APAF-Madrid (Asociación Profesional de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid)

Noticias sobre Agentes Forestales y Medioambientales en España y sobre nuestro Medio Ambiente Normativa profesional de los Agentes Forestales

Normativa profesional

 Las funciones que desempeñan estos profesionales en su quehacer diario, se orientan al cumplimiento de la normativa legal aplicable en la Comunidad de Madrid relativa a materia forestal, flora, fauna, caza, pesca, incendios forestales, ecosistemas, aguas continentales, vías pecuarias, espacios naturales protegidos, geomorfología, paisaje y, en general, al correcto uso de los recursos naturales y de todo aquello que afecte al medio ambiente natural.

Los miembros del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid ejercerán sus funciones buscando siempre prevenir las infracciones y los daños ambientales de cualquier tipo que pudieran producirse.

Aquí puedes encontrar un breve compendio de legislación relacionada con los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.

Disponemos en APAF-Madrid de toda la legislación que pueden aplicar los agentes forestales para la protección de nuestro patrimonio natural.

(Ayuda con la normativa Donde lo encuentres, este símbolo te ayudara con la legislación.)

 

Temáticas:

- Constitución

- Administración

- Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid

- Consejería de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid

- Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid

- Delitos tipificados en el Código Penal

- Protección Civil y Emergencias Ambientales

- Patrimonio Natural, Biodiversidad, Espacios Naturales, Flora y Fauna

- Montes

- Aguas

- Caza y Pesca

- Incendios Forestales

- Vías Pecuarias

- Evaluación Ambiental

- Patrimonio Histórico

- Suelo

- Atmósfera

- Residuos

- Vehículos a Motor, Usos Deportivos y Recreativos

- Minas, Canteras, Graveras, etc.

- Animales Domésticos

- Salud Laboral

- Trafico, Circulación de Vehículos y Seguridad Vial

 

 CONSTITUCIÓN

- Constitución Española de 1978

- Auto del Tribunal Constitucional sobre el mantenimiento de la suspensión cautelar del Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley de Medidas Urgentes de la Comunidad de Madrid

- Sentencia 214/2015 del Tribunal Constitucional, de 22 de octubre de 2015 (BOE núm. 284, de 27 de noviembre de 2015).

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 ADMINISTRACIÓN

NORMATIVA ESTATAL

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal

- Ley de Enjuiciamiento Criminal

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

- Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

- Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público

- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

- Real Decreto 1071/2007, de 27 de julio, por el que se regula el sistema geodésico de referencia oficial en España

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

- Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de lugares de trabajo

- Orden JUS/1291/2010, de 13 de mayo, por la que se aprueban las normas para la preparación y remisión de muestras objeto de análisis por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

NORMATIVA  AUTONÓMICA

- Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid

- Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas

- Ley 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid

- Ley 8/2001, de 13 de julio, de Protección de Datos de Carácter Personal en la Comunidad de Madrid

- Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid

- Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid

- Acuerdo sectorial sobre condiciones de trabajo del personal funcionario de administración y servicios de la administración de la Comunidad de Madrid (2018-2020)

(BOCM nº 201, de 23 de agosto de 2018)

- Acuerdo sectorial para el personal funcionario de Administración y servicios de la Administración General de la Comunidad de Madrid y sus Organismos Autónomos para los años 2.004 - 2.007

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 CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

- Estructura, competencias, normativa, etc.

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 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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 AGENTES FORESTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

NORMATIVA ESTATAL

- Definición de agente forestal (Artículo 6.q de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. (Textos refundidos))

- Régimen Jurídico de los Agentes Forestales

NORMATIVA  AUTONÓMICA

- Ley 1/2002, de 27 de marzo, por la que se crea el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid

- Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se establece la acreditación profesional de los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid

- Orden 1346 bis/2014, de 2 de julio por la que se modifica parcialmente laOrden 788/2001, de 26 de marzo, por la que se aprueban los protocolos de actuación operativa del Centro de Atención de Llamadas de Urgencia 112.

- Orden de 6 de abril de 2010, por la que se establece la uniformidad e imagen institucional del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid

- Orden 4634/2006, de 29 de diciembre, por la que se modifica la distribución territorial de las comarcas forestales de la Comunidad de Madrid

- Orden 2069/2006, de 12 de junio, por la que se aprueban las bases que han de regir las convocatorias para la adjudicación temporal, como vivienda habitual, de las casas forestales gestionadas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

- Orden 788/2001, de 26 de marzo, por la que se aprueban los protocolos de actuación operativa del Centro de Atención de Llamadas de Urgencia 1-1-2.

Acuerdo de 31 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba expresa y formalmente el Acuerdo de 9 de julio de 2018, de la Mesa Sectorial del personal funcionario de Administración y Servicios, por el que se regulan las condiciones de trabajo del Cuerpo de Agentes Forestales para el período 2018-2020

- Acuerdo de la Mesa Sectorial del Personal Funcionario de Administración y Servicios, por el que se ratifica el acuerdo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio con las organizaciones sindicales más representativas para la Mejora de las Condiciones de Trabajo de Agentes Forestales y Adecuaciones Organizativas en aplicación de la Ley 1/2002, correspondiente al período 2005-2007

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 DELITOS TIPIFICADOS EN EL CÓDIGO PENAL

- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y Leyes Orgánicas 15/2003, 5/2010 y 1/2015, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal. (Textos Refundidos)

- Delitos sobre la omisión del deber de socorro (Arts. 195 al 196)

- Delitos contra los derechos de los trabajadores (Arts. 311 al 318)

- Delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente (Arts. 319 al 340)

- Delitos de incendio, incendios forestales y de los incendios en zonas no forestales (Arts. 351 al 358)

- Delitos contra la Administración Pública (Arts. 404 al 445)

- Delitos contra la Administración de Justicia (Arts. 446 al 471)

- Delitos cometidos por los funcionarios públicos contra las garantías constitucionales (Arts. 529 al 542)

- Atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, y de la resistencia y desobediencia (Arts. 550 al 556)

- Faltas contra el orden público, al respeto y consideración debida a la autoridad o sus agentes, o desobediencia. (Art. 634)

- Los delitos relativos a la flora, fauna y animales domésticos. Autor: José Muñoz Lorente (Profesor Titular de Derecho Penal, Universidad Carlos III de Madrid)

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PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIAS AMBIENTALES

NORMATIVA ESTATAL

- Ley 17/2015 de 9 de julio, sobre el Sistema Nacional de Protección Civil

Real Decreto-ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales

Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales

- Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo químico

- Real Decreto 1564/2010, de 19 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo radiológico

- Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación

- Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas

- Real Decreto 1196/2003, de 19 de septiembre, por el que se aprueba la Directriz básica de protección civil para el control y planificación ante el riesgo de accidentes graves en los que intervienen sustancias peligrosas

- Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas

- Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma básica de protección civil

- Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para la actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública

- Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas

- Orden PRE/1206/2014, de 9 de julio, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas

- Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil para emergencias por incendios forestales

- Resolución de 30 de enero de 2013, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo volcánico

- Resolución de 2 de agosto de 2011, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de julio de 2011, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo de inundaciones

- Resolución de 29 de marzo de 2010, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo sísmico

- Resolución de 21 de febrero de 1996, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo volcánico

- Resolución de 5 de mayo de 1995, aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo sísmico

- Resolución de 31 de enero de 1995, de la Secretaría de Estado de interior, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo de inundaciones

- Normativa de Protección Civil

NORMATIVA  AUTONÓMICA

- Ley 25/1997, de 26 de diciembre, de Regulación del Servicio de Atención de Urgencias 112

- Decreto 83/2018, de 5 de junio, por el que se modifica el Decreto 59/2017, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA)

- Decreto 59/2017, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA)

- Orden 1346 bis/2014, de 2 de julio, por la que se modifica parcialmente la Orden 788/2001, de 26 de marzo, por la que se aprueban los protocolos de actuación operativa del Centro de Atención de Llamadas de Urgencia 112

- Orden 788/2001, de 26 de marzo, por la que se aprueban los protocolos de actuación operativa del Centro de Atención de Llamadas de Urgencia 1-1-2

- Orden 1624/2000, de 18 de abril, por la que se modifica el Plan de Protección Civil ante Inclemencias Invernales en la Comunidad de Madrid

- Acuerdo de 30 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM)

- Plan de Actuación en caso de Inundaciones de la Comunidad de Madrid

- Plan de emergencias de presas

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 PATRIMONIO NATURAL,  BIODIVERSIDAD, ESPACIOS NATURALES, FLORA Y FAUNA

NORMATIVA EUROPEA

- Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres

- Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre

NORMATIVA ESTATAL

- Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales

- Ley 7/2013 , de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

- Directrices de aplicación en la Ley 42/2007:

· Directrices Técnicas para la captura de especies cinegéticas predadoras. Homologación de métodos y acreditación de usuarios

· Directrices Técnicas para la gestión de la alimentación de especies necrófagas

· Directrices Técnicas para regular la captura de fringílidos en el medio natural

- Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales

- Real Decreto 216/2019, de 29 de marzo, por el que se aprueba la lista de especies exóticas invasoras preocupantes para la región ultraperiférica de las islas Canarias y por el que se modifica el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras

- Real Decreto 599/2016, de 5 de diciembre, por el que se regula la licencia de uso de la marca "Reservas de la Biosfera Españolas"

- Real Decreto 598/2016, de 5 de diciembre, por el que se regula la composición, funciones y funcionamiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales

- Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales

- Real Decreto 1015/2013, de 20 de diciembre, por el que se modifican los anexos I, II y V de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

- Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras

- Real Decreto 1636/2011, por el que se regula la alimentación de determinadas especies de fauna silvestre con subproductos animales no destinados a consumo humano

- Real Decreto 1274/2011, de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas

- Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

- Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión

- Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09

- Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres

- Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas

NORMATIVA  AUTONÓMICA

- Ley 7/2013, de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

- Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid

- Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestre de la Comunidad de Madrid

- Ley 7/1990, de 28 de junio, sobre Protección de Embalses y Zonas Húmedas de la Comunidad de Madrid. Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid. Planes de Ordenación de embalses catalogados y Planes de Actuación sobre humedales catalogados

- Decreto 144/2018, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Actuación contra el uso ilegal de veneno en el medio natural de la Comunidad de Madrid

- Decreto146/2017, 12 diciembre, por el que se crea y regula el registro de explotaciones ganaderas de la Comunidad de Madrid, y se establece la normativa reguladora de la actividad apícola en la misma

- Decreto 26/2017, de 14 de marzo, por el que se declara la Zona Especial de Conservación "Cuencas de los ríos Alberche y Cofio" y se aprueban su plan de gestión y el de la Zona de Especial Protección para las Aves "Encinares del río Alberche y río Cofio"

- Decreto 106/2014, de 3 de septiembre, por el que se declara Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria "Cuenca del río Guadalix" y se aprueba su Plan de Gestión.

- Decreto 105/2014, de 3 de septiembre, por el que se declara Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria "Cuenca del río Guadarrama" y se aprueba su Plan de Gestión.

- Decreto 104/2014, de 3 de septiembre, por el que se declara Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria "Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de Madrid" y se aprueba su Plan de Gestión y el de las Zonas de Especial Protección para las Aves "Carrizales y Sotos de Aranjuez" y "Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares".

- Decreto 103/2014, de 3 de septiembre, por el que se declara Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria "Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte", y se aprueba su Plan de Gestión y el de la Zona de Especial Protección para las Aves "Alto Lozoya".

- Decreto 102/2014, de 3 de septiembre, por el que se declara Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria "Cuenca del río Manzanares" y se aprueba su Plan de Gestión y el de las Zonas de Especial Protección para las Aves "Monte de El Pardo" y "Soto de Viñuelas".

- Decreto 28/2014, de 27 de marzo, por el que se aprueban los Estatutos reguladores de los órganos de gestión y participación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama

- Decreto 172/2011, de 3 de noviembre, por el que se declara Zona Especial de Conservación (ZEC) el Lugar de Importancia Comunitaria “Cuencas de los ríos Jarama y Henares” y se aprueba el Plan de Gestión de los Espacios Protegidos Red Natura 2000 de la Zona de Especial Protección para las Aves denominada “Estepas cerealistas de los ríos Jarama y Henares” y de la Zona Especial de Conservación denominada “Cuencas de los ríos Jarama y Henares”.

- Decreto 40/1998, de 5 de marzo, por el que se establecen normas técnicas en instalaciones para la protección de la avifauna

- Decreto 18/1992, de 26 de marzo, Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y Árboles Singulares

- Orden 68/2015, de 20 de enero, por la que se modifica el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid, en su categoría de "Árboles Singulares"

- Orden 2/2014, de 2 de enero, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se crea la figura del Director Conservador del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en la Comunidad de Madrid

- Orden 1/2014, de 2 de enero, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se crean las figuras de Director de los Parques Regionales de la Comunidad de Madrid y de Conservador de Parque Regional

- Acuerdo de 2 de septiembre de 2004, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la revisión del Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid

- Acuerdo de 10 de octubre de 1991, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid

- Espacios Naturales Protegidos

- Planes de Gestión de Espacios Protegidos Red Natura 2000

- Zonas Especiales de Conservación (ZEC)

- Lugares de Importancia Comunitaria (LIC)

- Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA)

- Repertorio de Legislación Ambiental (RLMA) de la Comunidad de Madrid

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 MONTES

NORMATIVA ESTATAL

- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y Ley 10/2006, de 28 de abril, Ley 21/2015, de 20 de julio y Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por las que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. (Textos refundidos)

- Sentencia 214/2015 del Tribunal Constitucional, de 22 de octubre de 2015 (BOE núm. 284, de 27 de noviembre de 2015).

Recurso de inconstitucionalidad 8405-2007. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con el artículo 9 de la Ley 3/2007, de 26 de julio, de medidas urgentes de modernización del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, que introduce un nuevo primer párrafo en el apartado 3 del artículo 100 de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, forestal y de protección de la naturaleza de la Comunidad de Madrid.

Competencias sobre medio ambiente, montes y Administración de justicia: Nulidad del precepto legal autonómico que requiere autorización judicial para que los Agentes Forestales accedan a montes de titularidad privada.

- Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción

- Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas

- Decreto 485/1962, de 22 de febrero, del Reglamento de Montes

NORMATIVA  AUTONÓMICA

- Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid y Ley 3/2015, de 18 de diciembre, de modificación de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. (Textos refundidos)

- Ley 17/1999, de 29 de abril, sobre aprovechamiento de pastos y rastrojeras para la protección de la ganadería extensiva

- Decreto 40/2002, de 28 de febrero, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Consorcios de Reforestación en la Comunidad de Madrid

- Decreto 65/1989, de 11 de mayo, por el que se establecen las unidades mínimas de cultivo para el territorio de la Comunidad de Madrid

- Decreto 111/1988, de 27 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la regulación de cortas en los montes bajos o tallares de encina y rebollo de la Comunidad de Madrid

- Decreto 8/1986, de 23 de enero, del Consejo de Gobierno, sobre regulación de las labores de podas, limpias y aclareos de fincas de propiedad particular pobladas de encinas

- Decreto 35/1985, de 8 de mayo, por el que se establece la normativa reguladora de la actividad apícola en el territorio de la Comunidad de Madrid

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 AGUAS

NORMATIVA ESTATAL

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas

- Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales

- Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental

- Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio público hidráulico

- Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril

- Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los Títulos II y III de la Ley de Aguas

- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar, I, IV, V, VI, VII y VIII del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio

- Marco legislativo del agua (Europeo, estatal y autonómico)

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 CAZA Y PESCA

NORMATIVA ESTATAL

- Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza

- Ley 37/1966, de 31 de mayo, sobre creación de Reservas Nacionales de Caza

- Ley de 20 febrero 1942 de Pesca

- Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970 (Mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa).

- Decreto de 6 de abril de 1943 por el que se aprueba el Reglamento de Pesca

- Real Decreto 1082/2009, de 3 de julio, por el que se establecen los requisitos de sanidad animal para el movimiento de animales de explotaciones cinegéticas, de acuicultura continental y de núcleos zoológicos, así como de animales de fauna silvestre

- Real Decreto 63/1994, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil del Cazador, de suscripción obligatoria

- Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas

- Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies comercializables y se dictan normas al respecto

- Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies que pueden ser objeto de caza y pesca y se dictan normas para su protección

- Resolución de 1 de abril de 1971, por la que se dan normas para la señalización de terrenos sometidos a régimen cinegético especial y de los palomares industriales

- Orden de 15 de enero de 1973, por la que se dictan normas relacionadas con la señalización de determinados terrenos sometidos a régimen cinegético especial

- Resolución de 6 de marzo de 2017, por la que se publica el Convenio de colaboración con las Comunidades Autónomas de Aragón, Principado de Asturias, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Comunitat Valenciana, para el establecimiento de las licencias interautonómicas de caza y de pesca en aguas continentales para todos sus territorios

NORMATIVA  AUTONÓMICA

- Decreto 23/2015, de 23 de abril, por el que se regula el procedimiento para la expedición de licencias de caza y pesca en la Comunidad de Madrid

- Decreto 156/2002, de 19 de septiembre, por el que se limita el uso de munición que contenga plomo para el ejercicio de la caza y el tiro deportivo en determinados embalses y zonas húmedas de la Comunidad de Madrid

- Orden 1667/2019, de 2 de agosto, por la que se fijan las limitaciones y épocas hábiles de caza que regirán durante la temporada 2019-2020

- Orden 156/2019, de 26 de febrero, sobre establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad piscícola en los ríos, arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid, para la temporada 2019

- Orden 3277/2015, de 13 de noviembre, por la que en desarrollo del Decreto 23/2015, de 23 de abril, del Consejo de Gobierno, se regula el procedimiento para la expedición por la Comunidad de Madrid de licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales

- Orden 862/2015, de 21 de mayo, por la que en desarrollo del Decreto 23/2015, de 23 de abril, se regula el curso de cazador

- Orden 2658/1998, de 31 de julio, por la que se autoriza la caza de aves fringílidas en la Comunidad de Madrid

- Orden de 14 de julio de 1987 de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se establece la valoración cinegética de las piezas de caza y especies protegidas de la fauna silvestre en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid

- Información práctica sobre caza

- Información práctica sobre pesca

- Marco legislativo de caza (Estatal y autonómico)

- Marco legislativo de pesca (Estatal y autonómico)

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 INCENDIOS FORESTALES

NORMATIVA ESTATAL

- Real Decreto-ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales

- Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales

- Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre incendios forestales

NORMATIVA  AUTONÓMICA

- Decreto 83/2018, de 5 de junio, por el que se modifica el Decreto 59/2017, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA)

- Decreto 59/2017, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA)

- Orden 3816/2003, de 22 de mayo, por la que se establecen las normas sobre las autorizaciones para realizar quemas en tierras agrícolas

- Marco legislativo de incendios (Autonómico)

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 VÍAS PECUARIAS

NORMATIVA ESTATAL

- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias

NORMATIVA  AUTONÓMICA

- Ley 8/1998, de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid

- Decreto 12/1999, de 28 de enero, por el que se crea y regula el Patronato de la Red de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid

- Información práctica sobre la Vías Pecuarias

- Vías pecuarias de la Comunidad de Madrid

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 EVALUACIÓN AMBIENTAL

NORMATIVA ESTATAL

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental

- Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental

- Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación

- Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación

NORMATIVA  AUTONÓMICA

- Ley 2/2002, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid

- Marco legislativo de Evaluación Ambiental

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 PATRIMONIO HISTÓRICO

NORMATIVA ESTATAL

- Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español

NORMATIVA AUTONÓMICA

- Ley 3/2013, de 18 de junio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid

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 SUELO

NORMATIVA ESTATAL

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación

NORMATIVA  AUTONÓMICA

- Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo en la Comunidad de Madrid

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 ATMÓSFERA

NORMATIVA ESTATAL

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas

- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental

NORMATIVA  AUTONÓMICA

- Decreto 55/2012, de 15 de marzo, por el que se establece el régimen legal de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid

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 RESIDUOS

NORMATIVA ESTATAL

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados

- Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases

- Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

- Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados

- Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases

- Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de depuración en el sector agrario

- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba, el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos

- Orden PRA/1861/2016, de 9 de diciembre, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil

- Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depuración en el sector agrario

NORMATIVA  AUTONÓMICA

- Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid

- Decreto 326/1999, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados de la Comunidad de Madrid

- Decreto 193/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula en la Comunidad de Madrid, la utilización de lodos de depuradora en agricultura

- Orden 2305/2014, de 3 de noviembre, por la que se modifican los Anexos del Decreto 193/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula, en la Comunidad de Madrid, la utilización de lodos de depuradora en agricultura, para adecuarlo a las necesidades informativas de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados

- Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid

- Orden 761/2007, de 2 de abril, por la que se modifica la Orden 2770/2006, de 11 de agosto, por la que se establecen niveles genéricos de referencia de metales pesados y otros elementos de traza de suelos contaminados de la Comunidad de Madrid

- Acuerdo de 18 de octubre de 2007, por el que se aprueba la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid

- Marco legislativo de Residuos (Europeo, estatal y autonómico)

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 VEHÍCULOS A MOTOR, USOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

NORMATIVA  AUTONÓMICA

- Decreto 3/1993, de 28 de enero, sobre campamentos de turismo en la Comunidad de Madrid

- Decreto 110/1988, de 27 de octubre, que regula la circulación y práctica de deportes con vehículos de motor

- Orden de 27 de mayo de 1992, de la Consejería de Cooperación, por la que se establecen normas generales para el uso socio-recreativo de los Montes y Terrenos Forestales administrados por la Comunidad de Madrid

- Resolución 27 de Julio de 1989, Regula circulación y deportes con bicicletas y velocípedos en montes a cargo de la Comunidad de Madrid

- Regulación de la circulación de los vehículos a motor en los montes a cargo de la Comunidad de Madrid

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 MINAS, CANTERAS, GRAVERAS, ETC.

NORMATIVA ESTATAL

- Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas

- Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas

- Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras

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 ANIMALES DOMÉSTICOS

NORMATIVA ESTATAL

- Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos

- Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección animal durante el transporte

- Real Decreto 363/2009, de 20 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1559/2005, de 23 de diciembre, sobre condiciones básicas que deben cumplir los centros de limpieza y desinfección de los vehículos dedicados al transporte por carretera en el sector ganadero y el Real Decreto 751/2006, de 16 de junio, sobre autorización y registro de transportistas y medios de transporte de animales y por el que se crea el Comité español de bienestar y protección de los animales de producción

- Real Decreto 1570/2007, de 30 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos

- Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos

NORMATIVA  AUTONÓMICA

- Ley 4/2016 de 22 de julio, de protección de animales de compañía de la Comunidad de Madrid (Vigencia desde 10 de febrero de 2017)

- Ley 1/2000, de 11 de febrero, de modificación de la Ley 1/1990, de 1 de febrero, de Protección de Animales Domésticos

- Ley 1/1990, de 1 de febrero, de protección de los animales domésticos

- Decreto 30/2003, de 13 de marzo, por el que se aplica en la Comunidad de Madrid el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, y se crean los registros de perros potencialmente peligrosos

- Decreto 44/1991, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley1/1990, de 1 de febrero, de Protección de los Animales Domésticos

- Orden 11/1993, de 12 de enero, que regula la identificación animal en la Comunidad de Madrid

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 SALUD LABORAL

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales

- Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual

- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención

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 TRAFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS Y SEGURIDAD VIAL

- Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo

- Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos

- Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial

- Ámbito de aplicación (Art. 2)

- Uso de teléfonos móviles y emisoras por los Agentes de la Autoridad, durante la conducción (Art. 11.3)

- Vehículos en servicio de urgencia (Art. 25)

- Matrículas (Art. 62)

- Vehículos abandonados (Art. 71.1.a)

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Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se establece la acreditación profesional de los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid

Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se establece la acreditación profesional de los Agentes Forestales de la Comunidad de MadridLa correcta identificación de los agentes de la autoridad al servicio de la Comunidad de Madrid constituye un requisito indispensable para una correcta ejecución de sus cometidos y, al mismo tiempo, una garantía jurídica tanto para los ciudadanos como para los propios funcionarios.

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Orden de 6 de abril de 2010, por la que se establece la uniformidad e imagen institucional del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.


Escudo Oficial del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid

Por Orden de 6 de abril de 2010, se establece la uniformidad e imagen institucional del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.

Dando cumplimiento a la Ley 1/2002, de 27 de marzo, por la que se crea el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid y teniendo en cuenta las funciones de policía, custodia y vigilancia asignadas como misiones principales a dicho Cuerpo, su carácter de agentes de la autoridad y la jerarquización de sus puestos de trabajo, se establece la uniformidad y los distintivos con los que se reconozca al Cuerpo y que los vinculen inequívocamente con la Comunidad de Madrid.

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Auto del Tribunal Constitucional sobre el mantenimiento de la suspensión cautelar del Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley de Medidas Urgentes de la Comunidad de Madrid


TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

PLENO
Excmos Sres.:

Dª María Emilia Casas Baamonde
D. Guillermo Jiménez Sánchez
D. Vicente Conde Martín de Hijas
D. Javier Delgado Barrio
Dª Elisa Pérez Vera
D. Roberto García-Calvo y Montiel
D. Eugeni Gay Montalvo
D. Jorge Rodríguez-Zapata Pérez
D. Ramón Rodríguez Arribas
D. Pascual Sala Sánchez
D. Manuel Aragón Reyes
D. Pablo Pérez Tremps

Núm. de asunto: 8405-2007

ASUNTO: Recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno.

SOBRE: Artículo 9 de la Ley de la Comunidad de Madrid 3/2007, de 26 de julio, de Medidas Urgentes de Modernización de Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid.

 

 

 

AUTO

I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Registro de este Tribunal el día 29 de octubre de 2007, la Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el art. 9 de la Ley de la Comunidad de Madrid 3/2007, de 26 de julio, de medidas urgentes de modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid.

La Abogado del Estado invocó el art. 161.2 C.E., a fin de que se acordara la suspensión de la disposición recurrida.

2. Mediante providencia de 20 de noviembre de 2007, el Pleno del Tribunal Constitucional, a propuesta de la Sección Cuarta, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad, dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y Asamblea de la Comunidad de Madrid, al objeto de que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular alegaciones. Asimismo, acordó tener por invocado por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 de la Constitución, lo que a su tenor y conforme dispone el art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y aplicación del precepto impugnado.

Por último, también se ordenó publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid”.

3. El 27 de noviembre de 2007 el Presidente del Congreso de los Diputados comunica al Tribunal Constitucional que dicha Cámara no se personará en el procedimiento ni formulará alegaciones. El Presidente del Senado, mediante escrito registrado el día 5 de diciembre de 2007, comunica que la Cámara se persona en el proceso, ofreciendo su colaboración.

4. El Secretario General de la Asamblea de Madrid, en la representación que ostenta, presentó su escrito de alegaciones el día 14 de diciembre de 2007 solicitando la desestimación del recurso interpuesto. El Letrado de la Comunidad de Madrid hizo lo propio el día 19 de diciembre de 2007 solicitando, igualmente, la desestimación del recurso.

