Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970 (Mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa).

- Decreto de 6 de abril de 1943 por el que se aprueba el Reglamento de Pesca

- Real Decreto 1082/2009, de 3 de julio, por el que se establecen los requisitos de sanidad animal para el movimiento de animales de explotaciones cinegéticas, de acuicultura continental y de núcleos zoológicos, así como de animales de fauna silvestre

- Real Decreto 63/1994, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil del Cazador, de suscripción obligatoria

- Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas

- Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies comercializables y se dictan normas al respecto

- Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies que pueden ser objeto de caza y pesca y se dictan normas para su protección

- Resolución de 1 de abril de 1971, por la que se dan normas para la señalización de terrenos sometidos a régimen cinegético especial y de los palomares industriales

- Orden de 15 de enero de 1973, por la que se dictan normas relacionadas con la señalización de determinados terrenos sometidos a régimen cinegético especial

- Resolución de 6 de marzo de 2017, por la que se publica el Convenio de colaboración con las Comunidades Autónomas de Aragón, Principado de Asturias, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana, para el establecimiento de las licencias interautonómicas de caza y de pesca en aguas continentales para todos sus territorios

NORMATIVA  AUTONÓMICA

- Decreto 23/2015, de 23 de abril, por el que se regula el procedimiento para la expedición de licencias de caza y pesca en la Comunidad de Madrid

- Decreto 156/2002, de 19 de septiembre, por el que se limita el uso de munición que contenga plomo para el ejercicio de la caza y el tiro deportivo en determinados embalses y zonas húmedas de la Comunidad de Madrid

- Orden 118/2018, de 18 de junio, por la que se fijan las limitaciones y épocas hábiles de caza que regirán durante la temporada 2018-2019

- Orden 156/2019, de 26 de febrero, sobre establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad piscícola en los ríos, arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid, para la temporada 2019

- Orden 117/2018, de 20 de junio, por la que se modifica la Orden 270/2018, de 12 de febrero, sobre establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad piscícola en los ríos, arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid, para el ejercicio de 2018

- Orden 3277/2015, de 13 de noviembre, por la que en desarrollo del Decreto 23/2015, de 23 de abril, del Consejo de Gobierno, se regula el procedimiento para la expedición por la Comunidad de Madrid de licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales

- Orden 862/2015, de 21 de mayo, por la que en desarrollo del Decreto 23/2015, de 23 de abril, se regula el curso de cazador

- Orden 2658/1998, de 31 de julio, por la que se autoriza la caza de aves fringílidas en la Comunidad de Madrid

- Orden de 14 de julio de 1987 de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se establece la valoración cinegética de las piezas de caza y especies protegidas de la fauna silvestre en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid

- Información práctica sobre caza

- Información práctica sobre pesca

- Marco legislativo de caza (Estatal y autonómico)

- Marco legislativo de pesca (Estatal y autonómico)

subir

 

 INCENDIOS FORESTALES

NORMATIVA ESTATAL

- Real Decreto-ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales

- Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales

- Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre incendios forestales

NORMATIVA  AUTONÓMICA

- Decreto 83/2018, de 5 de junio, por el que se modifica el Decreto 59/2017, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA)

- Decreto 59/2017, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA)

- Orden 3816/2003, de 22 de mayo, por la que se establecen las normas sobre las autorizaciones para realizar quemas en tierras agrícolas

- Marco legislativo de incendios (Autonómico)

subir

 

 VÍAS PECUARIAS

NORMATIVA ESTATAL

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias

NORMATIVA  AUTONÓMICA

- Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid

- Decreto 12/1999, de 28 de enero, por el que se crea y regula el Patronato de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid

- Información práctica sobre la Vías Pecuarias

- Vías pecuarias de la Comunidad de Madrid

subir

 

 EVALUACIÓN AMBIENTAL

NORMATIVA ESTATAL

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental

- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación

- Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación

NORMATIVA  AUTONÓMICA

- Ley 2/2002, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid

- Marco legislativo de Evaluación Ambiental

subir

 

 PATRIMONIO HISTÓRICO

NORMATIVA ESTATAL

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español

NORMATIVA AUTONÓMICA

- Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid

subir

 

 SUELO

NORMATIVA ESTATAL

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación

NORMATIVA  AUTONÓMICA

- Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo en la Comunidad de Madrid

subir

 

 ATMÓSFERA

NORMATIVA ESTATAL

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental

NORMATIVA  AUTONÓMICA

- Decreto 55/2012, de 15 de marzo, por el que se establece el régimen legal de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid

subir

 

 RESIDUOS

NORMATIVA ESTATAL

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases

- Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases

- Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos

- Orden PRA/1861/2016, de 9 de diciembre, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil

- Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depuración en el sector agrario

NORMATIVA  AUTONÓMICA

- Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid

- Decreto 326/1999, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados de la Comunidad de Madrid

- Decreto 193/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula en la Comunidad de Madrid, la utilización de lodos de depuradora en agricultura

- Orden 2305/2014, de 3 de noviembre, por la que se modifican los Anexos del Decreto 193/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula, en la Comunidad de Madrid, la utilización de lodos de depuradora en agricultura, para adecuarlo a las necesidades informativas de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados

- Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid

- Orden 761/2007, de 2 de abril, por la que se modifica la Orden 2770/2006, de 11 de agosto, por la que se establecen niveles genéricos de referencia de metales pesados y otros elementos de traza de suelos contaminados de la Comunidad de Madrid

- Acuerdo de 18 de octubre de 2007, por el que se aprueba la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid

- Marco legislativo de Residuos (Europeo, estatal y autonómico)

subir

 

 VEHÍCULOS A MOTOR, USOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

NORMATIVA  AUTONÓMICA

- Decreto 3/1993, de 28 de enero, sobre campamentos de turismo en la Comunidad de Madrid

- Decreto 110/1988, de 27 de octubre, que regula la circulación y práctica de deportes con vehículos de motor

- Orden de 27 de mayo de 1992, de la Consejería de Cooperación, por la que se establecen normas generales para el uso socio-recreativo de los Montes y Terrenos Forestales administrados por la Comunidad de Madrid

- Resolución 27 de Julio de 1989, Regula circulación y deportes con bicicletas y velocípedos en montes a cargo de la Comunidad de Madrid

- Regulación de la circulación de los vehículos a motor en los montes a cargo de la Comunidad de Madrid

subir

 

 MINAS, CANTERAS, GRAVERAS, ETC.

NORMATIVA ESTATAL

- Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas

- Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas

- Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras

subir

 

 ANIMALES DOMÉSTICOS

NORMATIVA ESTATAL

- Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos

- Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección animal durante el transporte

- Real Decreto 363/2009, de 20 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1559/2005, de 23 de diciembre, sobre condiciones básicas que deben cumplir los centros de limpieza y desinfección de los vehículos dedicados al transporte por carretera en el sector ganadero y el Real Decreto 751/2006, de 16 de junio, sobre autorización y registro de transportistas y medios de transporte de animales y por el que se crea el Comité español de bienestar y protección de los animales de producción

- Real Decreto 1570/2007, de 30 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos

- Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos

NORMATIVA  AUTONÓMICA

- Ley 4/2016 de 22 de julio, de protección de animales de compañía de la Comunidad de Madrid (Vigencia desde 10 de febrero de 2017)

- Ley 1/2000, de 11 de febrero, de modificación de la Ley 1/1990, de 1 de febrero, de Protección de Animales Domésticos

- Ley 1/1990, de 1 de febrero, de protección de los animales domésticos

- Decreto 30/2003, de 13 de marzo, por el que se aplica en la Comunidad de Madrid el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, y se crean los registros de perros potencialmente peligrosos

- Decreto 44/1991, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley1/1990, de 1 de febrero, de Protección de los Animales Domésticos

- Orden 11/1993, de 12 de enero, que regula la identificación animal en la Comunidad de Madrid

subir

 

 SALUD LABORAL

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención

SUBIR

 

 TRAFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y SEGURIDAD VIAL

- Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo

- Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos

- Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial

- Ámbito de aplicación (Art. 2)

- Uso de teléfonos móviles y emisoras por los Agentes de la Autoridad, durante la conducción (Art. 11.3)

- Vehículos en servicio de urgencia (Art. 25)

- Matrículas (Art. 62)

- Vehículos abandonados (Art. 71.1.a)

subir

Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se establece la acreditación profesional de los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid

Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se establece la acreditación profesional de los Agentes Forestales de la Comunidad de MadridLa correcta identificación de los agentes de la autoridad al servicio de la Comunidad de Madrid constituye un requisito indispensable para una correcta ejecución de sus cometidos y, al mismo tiempo, una garantía jurídica tanto para los ciudadanos como para los propios funcionarios.