5. Estando próximo a finalizar el plazo de cinco meses que señala el art. 65.2 LOTC desde que se produjo la suspensión del precepto impugnado, el Pleno del Tribunal Constitucional, mediante providencia de 15 de febrero de 2008, acordó oír a las partes personadas en el proceso para que, en el plazo de cinco días, expusieran lo que consideraran conveniente acerca del mantenimiento o levantamiento de dicha suspensión.

6. El Abogado del Estado, con fecha 25 de febrero de 2008, evacuó el trámite conferido, interesando que se acuerde el mantenimiento de la suspensión, por las razones que, resumidamente, se exponen a continuación.

a) Comienza su alegato señalando que el Tribunal Constitucional tiene declarado que para la resolución de este tipo de incidentes es necesario ponderar, de un lado, los intereses implicados, tanto el general y público como el particular o privado de las personas afectadas, y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que se irrogan del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. Esta valoración debe hacerse mediante el examen de las situaciones de hecho creadas y al margen de la viabilidad de las pretensiones contenidas en la demanda (ATC 428/2004, de 10 de noviembre, FJ 2, con cita de otros muchos). En definitiva, ha de procederse a una consideración de la gravedad de los perjuicios que originarían las situaciones de hecho que, previsiblemente, se producirían en caso de que se levantara o se mantuviera la suspensión. Aunque el Tribunal Constitucional se refiere a las situaciones de hecho creadas, la realidad es que lo que con más frecuencia se ha de examinar son las situaciones de hecho que con cierto grado de previsibilidad puedan producirse en el caso de levantarse la suspensión. Asimismo, alega que, en este caso, la aplicación de la Ley impugnada, durante el escaso tiempo que estuvo vigente, ya provocó importantes perjuicios para la conservación del medio ambiente en la Comunidad de Madrid y, en tal sentido, aporta un informe realizado por las organizaciones sindicales de agentes forestales.

b) A continuación, el Abogado del Estado señala la existencia, en relación con este incidente, de doctrina constitucional específica relativa a la protección del medio ambiente (con cita del ATC 335/1995, de 20 de diciembre), en cuya virtud, comoquiera que cuando se impugna una norma autonómica por contraste con una estatal con la que resulta incompatible, la aplicación y vigencia de una supone, de facto, la suspensión de la otra, el criterio que ha de seguirse cuando se trata de normas medioambientales es el de procurar la mayor protección del interés ecológico, puesto que los perjuicios medioambientales son, normalmente, de imposible reparación.

c) Seguidamente, la representación procesal del Estado acomete la tarea de justificar que la legislación estatal, en concreto el art. 58.3 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, es más protectora del interés ecológico que la norma autonómica impugnada, por lo que procedería el mantenimiento de la suspensión. Así, estima que la facultad de entrar en propiedades y montes públicos y privados, sin autorización judicial y con estricto respeto a la inviolabilidad del domicilio, resulta indispensable para el correcto desempeño de las funciones de policía y guarda forestal reconocidas a los Agentes forestales, las cuales quedarían recortadas por la aplicación del precepto impugnado, el cual exige expresamente, salvo para los casos de extinción de incendios, la autorización judicial para la entrada de los agentes forestales en montes o terrenos de titularidad privada.

d) Para el caso de que no se tuviera en cuenta la doctrina anterior, relativa a la primacía que ha de otorgarse a la protección del interés ecológico, se sostiene en el escrito de alegaciones que, de la ponderación de los concretos perjuicios que acarrearía la aplicación del precepto y de los que causaría su suspensión, resulta igualmente claro que procede acordar el mantenimiento de esta última; afirmación que sustenta en tres informes, que une a su escrito, elaborados, respectivamente, por las organizaciones sindicales de agentes forestales de la Comunidad de Madrid, el Departamento interuniversitario de ecología de la Universidad Complutense de Madrid y la Dirección General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente.

De este modo afirma que, tal y como se deduce del informe de las organizaciones sindicales al que se ha hecho referencia, la actividad de los agentes forestales se ha visto paralizada en la práctica durante el escaso tiempo que medió desde la aprobación de la norma hasta la admisión a trámite del recurso por el Tribunal Constitucional para lo cual documenta, por remisión al ya citado informe, daños concretos al medio ambiente en relación con las actividades preventivas de incendios, la imposibilidad de impedir realización de construcciones en terrenos protegidos o los perjuicios que para la flora y la fauna supone la corta ilegal o la caza furtiva, actividades que, a su juicio podrían ser impedidas de manera más eficaz mediante la presencia de agentes forestales, lo que permitiría la realización de inspecciones sin cortapisas que no vengan estrictamente exigidas por el respeto al domicilio.

En tal sentido señala que el escaso número de autorizaciones judiciales concedidas en relación con el número de peticiones (7 frente a 32.165 solicitudes, más tres resoluciones de Juzgados de Primera Instancia declarándose incompetentes), así como el tiempo necesario para obtenerlas, pone de manifiesto que la aplicación del precepto paralizó la actividad ordinaria de los agentes forestales de la Comunidad de Madrid. Asimismo, se alega que la aplicación del precepto impugnado impediría la realización de actividades de urgencia, derivadas de los propios protocolos de actuación de la Dirección General del Medio Natural de la Comunidad de Madrid como son los relativos a las actuaciones de investigación y preventivas en relación con la gripe aviar o, en general, con la detección y aplicación de medidas en los casos de envenenamiento o muerte de especies animales.

Esa misma imposibilidad de realización de actividades de vigilancia preventiva y de policía de los agentes forestales se pone también de manifiesto en un informe elaborado por la Dirección General para la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente que acompaña al escrito de alegaciones. En relación con todo ello, señala que la aplicación del precepto impugnado supondría que quedaría sin vigilancia aproximadamente el 80 por 100 del entorno natural de la Comunidad de Madrid, pues resultarían imposibles las actividades de vigilancia preventiva, en concreto, en relación con el uso de venenos o empleo de otros métodos para eliminar especies protegidas, con la eliminación de arbolado para incrementar el uso agrícola o ganadero, con la detección de enfermedades o epidemias, con la realización de actividades cinegéticas ilegales o, muy especialmente, con la realización de las labores preventivas disuasorias para la defensa de los montes de los incendios forestales.

e) En último lugar, el Abogado del Estado argumenta que la suspensión del precepto autonómico hasta la resolución del recurso no supone perjuicio alguno pues la limitación de la propiedad privada que han de sufrir los titulares de los montes a los que accedan sin autorización judicial los agentes forestales es absolutamente proporcionada para la consecución de la finalidad de proteger adecuadamente el medio ambiente. Por ello, se afirma que, en la ponderación de intereses en juego, ha de prevalecer el ecológico, por cuanto los daños al medio ambiente suelen ser de muy difícil o imposible reparación, mientras que las limitaciones al derecho de propiedad siempre admitirán una eventual reparación económica.

7. El Letrado de la Comunidad de Madrid solicitó el levantamiento de la suspensión en su escrito de alegaciones, registrado en este Tribunal Constitucional el día 26 de febrero de 2008. Así, tras recordar la doctrina general del Tribunal Constitucional en relación con esta clase de incidentes, señala, en primer lugar, la improcedencia del mantenimiento de la suspensión por razones de seguridad jurídica o como consecuencia de la existencia de dos normativas contrapuestas, la estatal y la autonómica, citando al efecto los AATC 18/2007, de 18 de enero y 79/2003, de 6 de marzo.

En cuanto a la ponderación de los intereses afectados y los perjuicios derivados del mantenimiento o levantamiento de la suspensión señala que el interés general que subyace en el precepto autonómico es la necesidad de reforzar la garantía de la seguridad jurídica (art. 9.3 CE), de la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2), del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar (art. 18.1) y del derecho a la propiedad privada (art. 33.1), los cuales han de cohonestarse con la protección del medio ambiente (art. 45 CE), sin que pueda señalarse que el interés perseguido por la pretensión suspensiva del Gobierno de la Nación sea la defensa del medio ambiente, puesto que este extremo no resultó alegado en la demanda presentada. A continuación, la representación procesal de la Comunidad de Madrid recalca que no procede la aplicación de la doctrina constitucional según la cual la ponderación ha de resolverse a favor de la primacía de los posibles perjuicios de imposible o difícil reparación al medio ambiente, dado que no es ese el interés general esgrimido por el Gobierno en su recurso y, en segundo lugar, porque dicha doctrina ha sido excepcionada, con cita al respecto de los AATC 303/2006, de 12 de septiembre y 283/2006, de 18 de julio, para aquellos supuestos en los que no pueda constatarse la certeza e inmediatez de los perjuicios medioambientales. A su juicio, eso es lo que sucede en el presente supuesto dado que la norma autonómica no supone, en sí misma, un obstáculo o freno para la realización de las labores de vigilancia, inspección y protección de los agentes forestales, al no derivar directamente los eventuales perjuicios para el medio ambiente de la necesidad de autorización judicial de la actividad inspectora.

Por último, indica que la norma autonómica suspendida no hace otra cosa que resaltar un límite derivado de la normativa básica estatal, cual es el relativo a la inviolabilidad del domicilio, aplicado en este caso a todos aquellos supuestos de fincas susceptibles de ser calificadas como domicilio sin que tampoco la norma haya modificado dos aspectos esenciales de la actuación de los agentes forestales como son la posibilidad de acceder a los montes o terrenos forestales con independencia de su titular y la de proceder a la paralización cautelar de los actos que estimen contrarios a la legislación autonómica de protección de la naturaleza.

8. Mediante escrito registrado en este Tribunal Constitucional el día 26 de febrero de 2008, la representación procesal de la Asamblea de Madrid interesó el levantamiento de la suspensión del precepto impugnado alegando, en síntesis, lo siguiente:

En primer lugar, señala el carácter excepcional que, conforme a la doctrina de este Tribunal Constitucional, tiene el mantenimiento de la suspensión de la vigencia de una Ley, la cual se beneficia, por su origen, de una presunción de constitucionalidad. Por tanto, indica que la decisión acerca del levantamiento de la suspensión inicialmente decretada debe decidirse, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, previa valoración del alcance de esa medida así como de las consecuencias que de la misma puedan derivarse para los diversos intereses implicados y de los perjuicios de imposible y difícil reparación.

En cuanto a los intereses implicados alega la existencia de intereses privados o de particulares, vinculados a la garantía de la propiedad privada, para conseguir un reforzamiento de la seguridad jurídica de los ciudadanos frente a la actuación de la Administración. Asimismo, indica que no pueden apreciarse eventuales intereses generales que pudieran verse afectados de manera directa por el levantamiento de la suspensión, dado que no puede entenderse que la norma en cuestión produce un perjuicio ecológico, pues, además de que no se invoca en al demanda el art. 45 CE, ésta se dirige a regular una competencia de carácter ejecutivo que corresponde a la Comunidad Autónoma, estableciendo un trámite específico que ha de cubrir un cuerpo de funcionarios también autonómico. Por otro lado, en cuanto a la supuesta quiebra de la función inspectora que produciría la aplicación del precepto suspendido, señala que, además de que ésta no se produce ya que la propia norma permite dos entradas no judiciales (en los supuestos de lucha contra los incendios forestales y cuando haya consentimiento del titular), existen leyes tanto estatales como autonómicas que establecen este requisito previo.

Por todo lo expuesto, la representación procesal de la Asamblea de Madrid considera que el levantamiento de la suspensión del precepto impugnado no produciría perjuicios irreparables puesto que el libre acceso a la propiedad forestal no es indispensable para el ejercicio de las funciones que los agentes forestales tienen encomendadas y, de hecho, no está reconocido para otros funcionarios públicos que también son agentes de la autoridad y llevan a cabo funciones de policía administrativa.

II. Fundamentos jurídicos

1. El objeto de la presente resolución consiste en determinar si, de acuerdo con el art. 161.2 CE, procede levantar o mantener la suspensión de la vigencia que afecta al art. 9 de la Ley de la Comunidad de Madrid 3/2007, de 26 de julio, de medidas urgentes de modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid, precepto que se encuentra suspendido en su aplicación como consecuencia de la invocación del art. 161.2 CE al promoverse el recurso de inconstitucionalidad contra el mismo por el Presidente del Gobierno.

El precepto recurrido introduce un nuevo primer párrafo en el apartado tres del art. 100 de la Ley de la Comunidad de Madrid 16/1995, de 4 de mayo, forestal y de protección de la naturaleza, cuya diferencia con la regulación anteriormente vigente radica en la exigencia de autorización judicial para que los agentes forestales puedan, en el ejercicio de sus funciones, acceder a fincas de titularidad privada. De esta forma, el precepto tiene el siguiente tenor literal:

“3. Los Agentes Forestales requerirán de autorización judicial para acceder a montes o terrenos forestales de titularidad privada, salvo que el acceso se produzca con ocasión de la extinción de incendios forestales”.

2. Sobre este tipo de incidentes de suspensión existe doctrina constitucional, de acuerdo con la cual, para decidir acerca del mantenimiento o levantamiento de la misma, es necesario ponderar, de un lado, los intereses que se encuentran afectados, tanto el general y público, como, en su caso, el particular o privado de las personas afectadas, y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que puedan derivarse del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. Esta valoración ha de efectuarse mediante el estricto examen de las situaciones de hecho creadas y al margen de la viabilidad de las pretensiones que se formulan en la demanda.

En este sentido ha de recordarse que el mantenimiento de la suspensión requiere que el Gobierno de la Nación, a quien se debe la iniciativa, aporte y razone con detalle los argumentos que la justifiquen, pues debe partirse en principio de la presunción de constitucionalidad de las normas o actos objeto de conflicto (por todos, ATC 355/2007, de 24 de julio y doctrina allí citada).

3. Según ha quedado expuesto en los antecedentes, el Abogado del Estado solicita el mantenimiento de la suspensión por entender que con tal suspensión se procura una mayor protección de los intereses medioambientales y ecológicos, los cuales, con arreglo a nuestra doctrina, han de merecer especial consideración en atención al carácter normalmente irreparable de los daños en ese concreto ámbito. En tal sentido argumenta que la norma ahora suspendida disminuye la capacidad de actuación de los agentes forestales al imponerles la obligación de disponer de autorización judicial para acceder a montes o terrenos forestales. Con ello se reduce, al mismo tiempo, la defensa del interés público, ya que se merman notablemente las posibilidades de estos profesionales para ejercer la labor de vigilancia y garantizar el cumplimiento de la legalidad en materia medioambiental, con la consiguiente disminución de la protección ecológica. En cuanto a los concretos perjuicios alegados, señala, como es de ver con más detalle en los antecedentes, que la aplicación de la norma durante el escaso tiempo en que esta permaneció vigente provocó la paralización de la actividad de los agentes forestales, con los consiguientes daños concretos a los valores ambientalmente protegidos, por la imposibilidad de desarrollar actividades de prevención y aquellas otras que, por su propia naturaleza, revisten carácter de urgencia a fin de evitar consecuencias dañinas para el medio natural. Finalmente argumenta que el mantenimiento de la suspensión no produce perjuicio alguno, pues frente al interés de los titulares de montes privados ha de prevalecer el ecológico, por tratarse de una limitación de la propiedad privada absolutamente proporcionada para la consecución de la finalidad de proteger adecuadamente el medio ambiente que se deriva del art. 45 CE.

La representación procesal del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha interesado el levantamiento de la suspensión señalando que las exigencias derivadas del principio de seguridad jurídica o de la coexistencia de dos normativas, estatal o autonómica, no son motivo suficiente para acordar el mantenimiento de la suspensión sin entrar a analizar el supuesto concreto. En relación con ello, afirma que la ponderación de los intereses afectados en relación con los medioambientales, entre los que cita la garantía de la seguridad jurídica, de la inviolabilidad del domicilio, del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar y del derecho a la propiedad privada, no cabe resolverla a favor de la primacía de los posibles perjuicios de imposible o difícil reparación para el medio ambiente, puesto que la defensa del medio ambiente no ha sido el interés general defendido por el Estado en su recurso y tampoco se ha constatado la certeza e inmediatez de los perjuicios. Con respecto a la influencia del precepto suspendido en la actividad de los agentes forestales alega que el mismo no constituye un impedimento u obstáculo para la realización de las labores que les son propias.

Por su parte, las alegaciones de la Asamblea de Madrid interesan el levantamiento de la suspensión inicialmente acordada por entender que su mantenimiento tiene un carácter excepcional que no ha de prevalecer en un caso como el presente en el que se pretende reforzar la seguridad jurídica de los ciudadanos frente a la actuación administrativa, estableciendo una garantía adicional para la propiedad privada y sin que existan intereses generales afectados por el levantamiento de la suspensión ni pueda considerarse que el libre acceso a cualquier tipo de lugares por parte de los agentes forestales constituya una condición indispensable para el ejercicio de sus funciones.

4. Así expuestos los perjuicios a los intereses particulares y generales que cada una de las partes plantea que pueden producirse si se mantiene o se alza la suspensión previamente acordada por el Tribunal, procede que realicemos la ponderación que es propia de este incidente cautelar. Para ello, tendremos presente que su resolución está desvinculada de la que en su día haya de adoptarse sobre el debate de fondo, pues la interpretación de las reglas de deslinde competencial aplicables al caso debe quedar deferida a la sentencia que resuelva la controversia competencial planteada. Asimismo, y conforme a nuestra doctrina, incumbe al Abogado del Estado justificar que el levantamiento de la suspensión del precepto recurrido lesionaría los intereses generales o de terceros, produciendo con ello perjuicios irreparables o de difícil reparación.

De esta forma, en este incidente deberemos determinar los intereses que han de prevalecer, por ser menos resistentes al perjuicio o acreedores de una protección preferente, y cuáles deben ceder por ser su lesión menos onerosa o de menor incidencia su sacrificio en caso de colisión, teniendo en cuenta, a tal fin, la irreparabilidad o dificultad de reparación de las situaciones que pudieran generarse y, de otra parte, la trascendencia de los intereses subyacentes, generales y particulares.

Para ello, hemos de tener presente, en primer lugar, que, en nuestra jurisprudencia sobre suspensión cautelar de las normas, la salvaguarda del interés ecológico merece la condición de interés preferente y en esos términos lo expresa el fundamento jurídico 4 del ATC 355/2007, de 24 de julio:

“En relación con ello procede recordar aquí lo que ya dijimos en el ATC 252/2001, de 18 de septiembre, cuyo fundamento jurídico 3 señala, recogiendo doctrina anterior, lo siguiente:

En nuestro ATC 287/1999 manifestamos que ‘existe ya una doctrina muy amplia y reiterada de este Tribunal en relación con la decisión a adoptar en los incidentes de levantamiento o mantenimiento de la suspensión previamente acordada, cuando, como en este caso, entre los intereses públicos y privados concernidos se encuentran los específicamente medioambientales’, precisando a continuación que, según dicha doctrina, ‘no cabe derivar de la Constitución la tesis de que toda medida de ordenación legal de los recursos naturales deba atender prioritariamente al criterio de evitar cualquier sacrificio no imprescindible de los derechos e intereses patrimoniales de carácter individual (ATC 101/1993, FJ 2) y concluye pronunciándose de forma jurídicamente generalizada a favor de la primacía de la protección de los recursos biológicos naturales, dada su fragilidad y la irreparabilidad de los perjuicios que se podrían producir en caso de perturbación de los mismos (ATC 674/1984, 1270/1988, 101/1993, 243/1993, 46/1994 y 225/1995, entre otros)’ (ATC 287/1999, FJ 3).

Sin embargo, en el mismo Auto también señalamos que ‘como excepción a esta doctrina, sólo hemos admitido la subordinación de los intereses conservacionistas a otros intereses públicos o privados de carácter patrimonial cuando la lesión de éstos suponga afectar a un sector económico de manera directa e inmediata..., fundamental para la economía de la Nación... con posibles perjuicios económicos de muy difícil reparación (ATC 890/1986, FJ 2), o bien cuando la aplicación de las medidas controvertidas fueran susceptibles de provocar gravísimos efectos perjudiciales (ATC 29/1990, FJ 3, que reitera el anterior) (ATC 287/1999, FJ 4)’”.

5. Con arreglo a tales criterios podemos comenzar ya la ponderación que es propia de este incidente señalando que, sin perjuicio de lo que más adelante se dirá, no puede ser tomada en consideración la genérica alegación del Abogado del Estado relativa a la mayor protección del interés ecológico que se derivaría de la legislación estatal que ha entrado en conflicto con la autonómica impugnada -esto es, el art. 58 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, en la redacción dada al mismo por la Ley 10/2006, de 28 de abril-. A los efectos que aquí nos ocupan, los argumentos en los que se justifique el mantenimiento de la suspensión solicitada han de ser aportados y razonados con detalle, lo que viene a significar que, en este caso, sea preciso demostrar, más allá de la simple comparación entre lo dispuesto en las dos normas que han entrado en conflicto, que, efectivamente, la necesidad de obtener la autorización judicial para acceder a montes o terrenos forestales de titularidad privada, en cuanto supone la privación de una facultad necesaria para facilitar el correcto desempeño de las funciones de policía y guarda forestal que los agentes forestales tienen atribuidas, es, en sí misma, susceptible de ser determinante para la producción de daños medioambientales, los cuales, por su propia naturaleza, resultan ser de imposible o difícil reparación.

Dicho esto, añadiremos que tampoco pueden ser tomados en consideración los alegatos formulados por las representaciones procesales del Gobierno y de la Asamblea de Madrid relativos a la falta de invocación en la demanda del art. 45 CE y ello porque, con independencia de que en el debate de fondo en el presente proceso no se haya hecho efectivamente invocación del citado precepto constitucional, nada impide que se haga en este momento, en el que lo discutido no resulta ser la delimitación de competencias entre el Estado y la Comunidad de Madrid, sino, únicamente, si la aplicación de la norma impugnada resulta susceptible de provocar daños medioambientales que, precisamente por revestir tal carácter, hayan de prevalecer frente a los perjuicios derivados del eventual mantenimiento de la suspensión inicialmente acordada. Asimismo, tampoco ha de resultar de directa aplicación al presente caso, en contra de lo aducido por el Letrado de la Comunidad de Madrid, lo establecido en los AATC 283/2006, de 18 de julio, y 303/2006, de 12 de septiembre, en los que este Tribunal Constitucional levantó la suspensión inicialmente acordada en relación con dos resoluciones de la Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid referentes a la convocatoria y posterior adjudicación de los contratos de consultoría y asistencia del Anteproyecto de Construcción y Explotación de la Obra “Cierre Norte de la M-50. Tramo A-6 a M-607” y del Anteproyecto de Construcción y Explotación de la “Nueva Carretera R-1. Tramo: El Molar/M-12 y cierre Norte de la M-50. Tramo 607/A-1”. En ambos casos apreciamos que lo que preveían las Resoluciones impugnadas no era la inmediata realización de obras de construcción de carreteras, sino la de estudios y proyectos previos, razón por la cual no resultaba posible apreciar que los perjuicios medioambientales alegados en ese momento por el Abogado del Estado para justificar el mantenimiento de la suspensión tuvieran las necesarias notas de certeza e inmediatez, aspecto este último que, precisamente, ha de ser dilucidado aquí, al analizar los concretos perjuicios medioambientales que ocasionaría la aplicación del precepto suspendido.

6. Por ello, a fin de valorar adecuadamente los efectos perjudiciales que, según alega el Abogado del Estado, se producirían para los intereses generales vinculados a la protección del medio ambiente hemos de partir de que la Constitución Española establece, en su art. 45, como uno de los principios rectores de la política social y económica, la obligación de los poderes públicos de velar por la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Este mismo interés de conservación del medio natural se expresa tanto en la legislación estatal sobre montes como en la propia Ley de la Comunidad de Madrid 16/1995, de 4 de mayo, forestal y de protección de la naturaleza, la cual, partiendo de la premisa de la importante labor social que realizan los montes y terrenos forestales, pretende promover y garantizar la conservación y mejora de los ecosistemas forestales, potenciar su crecimiento y ordenar sus usos, compatibilizándola con las funciones protectoras, productoras, culturales y recreativas que estos ecosistemas desempeñan. De acuerdo con ello, esta misma norma articula unas vías eficaces de acción ante las actuaciones contrarias al ordenamiento forestal y establece unos mecanismos de vigilancia que se encargan de velar por lo dispuesto en la Ley y así, en su artículo 100, se determina que, a través de la Consejería de Medio Ambiente, se velará por el cumplimiento de sus disposiciones con el personal que tenga atribuidas funciones de vigilancia y en particular la Guardería Forestal, actividad ejercida por el Cuerpo de Agentes Forestales, creado por la Ley de la Comunidad de Madrid 1/2002, de 27 de marzo.

De lo expuesto se deduce que la propia normativa autonómica ha sido sensible a la necesidad de articular unas vías eficaces de acción ante las actuaciones contrarias al ordenamiento forestal, las cuales han de operar como factor disuasorio de éstas así como hacer posible la reparación de los daños provocados por las mismas. Estas formas de acción encomendadas a los agentes forestales, según se plasma en las dos normas citadas, no persiguen únicamente una finalidad represiva o sancionadora, vinculada a labores de policía administrativa especial que responden al objetivo de vigilancia y protección del medio natural, sino también preventiva, mediante la utilización de medios positivos que eviten la producción del daño, como, por ejemplo, la información y orientación a los ciudadanos, la defensa y prevención contra plagas y enfermedades que amenacen el ecosistema, funciones relacionadas con la prevención, detección, extinción e investigación de incendios forestales, desarrollo y fomento de la reforestación y regeneración de los montes y terrenos forestales desarbolados o, en fin, el apoyo técnico a las actividades de gestión que la Comunidad de Madrid desarrolla en el medio natural para su aprovechamiento, restauración y mejora continua, funciones todas ellas que pueden entenderse incluidas en lo que al efecto dispone el art. 5 de la ya citada Ley 1/2002, al establecer las funciones de los Agentes forestales.

7. Lo anteriormente expuesto en cuanto a la obligación de los poderes públicos de promover la conservación del medio ambiente así como en lo relativo a las funciones que la normativa autonómica asigna a los agentes forestales debe ahora ponerse en relación con los concretos perjuicios alegados por el Abogado del Estado, de los cuales, a la vista de la documentación aportada, han de destacarse tres extremos. En primer lugar, los relativos a los daños medioambientales efectivamente producidos en relación con la prevención en materia de incendios y en otros ámbitos, con la realización de construcciones en terrenos protegidos y con los perjuicios para flora y fauna derivados de la corta ilegal y la caza furtiva. En segundo lugar, el hecho de que lo previsto en el precepto impugnado resultaría ser de aplicación a la mayor parte de los montes y terrenos forestales de las Comunidad Autónoma, puesto que éstos son, en su inmensa mayoría, de titularidad privada. Por último, en tercer lugar, la gran desproporción existente entre el número de autorizaciones judiciales solicitadas durante la vigencia del precepto y las efectivamente concedidas.