Leer más...

Auto del Tribunal Constitucional sobre el mantenimiento de la suspensión cautelar del Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley de Medidas Urgentes de la Comunidad de Madrid


TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

PLENO
Excmos Sres.:

Dª María Emilia Casas Baamonde
D. Guillermo Jiménez Sánchez
D. Vicente Conde Martín de Hijas
D. Javier Delgado Barrio
Dª Elisa Pérez Vera
D. Roberto García-Calvo y Montiel
D. Eugeni Gay Montalvo
D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez
D. Ramón Rodríguez Arribas
D. Pascual Sala Sánchez
D. Manuel Aragón Reyes
D. Pablo Pérez Tremps

Núm. de asunto: 8405-2007

ASUNTO: Recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno.

SOBRE: Artículo 9 de la Ley de la Comunidad de Madrid 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización de Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid.

 

 

 

AUTO

I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Registro de este Tribunal el día 29 de octubre de 2007, la Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el art. 9 de la Ley de la Comunidad de Madrid 3/2007, de 26 de julio, de medidas urgentes de modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid.

La Abogado del Estado invocó el art. 161.2 C.E., a fin de que se acordara la suspensión de la disposición recurrida.

2. Mediante providencia de 20 de noviembre de 2007, el Pleno del Tribunal Constitucional, a propuesta de la Sección Cuarta, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad, dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y Asamblea de la Comunidad de Madrid, al objeto de que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular alegaciones. Asimismo, acordó tener por invocado por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 de la Constitución, lo que a su tenor y conforme dispone el art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación del precepto impugnado.

Por último, también se ordenó publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”.

3. El 27 de noviembre de 2007 el Presidente del Congreso de los Diputados comunica al Tribunal Constitucional que dicha Cámara no se personará en el procedimiento ni formulará alegaciones. El Presidente del Senado, mediante escrito registrado el día 5 de diciembre de 2007, comunica que la Cámara se persona en el proceso, ofreciendo su colaboración.

4. El Secretario General de la Asamblea de Madrid, en la representación que ostenta, presentó su escrito de alegaciones el día 14 de diciembre de 2007 solicitando la desestimación del recurso interpuesto. El Letrado de la Comunidad de Madrid hizo lo propio el día 19 de diciembre de 2007 solicitando, igualmente, la desestimación del recurso.

5. Estando próximo a finalizar el plazo de cinco meses que señala el art. 65.2 LOTC desde que se produjo la suspensión del precepto impugnado, el Pleno del Tribunal Constitucional, mediante providencia de 15 de febrero de 2008, acordó oír a las partes personadas en el proceso para que, en el plazo de cinco días, expusieran lo que consideraran conveniente acerca del mantenimiento o levantamiento de dicha suspensión.

6. El Abogado del Estado, con fecha 25 de febrero de 2008, evacuó el trámite conferido, interesando que se acuerde el mantenimiento de la suspensión, por las razones que, resumidamente, se exponen a continuación.

a) Comienza su alegato señalando que el Tribunal Constitucional tiene declarado que para la resolución de este tipo de incidentes es necesario ponderar, de un lado, los intereses implicados, tanto el general y público como el particular o privado de las personas afectadas, y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que se irrogan del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. Esta valoración debe hacerse mediante el examen de las situaciones de hecho creadas y al margen de la viabilidad de las pretensiones contenidas en la demanda (ATC 428/2004, de 10 de noviembre, FJ 2, con cita de otros muchos). En definitiva, ha de procederse a una consideración de la gravedad de los perjuicios que originarían las situaciones de hecho que, previsiblemente, se producirían en caso de que se levantara o se mantuviera la suspensión. Aunque el Tribunal Constitucional se refiere a las situaciones de hecho creadas, la realidad es que lo que con más frecuencia se ha de examinar son las situaciones de hecho que con cierto grado de previsibilidad puedan producirse en el caso de levantarse la suspensión. Asimismo, alega que, en este caso, la aplicación de la Ley impugnada, durante el escaso tiempo que estuvo vigente, ya provocó importantes perjuicios para la conservación del medio ambiente en la Comunidad de Madrid y, en tal sentido, aporta un informe realizado por las organizaciones sindicales de agentes forestales.

b) A continuación, el Abogado del Estado señala la existencia, en relación con este incidente, de doctrina constitucional específica relativa a la protección del medio ambiente (con cita del ATC 335/1995, de 20 de diciembre), en cuya virtud, comoquiera que cuando se impugna una norma autonómica por contraste con una estatal con la que resulta incompatible, la aplicación y vigencia de una supone, de facto, la suspensión de la otra, el criterio que ha de seguirse cuando se trata de normas medioambientales es el de procurar la mayor protección del interés ecológico, puesto que los perjuicios medioambientales son, normalmente, de imposible reparación.

c) Seguidamente, la representación procesal del Estado acomete la tarea de justificar que la legislación estatal, en concreto el art. 58.3 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, es más protectora del interés ecológico que la norma autonómica impugnada, por lo que procedería el mantenimiento de la suspensión. Así, estima que la facultad de entrar en propiedades y montes públicos y privados, sin autorización judicial y con estricto respeto a la inviolabilidad del domicilio, resulta indispensable para el correcto desempeño de las funciones de policía y guarda forestal reconocidas a los Agentes forestales, las cuales quedarían recortadas por la aplicación del precepto impugnado, el cual exige expresamente, salvo para los casos de extinción de incendios, la autorización judicial para la entrada de los agentes forestales en montes o terrenos de titularidad privada.

d) Para el caso de que no se tuviera en cuenta la doctrina anterior, relativa a la primacía que ha de otorgarse a la protección del interés ecológico, se sostiene en el escrito de alegaciones que, de la ponderación de los concretos perjuicios que acarrearía la aplicación del precepto y de los que causaría su suspensión, resulta igualmente claro que procede acordar el mantenimiento de esta última; afirmación que sustenta en tres informes, que une a su escrito, elaborados, respectivamente, por las organizaciones sindicales de agentes forestales de la Comunidad de Madrid, el Departamento interuniversitario de ecología de la Universidad Complutense de Madrid y la Dirección General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente.

De este modo afirma que, tal y como se deduce del informe de las organizaciones sindicales al que se ha hecho referencia, la actividad de los agentes forestales se ha visto paralizada en la práctica durante el escaso tiempo que medió desde la aprobación de la norma hasta la admisión a trámite del recurso por el Tribunal Constitucional para lo cual documenta, por remisión al ya citado informe, daños concretos al medio ambiente en relación con las actividades preventivas de incendios, la imposibilidad de impedir realización de construcciones en terrenos protegidos o los perjuicios que para la flora y la fauna supone la corta ilegal o la caza furtiva, actividades que, a su juicio podrían ser impedidas de manera más eficaz mediante la presencia de agentes forestales, lo que permitiría la realización de inspecciones sin cortapisas que no vengan estrictamente exigidas por el respeto al domicilio.