Teniendo en cuenta los tres extremos citados, y sin perjuicio de la valoración que la norma merezca desde el punto de vista del orden constitucional de delimitación de competencias, aspecto controvertido en el proceso principal y del todo ajeno al presente incidente, podemos concluir que, como se expone a continuación, se ha razonado consistentemente -teniendo en cuenta que la reparación del daño medioambiental resulta en muchas ocasiones difícil, cuando no imposible, dada su fragilidad- que el levantamiento de la suspensión del precepto impugnado colocaría en situación de mayor riesgo los valores medioambientales a cuya protección está ordenada la legislación autonómica, singularmente, la propia Ley 12/1995. Por ello, podemos considerar que se han aportado elementos de juicio suficientes para que apreciemos que concurren aquí las notas de certeza e inmediatez de los daños y la imposibilidad de corregir los posibles perjuicios susceptibles de ser considerados como determinantes para acordar el mantenimiento de la inicial suspensión del precepto impugnado.

8. En tal sentido, la prevalencia que, en la ponderación propia de este incidente, hemos de otorgar a los valores medioambientales, por los perjuicios irreparables o de muy difícil reparación que para éstos se derivarían del levantamiento de la suspensión de este proceso según se razona en la documentación aportada por el Abogado del Estado, presenta una innegable dimensión de interés general que, en este caso, no puede ser contradicha por los intereses particulares que, contrapuestos al general medioambiental, han sido puestos de relieve en los alegatos de las representaciones procesales del Gobierno y de la Asamblea de Madrid.

En efecto, no pueden ser tomados en consideración los alegatos referidos a la inviolabilidad del domicilio por cuanto se encuentran conectados con aspectos de fondo discutidos en el proceso principal, sin perjuicio de señalar que el mantenimiento de la suspensión de la norma impugnada no afectaría, evidentemente, a la inviolabilidad del domicilio, cuyo respeto está expresamente establecido en la normativa estatal que se reputa vulnerada en el recurso de inconstitucionalidad. En especial, en lo relativo a la prevalencia del derecho de propiedad privada establecido en el art. 33 CE, no debe obviarse que tal derecho otorga, en relación con los montes y terrenos forestales, un haz de facultades individuales sobre dichos bienes, pero también un conjunto de derechos y obligaciones establecidos, de acuerdo con las leyes, en atención a valores o intereses de la comunidad, es decir, a la finalidad o utilidad social que cada categoría de bienes esté llamada a cumplir. Lo que en este caso significa que las facultades inherentes al derecho de propiedad han de cohonestarse con las medidas tendentes a proteger el medio natural en cumplimiento del mandato que impone el art. 45 CE (STC 170/1989, de 19 de octubre, FJ8). Resulta claro que la regulación en materia de montes por los diferentes entes competentes para ello afecta al ejercicio del derecho de propiedad de los bienes sobre los que recae, al configurar su contenido y condicionar su ejercicio a la función social que tienen que cumplir. De esta manera el derecho a la propiedad privada de las fincas forestales en ningún momento se ve afectado en su titularidad, pero está delimitado de acuerdo con la normativa que tenga por finalidad la protección del medioambiente. No cabe olvidar que la incorporación de tales exigencias medioambientales a la definición del derecho de propiedad responde a un principio tutelado por la propia Constitución y de cuya eficacia normativa con carácter general no es posible sustraerse a la hora de valorar las repercusiones que para los propietarios privados de montes y terrenos forestales en la Comunidad de Madrid puede suponer el mantenimiento de la suspensión del precepto controvertido. Asimismo, y a la vista de las funciones de los agentes forestales que ya hemos examinado y, en particular, de la relevancia que tienen las estrictamente preventivas en relación con la preservación y uso racional de los valores naturales, tampoco cabe deducir que de la posibilidad de acceder a los montes o terrenos forestales hayan de derivarse necesariamente consecuencias represivas, pues no todo acceso resultará en un procedimiento sancionador y, en los supuestos en que así ocurra, el mismo revestirá todas las garantías exigidas por el ordenamiento jurídico, amén de ser incoado por los órganos competentes de la propia Comunidad de Madrid.

Por ello el mantenimiento de la suspensión del precepto, aun cuando efectivamente pueda suponer una limitación de las facultades dominicales en el sentido de permitir el acceso de los agentes forestales a los montes y terrenos forestales privados que constituyen la mayoría de los existentes en la Comunidad de Madrid, ha de considerarse proporcionada en relación con la función medioambiental a las que esos bienes están vinculados, como expresión del mandato contenido en el art. 45 CE. Es evidente que los montes y terrenos forestales revisten un interés general, al incidir positivamente en los procesos ecológicos y ambientales, dada la transcendencia que estos ecosistemas desempeñan en la regulación del ciclo hidrológico, el cambio climático, la producción de materias primas, etc. Por el contrario, de esa medida no se deducen limitaciones irrazonables, conforme a criterios socialmente aceptados, o desproporcionadas del derecho de propiedad, por cuanto no supone una anulación de la utilidad meramente individual del derecho ni altera la recognoscibilidad de las facultades de disponibilidad que éste conlleva ni las posibilidades reales de hacerlo efectivo. De hecho, la normativa en materia de montes establece como principio general que, sin perjuicio de las competencias de las Administraciones Públicas, los propietarios de los montes sean los responsables de su gestión técnica y material.

En conclusión, siendo los factores determinantes de la decisión a adoptar la ponderación de los efectos que sobre los intereses generales y, eventualmente, particulares, pudiera tener la decisión adoptada así como la irreparabilidad de los perjuicios que, en su caso, pudieran causarse, hemos de constatar que los posibles perjuicios que el mantenimiento de la suspensión pudiera producir sobre los intereses particulares afectados carecen de la virtualidad necesaria y no pueden prevalecer sobre los intereses generales que se han aducido, es decir, los vinculados a la protección y defensa del medio ambiente. Dado el carácter notorio, cierto y de presente en el alcance e intensidad de los daños que podría sufrir la adecuada conservación de los ecosistemas y de la diversidad biológica de la Comunidad Autónoma, no nos encontramos aquí ante alguno de los supuestos en los que, conforme a nuestra doctrina, los intereses medioambientales hayan de quedar subordinados a otros intereses.

Por el contrario, al no haber sido enervado en este caso el criterio de que la protección del interés ecológico resulta preferente en este tipo de decisiones sobre suspensión cautelar de normas, la decisión debe consistir en mantener la suspensión de la norma controvertida, pues es razonable temer que su aplicación podría ocasionar consecuencias desfavorables para los valores medioambientales susceptibles de protección, y el daño para éstos constituiría, en cualquier caso, un perjuicio al interés general difícilmente reparable y de mayor entidad que el que pudiera causarse a los particulares, titulares del derecho de propiedad sobre montes y terrenos forestales, así como a los eventuales infractores sancionados como consecuencia de la actividad inspectora de los agentes forestales.

Por todo lo expuesto, el Pleno

ACUERDA

Mantener la suspensión del art. 9 de la Ley de la Comunidad de Madrid 3/2007, de 26 de julio, de medidas urgentes de modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid.

Madrid, a dos de abril de dos mil ocho.

 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO DON JORGE RODRÍGUEZ-ZAPATA PEREZ RESPECTO DEL AUTO DEL PLENO DE 2 ABRIL DE 2008, QUE ACUERDA MANTENER LA SUSPENSIÓN DEL ART. 9 DE LA LEY AUTONOMICA 3/2007, DE 26 DE JULIO, REFERIDO A LA EXIGENCIA DE AUTORIZACION JUDICIAL PARA QUE LOS AGENTES FORESTALES PUEDAN ACCEDER A MONTES O TERRENOS FORESTALES DE TITULARIDAD PRIVADA EN LA COMUNIDAD DE MADRID, AL QUE SE ADHIERE EL MAGISTRADO DON RAMÓN RODRÍGUEZ ARRIBAS.

1. He formulado frecuentes Votos particulares contra la doctrina asumida por este Tribunal sobre el mantenimiento o levantamiento de la suspensión de disposiciones autonómicas acordada ex art. 161.2 CE. A ellos me remito para expresar mi posición (por todos, ATC 355/2007, de 24 de julio, VP, FJ 1 y Votos allí citados). Insisto de nuevo en que es necesaria una reflexión profunda sobre esa doctrina ya que, en su estado actual, lleva a resoluciones contrarias al principio de predictibilidad de nuestras respuestas jurisdiccionales. Lo acordado en el presente supuesto es un ejemplo de la incertidumbre que, a mi juicio, puede producir la doctrina actual.

2. La nueva redacción del art. 100.3 de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid (dimanante del art. 9 de la Ley de la Comunidad de Madrid 3/2007, de 26 de julio) dispone que los agentes forestales necesitan - salvo en caso de extinción de incendios forestales – autorización judicial para acceder a montes o terrenos forestales de titularidad privada.

La conveniencia de seguir manteniendo la suspensión del precepto impugnado ha sido defendida por el Abogado del Estado, con éxito en el presente caso. Ha aducido que con la suspensión se procurará una mayor protección de los intereses ambientales y ecológicos, aportando un abundante material probatorio a fin de acreditar posibles perjuicios para las actividades de prevención de incendios, así como para la flora y la fauna, por corta ilegal, caza furtiva, gripe aviar o envenenamiento de especies animales [A de H 4 d) del Auto].

No han contrarrestado ese principio de prueba las representaciones procesales del Gobierno y de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, lo cual puede ser lógico si se considera que nuestra doctrina no atiende, ni siquiera con una “mirada de soslayo”, a la doctrina del “fumus boni iuris” ni, menos aún, a consideraciones de fondo. Por ello, el resultado del incidente procesal no ha podido ser otro que el mantenimiento de la situación procesal inicial de suspensión. Mi voto ha sido concurrente con la decisión de la mayoría, por una obvia necesidad de coherencia con la posición que he defendido en ocasiones anteriores. Resulta, sin embargo, que nuestra doctrina, tal como ha sido aplicada en casos similares - por ejemplo los AATC que se citan en el FJ 5 “in fine” del Auto - parece cambiante y mudable, como voy a razonar brevemente.

3. El Auto aprobado invoca (FJ 4) incorrectamente el ATC 355/2007, de 24 de julio. La cita que se trae a colación es un simple “ob iter dictum” porque lo acordado en el citado Auto es lo contrario de lo decidido ahora. Por ello tal doctrina debió llevar a la mayoría a una solución meridianamente contraria a la que se ha adoptado en este caso.

En efecto, el ATC 355/2007 no atendió al principio comunitario de precaución y alzó la suspensión de las obras de una planta desaladora de agua del mar destinada a garantizar regadíos del trasvase Tajo Segura, pese a estar ubicada en un Parque Natural y existir un principio de prueba de que los vertidos de salmuera podían producir daños medioambientales evidentes al ecosistema marino.

Voté en contra del ATC 355/2007, por las razones que expuse en el correspondiente Voto Particular y, a la luz de tal precedente, no se me alcanzan los riesgos o intereses ecológicos que, en este caso, hayan llevado a la mayoría a una solución contraria a la adoptada entonces. Claro es que el ATC 355/2007 no entendió procedente efectuar consideraciones desde la perspectiva de la doctrina del “fumus boni iuris”, a diferencia de lo que, ahora, se hace en los FFJJ 7 y 8 del Auto aprobado, rozando con riesgo el fondo de la cuestión.

4. Creo que la protección del medio ambiente puede hacerse desde un Derecho reactivo, que haga frente a los daños que ya se han producido (“quien contamina paga”), pasando por un Derecho que haga frente a riesgos conocidos antes de que se produzcan (“prevención”), hasta llegar a un Derecho que prevea y evite amenazas de daños desconocidos o inciertos (“precaución). El principio de precaución, como mínimo, implica que no haga falta demostrar la certeza del daño medioambiental como condición previa para tomar medidas cautelares de protección (STJCE Armand Mondiet). Más aún, el principio de precaución puede implicar en algunos casos una inversión de la carga de la prueba - que en este caso era innecesaria, dada la situación procesal inicial de suspensión - para hacerla recaer en quien pretende demostrar que su actividad resulta segura.

En la ponderación que efectúa el Auto aprobado se razona, entre otros, sobre el derecho fundamental de propiedad que garantiza el art. 33 CE. Ese derecho no confiere a sus titulares simples intereses privados (sic en FFJJ 3 y 8) sino potestades dominicales constitucionalmente protegidas. En la medida en que los razonamientos del Auto sólo son válidos - a mi entender - a efectos de esta pieza de suspensión, y que durante el periodo de suspensión cautelar de la norma impugnada puede darse lugar a indemnización en caso de que no medie autorización previa del titular o de la autoridad judicial de cualquier eventual sacrificio de derechos dominicales que los titulares de terrenos forestales no estén obligados a soportar, he votado a favor de la decisión de la mayoría, aunque creo obligado dejar constancia en este Voto Particular de mi posición personal en el caso.

En Madrid, a 2 de abril de 2008

Orden 4634/2006, de 29 de diciembre, por la que se modifica la distribución territorial de las comarcas forestales de la Comunidad de Madrid.

Texto completo de la Orden Texto completo de la Orden

(BOCM nº 19, de 23 de enero de 2007)


PREÁMBULO

 

ARTICULADO

Artículo 1: Comarcas forestales

Artículo 2: Adscripción de los puestos de trabajo a las diferentes comarcas

Artículo 3: Ámbitos geográficos de competencia de los responsables técnicos

Artículo 4: Adscripción de los puestos de trabajo de responsable técnico a los diferentes ámbitos geográficos

Artículo 5: Creación de dos brigadas especializadas en incendios forestales dentro del Cuerpo de Agentes Forestales

 

DISPOSICIONES

Disposición Transitoria Primera: Puestos De Trabajo Vacantes

Disposición Transitoria Segunda: Comarcas 9 Y 16

Disposición Derogatoria Única

Disposición Final Única

 

ANEXOS

Anexo Primero: Relación de comarcas forestales y términos municipales

Anexo Segundo: Adscripción de puestos de trabajo a las diferentes comarcas

Anexo Tercero: Ámbitos geográficos de competencias de los responsables técnicos

Anexo Cuarto: Adscripción de puestos de trabajo de responsable técnico a los diferentes ámbitos

Anexo Quinto: Ámbito de actuación de las brigadas especializadas en incendios forestales


Texto completo de la Orden Texto completo de la Orden

La Ley 1/2002, de 27 de marzo, por la que se creó el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, establece en su artículo 7 que los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Agentes Forestales estarán destinados en los servicios centrales, demarcaciones forestales, o en aquellas unidades especiales que se establezcan dentro del órgano administrativo con competencias en la gestión del medio ambiente natural.

De acuerdo con la Disposición Adicional Primera de la Ley se extinguió la escala de Agentes Forestales del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Administración Especial, integrándose sus componentes en la Escala Operativa del Cuerpo de Agentes Forestales, en la Categoría de Agente Forestal.

Se ha observado que resulta necesaria una mejor distribución del ámbito en que los agentes forestales ejercen sus competencias, por lo que mediante esta Orden se establece una nueva distribución territorial de las comarcas, derogando la anterior.

Por otra parte, se han señalado las adscripciones de los puestos de trabajo de los agentes forestales de la escala operativa a cada una de las comarcas forestales.

En último lugar, se han incluido los ámbitos geográficos en que los responsables técnicos ejercerán sus competencias.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable,


Texto completo de la Orden Texto completo de la Orden

Artículo 1: Comarcas forestales

A efectos de organización del trabajo del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, las comarcas forestales de la misma serán las que se relacionan en el Anexo I de esta Orden, con su correspondiente desglose en términos municipales o partes de términos municipales.

Artículo 2: Adscripción de los puestos de trabajo a las diferentes comarcas

La adscripción de los puestos de trabajo a las diferentes comarcas aparece reflejada en el Anexo II de esta Orden.

Artículo 3: Ámbitos geográficos de competencia de los responsables técnicos

Los responsables técnicos ejercerán sus competencias en los ámbitos geográficos que aparecen en el Anexo III de esta Orden.

Artículo 4: Adscripción de los puestos de trabajo de responsable técnico a los diferentes ámbitos geográficos

La adscripción de los puestos de trabajo de responsable técnico a los diferentes ámbitos geográficos aparece reflejada en el Anexo IV de esta Orden.

Artículo 5: Creación de dos brigadas especializadas en incendios forestales dentro del Cuerpo de Agentes Forestales

Para ejercer funciones relacionadas con la prevención, extinción e investigación de causas de incendios forestales durante todo el año, se crean dos brigadas especializadas en incendios forestales. Su ámbito de actuación aparece en el Anexo V de esta Orden.


Texto completo de la Orden Texto completo de la Orden

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA: Puestos de trabajo vacantes

Los puestos de trabajo que queden vacantes tras el próximo concurso de méritos del Cuerpo de Agentes Forestales, que se celebre inmediatamente después de la publicación de esta Orden, se asignarán a las comarcas según sus necesidades. Esta asignación se realizará mediante Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA: Comarcas 9 y 16

Las comarcas 9 y 16 se mantendrán unidas, hasta que no pueda garantizarse un mínimo de doce agentes forestales en cada una de ellas.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Queda derogada la Orden 3530/2001, de 23 de julio, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se modifica la distribución territorial de las comarcas forestales de la Comunidad de Madrid.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

Entrada en vigor

Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, 29 de diciembre de 2006.

El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,

MARIANO ZABÍA LASALA



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ANEXO PRIMERO; RELACIÓN DE COMARCAS FORESTALES Y TÉRMINOS MUNICIPALES

1. Comarca I-Parque Natural de Peñalara.

Comprende los siguientes términos municipales: Rascafría, Alameda del Valle y Pinilla del Valle.

2. Comarca II-Lozoya.

Comprende los siguientes términos municipales: Lozoya del Valle, Navarredonda, Gargantilla del Lozoya, Lozoyuela, Garganta de los Montes y Canencia de la Sierra.

3. Comarca III-Buitrago.

Comprende los siguientes términos municipales: Buitrago del Lozoya, Villavieja del Lozoya, Gascones, Braojos, La Acebeda, Robregordo, Somosierra, Horcajo de la Sierra, La Serna del Monte, Madarcos y Piñuécar.

4. Comarca IV-Montejo.

Comprende los siguientes términos municipales: Puentes Viejas, Prádena del Rincón, Horcajuelo de la Sierra, Montejo de la Sierra, La Hiruela, Puebla de la Sierra, Berzosa del Lozoya, Robledillo de la Jara, El Atazar y Cervera de Buitrago.

5. Comarca V-Torrelaguna.

Comprende los siguientes términos municipales: Bustarviejo, Valdemanco, La Cabrera, El Berrueco, Patones, Navalafuente, Cabanillas, Redueña, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Venturada, Guadalix de la Sierra, Pedrezuela, El Vellón, San Agustín del Guadalix y El Molar.

6. Comarca VI-Alcalá de Henares.

Comprende los siguientes términos municipales: Valdepiélagos, Talamanca de Jarama, Valdetorres de Jarama, Fuente el Saz de Jarama, Valdeolmos, Ribatejada, Algete, Fresno de Torote, Valdeavero, Cobeña, Daganzo de Arriba, Camarma de Esteruelas, Meco, Paracuellos de Jarama, Ajalvir, Alcalá de Henares, Los Santos de la Humosa, Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares, Villalbilla, Anchuelo, Santorcaz, Valverde de Alcalá, Corpa y Pezuela de las Torres.

7. Comarca VII-Este.

Comprende los siguientes términos municipales: Loeches, Torres de la Alameda, Pozuelo del Rey, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Campo Real, Valdilecha, Villar del Olmo, Ambite, Orusco de Tajuña, Perales de Tajuña, Tielmes, Carabaña, Brea de Tajo, Valdelaguna, Villarejo de Salvanés, Valdaracete, Brea de Tajo, Valdelaguna, Villarejo de Salvanés, Estremera, Belmonte de Tajo, Villaconejos, Colmenar de Oreja, Villamanrique de Tajo y Fuentidueña de Tajo.

8. Comarca VIII-Parque Regional del Sureste.

San Fernando de Henares, Coslada, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Rivas-Vaciamadrid, Getafe, Arganda del Rey, Pinto, San Martín de la Vega, Morata de Tajuña, Valdemoro, Ciempozuelos, Titulcia, Chinchón, Aranjuez y Madrid (Parque Regional del Sureste).

9. Comarca IX-Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno-Sur.

Comprende los siguientes términos municipales: Sevilla la Nueva, Brunete, Villaviciosa de Odón, Navalcarnero, Móstoles, Leganés, Arroyomolinos, Fuenlabrada, Moraleja de Enmedio, El Álamo, Batres, Serranillos del Valle, Griñón, Humanes de Madrid, Cubas de la Sagra, Torrejón de la Calzada, Parla, Casarrubuelos y Torrejón de Velasco.

10. Comarca X-San Martín de Valdeiglesias.

Comprende los siguientes términos municipales: Rozas de Puerto Real, Cenicientos, Cadalso de los Vidrios, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Navas del Rey, Chapinería, Villa del Prado, Aldea del Fresno, Villamanta y Villamantilla.

11. Comarca XI-Robledo de Chavela.

Comprende los siguientes términos municipales: Valdemaqueda, Robledo de Chavela, Fresnedillas de la Oliva, Colmenar del Arroyo, Navalagamella, Quijorna y Villanueva de Perales.

12. Comarca XII-El Escorial.

Comprende los siguientes términos municipales: Los Molinos, Guadarrama, Collado Mediano, Alpedrete, San Lorenzo de El Escorial, El Escorial, Santa María de la Alameda, Santa María de la Alameda (La Cepeda) y Zarzalejo.

13. Comarca XIII-Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares- Oeste.

Comprende los siguientes términos municipales y partes de término indicada entre paréntesis: Cercedilla, Navacerrada, Becerril de la Sierra, El Boalo, Moralzarzal, Collado Villalba, Galapagar (al Este de la autovía A-6), Torrelodones (al Este de la autovía A-6) y Las Rozas de Madrid (al Este de la autovía A-6).

14. Comarca XIV-Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares- Norte.

Comprende los siguientes términos municipales: Manzanares el Real, Soto del Real y Miraflores de la Sierra.

15. Comarca XV-Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares- Sur.

Comprende los siguientes términos municipales: Hoyo de Manzanares, Colmenar Viejo, Tres Cantos, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Madrid (Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y Monte de El Pardo).

16. Comarca XVI-Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno-Norte.

Comprende los siguientes términos municipales y partes de término indicada entre paréntesis: Galapagar (al Oeste de la autovía A-6), Torrelodones (al Oeste de la autovía A-6), Valdemorillo, Colmenarejo, Las Rozas de Madrid (al Oeste de la autovía A-6), Villanueva del Pardillo, Villanueva de la Cañada, Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Alcorcón.

17. Comarca XVII-Unidad Funcional de Fauna.

Comprende el siguiente término municipale salvo las partes de término indicada entre paréntesis: Madrid (salvo Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, Parque Regional del Sureste y Monte de El Pardo).

ANEXO II: ADSCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO A LAS DIFERENTES COMARCAS

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ANEXO III: ÁMBITOS GEOGRÁFICOS DE COMPETENCIAS DE LOS RESPONSABLES TÉCNICOS

- Ámbito RT 1: Comarcas 1 y 2.

- Ámbito RT 2: Comarcas 3 y 4.

- Ámbito RT 3: Comarcas 5, 13 y 14.

- Ámbito RT 4: Comarcas 6 y 15.

- Ámbito RT 5: Comarcas 7 y 8.

- Ámbito RT 6: Comarcas 11 y 12.

- Ámbito RT 7: Comarcas 9, 10 y 16.

ANEXO IV: ADSCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO DE RESPONSABLE TÉCNICO A LOS DIFERENTES ÁMBITOS

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ANEXO V: ÁMBITO DE ACTUACIÓN DE LAS BRIGADAS ESPECIALIZADAS EN INCENDIOS FORESTALES

- Brigada 1 (Oeste): Comarcas 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.

- Brigada 2 (Este): Comarcas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 17.

Orden 2069/2006, de 12 de junio, aprueba las bases para la adjudicación temporal de las casas forestales

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(B.0.C.M. de 22 de junio de 2006, nº 147)

 

PREÁMBULO

ARTICULADO

BASES

Primera: Objeto de la convocatoria

Segunda: Interesados

Tercera: Condiciones de utilización

Cuarta: Período de utilización

Quinta: Obligaciones de los beneficiarios

Sexta: Solicitudes

Séptima: Criterios de baremación

Octava: Comisión de valoración

Novena: Resolución de la convocatoria

Décima: Ocupación de las casas

Undécima: Bolsa de espera

ANEXOS


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Para el cumplimiento de las funciones que la Comunidad de Madrid tiene atribuidas en materia forestal y de protección de la naturaleza, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio cuenta, entre otros medios, con una serie de bienes que tradicionalmente han estado vinculados al desarrollo de dichas funciones, como son las casas forestales.

Dichas edificaciones, que se encuentran distribuidas de manera desigual en distintas comarcas forestales, cuando sus características lo han permitido (tamaño, localización, accesibilidad, etcétera), han sido adaptadas para su uso exclusivo como sede administrativa, transformándose en oficinas comarcales.

En otras ocasiones ha sido posible compatibilizar el uso administrativo y el de vivienda del personal, destinado en esta zona, dedicado a las funciones de vigilancia y conservación del medio natural.

Sin embargo, en algunas de las casas forestales, que en su momento fueron transferidas por el Estado a la Comunidad de Madrid o cedidas por las distintas Corporaciones Locales titulares de las mismas, resulta muy difícil, o cuando menos poco aconsejable, su reconversión en oficina comarcal, ya sea por su dimensión, por sus características arquitectónicas o por el entorno en que se encuentran.

Por otra parte, el tiempo ha demostrado que el mantener las casas forestales sin uso ocasiona su deterioro progresivo, tanto por falta de conservación como por ser objeto de actos vandálicos, lo que produce un grave perjuicio a la Administración, tanto desde el punto de vista patrimonial como medioambiental por el deterioro que se produce en ese entorno natural.

Por todo ello, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tiene interés en garantizar la ocupación y uso de manera continuada de todas las casas forestales con que cuenta actualmente y que no reúnen las condiciones idóneas para funcionar como oficina comarcal, sin perjuicio de continuar avanzando en la línea de nuevas aperturas modernización de las oficinas comarcales en tanto que infraestructuras fundamentales y necesarias para la vigilancia y conservación del medio natural.

En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, en relación con el artículo 4 del Decreto 74/1988, de 23 de junio, por el que se atribuyen competencias entre los órganos de la Administración de la Comunidad de Madrid, de sus Organismos Autónomos, Órganos de Gestión y Empresas Públicas en materia de personal y demás normativa concordante, de acuerdo con las Organizaciones Sindicales con representación en la Administración de la Comunidad de Madrid,


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Primero

Aprobar las bases que habrán de regir en los procesos que se convoquen en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para la adjudicación temporal, como vivienda habitual, de las casas forestales adscritas a esta Consejería.