En tal sentido señala que el escaso número de autorizaciones judiciales concedidas en relación con el número de peticiones (7 frente a 32.165 solicitudes, más tres resoluciones de Juzgados de Primera Instancia declarándose incompetentes), así como el tiempo necesario para obtenerlas, pone de manifiesto que la aplicación del precepto paralizó la actividad ordinaria de los agentes forestales de la Comunidad de Madrid. Asimismo, se alega que la aplicación del precepto impugnado impediría la realización de actividades de urgencia, derivadas de los propios protocolos de actuación de la Dirección General del Medio Natural de la Comunidad de Madrid como son los relativos a las actuaciones de investigación y preventivas en relación con la gripe aviar o, en general, con la detección y aplicación de medidas en los casos de envenenamiento o muerte de especies animales.

Esa misma imposibilidad de realización de actividades de vigilancia preventiva y de policía de los agentes forestales se pone también de manifiesto en un informe elaborado por la Dirección General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente que acompaña al escrito de alegaciones. En relación con todo ello, señala que la aplicación del precepto impugnado supondría que quedaría sin vigilancia aproximadamente el 80 por 100 del entorno natural de la Comunidad de Madrid, pues resultarían imposibles las actividades de vigilancia preventiva, en concreto, en relación con el uso de venenos o empleo de otros métodos para eliminar especies protegidas, con la eliminación de arbolado para incrementar el uso agrícola o ganadero, con la detección de enfermedades o epidemias, con la realización de actividades cinegéticas ilegales o, muy especialmente, con la realización de las labores preventivas disuasorias para la defensa de los montes de los incendios forestales.

e) En último lugar, el Abogado del Estado argumenta que la suspensión del precepto autonómico hasta la resolución del recurso no supone perjuicio alguno pues la limitación de la propiedad privada que han de sufrir los titulares de los montes a los que accedan sin autorización judicial los agentes forestales es absolutamente proporcionada para la consecución de la finalidad de proteger adecuadamente el medio ambiente. Por ello, se afirma que, en la ponderación de intereses en juego, ha de prevalecer el ecológico, por cuanto los daños al medio ambiente suelen ser de muy difícil o imposible reparación, mientras que las limitaciones al derecho de propiedad siempre admitirán una eventual reparación económica.

7. El Letrado de la Comunidad de Madrid solicitó el levantamiento de la suspensión en su escrito de alegaciones, registrado en este Tribunal Constitucional el día 26 de febrero de 2008. Así, tras recordar la doctrina general del Tribunal Constitucional en relación con esta clase de incidentes, señala, en primer lugar, la improcedencia del mantenimiento de la suspensión por razones de seguridad jurídica o como consecuencia de la existencia de dos normativas contrapuestas, la estatal y la autonómica, citando al efecto los AATC 18/2007, de 18 de enero y 79/2003, de 6 de marzo.

En cuanto a la ponderación de los intereses afectados y los perjuicios derivados del mantenimiento o levantamiento de la suspensión señala que el interés general que subyace en el precepto autonómico es la necesidad de reforzar la garantía de la seguridad jurídica (art. 9.3 CE), de la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2), del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar (art. 18.1) y del derecho a la propiedad privada (art. 33.1), los cuales han de cohonestarse con la protección del medio ambiente (art. 45 CE), sin que pueda señalarse que el interés perseguido por la pretensión suspensiva del Gobierno de la Nación sea la defensa del medio ambiente, puesto que este extremo no resultó alegado en la demanda presentada. A continuación, la representación procesal de la Comunidad de Madrid recalca que no procede la aplicación de la doctrina constitucional según la cual la ponderación ha de resolverse a favor de la primacía de los posibles perjuicios de imposible o difícil reparación al medio ambiente, dado que no es ese el interés general esgrimido por el Gobierno en su recurso y, en segundo lugar, porque dicha doctrina ha sido excepcionada, con cita al respecto de los AATC 303/2006, de 12 de septiembre y 283/2006, de 18 de julio, para aquellos supuestos en los que no pueda constatarse la certeza e inmediatez de los perjuicios medioambientales. A su juicio, eso es lo que sucede en el presente supuesto dado que la norma autonómica no supone, en sí misma, un obstáculo o freno para la realización de las labores de vigilancia, inspección y protección de los agentes forestales, al no derivar directamente los eventuales perjuicios para el medio ambiente de la necesidad de autorización judicial de la actividad inspectora.

Por último, indica que la norma autonómica suspendida no hace otra cosa que resaltar un límite derivado de la normativa básica estatal, cual es el relativo a la inviolabilidad del domicilio, aplicado en este caso a todos aquellos supuestos de fincas susceptibles de ser calificadas como domicilio sin que tampoco la norma haya modificado dos aspectos esenciales de la actuación de los agentes forestales como son la posibilidad de acceder a los montes o terrenos forestales con independencia de su titular y la de proceder a la paralización cautelar de los actos que estimen contrarios a la legislación autonómica de protección de la naturaleza.

8. Mediante escrito registrado en este Tribunal Constitucional el día 26 de febrero de 2008, la representación procesal de la Asamblea de Madrid interesó el levantamiento de la suspensión del precepto impugnado alegando, en síntesis, lo siguiente:

En primer lugar, señala el carácter excepcional que, conforme a la doctrina de este Tribunal Constitucional, tiene el mantenimiento de la suspensión de la vigencia de una Ley, la cual se beneficia, por su origen, de una presunción de constitucionalidad. Por tanto, indica que la decisión acerca del levantamiento de la suspensión inicialmente decretada debe decidirse, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, previa valoración del alcance de esa medida así como de las consecuencias que de la misma puedan derivarse para los diversos intereses implicados y de los perjuicios de imposible y difícil reparación.

En cuanto a los intereses implicados alega la existencia de intereses privados o de particulares, vinculados a la garantía de la propiedad privada, para conseguir un reforzamiento de la seguridad jurídica de los ciudadanos frente a la actuación de la Administración. Asimismo, indica que no pueden apreciarse eventuales intereses generales que pudieran verse afectados de manera directa por el levantamiento de la suspensión, dado que no puede entenderse que la norma en cuestión produce un perjuicio ecológico, pues, además de que no se invoca en al demanda el art. 45 CE, ésta se dirige a regular una competencia de carácter ejecutivo que corresponde a la Comunidad Autónoma, estableciendo un trámite específico que ha de cubrir un cuerpo de funcionarios también autonómico. Por otro lado, en cuanto a la supuesta quiebra de la función inspectora que produciría la aplicación del precepto suspendido, señala que, además de que ésta no se produce ya que la propia norma permite dos entradas no judiciales (en los supuestos de lucha contra los incendios forestales y cuando haya consentimiento del titular), existen leyes tanto estatales como autonómicas que establecen este requisito previo.

Por todo lo expuesto, la representación procesal de la Asamblea de Madrid considera que el levantamiento de la suspensión del precepto impugnado no produciría perjuicios irreparables puesto que el libre acceso a la propiedad forestal no es indispensable para el ejercicio de las funciones que los agentes forestales tienen encomendadas y, de hecho, no está reconocido para otros funcionarios públicos que también son agentes de la autoridad y llevan a cabo funciones de policía administrativa.

II. Fundamentos jurídicos

1. El objeto de la presente resolución consiste en determinar si, de acuerdo con el art. 161.2 CE, procede levantar o mantener la suspensión de la vigencia que afecta al art. 9 de la Ley de la Comunidad de Madrid 3/2007, de 26 de julio, de medidas urgentes de modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid, precepto que se encuentra suspendido en su aplicación como consecuencia de la invocación del art. 161.2 CE al promoverse el recurso de inconstitucionalidad contra el mismo por el Presidente del Gobierno.

El precepto recurrido introduce un nuevo primer párrafo en el apartado tres del art. 100 de la Ley de la Comunidad de Madrid 16/1995, de 4 de mayo, forestal y de protección de la naturaleza, cuya diferencia con la regulación anteriormente vigente radica en la exigencia de autorización judicial para que los agentes forestales puedan, en el ejercicio de sus funciones, acceder a fincas de titularidad privada. De esta forma, el precepto tiene el siguiente tenor literal:

“3. Los Agentes Forestales requerirán de autorización judicial para acceder a montes o terrenos forestales de titularidad privada, salvo que el acceso se produzca con ocasión de la extinción de incendios forestales”.