Segundo

Convocar el proceso para la adjudicación temporal de las casas forestales a que se refieren las bases de la presente convocatoria.

Tercero

Designar a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio como la autoridad competente para la interpretación y aplicación de lo dispuesto en estas bases.

Cuarto

La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Quinto

Los funcionarios que actualmente estén utilizando casas forestales gestionadas por esta Consejería como vivienda habitual podrán seguir utilizándolas, con sujeción a lo dispuesto en las bases tercera, cuarta y quinta de la presente convocatoria, hasta transcurrido un mes desde la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de la presente Orden. Este plazo de desalojo será, asimismo, de aplicación para aquellas viviendas actualmente ocupadas que no figuren en la relación incluida en esta Orden.

Sexto

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de dos meses, computados dichos plazos a partir del día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Los actos administrativos que se deriven de la presente convocatoria, así como las actuaciones de la Comisión de Valoración, podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, a 12 de junio de 2006.

El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,

MARIANO ZABÍA LASALA


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BASES DE CONVOCATORIA PARA LA ADJUDICACIÓN TEMPORAL, COMO VIVIENDA HABITUAL, DE LAS CASAS FORESTALES ADSCRITAS A LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.

Primera: Objeto de la convocatoria

La presente convocatoria tiene por objeto establecer las condiciones para la adjudicación, en régimen de ocupación temporal como vivienda habitual, de las casas forestales que se relacionan en el Anexo I.

Segunda: Interesados

Podrán optar a la adjudicación temporal para uso como vivienda habitual, de las casas forestales adscritas a la Consejería de Medio Ambiente, los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Agentes Forestales, de carrera o interinos, adscritos a la Dirección General del Medio Natural, que cumplan los siguientes requisitos:

a) Hallarse en situación de servicio activo con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes para participar en la presente convocatoria.

b) Estar destinado en la comarca forestal en la que se encuentra la casa forestal a la que se opta o en una limítrofe.

c) No haber sido adjudicatario de una casa forestal de las que se relacionan en el Anexo I, en los últimos cinco años inmediatamente anteriores a esta convocatoria.

Tercera: Condiciones de utilización

Las casas forestales se utilizarán con carácter permanente como vivienda habitual durante todo el período de adjudicación sin que en ningún momento puedan cederse, arrendarse o permutarse a terceras personas. Su uso será exclusivamente residencial.

La utilización de las casas forestales como vivienda habitual no generará derechos de ocupación o uso a favor de sus ocupantes una vez finalizado el período de adjudicación temporal por cualquiera de las causas previstas en la base cuarta.

Cuarta: Período de utilización

1. El período máximo de utilización como vivienda habitual de las casas forestales será de cinco años contados a partir del décimo día posterior al de la fecha de su adjudicación, salvo que en la siguiente convocatoria no existieran solicitantes para su utilización como vivienda habitual, en cuyo caso, se estará a lo dispuesto en el apartado 4 de la base séptima.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los usuarios ocupantes de las casas forestales estarán obligados a su desalojo en los siguientes supuestos:

a) Por cambio de destino del funcionario adjudicatario a otra comarca forestal distinta, y no limítrofe, a aquella en que se encuentra la casa forestal que ocupa.

b) Por cambio de destino del funcionario a otra Unidad Administrativa distinta de la Dirección General del Medio Natural.

c) Por cese de la situación de servicio activo del funcionario en esta Administración.

d) Por fallecimiento del funcionario beneficiario.

e) Por incumplimiento de las obligaciones que correspondieran al funcionario como ocupante de la casa forestal.

3. Cuando se produzca alguna de las circunstancias previstas en el apartado anterior los ocupantes deberán desalojar la casa forestal en el plazo máximo de dos meses desde el momento en que tuviera lugar la circunstancia modificativa, salvo en el supuesto contemplado el apartado e), en cuyo caso el plazo se reducirá a un mes.

4. Las casas forestales que se desocupen con anterioridad a la finalización del período de adjudicación podrán adjudicarse nuevamente, por el tiempo que reste para la finalización de dicho período, a los interesados que figuren en la bolsa de espera a que se refiere la base undécima.

Quinta: Obligaciones de los beneficiarios

1. Los funcionarios adjudicatarios de una casa forestal para su utilización como vivienda habitual estarán obligados a observar lo estipulado en las presentes bases durante todo el período de utilización y, en concreto, a:

a) Conservar la vivienda en perfecto estado y con la diligencia debida.

b) Contratar y sufragar por su cuenta los servicios de suministros domésticos (agua, luz, gas, teléfono, etcétera) para lo cual la Administración independizará los sistemas de acometida y contadores de estos suministros de los de otras dependencias, anejas a la vivienda, que pudieran existir y fuesen necesarios mantener por razones de Servicio.

c) Reparar y sufragar las averías y defectos ocasionados por el normal uso de las instalaciones.

d) No realizar obras que pudieran alterar o modificar la estructura y distribución de la casa forestal, sin autorización escrita de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

e) Comunicar inmediatamente cualquier circunstancia, daño o defecto que pudiera poner en peligro la integridad de la casa forestal.

f) Desalojar la casa forestal en los plazos previstos en la base cuarta.

2. El incumplimiento de lo dispuesto en estas bases dará lugar a la apertura del expediente correspondiente que podrá resolver, si procede, el desalojo inmediato de la casa forestal y la exclusión en los procesos que se convoquen en el período de los cinco años siguientes a la orden de desalojo.

Sexta: Solicitudes

1. Las solicitudes para participar en este proceso de adjudicación se ajustarán al modelo oficial que figura como Anexo II a las presentes bases y será facilitado a los interesados en las oficinas del Servicio de Personal de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

2. Las solicitudes deberán presentarse en el Registro de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (calle Princesa, número 3, décima planta) en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, o en la forma establecida en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

4. Una vez agotado el plazo de presentación de solicitudes, si resultara que alguna de las casas forestales ofertadas no tuviese ningún interesado, se ampliará, mediante Orden del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, el plazo de presentación de solicitudes durante otros veinte días naturales contados desde el día siguiente a la fecha de publicación de la Orden referida, permitiéndose, en este caso, participar a los funcionarios que cumplan los requisitos exigidos en la base segunda apartado a). En este supuesto los solicitantes con destino en una comarca forestal distinta a la que se encuentra la casa forestal o a alguna de sus limítrofes, no obtendrá puntuación en el apartado III de los criterios de baremación descritos en la base octava.

En este supuesto, también podrán participar en la convocatoria para esa casa forestal los beneficiarios de la adjudicación anterior que hubiesen disfrutado el período máximo de cinco años al que se refiere la base cuarta, punto 1.

5. Junto al impreso de solicitud se deberá acompañar la siguiente documentación:

a) Certificado de destino expedido por la Dirección General del Medio Natural.

b) Certificado del Registro de Personal.

c) Copia de la declaración de IRPF de los dos últimos ejercicios inmediatamente anteriores al de esta convocatoria, de todos los miembros de la unidad familiar a la que pertenezca el solicitante.

d) Copia del Libro de Familia del solicitante o certificación de inscripción en el Registro de Parejas de Hecho cuando se posean requisitos baremables en el criterio I de la base octava relativo al estado civil y cargas familiares.

e) Declaración jurada en la que se manifestará el no disponer, con título de propiedad, de vivienda o parcela urbana.

Séptima: Criterios de baremación

1. La adjudicación de las casas forestales se realizará previa baremación de las solicitudes presentadas junto con la documentación aportada, por la Comisión de Valoración a que se refiere la base novena de acuerdo con los siguientes criterios:

I. Estado civil y cargas familiares

La puntuación máxima que se puede alcanzar en este apartado I será de 20 puntos.

a) El estado civil de matrimonio, las situaciones civiles de parejas de hecho y las de separaciones con obligación de satisfacer pensiones a hijos o a excónyuge se valorarán con 5 puntos, siempre que queden lo suficientemente acreditadas documentalmente.

b) Por cada hijo, menor de veinticinco años, sin ingresos reconocidos y por cada ascendiente, mayor de sesenta y cinco años, que convivan en el domicilio habitual del solicitante, se otorgarán 2 puntos hasta un máximo de 10 puntos.

c) Por cada miembro de la unidad familiar del solicitante con una minusvalía con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, acreditada con certificación de la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid o del IMSERSO se otorgarán hasta un máximo de 10 puntos.

II. Antigüedad

La puntuación máxima de este apartado será de 2,5 puntos, a razón de 0,1 punto por cada año de antigüedad acreditado como funcionario en algún puesto de trabajo adscrito a la Dirección General del Medio Natural.

III. Destino en la comarca forestal o en una limítrofe en donde se encuentra la casa forestal

La puntuación máxima que se puede alcanzar en este apartado será de 15 puntos que se otorgarán de la siguiente forma:

a) Si el solicitante está destinado en la comarca forestal donde radica la casa forestal a la que opta obtendrá 15 puntos en este apartado.

b) Si el solicitante está destinado en una comarca forestal limítrofe a la comarca donde se encuentra radicada la casa forestal a la que opta obtendrá 5 puntos en este apartado.

IV. Renta y patrimonio

La puntuación máxima que se puede alcanzar en este apartado será de 20 puntos que se obtendrán de la siguiente forma:

a) Hasta 15 puntos, como máximo, por la situación de renta que acredite el solicitante, referida a todos los miembros de su unidad familiar con la siguiente escala:

- Ingresos brutos hasta 24.000 euros: 15 puntos.

- Ingresos brutos mayores de 48.000 euros: 0 puntos.

- Los ingresos brutos comprendidos entre 24.000 y 48.000 euros alcanzarán en este apartado la puntuación que resulte de aplicar la siguiente proporcionalidad:

PR = 3,75 x 10-6 IB + 30

En donde:

PR: Puntuación por renta acreditada (máximo 15 puntos), que se redondeará con dos decimales.

IB: Ingresos brutos de la unidad familiar (en euros).

b) Los otros 5 puntos se otorgarán de acuerdo a la situación patrimonial que, mediante declaración jurada, acredite el solicitante y en la que se manifestará el no disponer, con título de propiedad, de viviendas o parcelas urbanas.

El falseamiento o la omisión sobre la tenencia de bienes patrimoniales inmuebles de naturaleza urbana que se manifieste en la declaración jurada antes referida derivará en la exclusión del solicitante del concurso al que se refieren estas bases sin perjuicio de las acciones legales que pudieran interponérsele.

Octava: Comisión de valoración

1. La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros:

Presidente: Un funcionario de la Dirección General del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Secretario: Un funcionario de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Vocales:

- Cuatro vocales designados por la Administración Pública de la Comunidad de Madrid.

- Cuatro vocales designados por las Organizaciones Sindicales con mayor nivel de implantación en el ámbito de aplicación del vigente Acuerdo Sectorial para el Personal Funcionario de Administración y Servicios de la Comunidad de Madrid.

El régimen jurídico aplicable a la Comisión de Valoración será el que se establece para los órganos colegiados en el título II, capítulo II, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. Cada miembro de la Comisión de Valoración tendrá un suplente. La Comisión podrá incorporar a sus trabajos asesores especialistas con los cometidos que estime pertinentes, limitándose éstos a prestar su colaboración en sus especificidades, teniendo voz pero no voto.

3. La Comisión de Valoración quedará constituida por el Presidente, Secretario y Vocales Titulares y, en defecto de alguno de ellos, por el Presidente, Secretario o Vocal Suplente respectivo. Para la válida constitución de la Comisión de Valoración, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y del Secretario o, en su caso, de quienes les sustituyan, y la de cuatro, al menos, de sus miembros. El Secretario, como miembro de la Comisión de Valoración, tendrá voz pero no voto.

4. Si la Comisión de Valoración, en cualquier momento del proceso de valoración, tuviese dudas fundadas de que alguno de los aspirantes a ser adjudicatarios de una casa forestal para vivienda habitual incumple uno o varios de los requisitos exigidos en la convocatoria, podrá requerirle los documentos acreditativos de su cumplimiento. En el caso de que no queden acreditados, la Comisión de Valoración, previa audiencia al interesado, deberá emitir propuesta motivada de su exclusión del proceso de adjudicación, dirigida al Secretario General Técnico de la Consejería de Medio Ambiente, comunicándole asimismo las inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante a los efectos procedentes. Contra la Resolución del Secretario General Técnico por la que se excluya al aspirante podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su notificación o publicación.

Novena: Resolución de la convocatoria

1. El plazo para resolver la presente convocatoria será de dos meses, contados desde el día siguiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

2. La lista provisional correspondiente a la valoración de las solicitudes presentadas se publicará en el tablón de anuncios de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio durante un plazo de diez días.

3. Los interesados podrán, en ese plazo, presentar las reclamaciones que estimen oportunas a la valoración provisional.

4. A la vista de las actuaciones realizadas y una vez resueltas las posibles reclamaciones, la Comisión de Valoración elevará su propuesta definitiva de adjudicatarios de las casas forestales ofertadas en esta convocatoria, al Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para su resolución.

Décima: Ocupación de las casas

Los funcionarios que hayan resultado adjudicatarios de las casas forestales incluidas en esta convocatoria podrán ocuparlas transcurridos diez días desde la publicación de la correspondiente Resolución. Se levantará acta de la entrega de cada casa al correspondiente adjudicatario.

Undécima: Bolsa de espera

1. Una vez resuelta la presente convocatoria, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio elaborará una bolsa de espera por cada casa forestal incluida en la misma con los solicitantes que cumpliendo los requisitos exigidos en las presentes bases no hubiesen resultado adjudicatarios. El orden a ocupar en la bolsa de espera lo determinará la puntuación obtenida en la baremación definitiva realizada por la Comisión de Valoración.

2. Los aspirantes que deseen formar parte de la bolsa de espera deberán hacerlo constar en el apartado correspondiente del impreso de solicitud de participación en el presente proceso de adjudicación.

 

ANEXO I: RELACIÓN DE CASAS FORESTALES OFERTADAS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE ADJUDICACIÓN PARA SU UTILIZACIÓN COMO VIVIENDA HABITUAL.

Texto completo de la Orden

ANEXO II: MODELO OFICIAL DE SOLICITUD.

Texto completo de la Orden

Orden 3364/2005, de 24 de noviembre, sobre la acreditación de los funcionarios del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid

Texto completo de la Orden Texto completo de la Orden

(B.O.C.M. de 15 de diciembre de 2005, nº 298)

 

PREÁMBULO

ARTICULADO Y DISPOSICIÓN

Artículo 1.- Elementos oficiales de acreditación de los Agentes Forestales.

Artículo 2.- Placa identificativa del Cuerpo de Agentes Forestales.

Artículo 3.- Placa identificativa de la condición de Agente de la Autoridad.

Artículo 4.- Carné identificativo personal.

Artículo 5.- Cartera.

Artículo 6.- Reserva de uso de la placa identificativa de la condición de Agente de la Autoridad.

Artículo 7.- Reserva de uso y fabricación.

Artículo 8.- Plazo de entrega de los elementos oficiales de acreditación.

DISPOSICIÓN FINAL

ANEXOS

Anexo I: Placa identificativa del Cuerpo de Agentes Forestales.

Anexo II: Escudo de la Comunidad de Madrid.

Anexo III: Placa identificativa de su condición de agente de la autoridad y número de identificación profesional (N.I.P.).

Anexo IV: Carné identificativo personal.

Anexo V


Texto completo de la Orden Texto completo de la Orden

La correcta identificación de los Agentes de la Autoridad al servicio de la Administración Regional constituye un requisito indispensable para una correcta ejecución de sus cometidos y, al mismo tiempo, una garantía jurídica tanto para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid como para los propios funcionarios. El artículo 8º de la Ley 1/2002, de 27 de marzo, por la que se crea el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, establece que los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Agentes Forestales, cuando se hallen de servicio, portarán la acreditación correspondiente a su identidad profesional, según se establezca reglamentariamente.

Por ello, en virtud del Decreto 119/2004, de 29 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 41 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid,


Texto completo de la Orden Texto completo de la Orden

Artículo 1.- Elementos oficiales de acreditación de los Agentes Forestales.

Los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid llevarán, siempre que se hallen de servicio, los siguientes elementos oficiales de acreditación:

a) Placa identificativa del Cuerpo de Agentes Forestales.

b) Placa identificativa de su condición de Agente de la Autoridad y Número de Identificación Profesional (en lo sucesivo, NIP).

c) Carné identificativo personal.

Artículo 2.- Placa identificativa del Cuerpo de Agentes Forestales.

1. La placa identificativa del Cuerpo de Agentes Forestales será la representada en el Anexo I de esta Orden.

2. El rectángulo que la encuadra tendrá unas medidas de 65 milímetros de ancho y 52 milímetros de alto. La placa será dorada y en ella figurarán inscritas las palabras “Comunidad de Madrid” y “Cuerpo de Agentes Forestales”, en letras doradas claramente visualizables.

3. En el centro de la placa figurará el escudo de la Comunidad de Madrid con sus colores oficiales, tal y como aparece representado en el Anexo II de esta Orden.

Artículo 3.- Placa identificativa de la condición de Agente de la Autoridad.

1. La placa identificativa de la condición de Agente de la Autoridad, que llevará también el NIP de cada Agente Forestal, será la representada en el Anexo III de esta Orden.

2. El ancho de esta placa será de 65 milímetros y el alto de 25 milímetros. Será asimismo dorada y en ella figurarán inscritas las palabras “Agente de la Autoridad”, en letras doradas en relieve, para que sean claramente visualizables. Debajo de ellas aparecerá grabado el NIP, que debe tener cinco dígitos, también dorados y en relieve.

3. Las palabras “Agente de la Autoridad” ocuparán en total 55 milímetros de longitud; el alto de cada una de las letras será de 7,5 milímetros. El NIP ocupará una longitud de 37,5 milímetros, por lo que cada número de los cinco que lo integran ocupará 7,5 milímetros. El alto de cada número será de 10 milímetros.

Artículo 4.- Carné identificativo personal.

1. El carné identificativo personal acompañará siempre a ambas placas. La tarjeta en que se imprima tendrá una altura de 80 milímetros y una anchura de 48 milímetros, sin contar la posterior plastificación. Irá serigrafiado y perfectamente plastificado, ajustándose al modelo representado en el Anexo IV de esta Orden.

2. La bandera de la Comunidad de Madrid, en un color muy atenuado, ocupará la totalidad del fondo de las dos caras del carné.

3. En el anverso del carné aparecerá el escudo de la Comunidad de Madrid, junto con las palabras “Comunidad de Madrid” y “Cuerpo de Agentes Forestales”.

4. Exactamente en el centro del anverso del carné deberá ubicarse la foto del Agente Forestal. Debajo de ésta figurará su categoría (Técnico Superior Agente Forestal, Técnico Medio Agente Forestal o Agente Forestal) y el nivel de área de desempeño del Agente en cuestión, que será una de las que reglamentariamente se establezcan desde el Jefe del Cuerpo hasta el Agente Forestal.

5. En el reverso del carné se recogerá el texto que asimismo figura en el Anexo IV de esta Orden, con la disposición indicada. Dicho texto aparecerá firmado en todo caso por el Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.

Artículo 5.- Cartera.

1. El carné y las dos placas se dispondrán en una única cartera de piel de color verde oscuro, que medirá exactamente 100 milímetros de alto y 75 milímetros de ancho. La cartera dispondrá de dos hojas con apertura horizontal que permita, en caso de necesidad, la colocación del conjunto de los elementos acreditativos en el bolsillo de las prendas del uniforme oficial del Cuerpo de Agentes Forestales.

2. Una vez abierta, las placas identificativas del Cuerpo de Agentes Forestales y de la condición de Agente de la Autoridad quedarán en la hoja inferior de la cartera, tal y como se indica en el Anexo V de esta Orden. La placa identificativa del Cuerpo deberá colocarse, en todo caso, por encima de la placa identificativa de la condición de Agente de la Autoridad y NIP.

3. La hoja superior de la cartera deberá ir provista de una abertura para la inclusión del carné identificativo personal.

4. Sobre la piel exterior de la cartera cerrada se insertarán las palabras “Cuerpo de Agentes Forestales” y el escudo de la Comunidad de Madrid.

Artículo 6.- Reserva de uso de la placa identificativa de la condición de Agente de la Autoridad.

La utilización de cada placa identificativa de la condición de Agente de la Autoridad corresponde en exclusiva al Agente Forestal que tenga asignado el NIP inscrito en dicha placa.

Artículo 7.- Reserva de uso y fabricación.

Quedan prohibidos la fabricación y el uso de placas o distintivos que imiten los definidos en esta Orden. También quedan prohibidos la fabricación y el uso de aquellos otros que, por sus características, puedan confundirse con los elementos oficiales de acreditación descritos en esta Orden.

Artículo 8.- Plazo de entrega de los elementos oficiales de acreditación.

1. La totalidad de la plantilla actual del Cuerpo de Agentes Forestales deberá recibir los nuevos elementos oficiales de acreditación en el plazo máximo de tres meses, computados a partir del momento de publicación de esta Orden.

2. El mismo plazo será de aplicación, en lo sucesivo, para los Agentes Forestales de nuevo ingreso. Hasta tanto no se les faciliten dichos elementos se les proporcionará, con carácter inmediato, una acreditación provisional, en la que deberá figurar una fotografía del funcionario y su condición de miembro del Cuerpo de Agentes Forestales y de Agente de la Autoridad.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Madrid, a 24 de noviembre de 2005.

El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,

MARIANO ZABÍA LASALA


 

Texto completo de la Orden Texto completo de la Orden

ANEXO I: PLACA IDENTIFICATIVA DEL CUERPO DE AGENTES FORESTALES.

Placa identificativa del Cuerpo de Agentes Forestales

Placa identificativa del Cuerpo de Agentes Forestales

ANEXO II: ESCUDO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Escudo de la Comunidad de Madrid

ANEXO III: PLACA IDENTIFICATIVA DE SU CONDICIÓN DE AGENTE DE LA AUTORIDAD Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PROFESIONAL (N.I.P.).

Placa identificativa de su condición de agente de la autoridad y número de identificación profesional (N.I.P.)

ANEXO IV: CARNÉ IDENTIFICATIVO PERSONAL.

Carné identificativo personal

ANEXO V

Carné identificativo personal

Ley Orgánica 10/1995 y Leyes Orgánicas 15/2003, 5/2010 y 1/2015, del Código Penal. Textos refundidos

Texto completo de la Ley Orgánica 10/1995 y Ley Orgánica 15/2003, del Código Penal (Textos refundidos) Texto completo de la Ley Orgánica (Textos refundidos)

(BOE nº 281, de 24 de noviembre de 1995, BOE nº 283, de 26 de noviembre de 2003, BOE nº 152, de 23 junio de 2010 y BOE nº 77, de 31 de marzo de 2015)

 

PREÁMBULO Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

PREÁMBULO Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

PREÁMBULO Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, delCódigo Penal.

PREÁMBULO Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

 

TITULO XVI: DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL URBANISMO, LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEL MEDIO AMBIENTE

CAPITULO PRIMERO: DE LOS DELITOS SOBRE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL URBANISMO

Artículo 319.

Artículo 320.

CAPITULO II: DE LOS DELITOS SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO

Artículo 321.

Artículo 322.

Artículo 323.

Artículo 324.

CAPITULO III: DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE

Artículo 325.

Artículo 326.

Artículo 326 bis.

Artículo 327.

Artículo 328.

Artículo 329.

Artículo 330.

Artículo 331.

CAPITULO IV: DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DELA FLORA, FAUNA Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

Artículo 332.

Artículo 333.

Artículo 334.

Artículo 335.

Artículo 336.

Artículo 337.

Artículo 337 bis.

CAPITULO V: DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 338.

Artículo 339.

Artículo 340.

 

TITULO XVII: DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA

CAPITULO II: DE LOS INCENDIOS

SECCION 1.ª: DE LOS DELITOS DE INCENDIO

Artículo 351.

SECCION 2.ª: DE LOS INCENDIOS FORESTALES

Artículo 352.

Artículo 353.

Artículo 354.

Artículo 355.

SECCION 3.ª: DE LOS INCENDIOS EN ZONAS NO FORESTALES

Artículo 356.

SECCION 4.ª: DE LOS INCENDIOS EN BIENES PROPIOS

Artículo 357.

 

SECCION 5.ª: DISPOSICIÓN COMÚN

Artículo 358.

Artículo 358 bis.
 

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA


Texto completo de la Ley Orgánica 10/1995 y Ley Orgánica 15/2003, del Código Penal (Textos refundidos) Texto completo de la Ley Orgánica (Textos refundidos)

PREÁMBULO LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL.

 

Juan Carlos I Rey de España

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Si se ha llegado a definir el ordenamiento jurídico como conjunto de normas que regulan el uso de la fuerza, puede entenderse fácilmente la importancia del Código Penal en cualquier sociedad civilizada. El Código Penal define los delitos y faltas que constituyen los presupuestos de la aplicación de la forma suprema que puede revestir el poder coactivo del Estado: la pena criminal. En consecuencia, ocupa un lugar preeminente en el conjunto del ordenamiento, hasta el punto de que, no sin razón, se ha considerado como una especie de «Constitución negativa». El Código Penal ha de tutelar los valores y principios básicos de la convivencia social. Cuando esos valores y principios cambian, debe también cambiar. En nuestro país, sin embargo, pese a las profundas modificaciones de orden social, económico y político, el texto vigente data, en lo que pudiera considerarse su núcleo básico, del pasado siglo. La necesidad de su reforma no puede, pues, discutirse.

A partir de los distintos intentos de reforma llevados a cabo desde la instauración del régimen democrático, el Gobierno ha elaborado el Proyecto que somete a la discusión y aprobación de las Cámaras. Debe, por ello, exponer, siquiera sea de modo sucinto, los criterios en que se inspira, aunque éstos puedan deducirse con facilidad de la lectura de su texto.

El eje de dichos criterios ha sido, como es lógico, el de la adaptación positiva del nuevo Código Penal a los valores constitucionales. Los cambios que introduce en esa dirección el presente Proyecto son innumerables, pero merece la pena destacar algunos.

En primer lugar, se propone una reforma total del actual sistema de penal, de modo que permita alcanzar, en lo posible, los objetivos de resocialización que la Constitución le asigna. El sistema que se propone simplifica, de una parte, la regulación de las penas privativas de libertad, ampliando, a la vez, las posibilidades de sustituirlas por otras que afecten a bienes jurídicos menos básicos, y, de otra, introduce cambios en las penas pecuniarias, adoptando el sistema de días-multa y añade los trabajos en beneficio de la comunidad.

En segundo lugar, se ha afrontado la antinomia existente entre el principio de intervención mínima y las crecientes necesidades de tutela en una sociedad cada vez más compleja, dando prudente acogida a nuevas formas de delincuencia, pero eliminando, a la vez, figuras delictivas que han perdido su razón de ser. En el primer sentido, merece destacarse la introducción de los delitos contra el orden socioeconómico o la nueva regulación de los delitos relativos a la ordenación del territorio y de los recursos naturales; en el segundo, la desaparición de las figuras complejas de robo con violencia e intimidación en las personas que, surgidas en el marco de la lucha contra el bandolerismo, deben desaparecer dejando paso a la aplicación de las reglas generales.

En tercer lugar, se ha dado especial relieve a la tutela de los derechos fundamentales y se ha procurado diseñar con especial mesura el recurso al instrumento punitivo allí donde está en juego el ejercicio de cualquiera de ellos: sirva de ejemplo, de una parte, la tutela específica de la integridad moral y, de otra la nueva regulación de los delitos contra el honor. Al tutelar específicamente la integridad moral, se otorga al ciudadano una protección más fuerte frente a la tortura, y al configurar los delitos contra el honor del modo en que se propone, se otorga a la libertad de expresión toda la relevancia que puede y debe reconocerle un régimen democrático.

En cuarto lugar, y en consonancia con el objetivo de tutela y respeto a los derechos fundamentales, se ha eliminado el régimen de privilegio de que hasta ahora han venido gozando las injerencias ilegítimas de los funcionarios públicos en el ámbito de los derechos y libertades de los ciudadanos. Por tanto, se propone que las detenciones, entradas y registros en el domicilio llevadas a cabo por autoridad o funcionario fuera de los casos permitidos por la Ley, sean tratadas como formas agravadas de los correspondientes delitos comunes, y no como hasta ahora lo han venido siendo, esto es, como delitos especiales incomprensible e injustificadamente atenuados.

En quinto lugar, se ha procurado avanzar en el camino de la igualdad real y efectiva, tratando de cumplir la tarea que, en ese sentido, impone la Constitución a los poderes públicos. Cierto que no es el Código Penal el instrumento más importante para llevar a cabo esa tarea; sin embargo, puede contribuir a ella, eliminando regulaciones que son un obstáculo para su realización o introduciendo medidas de tutela frente a situaciones discriminatorias. Además de las normas que otorgan una protección específica frente a las actividades tendentes a la discriminación, ha de mencionarse aquí la nueva regulación de los delitos contra la libertad sexual. Se pretende con ella adecuar los tipos penales al bien jurídico protegido, que no es ya, como fuera históricamente, la honestidad de la mujer, sino la libertad sexual de todos. Bajo la tutela de la honestidad de la mujer se escondía una intolerable situación de agravio, que la regulación que se propone elimina totalmente. Podrá sorprender la novedad de las técnicas punitivas utilizadas; pero, en este caso, alejarse de la tradición parece un acierto.

Dejando el ámbito de las principios y descendiendo al de las técnicas de elaboración, el presente proyecto difiere de los anteriores en la pretensión de universalidad. Se venía operando con la idea de que el Código Penal constituyese una regulación completa del poder punitivo del Estado. La realización de esa idea partía ya de un déficit, dada la importancia que en nuestro país reviste la potestad sancionadora de la Administración; pero, además, resultaba innecesaria y perturbadora.

Innecesaria, porque la opción decimonónica a favor del Código Penal y en contra de las leyes especiales se basaba en el hecho innegable de que el legislador, al elaborar un Código, se hallaba constreñido, por razones externas de trascendencia social, a respetar los principios constitucionales, cosa que no ocurría, u ocurría en menor medida, en el caso de una ley particular. En el marco de un constitucionalismo flexible, era ese un argumento de especial importancia para fundamentar la pretensión de universalidad absoluta del Código. Hoy, sin embargo, tanto el Código Penal como las leyes especiales se hayan jerárquicamente subordinados a la Constitución y obligados a someterse a ella, no sólo por esa jerarquía, sino también por la existencia de un control jurisdiccional de la constitucionalidad. Consiguientemente, las leyes especiales no pueden suscitar la prevención que históricamente provocaban.

Perturbadora, porque, aunque es innegable que un Código no merecería ese nombre si no contuviese la mayor parte de las normas penales y, desde luego los principios básicos informadores de toda la regulación, lo cierto es que hay materias que difícilmente pueden introducirse en él. Pues, si una pretensión relativa de universalidad es inherente a la idea de Código, también lo son las de estabilidad y fijeza, y existen ámbitos en que, por la especial situación del resto del ordenamiento, o por la naturaleza misma de las cosas, esa estabilidad y fijeza son imposibles. Tal es, por ejemplo, el caso de los delitos relativos al control de cambios. En ellos, la modificación constante de las condiciones económicas y del contexto normativo, en el que, quiérase o no, se integran tales delitos, aconseja situar las normas penales en dicho contexto y dejarlas fuera del Código: por lo demás, ésa es nuestra tradición, y no faltan, en los países de nuestro entorno, ejemplos caracterizados de un proceder semejante.

Así pues, en ese y en otros parecidos, se ha optado por remitir a las correspondientes leyes especiales la regulación penal de las respectivas materias. La misma técnica se ha utilizado para las normas reguladoras de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo. En este caso, junto a razones semejantes a las anteriormente expuestas, podría argüirse que no se trata de normas incriminadoras, sino de normas que regulan supuestos de no incriminación. El Tribunal Constitucional exigió que, en la configuración de dichos supuestos, se adoptasen garantías que no parecen propias de un Código Penal, sino más bien de otro tipo de norma.

En la elaboración del proyecto se han tenido muy presentes las discusiones parlamentarias del de 1992, el dictamen del Consejo General del Poder Judicial, el estado de la jurisprudencia y las opiniones de la doctrina científica. Se ha llevado a cabo desde la idea, profundamente sentida, de que el Código Penal ha de ser de todos y de que, por consiguiente, han de escucharse todas las opiniones y optar por las soluciones que parezcan más razonables, esto es, por aquéllas que todo el mundo debería poder aceptar.

No se pretende haber realizado una obra perfecta, sino, simplemente, una obra útil. El Gobierno no tiene aquí la última palabra, sino solamente la primera. Se limita, pues, con este proyecto, a pronunciarla, invitando a todas las fuerzas políticas y a todos los ciudadanos a colaborar en la tarea de su perfeccionamiento. Solamente si todos deseamos tener un Código Penal mejor y contribuimos a conseguirlo podrá lograrse un objetivo cuya importancia para la convivencia y el pacífico disfrute de los derechos y libertades que la Constitución proclama difícilmente podría exagerarse.


Texto completo de la Ley Orgánica 10/1995 y Ley Orgánica 15/2003, del Código Penal (Textos refundidos) Texto completo de la Ley Orgánica (Textos refundidos)

PREÁMBULO LEY ORGÁNICA 15/2003, DE 25 DE NOVIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL.

 

Juan Carlos I Rey de España

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El vigente Código Penal fue aprobado mediante la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre. El tiempo transcurrido desde entonces ha puesto de manifiesto que es preciso llevar a cabo su actualización para abordar nuevas necesidades surgidas con la experiencia obtenida con su aplicación.

La iniciativa reformadora se ha planteado en distintos ámbitos. Ya en 1998 el Congreso de los Diputados aprobó una Resolución instando al Consejo General del Poder Judicial a estudiar la efectiva aplicación del Código Penal, detectando los problemas que la misma comportaba.

El citado Consejo General rindió su informe el día 12 de julio de 1999 con el análisis de aquellos aspectos que han planteado mayor complejidad en la aplicación del nuevo Código.

Asimismo, el Presidente del Gobierno, en su discurso de investidura ante el Congreso de los Diputados, celebrado el día 25 de abril de 2000, anunció la reforma del proceso penal, del sistema de penas y del control de su cumplimiento, y la intención del Gobierno de encomendar a una comisión técnica el correspondiente estudio previo. En cumplimiento de este compromiso ante la Cámara, se constituyó por Orden del Ministro de Justicia, de 14 de julio de 2000, una Comisión Técnica de Reforma del Sistema de Penas en el seno del Ministerio de Justicia, para realizar un estudio sobre el sistema de penas contenido en el Código Penal, su grado de aplicación y eficacia, y la formulación, en su caso, de una propuesta de reforma legal. La propuesta elevada por dicha Comisión Técnica fundamenta muchas de las reformas del articulado del Código Penal que se contienen en esta ley orgánica.

Junto a esta propuesta, que tiene por objeto, esencialmente, el régimen de penas y su aplicación, la reforma del Código Penal pretende la adaptación de los tipos ya existentes y la introducción de nuevas figuras delictivas, en los términos que se desprenden de las diferentes propuestas parlamentarias y de acuerdo con las más acuciantes preocupaciones sociales, con el fin de conseguir que el ordenamiento penal dé una respuesta efectiva a la realidad delictiva actual.

Las reformas del Código Penal que se contienen en esta ley orgánica se han abordado en el marco de una revisión parcial, pero sistemática y coherente, del actual Código Penal. Por ello, se ha respetado la estructura y los principios del mismo, la unidad y el sistema del Código Penal de 1995. Por ello, las modificaciones operadas en un importante número de artículos responden exclusivamente a la inclusión de determinadas novedades de carácter técnico como son la sustitución de las denominaciones en pesetas por euros, la inclusión de nuevas penas, la mejora de la sistemática, entre otras.

II

Las reformas más destacables en la parte general del Código Penal son las siguientes:

a) La duración mínima de la pena de prisión pasa de seis a tres meses, con el fin de que la pena de privación de libertad de corta duración pueda cumplir su función de prevención general adecuada respecto de los delitos de escasa importancia. Al mismo tiempo, esta duración mínima permite estructurar de forma más adecuada la relación existente entre faltas y delitos y la escala de penalidad aplicable a ambos.

b) Se establece en cinco años la duración de la pena que permite distinguir entre la grave de prisión y la menos grave, con lo que se consigue una regulación armonizada con la distribución de competencias entre el Juzgado de lo Penal y la Audiencia Provincial prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de modo que la Audiencia Provincial conocerá de los delitos castigados con penas graves y los Juzgados de lo Penal de los delitos castigados con penas menos graves.

c) Se suprime la pena de arresto de fin de semana, cuya aplicación práctica no ha sido satisfactoria, sustituyéndose, según los casos, por la pena de prisión de corta duración —de tres meses en adelante en los delitos—, por la pena de trabajo en beneficio de la comunidad o por la pena de localización permanente, que se crea en esta ley orgánica.

d) La pena de localización permanente es una importante novedad que trata de dar una respuesta penal efectiva a determinados tipos delictivos y que se basa en la aplicación de nuevas medidas que proporciona el desarrollo de la tecnología. La configuración de esta pena permite su aplicación con éxito para prevenir conductas típicas constitutivas de infracciones penales leves, al mismo tiempo que se evitan los efectos perjudiciales de la reclusión en establecimientos penitenciarios. En relación con su aplicación, se prevé que se cumpla en el domicilio o en otro lugar señalado por el juez o tribunal por un período de tiempo que no puede exceder de doce días, ya sean consecutivos o los fines de semana, si el juez o tribunal sentenciador lo considera más procedente.

e) Se potencia y mejora sustantivamente la eficacia de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, no sólo por su aplicación a un mayor número de delitos y faltas, sino también por la incorporación al Código Penal del régimen jurídico de su incumplimiento.

f) Se amplía la duración máxima de las penas de alejamiento y de no aproximación a la víctima, incluyéndose la previsión de su cumplimiento simultáneo con la de prisión e incluso concluida la pena, para evitar el acercamiento durante los permisos de salida u otros beneficios penitenciarios o después de su cumplimiento.
Se establecen por separado las tres modalidades existentes en la actualidad, con el fin de que se pueda imponer la que corresponda a la verdadera naturaleza del delito: la prohibición de residir y acudir a determinados lugares, la prohibición de aproximación a la víctima u otras personas y la prohibición de comunicación con la víctima u otras personas. Y, por último, se mejora técnicamente para que sirva con más eficacia a la prevención y represión de los delitos y, en especial, a la lucha contra la violencia doméstica, estableciéndose la posible suspensión del régimen de visitas, comunicación y estancia de los hijos, así como la prohibición de comunicaciones por medios informáticos o telemáticos. Esta misma reforma se hace en la regulación de la medida de seguridad equivalente.

g) Se introducen otras novedades como la ampliación de la duración máxima de la pena de privación del derecho a la tenencia de armas, que pasa de 10 a 15 años, o la aclaración de la pena de privación del permiso de conducir vehículos a motor de modo que se especifica que el condenado no podrá conducir ni vehículos ni ciclomotores cuando se le imponga dicha pena.

h) Se modifica el delito continuado, de modo que el autor de un delito o falta continuados podrá ser castigado con la pena en su mitad superior, como en la actualidad, pero pudiendo llegar a imponerse la pena en grado superior en su mitad inferior, atendiendo a las circunstancias del delito.

i) En relación con la suspensión de la ejecución, se introduce la novedad de excluir, a estos efectos, del conjunto de la pena o penas impuestas, la pena derivada del impago de la multa.

j) Se introducen importantes medidas tendentes a favorecer la rehabilitación de aquellos que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia de drogas, alcohol o sustancias psicotrópicas. Para ello, se permite obtener el beneficio de la suspensión cuando las penas impuestas sean hasta de cinco años, y no sólo hasta tres como ocurría hasta el momento. Además, con objeto de que la medida sea eficaz, se mejora el régimen de los requisitos que ha de cumplir el condenado, del tratamiento a que ha de someterse y de su supervisión periódica. De forma coordinada se prevé que, cuando esté próximo el vencimiento de la medida de internamiento para tratamiento médico o educación especial o de deshabituación, se comunique al ministerio fiscal para que inste, si fuera procedente, la declaración de incapacidad ante la jurisdicción civil.

k) En relación con la sustitución de las penas se incluye como novedad que, en el caso de que las penas no excedan de dos años en relación con los reos no habituales, puedan ser sustituidas por multa y trabajos en beneficio de la comunidad, con la finalidad de potenciar la aplicación de esta última modalidad penológica y conseguir un claro efecto resocializador y reeducativo.

l) Se aborda la responsabilidad penal de las personas jurídicas, al establecerse que cuando se imponga una pena de multa al administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica por hechos relacionados con su actividad, ésta será responsable del pago de manera directa y solidaria. Asimismo, en los supuestos de tráfico de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, se prevé la posibilidad de que si el delito se ha cometido a través de una sociedad u organización ésta, además de poder ser clausurada, suspendida en su actividad, disuelta o intervenida, pueda ser privada del derecho a obtener beneficios fiscales y puedan ser sus bienes objeto de comiso.

m) Se modifica el ámbito y alcance del comiso, con el fin de evitar que la comisión del delito pueda producir el más mínimo enriquecimiento para sus autores y partícipes, así como mejorar la represión de los delitos, en especial de narcotráfico y blanqueo de dinero. Para ello se extiende el comiso a los bienes, medios o instrumentos con los que se haya preparado el delito así como a las ganancias provenientes del mismo, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieran podido experimentar, incluso si se hubieran transmitido a un tercero, salvo que éste los hubiera recibido legalmente de buena fe. También se incorpora el comiso de bienes por valor equivalente, así como se prevé la posibilidad de acordarlo por el tribunal, incluso cuando no se imponga pena a alguno de los imputados por estar exento de responsabilidad criminal.

n) En relación con la multa se introducen diversas modificaciones, que tienen como principales objetivos su coordinación con la pena de prisión, su adaptación a la verdadera situación económica y familiar del condenado y su imposición atendiendo a la verdadera naturaleza del delito. Estas modificaciones respetan el modelo del Código Penal actual, tanto, en términos generales, en cuanto a los supuestos en que configura la multa como una alternativa a la prisión, como en cuanto a la proporcionalidad de dos días de multa por uno de prisión.

ñ ) Por último, se introducen determinadas reformas técnicas que afectan, entre otros, al concepto de reo habitual, a la extinción de responsabilidad criminal, a los plazos de prescripción de los delitos y a la cancelación de los antecedentes penales.

III

Por lo que se refiere a la reforma de la parte especial del Código Penal, las modificaciones pueden estructurarse en torno a dos categorías: aquellas que se refieren a los criterios generales sobre la penalidad a imponer en cada caso, que son, principalmente, consecuencia de las anteriores modificaciones de la parte general, y aquellas que se refieren a tipos delictuales nuevos.

Las primeras se han introducido teniendo en cuenta los principios de proporcionalidad, coherencia y respeto a la sistemática que presiden esta reforma, teniendo en cuenta, en casos concretos, para imponer la penalidad correspondiente las circunstancias sociales, económicas y culturales.

En cuanto a los delitos, cabe destacar las siguientes modificaciones:

a) Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual se modifican para impedir interpretaciones que impidan penar determinadas conductas de una especial gravedad.

b) Respecto a los delitos relativos a la corrupción de menores, se ha abordado una importante reforma del delito de pornografía infantil, endureciendo las penas, mejorando la técnica en la descripción de las conductas e introduciendo tipos como la posesión para el propio uso del material pornográfico en el que se hayan utilizado menores o incapaces o los supuestos de la nominada pornografía infantil virtual.

c) En los delitos de injurias y calumnias contra funcionario público o autoridad administrativa o agente de la misma se ha establecido, de acuerdo con un importante sector de la doctrina, que puedan ser perseguidas de oficio cuando sea sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos.

d) Los delitos de incumplimiento de obligaciones derivadas de los convenios judicialmente aprobados o resoluciones judiciales en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación o proceso de alimentos a favor de los hijos se mantienen y se incorpora una falta para el caso de las conductas de ínfima gravedad, en este último caso incluyendo cualquier incumplimiento de obligaciones no sólo aquellas que tengan contenido económico.

e) Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial son objeto de una agravación de la pena y, en todo caso, de la mejora técnica de su tipificación, de acuerdo con la realidad social, la configuración del tipo delictivo y su repercusión en la vida económica y social. Por ello, desaparece también el requisito de la persecución de estos delitos a instancia de la víctima, de modo que a partir de ahora podrán perseguirse de oficio.

f) Se incorporan las figuras delictivas relacionadas con el acceso a los servicios de radiodifusión sonora o televisiva o servicios interactivos prestados a distancia por vía electrónica, haciendo una minuciosa regulación de las conductas que atentan directa y gravemente contra la prestación de estos servicios, y castigando la manipulación de los equipos de telecomunicación, como en el caso de los teléfonos móviles. Con ello se trata de dar respuesta a los fenómenos delictivos surgidos en torno al fenómeno de la incorporación masiva de las tecnologías de la información y de la comunicación a todos los sectores sociales.

g) Se realizan determinadas modificaciones en los tipos delictivos que afectan al medio ambiente, bienes jurídicos especialmente protegidos y objeto de una creciente preocupación social.

h) El maltrato de animales domésticos se configura como delito cuando la conducta sea grave, manteniéndose la falta únicamente para los supuestos leves. Asimismo, se introduce como falta el abandono de animales.

i) Los delitos contra la salud pública han sido objeto de una mejora técnica, modificándose su descripción, la determinación de los distintos supuestos agravados y atenuados, con sus correspondientes consecuencias en la pena, y la ampliación del alcance de la figura del comiso. Se amplía sensiblemente la proyección de la responsabilidad penal sobre las personas jurídicas y se establece un agravamiento de la pena cuando las conductas tengan lugar en centros docentes, en centros, establecimientos o unidades militares, en establecimientos penitenciarios o en centros de deshabituación o rehabilitación o en sus proximidades, así como cuando el culpable empleare violencia o exhibiere o hiciese uso de armas para cometer el hecho.

j) Las alteraciones del orden con ocasión de la celebración de eventos o espectáculos con asistencia de un gran número de personas son objeto de una especial atención, estableciéndose tipos específicos y previéndose la imposición de la pena de privación de acudir a eventos o espectáculos de la misma naturaleza de aquellos en los que hubiera intervenido el condenado, por un tiempo superior hasta tres años a la pena de prisión impuesta.

k) Se definen y regulan los delitos que permiten coordinar nuestra legislación interna con las competencias de la Corte Penal Internacional.

l) En materia de faltas la reforma ha tenido por objeto, principalmente, sustituir la desaparecida pena de arresto de fin de semana. Como ya se ha dicho, esta sustitución se ha realizado mediante la nueva pena de localización permanente, que tiene su origen en el antiguo arresto domiciliario, la pena de realización de trabajos para la comunidad y la pena de prisión de corta duración.

m) Se establece, como se ha señalado, una falta de maltrato de animales cuando la conducta fuese muy leve y no tuviese las consecuencias previstas para el delito. Lo mismo ocurre en relación con la perturbación del orden en los actos públicos o espectáculos deportivos o culturales y con determinadas conductas leves contrarias al medio ambiente.


Texto completo de la Ley Orgánica 10/1995 y Ley Orgánica 15/2003, del Código Penal (Textos refundidos) Texto completo de la Ley Orgánica (Textos refundidos)

PREÁMBULO LEY ORGÁNICA 5/2010, DE 22 DE JUNIO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DELCÓDIGO PENAL

Juan Carlos I, Rey de España

A todos los quela presente vieren y entendieren. Sabed:

Que las CortesGenerales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgánica.

PREÁMBULO

I

La evoluciónsocial de un sistema democrático avanzado como el que configura la Constitución españoladetermina que el ordenamiento jurídico esté sometido a un proceso constante derevisión. La progresiva conquista de niveles de bienestar más elevados no esconcebible, en un marco jurídico de respeto a los derechos fundamentales, sinun paralelo avance en materia de libertad y de seguridad, pilaresindisolublemente unidos del concepto mismo de Estado de Derecho.

En estecontexto, la presente reforma se enmarca en la confluencia de variascoordenadas que explican tanto su relativa extensión como la variedad decuestiones que en ella se abordan.

Por un lado,España tiene contraídas obligaciones internacionales, especialmente en elámbito de la armonización jurídica europea, que exigen adaptaciones -a veces deconsiderable calado- de nuestras normas penales. Por otro, la experienciaaplicativa del Código ha ido poniendo en evidencia algunas carencias odesviaciones que es preciso tratar de corregir. Y, en fin, la cambianterealidad social determina el surgimiento de nuevas cuestiones que han de serabordadas. Sin olvidar que los numerosos y en ocasiones acelerados cambiosintroducidos en la arquitectura original del texto de 1995 han producidoalgunos efectos de distorsión o incongruencia necesitados de corrección.

A todo ellotrata de dar respuesta esta Ley, en los términos que siguen.

II

En materia decircunstancias modificativas de la responsabilidad criminal se ha consideradoconveniente otorgar carta de naturaleza legal a la circunstancia atenuante dedilaciones indebidas. Se exige para su apreciación que el retraso en latramitación tenga carácter extraordinario, que no guarde proporción con lacomplejidad de la causa y que no sea atribuible a la conducta del propioimputado. De esta manera se recogen los elementos fundamentales de lajurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha construido esta circunstancia comoatenuante por analogía.

III

De conformidadcon los principios que orientan la reforma, se procede a la modificación del artículo36. De esta forma, para los casos de penas privativas de libertad superiores acinco años, la exigencia de cumplimiento de al menos la mitad de la condenaantes de poder obtener la clasificación en tercer grado se establece en el casode delitos cometidos contra la libertad e indemnidad sexual de menores de treceaños, delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos deterrorismo, así como los delitos cometidos en el seno de una organización ogrupo criminal. Esta modificación, que se estima conveniente para estos gruposde delitos de extrema gravedad, se considera por el contrario innecesaria comorégimen general respecto de todos los delitos sancionados con penas de prisiónsuperiores a cinco años. Por esta razón se elimina el automatismo hasta ahoravigente, introduciendo un mecanismo más flexible que permita a los jueces ytribunales adecuar la responsabilidad criminal a la gravedad del hecho y a lapersonalidad del delincuente. Así, la remodelación del llamado periodo de seguridadgarantiza la primordial finalidad constitucional de la pena, laresocialización, sin que por otra parte ello comporte detrimento alguno en lapersecución por el Estado de otros fines legítimos de la misma.

IV

Es notorio, sinembargo, que en determinados supuestos de especial gravedad ese efectorehabilitador de la pena se ve dificultado, en la medida en que ésta no resultasuficiente o adecuada para excluir un elevado riesgo de reincidencia.

La opcióninocuizadora, que se traduciría en la prolongación ilimitada y/o indiscriminadade la privación de libertad, choca obviamente con principios elementales delDerecho Penal que la Constituciónampara. Se hace necesario, por tanto, para tales casos de especial gravedadexpresamente previstos, contemplar otras soluciones que, sin cejar en elesfuerzo rehabilitador que debe seguir inspirando el tratamiento penitenciario,permitan conciliar las referidas exigencias constitucionales con otros valoresno menos dignos de tutela, como son la seguridad y la libertad del resto de losciudadanos, potenciales víctimas del delincuente no rehabilitado que el sistemapenitenciario devuelve a la sociedad. Agotada, pues, la dimensión retributivade la pena, la peligrosidad subsistente del sujeto halla su respuesta idónea enuna medida de seguridad.

Por ello lapresente Ley introduce, mediante la modificación parcial y una levereordenación del Título IV del Libro I del Código Penal, una nueva medidadenominada libertad vigilada, que se inserta naturalmente en el régimen generalde dichas medidas de seguridad, algunas de las cuales se integran y refunden enese concepto común (artículo 106).

Así, la libertadvigilada es una medida de seguridad que el Tribunal impone, de manerafacultativa o preceptiva, según la propia norma señala en cada caso, y cuyocontenido se concreta en una serie de limitaciones, obligaciones, prohibicioneso reglas de conducta, aplicables separada o conjuntamente, dentro de losmárgenes de duración específicos que en su caso resulten de la parte especialdel Código, tendentes no solo a la protección a las víctimas, sino también a larehabilitación y la reinserción social del delincuente, objetivo que presidetoda la reforma. Y que puede modificarse, ya en fase de ejecución, atendiendo ala evolución del sujeto y mediante un sencillo trámite que se caracteriza porun reforzamiento de la garantía de contradicción, que alcanza incluso a lasvíctimas que no sean parte en el proceso.

La novedad sustancialque incorpora la libertad vigilada es que resulta aplicable no sólo cuando elpronóstico de peligrosidad del individuo se relaciona con estados patológicosque han determinado su inimputabilidad o semiinimputabilidad, sino tambiéncuando la peligrosidad deriva del específico pronóstico del sujeto imputable enrelación con la naturaleza del hecho cometido, siempre y cuando el propiolegislador así lo haya previsto de manera expresa. En estos casos, tal y comoresulta del nuevo artículo 106.2, la medida no se establece, por obviasrazones, con carácter alternativo a la pena de prisión o para su ejecuciónprevia a ésta, sino que se impone en sentencia junto a la pena privativa delibertad para su ejecución posterior a la excarcelación, y se hará o no efectivajustamente en función de ese pronóstico de peligrosidad, formulado cuando seacerca dicho momento extintivo de la pena y reconsiderado después con cadenciacomo mínimo anual (artículo 98.1).