2. Sobre este tipo de incidentes de suspensión existe doctrina constitucional, de acuerdo con la cual, para decidir acerca del mantenimiento o levantamiento de la misma, es necesario ponderar, de un lado, los intereses que se encuentran afectados, tanto el general y público, como, en su caso, el particular o privado de las personas afectadas, y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que puedan derivarse del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. Esta valoración ha de efectuarse mediante el estricto examen de las situaciones de hecho creadas y al margen de la viabilidad de las pretensiones que se formulan en la demanda.

En este sentido ha de recordarse que el mantenimiento de la suspensión requiere que el Gobierno de la Nación, a quien se debe la iniciativa, aporte y razone con detalle los argumentos que la justifiquen, pues debe partirse en principio de la presunción de constitucionalidad de las normas o actos objeto de conflicto (por todos, ATC 355/2007, de 24 de julio y doctrina allí citada).

3. Según ha quedado expuesto en los antecedentes, el Abogado del Estado solicita el mantenimiento de la suspensión por entender que con tal suspensión se procura una mayor protección de los intereses medioambientales y ecológicos, los cuales, con arreglo a nuestra doctrina, han de merecer especial consideración en atención al carácter normalmente irreparable de los daños en ese concreto ámbito. En tal sentido argumenta que la norma ahora suspendida disminuye la capacidad de actuación de los agentes forestales al imponerles la obligación de disponer de autorización judicial para acceder a montes o terrenos forestales. Con ello se reduce, al mismo tiempo, la defensa del interés público, ya que se merman notablemente las posibilidades de estos profesionales para ejercer la labor de vigilancia y garantizar el cumplimiento de la legalidad en materia medioambiental, con la consiguiente disminución de la protección ecológica. En cuanto a los concretos perjuicios alegados, señala, como es de ver con más detalle en los antecedentes, que la aplicación de la norma durante el escaso tiempo en que esta permaneció vigente provocó la paralización de la actividad de los agentes forestales, con los consiguientes daños concretos a los valores ambientalmente protegidos, por la imposibilidad de desarrollar actividades de prevención y aquellas otras que, por su propia naturaleza, revisten carácter de urgencia a fin de evitar consecuencias dañinas para el medio natural. Finalmente argumenta que el mantenimiento de la suspensión no produce perjuicio alguno, pues frente al interés de los titulares de montes privados ha de prevalecer el ecológico, por tratarse de una limitación de la propiedad privada absolutamente proporcionada para la consecución de la finalidad de proteger adecuadamente el medio ambiente que se deriva del art. 45 CE.

La representación procesal del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha interesado el levantamiento de la suspensión señalando que las exigencias derivadas del principio de seguridad jurídica o de la coexistencia de dos normativas, estatal o autonómica, no son motivo suficiente para acordar el mantenimiento de la suspensión sin entrar a analizar el supuesto concreto. En relación con ello, afirma que la ponderación de los intereses afectados en relación con los medioambientales, entre los que cita la garantía de la seguridad jurídica, de la inviolabilidad del domicilio, del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar y del derecho a la propiedad privada, no cabe resolverla a favor de la primacía de los posibles perjuicios de imposible o difícil reparación para el medio ambiente, puesto que la defensa del medio ambiente no ha sido el interés general defendido por el Estado en su recurso y tampoco se ha constatado la certeza e inmediatez de los perjuicios. Con respecto a la influencia del precepto suspendido en la actividad de los agentes forestales alega que el mismo no constituye un impedimento u obstáculo para la realización de las labores que les son propias.

Por su parte, las alegaciones de la Asamblea de Madrid interesan el levantamiento de la suspensión inicialmente acordada por entender que su mantenimiento tiene un carácter excepcional que no ha de prevalecer en un caso como el presente en el que se pretende reforzar la seguridad jurídica de los ciudadanos frente a la actuación administrativa, estableciendo una garantía adicional para la propiedad privada y sin que existan intereses generales afectados por el levantamiento de la suspensión ni pueda considerarse que el libre acceso a cualquier tipo de lugares por parte de los agentes forestales constituya una condición indispensable para el ejercicio de sus funciones.

4. Así expuestos los perjuicios a los intereses particulares y generales que cada una de las partes plantea que pueden producirse si se mantiene o se alza la suspensión previamente acordada por el Tribunal, procede que realicemos la ponderación que es propia de este incidente cautelar. Para ello, tendremos presente que su resolución está desvinculada de la que en su día haya de adoptarse sobre el debate de fondo, pues la interpretación de las reglas de deslinde competencial aplicables al caso debe quedar deferida a la sentencia que resuelva la controversia competencial planteada. Asimismo, y conforme a nuestra doctrina, incumbe al Abogado del Estado justificar que el levantamiento de la suspensión del precepto recurrido lesionaría los intereses generales o de terceros, produciendo con ello perjuicios irreparables o de difícil reparación.

De esta forma, en este incidente deberemos determinar los intereses que han de prevalecer, por ser menos resistentes al perjuicio o acreedores de una protección preferente, y cuáles deben ceder por ser su lesión menos onerosa o de menor incidencia su sacrificio en caso de colisión, teniendo en cuenta, a tal fin, la irreparabilidad o dificultad de reparación de las situaciones que pudieran generarse y, de otra parte, la trascendencia de los intereses subyacentes, generales y particulares.

Para ello, hemos de tener presente, en primer lugar, que, en nuestra jurisprudencia sobre suspensión cautelar de las normas, la salvaguarda del interés ecológico merece la condición de interés preferente y en esos términos lo expresa el fundamento jurídico 4 del ATC 355/2007, de 24 de julio:

“En relación con ello procede recordar aquí lo que ya dijimos en el ATC 252/2001, de 18 de septiembre, cuyo fundamento jurídico 3 señala, recogiendo doctrina anterior, lo siguiente:

En nuestro ATC 287/1999 manifestamos que ‘existe ya una doctrina muy amplia y reiterada de este Tribunal en relación con la decisión a adoptar en los incidentes de levantamiento o mantenimiento de la suspensión previamente acordada, cuando, como en este caso, entre los intereses públicos y privados concernidos se encuentran los específicamente medioambientales’, precisando a continuación que, según dicha doctrina, ‘no cabe derivar de la Constitución la tesis de que toda medida de ordenación legal de los recursos naturales deba atender prioritariamente al criterio de evitar cualquier sacrificio no imprescindible de los derechos e intereses patrimoniales de carácter individual (ATC 101/1993, FJ 2) y concluye pronunciándose de forma jurídicamente generalizada a favor de la primacía de la protección de los recursos biológicos naturales, dada su fragilidad y la irreparabilidad de los perjuicios que se podrían producir en caso de perturbación de los mismos (ATC 674/1984, 1270/1988, 101/1993, 243/1993, 46/1994 y 225/1995, entre otros)’ (ATC 287/1999, FJ 3).

Sin embargo, en el mismo Auto también señalamos que ‘como excepción a esta doctrina, sólo hemos admitido la subordinación de los intereses conservacionistas a otros intereses públicos o privados de carácter patrimonial cuando la lesión de éstos suponga afectar a un sector económico de manera directa e inmediata..., fundamental para la economía de la Nación... con posibles perjuicios económicos de muy difícil reparación (ATC 890/1986, FJ 2), o bien cuando la aplicación de las medidas controvertidas fueran susceptibles de provocar gravísimos efectos perjudiciales (ATC 29/1990, FJ 3, que reitera el anterior) (ATC 287/1999, FJ 4)’”.