Es importantedestacar que en la concreción del contenido de la libertad vigilada y en sueventual sustitución, modificación, suspensión o cesación, intervienen tanto elJuez de Vigilancia Penitenciaria, debidamente informado por los serviciospenitenciarios, como el Juez o Tribunal sentenciador al que corresponde hacerejecutar lo juzgado. Precisamente este último, por haber juzgado, conoce conmayor detalle determinadas circunstancias del caso concurrentes con elpronóstico penitenciario del sujeto, que pueden resultar determinantes para laelección de la medida o medidas en que ha de concretarse la libertad vigilada.Su duración, en fin, se mantiene en general en un máximo de cinco años, que esel que establecía hasta ahora el Código para las medidas de seguridad noprivativas de libertad que se refunden bajo el concepto de libertad vigilada,pero a ello se añade, ciertamente pensando en esta nueva modalidadpostpenitenciaria, la posibilidad de que el propio Código Penal la extiendahasta los diez años (artículo 105.2), como, de hecho, esta misma Ley disponepara los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y de terrorismo.

V

En esta línea deevolución de la respuesta jurídico-penal hacia fórmulas más operativas y mejoradaptadas a las actuales necesidades y demandas sociales, la secular carenciade penas alternativas a las penas cortas de prisión del sistema español hamotivado que en esta reforma se haya optado por otorgar un mayor protagonismo ala pena de localización permanente. Con este objetivo, se le confiere una mayorextensión y contenido, si bien se ha pensado que inicialmente, aunque convocación de futuras ampliaciones, su ámbito de aplicación se reduzca al marcode la sustitución de las penas privativas de libertad. A tal efecto se articulael correspondiente módulo de conversión en el artículo 88.

A la inversa, lalocalización permanente, en los supuestos en los que está prevista como penaprincipal, puede ser el instrumento adecuado para combatir con mayor rigor yeficacia los supuestos de reiteración de faltas que han generado una especialinseguridad ciudadana en los últimos tiempos. A estos efectos, constituyendo unlímite axiológico infranqueable la asociación a las faltas de penas de carácterleve, y descartado por tanto el recurso a la genuina pena de prisión, unarespuesta proporcionada y disuasoria puede ser el cumplimiento excepcional dela localización permanente en centro penitenciario en régimen de fin de semanay días festivos. Se trata de ofrecer una mayor dureza en la respuesta frente ala reiteración de la infracción que sea al tiempo compatible con la naturalezaleve de la sanción, evitando el efecto desocializador del régimen decumplimiento continuado que caracteriza a la pena de prisión propiamente dicha.

Como aclara lanueva redacción dada al artículo 37, serán los concretos preceptos del LibroIII los que den al Juez la posibilidad de acudir a este régimen excepcional decumplimiento. La presente reforma opta por restringir su aplicación a lasfaltas reiteradas de hurto por un doble motivo. Por una parte, se trata delsupuesto que, sobre todo en los núcleos urbanos más importantes, ha generado lamayor preocupación ciudadana y es el que a día de hoy realmente requiere laadopción de esta medida. Por otro, la restricción de esta modalidad delocalización permanente a un supuesto puntual permitirá aprovecharadecuadamente los recursos disponibles en el sistema penitenciario.

La reiteraciónse hace depender del número de faltas cometidas, ya haya recaído condena portodas ellas en un solo proceso o en procesos distintos. En los casos de faltasde hurto no juzgadas que superen los 400 euros de importe, será de aplicaciónel párrafo final del artículo 234 y la conducta habrá de ser considerada comodelito.

VI

Para solucionarlos problemas interpretativos surgidos acerca de cuál es el procedimiento penaldonde debe abonarse el tiempo de prisión provisional sufrido por un imputadoque al mismo tiempo está cumpliendo una pena de privación de libertad impuestaen otra causa, se procede a la modificación del artículo 58 para dejar claroque en esos supuestos solamente será de abono el tiempo de prisión realmentesufrido en la liquidación de condena referente a la pena que esté cumpliendo.

VII

Se regula demanera pormenorizada la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sonnumerosos los instrumentos jurídicos internacionales que demandan una respuestapenal clara para las personas jurídicas, sobre todo en aquellas figurasdelictivas donde la posible intervención de las mismas se hace más evidente(corrupción en el sector privado, en las transacciones comercialesinternacionales, pornografía y prostitución infantil, trata de seres humanos,blanqueo de capitales, inmigración ilegal, ataques a sistemas informáticos...).Esta responsabilidad únicamente podrá ser declarada en aquellos supuestos dondeexpresamente se prevea.

Para la fijaciónde la responsabilidad de las personas jurídicas se ha optado por establecer unadoble vía. Junto a la imputación de aquellos delitos cometidos en su nombre opor su cuenta, y en su provecho, por las personas que tienen poder derepresentación en las mismas, se añade la responsabilidad por aquellasinfracciones propiciadas por no haber ejercido la persona jurídica el debidocontrol sobre sus empleados, naturalmente con la imprescindible consideraciónde las circunstancias del caso concreto a efectos de evitar una lecturameramente objetiva de esta regla de imputación.

Se deja claroque la responsabilidad penal de la persona jurídica podrá declararse conindependencia de que se pueda o no individualizar la responsabilidad penal dela persona física. En consecuencia, se suprime el actual apartado 2 del artículo31.

En este ámbitose concreta un catálogo de penas imponibles a las personas jurídicas,añadiéndose -respecto a las hasta ahora denominadas consecuencias accesorias(disolución, suspensión de actividades, clausura de establecimientos...), lamulta por cuotas y proporcional y la inhabilitación para obtener subvenciones yayudas públicas, para contratar con las Administraciones Públicas y para gozarde beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social. Se opta en estepunto por el sistema claramente predominante en el Derecho comparado y en lostextos comunitarios objeto de transposición, según el cual la multa es la penacomún y general para todos los supuestos de responsabilidad, reservándose laimposición adicional de otras medidas más severas sólo para los supuestoscualificados que se ajusten a las reglas fijadas en el nuevo artículo 66 bis.Igualmente, se tiene en cuenta el posible fraccionamiento del pago de lasmultas que les sean impuestas a las personas jurídicas cuando exista peligropara la supervivencia de aquellas o la estabilidad de los puestos de trabajo,así como cuando lo aconseje el interés general. Además, se regulan taxativamentelos supuestos de atenuación de la responsabilidad de las personas jurídicas,entre los que destacan la confesión de la infracción a las autoridades, lareparación del daño y el establecimiento de medidas eficaces para prevenir ydescubrir los delitos que en el futuro puedan cometerse con los medios o bajola cobertura de la persona jurídica.

En esteapartado, al objeto de evitar que la responsabilidad penal de las personasjurídicas pueda ser burlada por una disolución encubierta o aparente o por sutransformación, fusión, absorción o escisión, se contienen previsionesespecificas donde se presume que existe la referida disolución aparente oencubierta cuando aquélla continúe con su actividad económica y se mantenga laidentidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, trasladándose enaquellos casos la responsabilidad penal a la entidad o entidades en que setransforme, quede fusionada o absorbida y extendiéndose a la entidad oentidades a que dé lugar la escisión.

VIII

De singularimportancia resulta la transposición de la Decisión Marco2005/212/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa al decomiso de losproductos, instrumentos y bienes relacionados con el delito. Como se recoge enel instrumento internacional, el principal objetivo de la delincuenciaorganizada es el beneficio económico y, en consecuencia, el establecimiento denormas comunes relativas al seguimiento, embargo, incautación y decomiso de losproductos del delito es objetivo prioritario para conseguir una eficaz luchacontra aquella.

Por ello, se hacompletado la regulación existente del comiso encomendando a los jueces ytribunales acordarlo respecto de aquellos efectos, bienes, instrumentos yganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de unaorganización o grupo criminal, o bien cuando se trate de delitos de terrorismo,con independencia de si estos últimos se cometen en el seno de una organizacióno grupo terrorista, tal y como se prevé en la Decisión Marco2002/475/JAI del Consejo, sobre la lucha contra el terrorismo. Para facilitarla medida, se establece una presunción de procedencia de actividades delictivascuando el valor del patrimonio sea desproporcionado con respecto a los ingresoslegales de todas y cada una de las personas condenadas por delitos cometidos enel seno de la organización o grupo criminal. Asimismo, se faculta a los juecesy tribunales para acordar el comiso cuando se trate de un delito imprudente quelleve aparejado en la Leyla imposición de una pena privativa de libertad superior a un año.

IX

En el ámbito dela prescripción del delito, con el objetivo de aumentar la seguridad jurídica,se ha optado por una regulación detallada del instituto que ponga fin a lasdiferencias interpretativas surgidas en los últimos tiempos. Para llevar a caboesta tarea, se ha prestado especial atención a la necesidad de precisar elmomento de inicio de la interrupción de la prescripción, estableciéndose queésta se produce, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando elprocedimiento se dirija contra persona determinada que aparezca indiciariamentecomo penalmente responsable. Para entender que ello ocurre se requiere, cuandomenos, una actuación material del Juez Instructor.

Del mismo modo,se ha considerado necesario abordar el problema de los efectos que para lainterrupción de la prescripción puede tener la presentación de denuncias oquerellas y para ello se opta por suspender el cómputo de la prescripción porun máximo de seis meses o dos meses, según se trate de delito o falta, desdedicha presentación siempre que sea ante un órgano judicial y contra una personadeterminada. Si el órgano judicial no la admite a trámite o no dirige elprocedimiento contra la persona denunciada o querellada, continúa el cómputo deprescripción desde la fecha de presentación. También continuará el cómputo sidentro de dichos plazos el Juez no adopta ninguna de las resoluciones citadas.

Elreplanteamiento del régimen procesal de la prescripción en los términosexpuestos aconseja también revisar algunos aspectos de su regulaciónsustantiva. La impunidad debida a la prescripción de ciertos delitos castigadoscon penas de no excesiva gravedad (estafas, delitos urbanísticos, por ejemplo,o algunos delitos contra la Administración Pública), cuyo descubrimiento einvestigación pueden sin embargo resultar extremadamente complejos y dilatados,ha redundado en descrédito del sistema judicial y en directo perjuicio de lasvíctimas. En este sentido, se opta por elevar el plazo mínimo de prescripciónde los delitos a cinco años, suprimiendo por tanto el plazo de tres años quehasta ahora regía para los que tienen señalada pena de prisión o inhabilitacióninferior a tres años.

Lasmodificaciones en materia de prescripción del delito se completan con ladeclaración de la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo que hubierencausado la muerte de una persona. El fundamento de la institución de laprescripción se halla vinculado en gran medida a la falta de necesidad deaplicación de la pena tras el trascurso de cierto tiempo. La reforma sefundamenta en este punto en que tal premisa no puede cumplirse frente aconductas delictivas que presentan las características del tipo mencionado.

X

Como respuestaal fenómeno cada vez más extendido de la compraventa de órganos humanos y alllamamiento de diversos foros internacionales a abordar su punición, se haincorporado como infracción penal la obtención o el tráfico ilícito de órganoshumanos, así como el trasplante de los mismos. Ya en el año 2004 la Organización Mundialde la Saluddeclaró que la venta de órganos era contraria a la Declaración Universalde Derechos Humanos, exhortando a los médicos a que no realizasen trasplantessi tenían sospechas de que el órgano había sido objeto de una transacción.Recientemente, en la Cumbreinternacional sobre turismo de trasplantes y tráfico de órganos celebrada enmayo de 2008, representantes de 78 países consensuaron la denominada Declaración de Estambul,en donde se deja constancia de que dichas prácticas violan los principios de igualdad,justicia y respeto a la dignidad humana debiendo ser erradicadas. Y, aunquenuestro Código Penal ya contempla estas conductas en el delito de lesiones, seconsidera necesario dar un tratamiento diferenciado a dichas actividadescastigando a todos aquellos que promuevan, favorezcan, faciliten o publicitenla obtención o el tráfico ilegal de órganos humanos ajenos o su trasplante. Eneste marco, se ha considerado que también debe incriminarse, con posibilidad demoderar la sanción penal en atención a las circunstancias concurrentes, alreceptor del órgano que, conociendo su origen ilícito, consienta en larealización del trasplante.

XI

Dentro de losdelitos de torturas y contra la integridad moral, se incrimina la conducta deacoso laboral, entendiendo por tal el hostigamiento psicológico u hostil en elmarco de cualquier actividad laboral o funcionarial que humille al que losufre, imponiendo situaciones de grave ofensa a la dignidad. Con ello quedaríanincorporadas en el tipo penal todas aquellas conductas de acoso producidastanto en el ámbito de las relaciones jurídico privadas como en el de lasrelaciones jurídico-públicas.

Igualmente, alhilo de la proliferación, durante la última década, de conductas acosadoras enla esfera de la vivienda, se sanciona también el acoso inmobiliario. Con ellose pretende tutelar el derecho al disfrute de la vivienda por parte depropietarios o inquilinos frente a los ataques dirigidos a obligar a unos o aotros a abandonarla para así alcanzar, en la mayoría de los casos, objetivosespeculadores. Distintos pronunciamientos judiciales habían venido poniendo demanifiesto las dificultades que para la represión de estas conductas sederivaba de la ausencia hasta el momento de una específica regulación penal deeste fenómeno.

XII

El tratamientopenal unificado de los delitos de trata de seres humanos e inmigraciónclandestina que contenía el artículo 318 bis resultaba a todas lucesinadecuado, en vista de las grandes diferencias que existen entre ambosfenómenos delictivos. La separación de la regulación de estas dos realidadesresulta imprescindible tanto para cumplir con los mandatos de los compromisosinternacionales como para poner fin a los constantes conflictosinterpretativos.

Para llevar acabo este objetivo se procede a la creación del Título VII bis, denominado De la trata de sereshumanos. Así, el artículo 177 bis tipifica un delito en el queprevalece la protección de la dignidad y la libertad de los sujetos pasivos quela sufren. Por otro lado, resulta fundamental resaltar que no estamos ante undelito que pueda ser cometido exclusivamente contra personas extranjeras, sinoque abarcará todas las formas de trata de seres humanos, nacionales otrasnacionales, relacionadas o no con la delincuencia organizada.

En cambio, eldelito de inmigración clandestina siempre tendrá carácter trasnacional,predominando, en este caso, la defensa de los intereses del Estado en elcontrol de los flujos migratorios.

Además de lacreación del artículo 177 bis, y como consecuencia de la necesidad de dotar decoherencia interna al sistema, esta reestructuración de los tipos ha requeridola derogación de las normas contenidas en los artículos 313.1 y 318 bis. 2.

XIII

En el ámbito delos delitos sexuales, junto al acrecentamiento del nivel de protección de lasvíctimas, especialmente de aquellas más desvalidas, ha de mencionarse lanecesidad de trasponer la Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de2003, relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografíainfantil. Resulta indudable que en los casos de delitos sexuales cometidossobre menores el bien jurídico a proteger adquiere una dimensión especial porel mayor contenido de injusto que presentan estas conductas. Mediante lasmismas se lesiona no sólo la indemnidad sexual, entendida como el derecho a noverse involucrado en un contexto sexual sin un consentimiento válidamenteprestado, sino también la formación y desarrollo de la personalidad ysexualidad del menor. Por ello se procede a la incorporación, en el Título VIIIdel Libro II del Código Penal, del Capítulo II bis denominado De los abusos y agresionessexuales a menores de trece años. Por otra parte, la extensión dela utilización de Internet y de las tecnologías de la información y la comunicacióncon fines sexuales contra menores ha evidenciado la necesidad de castigarpenalmente las conductas que una persona adulta desarrolla a través de talesmedios para ganarse la confianza de menores con el fin de concertar encuentrospara obtener concesiones de índole sexual. Por ello, se introduce un nuevoartículo 183 bis mediante el que se regula el internacionalmente denominado child grooming,previéndose además penas agravadas cuando el acercamiento al menor se obtengamediante coacción, intimidación o engaño.

En el ámbito delas figuras de prostitución y pornografía infantil, la traslación de la Decisión Marco anuestro ordenamiento determina la necesidad de tipificar nuevas conductas. Esel caso de la captación de niños para que participen en espectáculospornográficos, que queda incorporada a la regulación en el artículo 189.1. Lomismo sucede con la conducta de quien se lucra con la participación de losniños en esta clase de espectáculos, cuya incorporación se realiza en el apartado1.a) del artículo 189. En relación al delito de prostitución, se incorpora laconducta del cliente en aquellos casos en los que la relación sexual se realicecon una persona menor de edad o incapaz.

Para completarel elenco de normas destinadas a otorgar mayor protección a los menores, seconsidera adecuado crear la pena de privación de la patria potestad oinstituciones análogas previstas en la legislación civil de las ComunidadesAutónomas que se incluye en el catálogo de penas privativas de derechosprevistas en el artículo 39, fijándose su contenido en el artículo 46. Estanueva pena tendrá el carácter de principal en los supuestos previstos en el artículo192 y el de pena accesoria de acuerdo a lo establecido en los artículos 55 y 56,cuando los derechos derivados de la patria potestad hubieren tenido unarelación directa con el delito cometido.

XIV

En el marco delos denominados delitos informáticos, para cumplimentar la Decisión Marco2005/222/JAI, de 24 de febrero de 2005, relativa a los ataques contra los sistemasde información, se ha resuelto incardinar las conductas punibles en dosapartados diferentes, al tratarse de bienes jurídicos diversos. El primero,relativo a los daños, donde quedarían incluidas las consistentes en dañar,deteriorar, alterar, suprimir o hacer inaccesibles datos o programasinformáticos ajenos, así como obstaculizar o interrumpir el funcionamiento deun sistema informático ajeno. El segundo apartado se refiere al descubrimientoy revelación de secretos, donde estaría comprendido el acceso sin autorizaciónvulnerando las medidas de seguridad a datos o programas informáticos contenidosen un sistema o en parte del mismo.

XV

Entre lasestafas descritas en el artículo 248 del Código Penal, cuyo catálogo en sumomento ya se había acrecentado con los fraudes informáticos, ha sido precisoincorporar la cada vez más extendida modalidad consistente en defraudarutilizando las tarjetas ajenas o los datos obrantes en ellas, realizando conello operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.

El sistema decualificaciones o agravantes específicas propio de la estafa ha venidoplanteando problemas interpretativos en la praxis, pues da lugar a que sesuperpongan dobles valoraciones jurídicas sobre unos mismos elementos del hecho,cosa que es particularmente evidente cuando se trata de la modalidad de uso decheque, pagaré, letra de cambio en blanco o negocio cambiario ficticio -que,además, puede confundirse con alguna modalidad de falsedad documental- que son,a su vez, instrumento y materialización del engaño, y no algo que se sume alardid defraudatorio, por lo cual su valoración separada es innecesaria.

XVI

En el delito dealzamiento de bienes se han agravado las penas en los supuestos en que la deudau obligación que se trate de eludir sea de Derecho público y la acreedora seauna persona jurídico-pública, así como cuando concurran determinadascircunstancias entre las que destaca la especial gravedad, en función de laentidad del perjuicio y de la situación económica en que deje a la victima o asu familia.

XVII

El agravamientopenológico operado por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, en elámbito de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial haevidenciado una cierta quiebra de la necesaria proporcionalidad de la pena enel caso de conductas consistentes en la venta a pequeña escala de copiasfraudulentas de obras amparadas por tales derechos, máxime cuandofrecuentemente los autores de este tipo de conductas son personas ensituaciones de pobreza, a veces utilizados por organizaciones criminales, quecon tales actos aspiran a alcanzar ingresos mínimos de subsistencia. Por ello,añadiendo un párrafo segundo al apartado 1 del artículo 270 y modificando elapartado 2 del artículo 274, para aquellos casos de distribución al por menorde escasa trascendencia, atendidas las características del culpable y lareducida cuantía del beneficio económico obtenido por éste, siempre que noconcurra ninguna de las circunstancias de agravación que el propio Código Penalprevé, se opta por señalar penas de multa o trabajos en beneficio de lacomunidad. Además, en tales supuestos, cuando el beneficio no alcance los 400euros la conducta se castigará como falta.

XVIII

Teniendo comoreferente la Directiva2003/06 del Consejo, de 28 de enero de 2003, sobre las operaciones coninformación privilegiada y la manipulación del mercado, se han llevado a caboreformas en el campo de los delitos relativos al mercado y los consumidores.Así, se incorpora como figura delictiva la denominada estafa de inversores,incriminando a los administradores de sociedades emisoras de valores negociadosen los mercados de valores que falseen las informaciones sobre sus recursos,actividades y negocios presentes o futuros, y de ese modo consigan captarinversores u obtener créditos o préstamos.

Del mismo modo,se castiga la difusión de noticias o rumores sobre empresas donde se ofreciesendatos falsos para alterar o preservar el precio de cotización de un instrumentofinanciero y la conducta de quienes utilizando información privilegiadarealicen transacciones u órdenes de operación que proporcionen o puedanproporcionar indicios falsos o engañosos en cuanto a la oferta, la demanda o elprecio de instrumentos financieros, o para asegurar, en concierto con otraspersonas, el precio de uno o varios instrumentos financieros en un nivelanormal o artificial, así como el concierto para asegurarse una posicióndominante sobre la oferta o demanda de un instrumento financiero.

XIX

Otro de losaspectos importantes de la reforma es la transposición de la Decisión Marco2003/568/JAI, relativa a la lucha contra la corrupción en el sector privado. Laidea fuerza en este ámbito es que la garantía de una competencia justa yhonesta pasa por la represión de los actos encaminados a corromper a losadministradores de entidades privadas de forma similar a lo que se hace através del delito de cohecho. Porque con estos comportamientos, que exceden dela esfera de lo privado, se rompen las reglas de buen funcionamiento delmercado. La importancia del problema es grande si se repara en la repercusiónque pueden tener las decisiones empresariales, no solo para sus protagonistasinmediatos, sino para otras muchas personas. Obviamente, las empresas públicaso las empresas privadas que presten servicios públicos serán sometidas a ladisciplina penal del cohecho obviando, por voluntad legal, la condición formalde funcionario que ha de tener al menos una de las partes.

Se haconsiderado conveniente tipificar penalmente las conductas más graves decorrupción en el deporte. En este sentido se castigan todos aquellos sobornosllevados a cabo tanto por los miembros y colaboradores de entidades deportivascomo por los deportistas, árbitros o jueces, encaminados a predeterminar o alterarde manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro ocompetición deportiva, siempre que estas tengan carácter profesional.

XX

Los delitossobre la ordenación del territorio y el urbanismo son objeto de reforma envarios aspectos. De un lado, se modifica la rúbrica del Capítulo I del TítuloXVI del Libro II, en la que se explicita, junto a la ordenación del territorio,el urbanismo como objeto de tutela. De otro lado, se introducen mejoras. Así,se amplía el ámbito de las conductas típicas a las obras ilegales oclandestinas de urbanización, ya que éstas pueden tener un mayor impacto sobreel territorio que las de mera construcción o edificación, a las que ademássuelen preceder. A fin de evitar la consolidación de los beneficios del delitopor parte del infractor, se perfecciona el sistema en lo que respecta a la penade multa, estableciéndose, junto a la ya existente previsión de multa porcuotas diarias, la imposición de multa proporcional para aquellos casos en queel beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante dela aplicación de aquella. Además, se concreta que en todo caso se dispondrá elcomiso de las ganancias provenientes del delito cualesquiera que sean lastransformaciones que hubieren podido experimentar.

Respecto deldelito de prevaricación urbanística, se completa el ámbito de los objetos sobrelos que se puede proyectar la conducta prevaricadora con la inclusión de los instrumentos deplaneamiento, así como la de los proyectos de parcelación yreparcelación. Y, como venía siendo demandado por la doctrina, se otorga rangotípico a la ocultación de actos ilícitos observados por la inspección y a laomisión de inspecciones que tuvieran carácter obligatorio. En todos estossupuestos, se agravan las penas en correspondencia con la gravedad de este tipode conductas, suprimiéndose además en el artículo 320 la alternatividad entrela pena de prisión o multa a fin de evitar que los funcionarios y responsablespúblicos tengan un tratamiento privilegiado.

XXI

Lasmodificaciones en los delitos contra el medio ambiente responden a la necesidadde acoger elementos de armonización normativa de la Unión Europea eneste ámbito. De conformidad con las obligaciones asumidas, se produce unaagravación de las penas y se incorporan a la legislación penal española lossupuestos previstos en la Directiva 2008/99/CE de 19 de noviembre, relativa a laprotección del medio ambiente mediante el Derecho penal.

XXII

Se perfeccionatécnicamente el artículo 337, eliminando el requisito del ensañamiento, quedificultaba de manera notable la aplicación del precepto, al objeto de dotar deuna mayor protección a los animales domésticos o amansados frente a los malostratos que ocasionen su muerte o menoscaben gravemente su salud.

XXIII

En el ámbito delos delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Socialse ha producido un endurecimiento de las penas al objeto de hacerlas másadecuadas y proporcionales a la gravedad de las conductas. Se prevé asimismoque los jueces y tribunales recaben el auxilio de los servicios de la Administración Tributariapara la ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil.

En lo querespecta al fraude de subvenciones, se unifica con respecto al delito fiscal lacuantía para considerar delictivos los hechos y se establece que para ladeterminación de la cantidad defraudada se tomará como referencia el añonatural, debiendo tratarse de subvenciones obtenidas para el fomento de lamisma actividad privada subvencionable, aunque procedan de distintasAdministraciones o entidades públicas.

XXIV

En materia detráfico de drogas se producen algunos reajustes en materia de penas, deconformidad con las normas internacionales, en concreto la Decisión Marco2004/757/JAI del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa al establecimientode disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penasaplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas. De acuerdo con loscriterios punitivos marcados por dicha norma armonizadora, se refuerza elprincipio de proporcionalidad de la pena reconfigurando la relación entre eltipo básico y los tipos agravados de delito de tráfico de drogas. Las numerosasagravaciones específicas que contiene el Código Penal en esta materia -tambiénde acuerdo con la pauta europeasiguen asegurando dentro de la nueva escalapunitiva una respuesta efectiva frente a aquellas conductas que realmenteexigen una reacción especialmente firme.

Asimismo, seacoge la previsión contenida en el Acuerdo del Pleno No Jurisdiccional de la Sala 2ª del Tribunal Supremo,de 25 de octubre de 2005, en relación con la posibilidad de reducir la penarespecto de supuestos de escasa entidad, siempre que no concurra ninguna de lascircunstancias recogidas en los artículos 369 bis, 370 y siguientes.

Del mismo modo,se precisa más adecuadamente la agravante de buque, en la que veníandetectándose algunos problemas de interpretación, añadiéndose el término embarcacióna fin de permitir la inclusión de otros tipos de embarcaciones habitualmenteutilizadas en estos delitos, como, por ejemplo, las semirrígidas.

XXV

En la búsquedade una mayor proporcionalidad en la respuesta jurídico penal a determinadasconductas de peligro abstracto, concretamente en el ámbito de los delitoscontra la seguridad vial, se ha considerado conveniente reformar los artículos379 y 384 en un triple sentido. En primer lugar se equipara la pena de prisiónprevista para ambos delitos, al entender que no existe razón de fondo quejustifique la diferencia en la respuesta punitiva. Por otra parte, se eliminala actual disyuntiva entre la pena de prisión y la de multa y trabajos enbeneficio de la comunidad, estableciéndose los tres tipos de penas comoalternativas. De este modo se concede un mayor grado de arbitrio al Juez a lahora de decidir sobre la imposición de cualquiera de las tres penas previstas,permitiendo reservar la pena de prisión, como la de mayor gravedad, parasupuestos excepcionales. De otro lado, superando el sistema actual en el queúnicamente se prevé para el caso del delito del artículo 381, se introduce unnuevo artículo 385 bis en el que se establece que el vehículo a motor ociclomotor utilizado en los hechos previstos en el Capítulo se consideraráinstrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y 128.

Por último, enlos supuestos de imposición de la pena de prisión, tratándose de los delitoscontenidos en los artículos 379, 383, 384 y 385, se concede a los jueces lafacultad excepcional de rebajarla en grado atendiendo a la menor entidad delriesgo y a las demás circunstancias del hecho enjuiciado.

XXVI

También se hanabordado reformas en ámbitos como el de la falsificación de certificados, a laque se ha de añadir, en todas sus modalidades, la de documentos de identidadque se ha transformado en una práctica intolerablemente extendida. Por razonesfácilmente comprensibles, la intervención penal se extiende al tráfico dedocumentos de identidad falsos, así como a las mismas conductas realizadas enrelación con documentos de identidad pertenecientes a otro Estado de la Unión Europea o deun tercer Estado si el objetivo es utilizarlos en España.

Las tarjetas decrédito o débito requieren también su propia tutela frente a la falsificación,a cuyo fin se describe específicamente esa conducta referida a ellas o a loscheques de viaje. La comprobada frecuencia con la que estas actividadesdelictivas se descubren como propias de organizaciones criminales obliga alestablecimiento de las correspondientes previsiones represoras. La tutela penalse extiende a su vez al tráfico con esos instrumentos falsos y a su uso ytenencia en condiciones que permitan inferir su destino al tráfico, aunque nose haya intervenido en la falsificación.

XXVII

En los delitosde cohecho se han producido importantes cambios dirigidos a adecuar nuestralegislación a los compromisos internacionales asumidos, en concreto, alConvenio Penal sobre la corrupción del Consejo de Europa de 27 de enero de 1999y al Convenio establecido sobre la base de la letra c) del apartado 2 del artículok.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la lucha contra los actos decorrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeaso de los Estados miembros de la Unión Europea.

Con base en loestablecido en dichos convenios se precisaba una adaptación de las penas, puesse exige que al menos en los casos graves se prevean penas privativas delibertad que puedan dar lugar a la extradición. A ello se suma la convenienciade extender el concepto de funcionario para que alcance también al funcionariocomunitario y al funcionario extranjero al servicio de otro país miembro de la Unión Europea.

A través de las LeyesOrgánicas 3/2000 y 15/2003 se incorporó a nuestro Código Penal el delito decorrupción de funcionario público extranjero en las transacciones comercialesinternacionales, en cumplimiento del Convenio de la Organización para la Cooperación y elDesarrollo Económico (OCDE) de Lucha contra la Corrupción de AgentesPúblicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales. Pese aello, lo cierto es que la configuración del tipo penal presenta deficienciasque demandan una nueva reforma que, de manera definitiva, acomode nuestroDerecho interno a los términos del Convenio, lo que obliga a dar una nuevaredacción al artículo 445 para que así quepa, de una parte, acoger conductas decorrupción que no están suficientemente contempladas en la actualidad, así comoregular con precisión la responsabilidad penal de personas jurídicas queintervengan en esa clase de hechos.

XXVIII

El devenir delos pronunciamientos jurisprudenciales ha demostrado la incapacidad del actualdelito de asociación ilícita para responder adecuadamente a los diferentessupuestos de agrupaciones u organizaciones criminales.

En primer lugar-y de ello da prueba la escasa aplicación del vigente artículo 515 del CódigoPenal, fuera de los casos de bandas armadas u organizaciones terroristas- laconfiguración de dicho delito como una manifestación de ejercicio abusivo,desviado o patológico del derecho de asociación que consagra el artículo 22 de la Constitución, noresponde ni a la letra ni al espíritu de esta norma. El texto constitucionaldeclara la ilegalidad de las asociaciones que persigan fines o utilicen mediostipificados como delito; de donde desde luego no es forzoso deducir quecualquier agrupación de personas en torno a una actividad delictiva puedaconceptuarse como asociación, y menos aún asimilarse al ejercicio de un derechofundamental, como sugiere la ubicación sistemática de la norma penal.

Lasorganizaciones y grupos criminales en general no son realmente asociacionesque delinquen, sino agrupaciones de naturaleza originaria e intrínsecamentedelictiva, carentes en muchos casos de forma o apariencia jurídica alguna, odotadas de tal apariencia con el exclusivo propósito de ocultar su actividad ybuscar su impunidad. Adicionalmente hay que apuntar que la inclusión de lasorganizaciones terroristas en el artículo 515 del Código Penal había generadoproblemas en el campo de la cooperación internacional por los problemas quepara el cumplimiento del requisito de doble incriminación suponía lacalificación de la organización terrorista como asociación ilícita.

A sabiendas,precisamente, de la polémica doctrinal surgida en torno a la ubicación sistemáticade estos tipos penales, se ha optado finalmente, en el propósito de alterar lomenos posible la estructura del vigente Código Penal, por situarlos dentro del TítuloXXII del Libro II, es decir, en el marco de los delitos contra el orden público.Lo son, inequívocamente, si se tiene en cuenta que el fenómeno de lacriminalidad organizada atenta directamente contra la base misma de lademocracia, puesto que dichas organizaciones, aparte de multiplicarcuantitativamente la potencialidad lesiva de las distintas conductas delictivasllevadas a cabo en su seno o a través de ellas, se caracterizan en el aspectocualitativo por generar procedimientos e instrumentos complejos específicamentedirigidos a asegurar la impunidad de sus actividades y de sus miembros, y a laocultación de sus recursos y de los rendimientos de aquéllas, en lo posibledentro de una falsa apariencia de conformidad con la Ley, alterando a tal fin elnormal funcionamiento de los mercados y de las instituciones, corrompiendo lanaturaleza de los negocios jurídicos, e incluso afectando a la gestión y a lacapacidad de acción de los órganos del Estado.

La seguridadjurídica, la vigencia efectiva del principio de legalidad, los derechos y laslibertades de los ciudadanos, en fin, la calidad de la democracia, constituyende este modo objetivos directos de la acción destructiva de estasorganizaciones. La reacción penal frente a su existencia se sitúa, por tanto,en el núcleo mismo del concepto de orden público, entendido éste en la acepciónque corresponde a un Estado de Derecho, es decir, como núcleo esencial depreservación de los referidos principios, derechos y libertadesconstitucionales.

Hay que recordartambién que la jurisprudencia relativa al delito de asociación ilícita, asícomo la que ha analizado las ocasionales menciones que el Código Penal vigentehace a las organizaciones criminales (por ejemplo, en materia de tráfico dedrogas), requiere la comprobación de una estructura con vocación depermanencia, quedando fuera por tanto otros fenómenos análogos muy extendidosen la sociedad actual, a veces extremadamente peligrosos o violentos, que noreúnen esos requisitos estructurales. La necesidad de responder a esta realidadconduce a la definición, en paralelo con las organizaciones, de los que estaLey denomina grupos criminales, definidos en el nuevo artículo 570 terprecisamente por exclusión, es decir, como formas de concertación criminal queno encajan en el arquetipo de las citadas organizaciones, pero sí aportan unplus de peligrosidad criminal a las acciones de sus componentes.

La estructura delas nuevas infracciones responde a un esquema similar en ambos casos,organizaciones y grupos, si bien por un lado las penas son más graves en elcaso de las primeras, cuya estructura más compleja responde al deliberadopropósito de constituir una amenaza cualitativa y cuantitativamente mayor parala seguridad y orden jurídico, y por otra parte su distinta naturaleza exigealgunas diferencias en la descripción de las acciones típicas.

Así, en el casode las organizaciones criminales, el nuevo artículo 570 bis tipifica primerolas conductas básicas de constitución, dirección y coordinación, distinguiendosegún se trate de cometer delitos graves u otras infracciones criminales(incluida la reiteración de faltas), y en un segundo nivel punitivo sitúa lasactividades de participación o cooperación, a las que se anuda una respuestapenal inferior, agregando en fin agravaciones específicas en función de lascaracterísticas de la organización y el tipo de delitos que tiene por objeto.

Los gruposcriminales se contemplan en el artículo 570 ter, equiparándose las conductas deconstitución de los mismos con la financiación de su actividad o la integraciónen ellos, pero siempre distinguiendo la respuesta punitiva a partir de lagravedad de las infracciones criminales que tratan de cometer, en términosanálogos a los que rigen para las organizaciones, y con similares agravacionesen razón de las características del grupo.

XXIX

Según se haadelantado, otra de las importantes novedades que introduce la presente Ley esuna profunda reordenación y clarificación del tratamiento penal de lasconductas terroristas, incluyendo entre ellas la propia formación, integracióno participación en organizaciones o grupos terroristas, al tiempo que seincorporan algunas novedades que dan cumplimiento a las obligacioneslegislativas derivadas de la Decisión Marco 2008/919/JAI.

El tratamientode estas organizaciones y grupos se desplaza a un nuevo capítulo VII del TítuloXXII, aprovechando a tal fin el artículo 571, cuyo contenido se traslada al 572,lo que permite constituir con aquel una sección primera dedicada a dichasorganizaciones y grupos, para mantener en la segunda los actuales delitos deterrorismo. Así, se sitúan las organizaciones y grupos terroristas -por obviasrazones de proximidad conceptual, en los términos y por las razones yaexpuestas- a continuación de las organizaciones y grupos criminales, al tiempoque se unifica en un mismo capítulo del Código Penal la reacción penal contratodas las manifestaciones de terrorismo.

En atención a lagravedad intrínseca de la actividad terrorista, considerada como la mayoramenaza para el Estado de Derecho, así como a la peculiar forma de operar dedeterminados grupos o células terroristas de relativamente reciente desarrolloen el plano internacional, cuyo grado de autonomía constituye precisamente unfactor añadido de dificultad para su identificación y desarticulación, se opta-a diferencia del esquema adoptado en el capítulo anterior para las otrasorganizaciones y grupos criminalespor equiparar plenamente el tratamientopunitivo de los grupos terroristas al de las organizaciones propiamente dichas,manteniendo en este punto la misma respuesta penal que hasta ahora había venidodando la jurisprudencia.

De conformidadcon la pauta marcada por la citada Decisión Marco, al artículo 576 se añade unnúmero 3 que amplía el concepto de colaboración con organización o grupoterrorista, asimilándoles conductas que hasta el presente han planteado algunasdificultades de encaje legal: así se ofrece la oportuna respuesta punitiva a laactuación de los grupos o células -e incluso de las conductas individualesquetienen por objeto la captación, el adoctrinamiento, el adiestramiento o laformación de terroristas. En la misma línea apuntada por la normativaarmonizadora europea, se recogen en el primer apartado del artículo 579 lasconductas de distribución o difusión pública, por cualquier medio, de mensajeso consignas que, sin llegar necesariamente a constituir resolucionesmanifestadas de delito (esto es, provocación, conspiración o proposición parala realización de una concreta acción criminal) se han acreditado como mediosinnegablemente aptos para ir generando el caldo de cultivo en el que, en uninstante concreto, llegue a madurar la decisión ejecutiva de delinquir, sibien, tal y como exigen la Decisión Marco y el Convenio del Consejo de Europa sobreterrorismo, tales conductas deberán generar o incrementar un cierto riesgo decomisión de un delito de terrorismo.

Por su parte, elartículo 576 bis, que había quedado vacío de contenido tras su derogación por la Ley Orgánica 2/2005 de 22 de junio, pasa ahora arecoger la tipificación expresa del delito de financiación del terrorismo, queademás se completa, siguiendo la línea normativa trazada en materia de blanqueode capitales, con la inclusión de la conducta imprudente de los sujetosespecialmente obligados a colaborar con la Administración enla prevención de dicha financiación.

Para concluireste apartado, y de acuerdo con las consideraciones que en su lugar serealizaron, se ha previsto la aplicación a estos sujetos de la nueva medidapostpenitenciaria de libertad vigilada por un tiempo de cinco a diez años, queno obstante puede quedar excluida cuando, tratándose de un solo delito aisladoy no grave, cometido por un delincuente primario, quede a juicio del Tribunalacreditada la falta de peligrosidad del autor.

XXX

Las normas dedesarrollo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, así como laratificación por España de otros instrumentos de Derecho InternacionalHumanitario, entre los que destacan la Convención de 18 de septiembre de 1997 (Tratadode Ottawa) sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción ytransferencia de minas antipersonas y sobre su destrucción, la Convención sobre laseguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado de 9 dediciembre de 1994, el Segundo Protocolo de 26 de marzo de 1999 de la Convención de La Haya de 1954, sobreprotección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y el ProtocoloFacultativo de 25 de mayo de 2000 de la Convención de 1989, sobre los derechos del niño,relativo a la participación de los niños en los conflictos armados, han puestode relieve la necesidad de adecuar los delitos contra la comunidadinternacional.

Es de destacarla especial protección penal dispensada a mujeres y niños en conflictos armadoscastigándose expresamente a quienes atenten contra la libertad sexual de una personaprotegida cometiendo actos de violación, esclavitud sexual, prostitucióninducida o forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otraforma de agresión sexual y, a aquellos que recluten o alisten a menores de 18años o los utilicen para participar directamente en dichos conflictos.

Por último, seprocede a la creación de un nuevo delito de piratería dentro del Títulodedicado a los delitos contra la comunidad internacional. La razón de ser deesta reforma radica en la necesidad de dar respuesta a la problemática de loseventuales actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima yaérea, y se conforma recogiendo los postulados del Convenio de Montego Bay de10 de diciembre de 1982 sobre el Derecho del mar y de la Convención sobre lanavegación marítima firmado en Roma el 10 de marzo de 1988.

XXXI

Finalmente,entre las reformas que se realizan con ocasión de esta modificación del CódigoPenal figura también -en la línea de protección de las víctimas de delitos quela caracteriza- la introducción de una tutela civil específica de los derechosde éstas. No infrecuentemente, en los últimos tiempos han accedido a laprogramación de los medios de comunicación autores de infracciones penalescondenados por sentencia firme que llegan a hacer ostentación de la conductacriminal perpetrada, difunden datos manifiestamente falsos sobre la misma yobtienen además con ello un lucro económico injustificable. Talescomportamientos atentan contra la dignidad de quienes han sufrido las consecuenciasde esos actos y de sus allegados, que son sometidos a una nueva experienciatraumática derivada de esta invasión pública de su honor e intimidad. Dadas laslimitaciones que caracterizan al Derecho penal, se ha considerado que la víaidónea para responder adecuadamente a este fenómeno consiste en articular unaacción civil eficaz que, en el marco de la Ley Orgánica 1/1982, permita a las víctimasactuar frente a este tipo de conductas instando su cese, el resarcimiento deldaño moral causado y la evitación de todo enriquecimiento injusto derivado deesta intromisión ilegítima. Además, a fin de reforzar la tutela, se ha optadopor legitimar para la acción al Ministerio Fiscal, en tanto que defensor de losderechos de los ciudadanos.


Texto completo de la Ley Orgánica 10/1995 y Ley Orgánica 15/2003, del Código Penal (Textos refundidos) Texto completo de la Ley Orgánica (Textos refundidos)

PREÁMBULO LEY ORGÁNICA 1/2015, DE 30 DE MARZO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL.

FELIPE VI REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica:

PREÁMBULO

I

El Código Penal aprobado mediante la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, es objeto de una completa revisión y actualización, en la conciencia de que el transcurso del tiempo y las nuevas demandas sociales evidencian la necesidad de llevar a cabo determinadas modificaciones de nuestra norma penal. En general, se revisa el régimen de penas y su aplicación, se adoptan mejoras técnicas para ofrecer un sistema penal más ágil y coherente, y se introducen nuevas figuras delictivas o se adecuan los tipos penales ya existentes, con el fin de ofrecer una respuesta más adecuada a las nuevas formas de delincuencia; del mismo modo se suprimen aquellas otras infracciones que, por su escasa gravedad, no merecen reproche penal. Gran parte de la reforma está también orientada a dar cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por España.

La necesidad de fortalecer la confianza en la Administración de Justicia hace preciso poner a su disposición un sistema legal que garantice resoluciones judiciales previsibles que, además, sean percibidas en la sociedad como justas. Con esta finalidad, siguiendo el modelo de otros países de nuestro entorno europeo, se introduce la prisión permanente revisable para aquellos delitos de extrema gravedad, en los que los ciudadanos demandaban una pena proporcional al hecho cometido. En este mismo sentido, se revisan los delitos de homicidio, asesinato y detención ilegal o secuestro con desaparición, y se amplían los marcos penales dentro de los cuales los tribunales podrán fijar la pena de manera más ajustada a las circunstancias del caso concreto.

Junto con ello, se afrontan dos reformas que están orientadas a incrementar la eficacia de la justicia penal: de una parte, se modifica la regulación de la suspensión y de la sustitución de las penas privativas de libertad, y se introduce un nuevo sistema, caracterizado por la existencia de un único régimen de suspensión que ofrece diversas alternativas, que introduce mayor flexibilidad y eficacia.

De otra parte, se suprimen las faltas que históricamente se regulaban en el Libro III del Código Penal, si bien algunas de ellas se incorporan al Libro II del Código reguladas como delitos leves. La reducción del número de faltas –delitos leves en la nueva regulación que se introduce– viene orientada por el principio de intervención mínima, y debe facilitar una disminución relevante del número de asuntos menores que, en gran parte, pueden encontrar respuesta a través del sistema de sanciones administrativas y civiles.

Se acomete una revisión técnica de la regulación del decomiso y de algunos aspectos de la parte especial del Código Penal, en concreto, de los delitos contra la propiedad, del catálogo de agravantes de la estafa, administración desleal, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, insolvencias punibles, corrupción privada, malversación, corrupción de agentes públicos extranjeros, delitos de atentado y desobediencia, alteraciones del orden público, incendios, detención ilegal, e intrusismo. Y se tipifican nuevos delitos de matrimonio forzado, hostigamiento o acecho, divulgación no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas obtenidas con la anuencia de la persona afectada, y manipulación del funcionamiento de los dispositivos de control utilizados para vigilar el cumplimiento de penas y medidas cautelares o de seguridad.

Se refuerza la punición de los llamados delitos de corrupción en el ámbito de la Administración pública. Con carácter general, se elevan las penas de inhabilitación previstas para este tipo de delitos, y se añade la imposición de penas de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. Además, se introducen nuevas figuras delictivas relacionadas con la financiación ilegal de partidos políticos.

Finalmente, buena parte de las modificaciones llevadas a cabo están justificadas por la necesidad de atender compromisos internacionales. Así, la reforma se ocupa de la transposición de la Decisión Marco 2008/913/JAI, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho Penal; de la Directiva 2009/52/CE, por la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular; de la Directiva 2011/93/UE, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil; de la Directiva 2011/36/UE, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas; de la Directiva 2013/40/UE, relativa a los ataques contra los sistemas de información y la interceptación de datos electrónicos cuando no se trata de una comunicación personal; y de la Directiva 2014/42/UE, de 3 de abril, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea. Asimismo, se modifica la actual regulación del delito de inmigración ilegal, separando claramente esta figura delictiva del delito de trata de seres humanos y ajustando tipos y penas a las exigencias derivadas de la Directiva 2002/90/CE y la Decisión Marco 2002/946/JAI. También se introduce la posibilidad de incluir perfiles de condenados en la base de datos de ADN, para dar cumplimiento a las exigencias del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007. Y se incorporan en nuestra normativa penal las conductas descritas en el Convenio del Consejo de Europa de 28 de abril de 2014, sobre falsificación de productos médicos y otros delitos similares que suponen una amenaza para la salud pública.

II

La reforma introduce una nueva pena de prisión permanente revisable, que podrá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad –asesinatos especialmente graves, homicidio del Jefe del Estado o de su heredero, de Jefes de Estado extranjeros y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad– en los que está justificada una respuesta extraordinaria mediante la imposición de una pena de prisión de duración indeterminada (prisión permanente), si bien sujeta a un régimen de revisión: tras el cumplimiento íntegro de una parte relevante de la condena, cuya duración depende de la cantidad de delitos cometidos y de su naturaleza, acreditada la reinserción del penado, éste puede obtener una libertad condicionada al cumplimiento de ciertas exigencias, en particular, la no comisión de nuevos hechos delictivos.

La prisión permanente revisable, cuya regulación se anuncia, de ningún modo renuncia a la reinserción del penado: una vez cumplida una parte mínima de la condena, un tribunal colegiado deberá valorar nuevamente las circunstancias del penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal. La previsión de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea para poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el condenado.

En la prisión permanente revisable, cumplida esa primera parte mínima de la pena, si el tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una nueva revisión de su situación; y si, por el contrario, el tribunal valora que cumple los requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanto a garantizar la seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social.

La pena de prisión permanente revisable no constituye, por ello, una suerte de «pena definitiva» en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se trata de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de prisión.

Se trata, en realidad, de un modelo extendido en el Derecho comparado europeo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado que cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado, esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del Convenio (cfr. SSTEDH 12-2-2008, caso Kafkaris vs. Chipre; 3-11-2009, caso Meixner vs. Alemania; 13-11-2014, caso Bodein vs. Francia; 3-2-2015, caso Hutchinson vs. Reino Unido).

El Consejo de Estado ha tenido también oportunidad de pronunciarse sobre la constitucionalidad de las penas de duración indeterminada –pero revisables–, al informar con relación a la ratificación por España del Estatuto de la Corte Penal Internacional, en el que está prevista la posible imposición de una pena de prisión permanente.

III

La reforma lleva a cabo una mejora técnica en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, introducida en nuestro ordenamiento jurídico por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, con la finalidad de delimitar adecuadamente el contenido del «debido control», cuyo quebrantamiento permite fundamentar su responsabilidad penal.

Con ello se pone fin a las dudas interpretativas que había planteado la anterior regulación, que desde algunos sectores había sido interpretada como un régimen de responsabilidad vicarial, y se asumen ciertas recomendaciones que en ese sentido habían sido realizadas por algunas organizaciones internacionales. En todo caso, el alcance de las obligaciones que conlleva ese deber de control se condiciona, de modo general, a las dimensiones de la persona jurídica.

Asimismo, se extiende el régimen de responsabilidad penal a las sociedades mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general, a las que se podrán imponer las sanciones actualmente previstas en las letras a) y g) del apartado 7 del artículo 33 del Código Penal.

IV

La reforma incorpora también una revisión de la regulación de la suspensión de la ejecución de la pena, que tiene como finalidad esencial dotarla de una mayor flexibilidad y facilitar una tramitación más rápida de esta fase inicial de la ejecución de las penas de prisión.

La experiencia venía poniendo de manifiesto que la existencia de antecedentes penales no justificaba en todos los casos la denegación de la suspensión, y que era por ello preferible la introducción de un régimen que permitiera a los jueces y tribunales valorar si los antecedentes penales del condenado tienen, por su naturaleza y circunstancias, relevancia para valorar su posible peligrosidad y, en consecuencia, si puede concedérsele o no el beneficio de la suspensión; y que el mismo criterio debía ser aplicado en la regulación de la revocación de la suspensión. La conveniencia de introducir una mayor flexibilidad y discrecionalidad judicial en el régimen de la suspensión se reforzaba por el hecho de que ahora, transpuesta plenamente la Decisión Marco 2008/675/JAI, se establezca una plena equivalencia entre los antecedentes correspondientes a condenas impuestas por los tribunales españoles, y las impuestas por cualesquiera otros tribunales de Estados miembros de la Unión Europea.

Al tiempo, se pone fin a la situación actual en la que la existencia de una triple regulación de la suspensión (suspensión ordinaria, suspensión para el caso de delincuentes drogodependientes y sustitución de la pena) da lugar, en muchas ocasiones, a tres decisiones sucesivas que son objeto de reiterados recursos. Se mantienen los diversos supuestos de suspensión y sustitución de la pena, pero como alternativas u opciones posibles que ofrece el régimen único de suspensión. De este modo se asegura que jueces y tribunales resuelvan sobre si la pena de prisión debe ser ejecutada o no una sola vez, lo que debe redundar en una mayor celeridad y eficacia en la ejecución de las penas.

Con esta misma finalidad, se modifica el régimen de valoración del cumplimiento de la responsabilidad civil. El sistema actual de comprobación previa resulta ineficaz y poco ágil, y dificulta que las decisiones sobre la suspensión de la pena puedan ser adoptadas en el mismo momento en que se dicta sentencia. Por ello, se introduce un sistema inverso al actual: el pago de la responsabilidad civil (y también, que se haya hecho efectivo el decomiso acordado por los jueces o tribunales) continúa siendo un presupuesto de la suspensión de la ejecución; pero es la ocultación de bienes o el hecho de no aportar información sobre los disponibles o de no facilitar el decomiso acordado lo que determina la revocación de la suspensión ya acordada.

Como alternativas posibles, dentro del régimen único de suspensión de condena que se establece, se mantienen los supuestos de delincuentes que cometen el hecho delictivo a causa de su grave adicción a drogas o sustancias tóxicas; y la sustitución de la pena de prisión por multa o trabajos en beneficio de la comunidad. Pero se introducen algunas modificaciones que intentan hacer más efectivo el sistema y que ofrecen a los jueces y tribunales una mayor flexibilidad para la resolución justa de las diversas situaciones que puedan plantearse.

En el caso de la suspensión, se concede libertad a los jueces y tribunales para resolver sobre cuáles son las comprobaciones que deben llevarse a cabo para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales. En la suspensión de la ejecución de las penas impuestas a los delincuentes drogodependientes, condicionada a que no abandonen el tratamiento de deshabituación hasta su finalización, se establece como novedad que no se considerará abandono las recaídas durante el tratamiento si éstas no evidencian su abandono definitivo.

Por otra parte, el tradicional régimen de sustitución de la pena pasa a ser regulado como una modalidad de suspensión en la que el juez o tribunal pueden acordar la imposición (como sustitutivo) de una pena de multa o de trabajos en beneficio de la comunidad. Sin embargo, la conversión no se produce de forma automática, sino que se ofrece a jueces o tribunales la posibilidad de moderar su importe dentro de ciertos límites. Asimismo, se introduce como posible condición de la suspensión el cumplimiento de lo acordado entre las partes tras un proceso de mediación, en los casos en que legalmente sea posible. El sistema también resulta más ágil en el supuesto de impago de la multa sustitutiva impuesta y, al igual que en el supuesto anterior, será la ocultación de bienes o la falta de aportación de información veraz por el penado lo que determinará la revocación de la suspensión.