5. Con arreglo a tales criterios podemos comenzar ya la ponderación que es propia de este incidente señalando que, sin perjuicio de lo que más adelante se dirá, no puede ser tomada en consideración la genérica alegación del Abogado del Estado relativa a la mayor protección del interés ecológico que se derivaría de la legislación estatal que ha entrado en conflicto con la autonómica impugnada -esto es, el art. 58 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, en la redacción dada al mismo por la Ley 10/2006, de 28 de abril-. A los efectos que aquí nos ocupan, los argumentos en los que se justifique el mantenimiento de la suspensión solicitada han de ser aportados y razonados con detalle, lo que viene a significar que, en este caso, sea preciso demostrar, más allá de la simple comparación entre lo dispuesto en las dos normas que han entrado en conflicto, que, efectivamente, la necesidad de obtener la autorización judicial para acceder a montes o terrenos forestales de titularidad privada, en cuanto supone la privación de una facultad necesaria para facilitar el correcto desempeño de las funciones de policía y guarda forestal que los agentes forestales tienen atribuidas, es, en sí misma, susceptible de ser determinante para la producción de daños medioambientales, los cuales, por su propia naturaleza, resultan ser de imposible o difícil reparación.

Dicho esto, añadiremos que tampoco pueden ser tomados en consideración los alegatos formulados por las representaciones procesales del Gobierno y de la Asamblea de Madrid relativos a la falta de invocación en la demanda del art. 45 CE y ello porque, con independencia de que en el debate de fondo en el presente proceso no se haya hecho efectivamente invocación del citado precepto constitucional, nada impide que se haga en este momento, en el que lo discutido no resulta ser la delimitación de competencias entre el Estado y la Comunidad de Madrid, sino, únicamente, si la aplicación de la norma impugnada resulta susceptible de provocar daños medioambientales que, precisamente por revestir tal carácter, hayan de prevalecer frente a los perjuicios derivados del eventual mantenimiento de la suspensión inicialmente acordada. Asimismo, tampoco ha de resultar de directa aplicación al presente caso, en contra de lo aducido por el Letrado de la Comunidad de Madrid, lo establecido en los AATC 283/2006, de 18 de julio, y 303/2006, de 12 de septiembre, en los que este Tribunal Constitucional levantó la suspensión inicialmente acordada en relación con dos resoluciones de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid referentes a la convocatoria y posterior adjudicación de los contratos de consultoría y asistencia del Anteproyecto de Construcción y Explotación de la Obra “Cierre Norte de la M-50. Tramo A-6 a M-607” y del Anteproyecto de Construcción y Explotación de la “Nueva Carretera R-1. Tramo: El Molar/M-12 y cierre Norte de la M-50. Tramo 607/A-1”. En ambos casos apreciamos que lo que preveían las Resoluciones impugnadas no era la inmediata realización de obras de construcción de carreteras, sino la de estudios y proyectos previos, razón por la cual no resultaba posible apreciar que los perjuicios medioambientales alegados en ese momento por el Abogado del Estado para justificar el mantenimiento de la suspensión tuvieran las necesarias notas de certeza e inmediatez, aspecto este último que, precisamente, ha de ser dilucidado aquí, al analizar los concretos perjuicios medioambientales que ocasionaría la aplicación del precepto suspendido.

6. Por ello, a fin de valorar adecuadamente los efectos perjudiciales que, según alega el Abogado del Estado, se producirían para los intereses generales vinculados a la protección del medio ambiente hemos de partir de que la Constitución Española establece, en su art. 45, como uno de los principios rectores de la política social y económica, la obligación de los poderes públicos de velar por la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Este mismo interés de conservación del medio natural se expresa tanto en la legislación estatal sobre montes como en la propia Ley de la Comunidad de Madrid 16/1995, de 4 de mayo, forestal y de protección de la naturaleza, la cual, partiendo de la premisa de la importante labor social que realizan los montes y terrenos forestales, pretende promover y garantizar la conservación y mejora de los ecosistemas forestales, potenciar su crecimiento y ordenar sus usos, compatibilizándola con las funciones protectoras, productoras, culturales y recreativas que estos ecosistemas desempeñan. De acuerdo con ello, esta misma norma articula unas vías eficaces de acción ante las actuaciones contrarias al ordenamiento forestal y establece unos mecanismos de vigilancia que se encargan de velar por lo dispuesto en la Ley y así, en su artículo 100, se determina que, a través de la Consejería de Medio Ambiente, se velará por el cumplimiento de sus disposiciones con el personal que tenga atribuidas funciones de vigilancia y en particular la Guardería Forestal, actividad ejercida por el Cuerpo de Agentes Forestales, creado por la Ley de la Comunidad de Madrid 1/2002, de 27 de marzo.

De lo expuesto se deduce que la propia normativa autonómica ha sido sensible a la necesidad de articular unas vías eficaces de acción ante las actuaciones contrarias al ordenamiento forestal, las cuales han de operar como factor disuasorio de éstas así como hacer posible la reparación de los daños provocados por las mismas. Estas formas de acción encomendadas a los agentes forestales, según se plasma en las dos normas citadas, no persiguen únicamente una finalidad represiva o sancionadora, vinculada a labores de policía administrativa especial que responden al objetivo de vigilancia y protección del medio natural, sino también preventiva, mediante la utilización de medios positivos que eviten la producción del daño, como, por ejemplo, la información y orientación a los ciudadanos, la defensa y prevención contra plagas y enfermedades que amenacen el ecosistema, funciones relacionadas con la prevención, detección, extinción e investigación de incendios forestales, desarrollo y fomento de la reforestación y regeneración de los montes y terrenos forestales desarbolados o, en fin, el apoyo técnico a las actividades de gestión que la Comunidad de Madrid desarrolla en el medio natural para su aprovechamiento, restauración y mejora continua, funciones todas ellas que pueden entenderse incluidas en lo que al efecto dispone el art. 5 de la ya citada Ley 1/2002, al establecer las funciones de los Agentes forestales.

7. Lo anteriormente expuesto en cuanto a la obligación de los poderes públicos de promover la conservación del medio ambiente así como en lo relativo a las funciones que la normativa autonómica asigna a los agentes forestales debe ahora ponerse en relación con los concretos perjuicios alegados por el Abogado del Estado, de los cuales, a la vista de la documentación aportada, han de destacarse tres extremos. En primer lugar, los relativos a los daños medioambientales efectivamente producidos en relación con la prevención en materia de incendios y en otros ámbitos, con la realización de construcciones en terrenos protegidos y con los perjuicios para flora y fauna derivados de la corta ilegal y la caza furtiva. En segundo lugar, el hecho de que lo previsto en el precepto impugnado resultaría ser de aplicación a la mayor parte de los montes y terrenos forestales de las Comunidad Autónoma, puesto que éstos son, en su inmensa mayoría, de titularidad privada. Por último, en tercer lugar, la gran desproporción existente entre el número de autorizaciones judiciales solicitadas durante la vigencia del precepto y las efectivamente concedidas.

Teniendo en cuenta los tres extremos citados, y sin perjuicio de la valoración que la norma merezca desde el punto de vista del orden constitucional de delimitación de competencias, aspecto controvertido en el proceso principal y del todo ajeno al presente incidente, podemos concluir que, como se expone a continuación, se ha razonado consistentemente -teniendo en cuenta que la reparación del daño medioambiental resulta en muchas ocasiones difícil, cuando no imposible, dada su fragilidad- que el levantamiento de la suspensión del precepto impugnado colocaría en situación de mayor riesgo los valores medioambientales a cuya protección está ordenada la legislación autonómica, singularmente, la propia Ley 12/1995. Por ello, podemos considerar que se han aportado elementos de juicio suficientes para que apreciemos que concurren aquí las notas de certeza e inmediatez de los daños y la imposibilidad de corregir los posibles perjuicios susceptibles de ser considerados como determinantes para acordar el mantenimiento de la inicial suspensión del precepto impugnado.

8. En tal sentido, la prevalencia que, en la ponderación propia de este incidente, hemos de otorgar a los valores medioambientales, por los perjuicios irreparables o de muy difícil reparación que para éstos se derivarían del levantamiento de la suspensión de este proceso según se razona en la documentación aportada por el Abogado del Estado, presenta una innegable dimensión de interés general que, en este caso, no puede ser contradicha por los intereses particulares que, contrapuestos al general medioambiental, han sido puestos de relieve en los alegatos de las representaciones procesales del Gobierno y de la Asamblea de Madrid.

En efecto, no pueden ser tomados en consideración los alegatos referidos a la inviolabilidad del domicilio por cuanto se encuentran conectados con aspectos de fondo discutidos en el proceso principal, sin perjuicio de señalar que el mantenimiento de la suspensión de la norma impugnada no afectaría, evidentemente, a la inviolabilidad del domicilio, cuyo respeto está expresamente establecido en la normativa estatal que se reputa vulnerada en el recurso de inconstitucionalidad. En especial, en lo relativo a la prevalencia del derecho de propiedad privada establecido en el art. 33 CE, no debe obviarse que tal derecho otorga, en relación con los montes y terrenos forestales, un haz de facultades individuales sobre dichos bienes, pero también un conjunto de derechos y obligaciones establecidos, de acuerdo con las leyes, en atención a valores o intereses de la comunidad, es decir, a la finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes esté llamada a cumplir. Lo que en este caso significa que las facultades inherentes al derecho de propiedad han de cohonestarse con las medidas tendentes a proteger el medio natural en cumplimiento del mandato que impone el art. 45 CE (STC 170/1989, de 19 de octubre, FJ8). Resulta claro que la regulación en materia de montes por los diferentes entes competentes para ello afecta al ejercicio del derecho de propiedad de los bienes sobre los que recae, al configurar su contenido y condicionar su ejercicio a la función social que tienen que cumplir. De esta manera el derecho a la propiedad privada de las fincas forestales en ningún momento se ve afectado en su titularidad, pero está delimitado de acuerdo con la normativa que tenga por finalidad la protección del medioambiente. No cabe olvidar que la incorporación de tales exigencias medioambientales a la definición del derecho de propiedad responde a un principio tutelado por la propia Constitución y de cuya eficacia normativa con carácter general no es posible sustraerse a la hora de valorar las repercusiones que para los propietarios privados de montes y terrenos forestales en la Comunidad de Madrid puede suponer el mantenimiento de la suspensión del precepto controvertido. Asimismo, y a la vista de las funciones de los agentes forestales que ya hemos examinado y, en particular, de la relevancia que tienen las estrictamente preventivas en relación con la preservación y uso racional de los valores naturales, tampoco cabe deducir que de la posibilidad de acceder a los montes o terrenos forestales hayan de derivarse necesariamente consecuencias represivas, pues no todo acceso resultará en un procedimiento sancionador y, en los supuestos en que así ocurra, el mismo revestirá todas las garantías exigidas por el ordenamiento jurídico, amén de ser incoado por los órganos competentes de la propia Comunidad de Madrid.

Por ello el mantenimiento de la suspensión del precepto, aun cuando efectivamente pueda suponer una limitación de las facultades dominicales en el sentido de permitir el acceso de los agentes forestales a los montes y terrenos forestales privados que constituyen la mayoría de los existentes en la Comunidad de Madrid, ha de considerarse proporcionada en relación con la función medioambiental a las que esos bienes están vinculados, como expresión del mandato contenido en el art. 45 CE. Es evidente que los montes y terrenos forestales revisten un interés general, al incidir positivamente en los procesos ecológicos y ambientales, dada la transcendencia que estos ecosistemas desempeñan en la regulación del ciclo hidrológico, el cambio climático, la producción de materias primas, etc. Por el contrario, de esa medida no se deducen limitaciones irrazonables, conforme a criterios socialmente aceptados, o desproporcionadas del derecho de propiedad, por cuanto no supone una anulación de la utilidad meramente individual del derecho ni altera la recognoscibilidad de las facultades de disponibilidad que éste conlleva ni las posibilidades reales de hacerlo efectivo. De hecho, la normativa en materia de montes establece como principio general que, sin perjuicio de las competencias de las Administraciones Públicas, los propietarios de los montes sean los responsables de su gestión técnica y material.

En conclusión, siendo los factores determinantes de la decisión a adoptar la ponderación de los efectos que sobre los intereses generales y, eventualmente, particulares, pudiera tener la decisión adoptada así como la irreparabilidad de los perjuicios que, en su caso, pudieran causarse, hemos de constatar que los posibles perjuicios que el mantenimiento de la suspensión pudiera producir sobre los intereses particulares afectados carecen de la virtualidad necesaria y no pueden prevalecer sobre los intereses generales que se han aducido, es decir, los vinculados a la protección y defensa del medio ambiente. Dado el carácter notorio, cierto y de presente en el alcance e intensidad de los daños que podría sufrir la adecuada conservación de los ecosistemas y de la diversidad biológica de la Comunidad Autónoma, no nos encontramos aquí ante alguno de los supuestos en los que, conforme a nuestra doctrina, los intereses medioambientales hayan de quedar subordinados a otros intereses.

Por el contrario, al no haber sido enervado en este caso el criterio de que la protección del interés ecológico resulta preferente en este tipo de decisiones sobre suspensión cautelar de normas, la decisión debe consistir en mantener la suspensión de la norma controvertida, pues es razonable temer que su aplicación podría ocasionar consecuencias desfavorables para los valores medioambientales susceptibles de protección, y el daño para éstos constituiría, en cualquier caso, un perjuicio al interés general difícilmente reparable y de mayor entidad que el que pudiera causarse a los particulares, titulares del derecho de propiedad sobre montes y terrenos forestales, así como a los eventuales infractores sancionados como consecuencia de la actividad inspectora de los agentes forestales.

Por todo lo expuesto, el Pleno

ACUERDA

Mantener la suspensión del art. 9 de la Ley de la Comunidad de Madrid 3/2007, de 26 de julio, de medidas urgentes de modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid.

Madrid, a dos de abril de dos mil ocho.

 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO DON JORGE RODRÍGUEZ-ZAPATA PEREZ RESPECTO DEL AUTO DEL PLENO DE 2 ABRIL DE 2008, QUE ACUERDA MANTENER LA SUSPENSIÓN DEL ART. 9 DE LA LEY AUTONOMICA 3/2007, DE 26 DE JULIO, REFERIDO A LA EXIGENCIA DE AUTORIZACION JUDICIAL PARA QUE LOS AGENTES FORESTALES PUEDAN ACCEDER A MONTES O TERRENOS FORESTALES DE TITULARIDAD PRIVADA EN LA COMUNIDAD DE MADRID, AL QUE SE ADHIERE EL MAGISTRADO DON RAMÓN RODRÍGUEZ ARRIBAS.

1. He formulado frecuentes Votos particulares contra la doctrina asumida por este Tribunal sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensión de disposiciones autonómicas acordada ex art. 161.2 CE. A ellos me remito para expresar mi posición (por todos, ATC 355/2007, de 24 de julio, VP, FJ 1 y Votos allí citados). Insisto de nuevo en que es necesaria una reflexión profunda sobre esa doctrina ya que, en su estado actual, lleva a resoluciones contrarias al principio de predictibilidad de nuestras respuestas jurisdiccionales. Lo acordado en el presente supuesto es un ejemplo de la incertidumbre que, a mi juicio, puede producir la doctrina actual.

2. La nueva redacción del art. 100.3 de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid (dimanante del art. 9 de la Ley de la Comunidad de Madrid 3/2007, de 26 de julio) dispone que los agentes forestales necesitan - salvo en caso de extinción de incendios forestales – autorización judicial para acceder a montes o terrenos forestales de titularidad privada.

La conveniencia de seguir manteniendo la suspensión del precepto impugnado ha sido defendida por el Abogado del Estado, con éxito en el presente caso. Ha aducido que con la suspensión se procurará una mayor protección de los intereses ambientales y ecológicos, aportando un abundante material probatorio a fin de acreditar posibles perjuicios para las actividades de prevención de incendios, así como para la flora y la fauna, por corta ilegal, caza furtiva, gripe aviar o envenenamiento de especies animales [A de H 4 d) del Auto].

No han contrarrestado ese principio de prueba las representaciones procesales del Gobierno y de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, lo cual puede ser lógico si se considera que nuestra doctrina no atiende, ni siquiera con una “mirada de soslayo”, a la doctrina del “fumus boni iuris” ni, menos aún, a consideraciones de fondo. Por ello, el resultado del incidente procesal no ha podido ser otro que el mantenimiento de la situación procesal inicial de suspensión. Mi voto ha sido concurrente con la decisión de la mayoría, por una obvia necesidad de coherencia con la posición que he defendido en ocasiones anteriores. Resulta, sin embargo, que nuestra doctrina, tal como ha sido aplicada en casos similares - por ejemplo los AATC que se citan en el FJ 5 “in fine” del Auto - parece cambiante y mudable, como voy a razonar brevemente.

3. El Auto aprobado invoca (FJ 4) incorrectamente el ATC 355/2007, de 24 de julio. La cita que se trae a colación es un simple “ob iter dictum” porque lo acordado en el citado Auto es lo contrario de lo decidido ahora. Por ello tal doctrina debió llevar a la mayoría a una solución meridianamente contraria a la que se ha adoptado en este caso.

En efecto, el ATC 355/2007 no atendió al principio comunitario de precaución y alzó la suspensión de las obras de una planta desaladora de agua del mar destinada a garantizar regadíos del trasvase Tajo Segura, pese a estar ubicada en un Parque Natural y existir un principio de prueba de que los vertidos de salmuera podían producir daños medioambientales evidentes al ecosistema marino.

Voté en contra del ATC 355/2007, por las razones que expuse en el correspondiente Voto Particular y, a la luz de tal precedente, no se me alcanzan los riesgos o intereses ecológicos que, en este caso, hayan llevado a la mayoría a una solución contraria a la adoptada entonces. Claro es que el ATC 355/2007 no entendió procedente efectuar consideraciones desde la perspectiva de la doctrina del “fumus boni iuris”, a diferencia de lo que, ahora, se hace en los FFJJ 7 y 8 del Auto aprobado, rozando con riesgo el fondo de la cuestión.

4. Creo que la protección del medio ambiente puede hacerse desde un Derecho reactivo, que haga frente a los daños que ya se han producido (“quien contamina paga”), pasando por un Derecho que haga frente a riesgos conocidos antes de que se produzcan (“prevención”), hasta llegar a un Derecho que prevea y evite amenazas de daños desconocidos o inciertos (“precaución). El principio de precaución, como mínimo, implica que no haga falta demostrar la certeza del daño medioambiental como condición previa para tomar medidas cautelares de protección (STJCE Armand Mondiet). Más aún, el principio de precaución puede implicar en algunos casos una inversión de la carga de la prueba - que en este caso era innecesaria, dada la situación procesal inicial de suspensión - para hacerla recaer en quien pretende demostrar que su actividad resulta segura.

En la ponderación que efectúa el Auto aprobado se razona, entre otros, sobre el derecho fundamental de propiedad que garantiza el art. 33 CE. Ese derecho no confiere a sus titulares simples intereses privados (sic en FFJJ 3 y 8) sino potestades dominicales constitucionalmente protegidas. En la medida en que los razonamientos del Auto sólo son válidos - a mi entender - a efectos de esta pieza de suspensión, y que durante el periodo de suspensión cautelar de la norma impugnada puede darse lugar a indemnización en caso de que no medie autorización previa del titular o de la autoridad judicial de cualquier eventual sacrificio de derechos dominicales que los titulares de terrenos forestales no estén obligados a soportar, he votado a favor de la decisión de la mayoría, aunque creo obligado dejar constancia en este Voto Particular de mi posición personal en el caso.

En Madrid, a 2 de abril de 2008

Orden de 6 de abril de 2010, por la que se establece la uniformidad e imagen institucional del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.


Escudo Oficial del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid

Por Orden de 6 de abril de 2010, se establece la uniformidad e imagen institucional del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.

Dando cumplimiento a la Ley 1/2002, de 27 de marzo, por la que se crea el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid y teniendo en cuenta las funciones de policía, custodia y vigilancia asignadas como misiones principales a dicho Cuerpo, su carácter de agentes de la autoridad y la jerarquización de sus puestos de trabajo, se establece la uniformidad y los distintivos con los que se reconozca al Cuerpo y que los vinculen inequívocamente con la Comunidad de Madrid.

Leer más...

Orden 4634/2006, de 29 de diciembre, por la que se modifica la distribución territorial de las comarcas forestales de la Comunidad de Madrid.

Texto completo de la Orden Texto completo de la Orden

(BOCM nº 19, de 23 de enero de 2007)


PREÁMBULO

 

ARTICULADO

Artículo 1: Comarcas forestales

Artículo 2: Adscripción de los puestos de trabajo a las diferentes comarcas

Artículo 3: Ámbitos geográficos de competencia de los responsables técnicos

Artículo 4: Adscripción de los puestos de trabajo de responsable técnico a los diferentes ámbitos geográficos

Artículo 5: Creación de dos brigadas especializadas en incendios forestales dentro del Cuerpo de Agentes Forestales

 

DISPOSICIONES

Disposición Transitoria Primera: Puestos De Trabajo Vacantes

Disposición Transitoria Segunda: Comarcas 9 Y 16

Disposición Derogatoria Única

Disposición Final Única

 

ANEXOS

Anexo Primero: Relación de comarcas forestales y términos municipales

Anexo Segundo: Adscripción de puestos de trabajo a las diferentes comarcas

Anexo Tercero: Ámbitos geográficos de competencias de los responsables técnicos

Anexo Cuarto: Adscripción de puestos de trabajo de responsable técnico a los diferentes ámbitos

Anexo Quinto: Ámbito de actuación de las brigadas especializadas en incendios forestales


Texto completo de la Orden Texto completo de la Orden

La Ley 1/2002, de 27 de marzo, por la que se creó el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, establece en su artículo 7 que los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Agentes Forestales estarán destinados en los servicios centrales, demarcaciones forestales, o en aquellas unidades especiales que se establezcan dentro del órgano administrativo con competencias en la gestión del medio ambiente natural.

De acuerdo con la Disposición Adicional Primera de la Ley se extinguió la escala de Agentes Forestales del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Administración Especial, integrándose sus componentes en la Escala Operativa del Cuerpo de Agentes Forestales, en la Categoría de Agente Forestal.

Se ha observado que resulta necesaria una mejor distribución del ámbito en que los agentes forestales ejercen sus competencias, por lo que mediante esta Orden se establece una nueva distribución territorial de las comarcas, derogando la anterior.

Por otra parte, se han señalado las adscripciones de los puestos de trabajo de los agentes forestales de la escala operativa a cada una de las comarcas forestales.

En último lugar, se han incluido los ámbitos geográficos en que los responsables técnicos ejercerán sus competencias.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable,


Texto completo de la Orden Texto completo de la Orden

Artículo 1: Comarcas forestales

A efectos de organización del trabajo del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, las comarcas forestales de la misma serán las que se relacionan en el Anexo I de esta Orden, con su correspondiente desglose en términos municipales o partes de términos municipales.

Artículo 2: Adscripción de los puestos de trabajo a las diferentes comarcas

La adscripción de los puestos de trabajo a las diferentes comarcas aparece reflejada en el Anexo II de esta Orden.

Artículo 3: Ámbitos geográficos de competencia de los responsables técnicos

Los responsables técnicos ejercerán sus competencias en los ámbitos geográficos que aparecen en el Anexo III de esta Orden.

Artículo 4: Adscripción de los puestos de trabajo de responsable técnico a los diferentes ámbitos geográficos

La adscripción de los puestos de trabajo de responsable técnico a los diferentes ámbitos geográficos aparece reflejada en el Anexo IV de esta Orden.

Artículo 5: Creación de dos brigadas especializadas en incendios forestales dentro del Cuerpo de Agentes Forestales

Para ejercer funciones relacionadas con la prevención, extinción e investigación de causas de incendios forestales durante todo el año, se crean dos brigadas especializadas en incendios forestales. Su ámbito de actuación aparece en el Anexo V de esta Orden.


Texto completo de la Orden Texto completo de la Orden

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA: Puestos de trabajo vacantes

Los puestos de trabajo que queden vacantes tras el próximo concurso de méritos del Cuerpo de Agentes Forestales, que se celebre inmediatamente después de la publicación de esta Orden, se asignarán a las comarcas según sus necesidades. Esta asignación se realizará mediante Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA: Comarcas 9 y 16

Las comarcas 9 y 16 se mantendrán unidas, hasta que no pueda garantizarse un mínimo de doce agentes forestales en cada una de ellas.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Queda derogada la Orden 3530/2001, de 23 de julio, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se modifica la distribución territorial de las comarcas forestales de la Comunidad de Madrid.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Entrada en vigor

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, 29 de diciembre de 2006.

El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,

MARIANO ZABÍA LASALA



Texto completo de la Orden Texto completo de la Orden

ANEXO PRIMERO; RELACIÓN DE COMARCAS FORESTALES Y TÉRMINOS MUNICIPALES

1. Comarca I-Parque Natural de Peñalara.

Comprende los siguientes términos municipales: Rascafría, Alameda del Valle y Pinilla del Valle.

2. Comarca II-Lozoya.

Comprende los siguientes términos municipales: Lozoya del Valle, Navarredonda, Gargantilla del Lozoya, Lozoyuela, Garganta de los Montes y Canencia de la Sierra.

3. Comarca III-Buitrago.

Comprende los siguientes términos municipales: Buitrago del Lozoya, Villavieja del Lozoya, Gascones, Braojos, La Acebeda, Robregordo, Somosierra, Horcajo de la Sierra, La Serna del Monte, Madarcos y Piñuécar.

4. Comarca IV-Montejo.

Comprende los siguientes términos municipales: Puentes Viejas, Prádena del Rincón, Horcajuelo de la Sierra, Montejo de la Sierra, La Hiruela, Puebla de la Sierra, Berzosa del Lozoya, Robledillo de la Jara, El Atazar y Cervera de Buitrago.

5. Comarca V-Torrelaguna.

Comprende los siguientes términos municipales: Bustarviejo, Valdemanco, La Cabrera, El Berrueco, Patones, Navalafuente, Cabanillas, Redueña, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Venturada, Guadalix de la Sierra, Pedrezuela, El Vellón, San Agustín del Guadalix y El Molar.

6. Comarca VI-Alcalá de Henares.

Comprende los siguientes términos municipales: Valdepiélagos, Talamanca de Jarama, Valdetorres de Jarama, Fuente el Saz de Jarama, Valdeolmos, Ribatejada, Algete, Fresno de Torote, Valdeavero, Cobeña, Daganzo de Arriba, Camarma de Esteruelas, Meco, Paracuellos de Jarama, Ajalvir, Alcalá de Henares, Los Santos de la Humosa, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Villalbilla, Anchuelo, Santorcaz, Valverde de Alcalá, Corpa y Pezuela de las Torres.

7. Comarca VII-Este.

Comprende los siguientes términos municipales: Loeches, Torres de la Alameda, Pozuelo del Rey, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Campo Real, Valdilecha, Villar del Olmo, Ambite, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Tielmes, Carabaña, Brea de Tajo, Valdelaguna, Villarejo de Salvanés, Valdaracete, Brea de Tajo, Valdelaguna, Villarejo de Salvanés, Estremera, Belmonte de Tajo, Villaconejos, Colmenar de Oreja, Villamanrique de Tajo y Fuentidueña de Tajo.

8. Comarca VIII-Parque Regional del Sureste.

San Fernando de Henares, Coslada, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Rivas-Vaciamadrid, Getafe, Arganda del Rey, Pinto, San Martín de la Vega, Morata de Tajuña, Valdemoro, Ciempozuelos, Titulcia, Chinchón, Aranjuez y Madrid (Parque Regional del Sureste).

9. Comarca IX-Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno-Sur.

Comprende los siguientes términos municipales: Sevilla la Nueva, Brunete, Villaviciosa de Odón, Navalcarnero, Móstoles, Leganés, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Moraleja de Enmedio, El Álamo, Batres, Serranillos del Valle, Griñón, Humanes de Madrid, Cubas de la Sagra, Torrejón de la Calzada, Parla, Casarrubuelos y Torrejón de Velasco.

10. Comarca X-San Martín de Valdeiglesias.

Comprende los siguientes términos municipales: Rozas de Puerto Real, Cenicientos, Cadalso de los Vidrios, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Navas del Rey, Chapinería, Villa del Prado, Aldea del Fresno, Villamanta y Villamantilla.

11. Comarca XI-Robledo de Chavela.

Comprende los siguientes términos municipales: Valdemaqueda, Robledo de Chavela, Fresnedillas de la Oliva, Colmenar del Arroyo, Navalagamella, Quijorna y Villanueva de Perales.

12. Comarca XII-El Escorial.

Comprende los siguientes términos municipales: Los Molinos, Guadarrama, Collado Mediano, Alpedrete, San Lorenzo de El Escorial, El Escorial, Santa María de la Alameda, Santa María de la Alameda (La Cepeda) y Zarzalejo.

13. Comarca XIII-Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares- Oeste.

Comprende los siguientes términos municipales y partes de término indicada entre paréntesis: Cercedilla, Navacerrada, Becerril de la Sierra, El Boalo, Moralzarzal, Collado Villalba, Galapagar (al Este de la autovía A-6), Torrelodones (al Este de la autovía A-6) y Las Rozas de Madrid (al Este de la autovía A-6).

14. Comarca XIV-Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares- Norte.

Comprende los siguientes términos municipales: Manzanares el Real, Soto del Real y Miraflores de la Sierra.

15. Comarca XV-Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares- Sur.

Comprende los siguientes términos municipales: Hoyo de Manzanares, Colmenar Viejo, Tres Cantos, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Madrid (Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y Monte de El Pardo).

16. Comarca XVI-Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno-Norte.

Comprende los siguientes términos municipales y partes de término indicada entre paréntesis: Galapagar (al Oeste de la autovía A-6), Torrelodones (al Oeste de la autovía A-6), Valdemorillo, Colmenarejo, Las Rozas de Madrid (al Oeste de la autovía A-6), Villanueva del Pardillo, Villanueva de la Cañada, Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Alcorcón.

17. Comarca XVII-Unidad Funcional de Fauna.

Comprende el siguiente término municipale salvo las partes de término indicada entre paréntesis: Madrid (salvo Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, Parque Regional del Sureste y Monte de El Pardo).

ANEXO II: ADSCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A LAS DIFERENTES COMARCAS

Texto completo de la Orden

ANEXO III: ÁMBITOS GEOGRÁFICOS DE COMPETENCIAS DE LOS RESPONSABLES TÉCNICOS

- Ámbito RT 1: Comarcas 1 y 2.

- Ámbito RT 2: Comarcas 3 y 4.

- Ámbito RT 3: Comarcas 5, 13 y 14.

- Ámbito RT 4: Comarcas 6 y 15.

- Ámbito RT 5: Comarcas 7 y 8.

- Ámbito RT 6: Comarcas 11 y 12.

- Ámbito RT 7: Comarcas 9, 10 y 16.

ANEXO IV: ADSCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE RESPONSABLE TÉCNICO A LOS DIFERENTES ÁMBITOS

Texto completo de la Orden

ANEXO V: ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LAS BRIGADAS ESPECIALIZADAS EN INCENDIOS FORESTALES

- Brigada 1 (Oeste): Comarcas 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.

- Brigada 2 (Este): Comarcas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 17.

Está aquí: Inicio Agentes Forestales Normativa profesional Agentes Forestales Normativa profesional de los Agentes Forestales