También se modifica la regulación de la sustitución de la ejecución de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional. De nuevo, la reforma combina la búsqueda de la eficacia con un escrupuloso respeto de los derechos individuales: se ajusta el límite de pena a partir del cual podrá acordarse la expulsión a la regulación contenida en la legislación de extranjería; los jueces y tribunales deberán establecer, en todo caso, qué parte de la pena impuesta debe ser cumplida efectivamente en prisión, cuando se hayan impuesto penas de más de tres años; y la sustitución se condiciona, en todos los casos, a la proporcionalidad de la medida. La sustitución de las penas de prisión por la medida de expulsión del territorio nacional en el caso de delitos cometidos por un ciudadano europeo, se contempla con carácter excepcional, reservándose a aquellos supuestos en los que su autor representa una amenaza grave para el orden público o la seguridad pública, en atención a los criterios recogidos en la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, así como en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que deberán ser tenidos en cuenta por los jueces y tribunales en la interpretación y aplicación del precepto correspondiente.

Finalmente, deben destacarse algunas mejoras técnicas en la regulación. Así, se precisa cuál es el momento de inicio de los plazos de suspensión. También se impone a jueces y tribunales el deber de resolver en sentencia sobre la posible suspensión de la ejecución siempre que ello resulte posible. Cuando la decisión no pueda adoptarse en sentencia, se articula un trámite de audiencia para las partes. Este mismo trámite se incorpora antes de resolver sobre la modificación de las condiciones o su revocación, si bien en este último supuesto queda salvaguardada la posibilidad de que el juez revoque inmediatamente ante casos de riesgo de fuga, peligro para la víctima o reiteración delictiva.

V

La nueva regulación mantiene, sin modificaciones, los supuestos de concesión de libertad condicional de la legislación anterior. Se introducen, sin embargo, tres modificaciones de extraordinaria relevancia.

En primer lugar, se incluye un nuevo supuesto privilegiado de acceso a la libertad condicional que será aplicable a los penados primarios, es decir, a aquéllos que cumplen su primera condena en prisión, que hayan sido condenados a una pena corta de prisión. En estos casos, se adelanta la posibilidad de obtener la libertad condicional al cumplimiento de la mitad de la condena. Esta modificación refleja el sentido general de la reforma en el sistema de penas: se introducen mecanismos e instituciones que pretenden ofrecer una respuesta contundente a los delincuentes multirreincidentes; y, de un modo coherente, se ofrecen nuevas posibilidades de obtener la libertad a los penados primarios que presentan un pronóstico favorable de reinserción.

En segundo lugar, la libertad condicional pasa a ser regulada como una modalidad de suspensión de la ejecución del resto de la pena. Al contrario de lo que venía sucediendo hasta ahora, el tiempo en libertad condicional no computará como tiempo de cumplimiento de condena, sino que la concesión de la libertad condicional determinará la suspensión de la ejecución del resto de la pena durante un determinado período de tiempo: si, durante ese tiempo, el penado no reincide y cumple las condiciones impuestas, se declarará extinguida la pena pendiente de cumplimiento; por el contrario, si durante ese período de libertad condicional (o de suspensión de la ejecución del resto de la pena) comete un nuevo delito o incumple gravemente las condiciones impuestas, la libertad será revocada y deberá cumplir toda la pena que restaba. Por esta razón, el régimen de la libertad condicional pasa a estar regulado, en gran parte, por remisión a la regulación de la suspensión de la ejecución de la pena.

Y, finalmente, se introduce la regulación del régimen de revisión de la prisión permanente revisable como un supuesto de libertad condicional o de suspensión de la ejecución de la pena. Si el tribunal concede la libertad, fija un plazo de «suspensión» de la ejecución durante el cual el penado queda sujeto a condiciones: el incumplimiento de las mismas o la comisión de nuevos delitos determina –durante este período de suspensión– la revocación de la misma y el reingreso del penado en prisión. Para la revisión de la prisión se establece un doble régimen. Cumplida una parte de la condena que oscila entre veinticinco y treinta y cinco años de condena, el tribunal deberá revisar de oficio si la prisión debe ser mantenida cada dos años; y lo hará también siempre que el penado lo solicite, si bien tras la desestimación de una petición podrá fijar un plazo máximo de un año dentro del cual no se dará curso a nuevas solicitudes.

VI

La nueva regulación equipara los antecedentes penales españoles a los correspondientes a condenas impuestas por tribunales de otros Estados miembros de la Unión Europea, a los efectos de resolver sobre la concurrencia de la agravante de reincidencia o la suspensión de la ejecución de la pena, conforme a la Decisión Marco 2008/675/JAI, o su posible revocación.

Al tiempo, esta consideración de los antecedentes penales de otros Estados miembros en procedimientos nacionales, así como el envío a otros Estados miembros de las condenas impuestas en España, basadas en el intercambio de antecedentes penales entre los Estados miembros de la Unión Europea –impulsado por la Decisión Marco 2008/315/JAI, relativa a la organización y al contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los Estados miembros y la Decisión 2009/316/JAI del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se establece el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS)–, ponen de manifiesto la necesidad de simplificar el procedimiento de cancelación de los antecedentes penales, evitando que, transcurridos los plazos previstos en el artículo 136 del Código Penal, figuren vigentes en el Registro Central de Penados condenas que debieran ser canceladas.

Con la reforma, se modifica el artículo 136 del Código Penal para facilitar el procedimiento de cancelación de los antecedentes penales, suprimiendo la exigencia del informe del juez o tribunal sentenciador y el requisito de la constancia del pago de la responsabilidad civil o la insolvencia del penado. Al mismo tiempo se revisan los plazos previstos para la cancelación de los delitos de mayor gravedad, que se elevan hasta los diez años.

Finalmente, se incluye una regulación de la cancelación para los antecedentes de las personas jurídicas que puedan resultar penalmente responsables y de las consecuencias accesorias impuestas.

VII

Se excluyen del cómputo del plazo de prescripción de las penas el tiempo de ejecución de otra pena de la misma naturaleza y el tiempo de suspensión de la condena ya impuesta.

Las penas de la misma naturaleza –en particular, las penas privativas de libertad– se cumplen de forma sucesiva por orden de gravedad ( artículo 75 del Código Penal), por lo que resulta conveniente excluir expresamente, en la regulación del plazo de prescripción de la pena pendiente de cumplimiento, el tiempo durante el cual el penado está cumpliendo otra pena de la misma naturaleza que forzosamente tiene que ser cumplida en primer lugar.

De igual modo, parece conveniente que la interpretación habitual según la cual el período de tiempo de suspensión de la pena no se computa como plazo de prescripción de la misma tenga un reflejo expreso en la ley.

Se introducen algunas correcciones técnicas en el artículo 130 del Código Penal con la finalidad de regular adecuadamente el régimen de extinción de la responsabilidad penal en los casos de suspensión de la ejecución de la pena y de regular la eficacia del perdón en los casos de los delitos leves perseguibles únicamente a instancia del agraviado.

VIII

La regulación del decomiso es objeto de una ambiciosa revisión que introduce importantes modificaciones que tienen como objeto facilitar instrumentos legales que sean más eficaces en la recuperación de activos procedentes del delito y en la gestión económica de los mismos.

La reforma toma en consideración la Directiva europea 2014/42/UE, de 3 de abril, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea.

Las novedades afectan, especialmente, a tres cuestiones: el decomiso sin sentencia; el decomiso ampliado; y el decomiso de bienes de terceros.

Tradicionalmente el decomiso del producto del delito ha estado vinculado a la existencia de una condena previa (penal) por el delito cometido. Con este punto de partida, se había afirmado que un decomiso sin condena es necesariamente contrario al derecho a la presunción de inocencia, pues autoriza el decomiso de efectos procedentes de un delito que no ha sido probado y por el que no se ha impuesto ninguna condena. Sin embargo, tal interpretación solamente viene determinada por un análisis del decomiso apegado a la regulación tradicional del mismo, y desconoce que, como ha afirmado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el decomiso sin condena no tiene una naturaleza propiamente penal, pues no tiene como fundamento la imposición de una sanción ajustada a la culpabilidad por el hecho, sino que «es más comparable a la restitución del enriquecimiento injusto que a una multa impuesta bajo la ley penal» pues «dado que el decomiso se limita al enriquecimiento (ilícito) real del beneficiado por la comisión de un delito, ello no pone de manifiesto que se trate de un régimen de sanción» (Decisión 696/2005, Dassa Foundation vs. Liechtenstein).

El decomiso sin sentencia ya estaba regulado en el apartado 4 del vigente artículo 127, si bien resultaba oportuno aprovechar la reforma para introducir algunas mejoras técnicas en su regulación e introducir las normas procesales necesarias para hacer posible su aplicación.

Frente al decomiso directo y el decomiso por sustitución, el decomiso ampliado se caracteriza, precisamente, porque los bienes o efectos decomisados provienen de otras actividades ilícitas del sujeto condenado, distintas a los hechos por los que se le condena y que no han sido objeto de una prueba plena. Por esa razón, el decomiso ampliado no se fundamenta en la acreditación plena de la conexión causal entre la actividad delictiva y el enriquecimiento, sino en la constatación por el juez, sobre la base de indicios fundados y objetivos, de que han existido otra u otras actividades delictivas, distintas a aquellas por las que se condena al sujeto, de las que deriva el patrimonio que se pretende decomisar. Véase que la exigencia de una prueba plena determinaría no el decomiso de los bienes o efectos, sino la condena por aquellas otras actividades delictivas de las que razonablemente provienen.

El decomiso ampliado no es una sanción penal, sino que se trata de una institución por medio de la cual se pone fin a la situación patrimonial ilícita a que ha dado lugar la actividad delictiva. Su fundamento tiene, por ello, una naturaleza más bien civil y patrimonial, próxima a la de figuras como el enriquecimiento injusto. El hecho de que la normativa de la Unión Europea se refiera expresamente a la posibilidad de que los tribunales puedan decidir el decomiso ampliado sobre la base de indicios, especialmente la desproporción entre los ingresos lícitos del sujeto y el patrimonio disponible, e, incluso, a través de procedimientos de naturaleza no penal, confirma la anterior interpretación.

El decomiso ampliado ya fue introducido en nuestro Derecho por la Ley Orgánica 5/2010 para los delitos de terrorismo y los cometidos por grupos u organizaciones criminales, y ahora se extiende a otros supuestos en los que es frecuente que se produzca una actividad delictiva sostenida en el tiempo de la que pueden derivar importantes beneficios económicos (blanqueo y receptación, trata de seres humanos, prostitución, explotación y abuso de menores, falsificación de moneda, insolvencias punibles, delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, corrupción en los negocios, delitos informáticos, cohecho, malversación o delitos patrimoniales en casos de continuidad delictiva o multirreincidencia). El decomiso ampliado permitirá a los jueces y tribunales, en los supuestos de condenas por delitos que normalmente generan una fuente permanente de ingresos, como ocurre con el tráfico de drogas, terrorismo o blanqueo de capitales, ordenar el decomiso de bienes y efectos del condenado procedentes de otras actividades delictivas, siempre que existan indicios objetivos fundados de la procedencia ilícita de los efectos decomisados. La regulación contempla así una figura que se encuentra ya recogida por el Derecho comparado y que será de aplicación generalizada en el ámbito de la Unión Europea como consecuencia de la mencionada Directiva.

Con la finalidad de facilitar la aplicación de esta figura, se opta por incluir un catálogo abierto de indicios que –entre otros posibles– deberán ser valorados por los jueces y tribunales para resolver sobre el decomiso: la ya mencionada desproporción entre el patrimonio del sujeto responsable de alguno de los delitos contenidos en el catálogo, y sus medios de vida lícitos; la ocultación intencionada de su patrimonio mediante la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, o mediante el recurso a paraísos fiscales; o su transferencia mediante operaciones que dificulten su localización o seguimiento, y que carezcan de justificación económica.

La regulación, por lo demás, es, como se ha afirmado en la jurisprudencia constitucional comparada, ajustada a los principios de culpabilidad y presunción de inocencia, pues no persigue reprochar al condenado la realización de un hecho ilícito, lo que sería propio de una pena, sino conseguir fines ordenadores del patrimonio y de corrección de una situación patrimonial ilícita derivada de un enriquecimiento injusto de origen delictivo; y el decomiso ampliado no presupone ni conlleva una declaración de culpabilidad por la actividad delictiva desarrollada por el sujeto, pues el decomiso ni presupone tal declaración de culpabilidad ni es una pena. La regulación prevé, por ello, que si posteriormente el condenado lo fuera por hechos delictivos similares cometidos con anterioridad, el juez o tribunal deba valorar el alcance del decomiso anterior acordado al resolver sobre el decomiso en el nuevo procedimiento.

En no pocas ocasiones, los bienes y efectos procedentes de actividades delictivas son transferidos por sus autores a terceras personas. La regulación del decomiso de bienes en poder de terceros ya estaba prevista en nuestra legislación, si bien la reforma introduce algunas mejoras técnicas orientadas a incrementar la eficacia y seguridad jurídica en la aplicación de esta regulación.

Con la finalidad de incrementar la eficacia de la nueva regulación, se recoge expresamente la posibilidad de que, en todos aquellos supuestos en los que el decomiso de los bienes o efectos procedentes del delito no resulta posible en todo o en parte (porque no es posible localizarlos, se encuentran fuera del alcance de los tribunales, han sido destruidos, se ha disminuido su valor con relación al que tenían cuando fueron incorporados al patrimonio del sujeto, o por cualquier otra circunstancia), el juez o tribunal puedan, mediante la estimación y valoración de la actividad desarrollada, determinar una cantidad hasta cuyo importe quedará autorizado el decomiso de bienes. Asimismo, para mejorar la gestión de los activos intervenidos, se revisa la regulación contenida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se crea una Oficina de Recuperación y Gestión de Activos a la que corresponderá realizar las actuaciones necesarias para gestionar, del modo económicamente más eficaz, la conservación, realización o utilización de los bienes intervenidos. La reforma pone fin al doble régimen de decomiso (según se tratara de delitos contra la salud pública o de otros de diferente naturaleza) que existía hasta ahora.

IX

Con la finalidad de incorporar las previsiones del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007, ratificado por España el 22 de julio de 2010 y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debe incorporarse la regulación de la inclusión de perfiles de condenados en la base de datos de ADN.

La Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, dispone que se inscribirán en la base de datos policial los datos identificativos extraídos a partir del ADN de muestras o fluidos que, en el marco de una investigación criminal, hubieran sido hallados u obtenidos a partir del análisis de las muestras biológicas del sospechoso, detenido o imputado.

Por ello, actualmente solo son inscritos en España los perfiles genéticos de los sospechosos, detenidos o imputados por determinados delitos, y ello no garantiza que accedan a la base de datos los perfiles de quienes resulten condenados por delitos de especial gravedad.

Lo que se propone es prever, en los supuestos de delitos graves contra la vida, la integridad física, la libertad o la libertad o indemnidad sexual, cuando además se confirma por el tribunal la existencia de un riesgo relevante de reiteración delictiva, la anotación de los perfiles genéticos de condenados en la base de datos policial. La regulación propuesta incluye ese doble requisito (comisión de un delito grave contra la vida, integridad física o libertad sexual, y riesgo de reiteración delictiva), conforme a las exigencias derivadas de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta materia.

Por tanto, mediante la incorporación dentro del Título VI que regula las consecuencias accesorias de un nuevo artículo 129 bis, se da cumplimiento a lo previsto en el Convenio de Lanzarote, y se aproxima nuestra legislación a la de los países de nuestro entorno.

X

La reforma prevé la imposición de una pena de prisión permanente revisable para los asesinatos especialmente graves, que son ahora definidos en el artículo 140 del Código Penal: asesinato de menores de dieciséis años o de personas especialmente vulnerables; asesinatos subsiguientes a un delito contra la libertad sexual; asesinatos cometidos en el seno de una organización criminal; y asesinatos reiterados o cometidos en serie.

Se revisa la definición de asesinato (no agravado), que pasa a incluir los supuestos en los que se causa la muerte de otro para facilitar la comisión de otro delito o evitar su descubrimiento. Y se amplía el marco penal dentro del cual los tribunales deben fijar la pena justa, si bien se mantiene la imposición de la misma en su mitad superior en los casos de concurrencia de varias de las circunstancias que cualifican el asesinato.

Estas mismas circunstancias, por coherencia, pasan a ser también circunstancias que cualifican el delito de homicidio. Al tiempo, se ha previsto también la agravación del homicidio de autoridades, funcionarios y agentes de la autoridad –cuando son víctimas de este delito en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas– con la finalidad, especialmente, de reforzar la protección de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

XI

Se revisa la pena con la que se castiga el delito de detención ilegal o secuestro con desaparición, con la finalidad de garantizar, en estos casos de extraordinaria gravedad, una respuesta penal ajustada a la gravedad de la culpabilidad por el hecho. Y se añaden, además, dos supuestos agravados aplicables en los casos en los que la víctima sea menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, o en los que el delito se haya cometido con una finalidad sexual, o bien el autor hubiera actuado posteriormente con esa finalidad.

XII

Se introducen modificaciones en los delitos contra la libertad sexual para llevar a cabo la transposición de la Directiva 2011/93/UE, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo. La citada Directiva obliga a los Estados miembros a endurecer las sanciones penales en materia de lucha contra los abusos sexuales, la explotación sexual de menores y la pornografía infantil, que sin duda constituyen graves violaciones de los derechos fundamentales y, en particular, de los derechos del niño a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar, tal como establecen la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Como novedad más importante, se eleva la edad del consentimiento sexual a los dieciséis años. La Directiva define la «edad de consentimiento sexual» como la «edad por debajo de la cual, de conformidad con el Derecho Nacional, está prohibido realizar actos de carácter sexual con un menor.» En la actualidad, la edad prevista en el Código Penal era de trece años, y resultaba muy inferior a la de los restantes países europeos –donde la edad mínima se sitúa en torno a los quince o dieciséis años– y una de las más bajas del mundo. Por ello, el Comité de la Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño sugirió una reforma del Código penal español para elevar la edad del consentimiento sexual, adecuándose a las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de la Infancia, y así mejorar la protección que España ofrece a los menores, sobre todo en la lucha contra la prostitución infantil.

De esta manera, la realización de actos de carácter sexual con menores de dieciséis años será considerada, en todo caso, como un hecho delictivo, salvo que se trate de relaciones consentidas con una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez. Y se establecen agravaciones si, además, concurre violencia o intimidación, o si los abusos consisten en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías. En el caso de los menores de edad –de menos de dieciocho años– pero mayores de dieciséis años, constituirá abuso sexual la realización de actos sexuales interviniendo engaño o abusando de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre la víctima.

Por otra parte, se tipifica expresamente la conducta de hacer presenciar a un menor de dieciséis años actos o abusos sexuales sobre otras personas y se prevé la imposición, en estos casos, de penas de hasta tres años de prisión.

En los delitos contra la prostitución, se establece una separación más nítida entre los comportamientos cuya víctima es una persona adulta, de aquellos otros que afectan a menores de edad o a personas con discapacidad necesitadas de especial protección. En este segundo caso, se elevan las penas previstas con el fin de armonizar las legislaciones europeas, y se introducen nuevas agravantes para combatir los supuestos más lesivos de prostitución infantil.

Se modifica el artículo 187 con el objetivo de perseguir con mayor eficacia a quien se lucre de la explotación de la prostitución ajena. Con este fin, se sanciona separadamente el lucro de la prostitución cuando concurran determinadas conductas que evidencien una situación de explotación, dado que la jurisprudencia del Tribunal Supremo había exigido unos requisitos para la apreciación de la exigencia de esta situación similares a los que se aplican en el ámbito de actividades laborales reglamentadas, lo que imposibilitaba en la práctica su persecución penal.

Se presta especial atención al castigo de la pornografía infantil. En primer lugar, se ofrece una definición legal de pornografía infantil tomada de la Directiva 2011/93/UE, que abarca no sólo el material que representa a un menor o persona con discapacidad participando en una conducta sexual, sino también las imágenes realistas de menores participando en conductas sexualmente explícitas, aunque no reflejen una realidad sucedida.

En relación con la pornografía infantil, se castigan los actos de producción y difusión, e incluso la asistencia a sabiendas a espectáculos exhibicionistas o pornográficos en los que participen menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. También se castiga el mero uso o la adquisición de pornografía infantil, y se incluye un nuevo apartado para sancionar a quien acceda a sabiendas a este tipo de pornografía por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, en la conciencia de que las nuevas tecnologías constituyen una vía principal de acceso a los soportes de la pornografía. Por esta misma razón, se faculta expresamente a los jueces y tribunales para que puedan ordenar la adopción de medidas necesarias para la retirada de las páginas web de internet que contengan o difundan pornografía infantil o, en su caso, para bloquear el acceso a dichas páginas.

La protección de los menores frente a los abusos cometidos a través de internet u otros medios de telecomunicación, debido a la facilidad de acceso y el anonimato que proporcionan, se completa con un nuevo apartado en el artículo 183 ter del Código Penal destinado a sancionar al que a través de medios tecnológicos contacte con un menor de dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas.

XIII

Se modifican los delitos relativos a la intromisión en la intimidad de los ciudadanos, con el fin de solucionar los problemas de falta de tipicidad de algunas conductas. El vigente artículo 197 contempla como delito, por un lado, el apoderamiento de cartas, papeles, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos de naturaleza personal de la víctima y, por otro lado, la interceptación de cualquier tipo de comunicación de la víctima, sea cual fuere la naturaleza y la vía de dicha comunicación interceptada. Ambas conductas exigen la falta de consentimiento de la víctima.

Los supuestos a los que ahora se ofrece respuesta son aquellos otros en los que las imágenes o grabaciones de otra persona se obtienen con su consentimiento, pero son luego divulgados contra su voluntad, cuando la imagen o grabación se haya producido en un ámbito personal y su difusión, sin el consentimiento de la persona afectada, lesione gravemente su intimidad.

La reforma lleva a cabo la transposición de la Directiva 2013/40/UE, de 12 de agosto, relativa a los ataques contra los sistemas de información y la interceptación de datos electrónicos cuando no se trata de una comunicación personal.

Las modificaciones propuestas pretenden superar las limitaciones de la regulación vigente para ofrecer respuesta a la delincuencia informática en el sentido de la normativa europea.

De acuerdo con el planteamiento recogido en la Directiva, se introduce una separación nítida entre los supuestos de revelación de datos que afectan directamente a la intimidad personal, y el acceso a otros datos o informaciones que pueden afectar a la privacidad pero que no están referidos directamente a la intimidad personal: no es lo mismo el acceso al listado personal de contactos, que recabar datos relativos a la versión de software empleado o a la situación de los puertos de entrada a un sistema. Por ello, se opta por una tipificación separada y diferenciada del mero acceso a los sistemas informáticos.

Con el mismo planteamiento, y de acuerdo con las exigencias de la Directiva, se incluye la tipificación de la interceptación de transmisiones entre sistemas, cuando no se trata de transmisiones personales: la interceptación de comunicaciones personales ya estaba tipificada en el Código Penal; ahora se trata de tipificar las transmisiones automáticas –no personales– entre equipos.

Se tipifica la facilitación o la producción de programas informáticos o equipos específicamente diseñados o adaptados para la comisión de estos delitos.

Se regulan separadamente, de un modo que permite ofrecer diferentes niveles de respuesta a la diferente gravedad de los hechos, los supuestos de daños informáticos y las interferencias en los sistemas de información.

Finalmente, en estos delitos se prevé la responsabilidad de las personas jurídicas.

XIV

La revisión de la regulación de los delitos contra la propiedad y el patrimonio tiene como objetivo esencial ofrecer respuesta a los problemas que plantea la multirreincidencia y la criminalidad grave.

Con esta finalidad se suprime la falta de hurto, y se introduce un supuesto agravado aplicable a la delincuencia habitual. Los supuestos de menor gravedad, que anteriormente se sancionaban como falta, se regulan ahora como delitos leves; pero se excluye la consideración como leves de todos aquellos delitos en los que concurra alguna circunstancia de agravación –en particular, la comisión reiterada de delitos contra la propiedad y el patrimonio–. De este modo, se solucionan los problemas que planteaba la multirreincidencia: los delincuentes habituales anteriormente eran condenados por meras faltas, pero con esta modificación podrán ser condenados como autores de un tipo agravado castigado con penas de uno a tres años de prisión.

En cualquier caso, por razones de seguridad jurídica y de mayor precisión posible en la descripción penal, se mantiene el límite cuantitativo para una clara delimitación entre el nuevo delito leve de hurto y el tipo básico.

Se modifica el catálogo de agravantes específicas del hurto, también aplicables a los delitos de robo con fuerza en las cosas, y se incluyen los supuestos de aprovechamiento de la situación de desamparo de la víctima, multirreincidencia delictiva, utilización de menores de dieciséis años y comisión del delito por miembro de una organización o grupo criminal, dedicados a la comisión de delitos de la misma naturaleza. También se ofrece respuesta al grave problema que plantean actualmente los delitos cometidos en explotaciones agrarias o ganaderas con causación de perjuicios relevantes a sus titulares; se trata de infracciones cometidas en explotaciones en las que difícilmente es posible adoptar medidas eficaces de protección, circunstancia que es aprovechada para la comisión de estos delitos, y que conllevan la causación a sus propietarios de un perjuicio extraordinariamente elevado, muy superior al que corresponde a la mera valoración de los productos sustraídos, y son causa de una grave sensación de desprotección e inseguridad para quienes los sufren.

Asimismo, debido al grave problema generado por la sustracción de cable de cobre de las redes de servicio público e interés general, también se ha considerado conveniente incorporar una agravación cuando los delitos de hurto o robo afecten a conducciones de suministro eléctrico o de telecomunicaciones. Esta misma agravación se prevé para las conducciones o infraestructuras de hidrocarburos.

Y, del mismo modo, se ha incluido un tipo agravado en el delito de receptación, cuando se trate de bienes o efectos de especial protección o cuya sustracción da lugar a un delito contra el patrimonio de mayor gravedad. Con ello se pretende desincentivar tanto la sustracción de dichos bienes como su venta o tráfico ilícito.

Se modifica la definición de robo con fuerza, que pasa a incluir los supuestos en los que la fuerza se utiliza para abandonar el lugar con el botín (el problema habitual se planteaba en los supuestos de desactivación de los sistemas de alarma desde el interior del lugar). Y se incluye un nuevo supuesto agravado de robo con fuerza determinado por el modo de comisión (butrones, alunizajes) o la gravedad de los daños causados.

Se regula como supuesto agravado el robo con violencia cometido en establecimiento abierto al público, que anteriormente no existía.

El catálogo de supuestos agravados de estafa regulado en el artículo 250 del Código Penal es revisado para incorporar, al igual que el hurto, una referencia a los supuestos de multirreincidencia. Se añade, asimismo, una referencia a los supuestos en los que el delito se comete de un modo que llega a afectar a un elevado número de personas.

XV

La rúbrica de la Sección 2.ª del Capítulo VI del Título XIII del Libro II pasa a denominarse «De la administración desleal», creándose una Sección 2.ª bis en el mismo Capítulo para integrar los delitos de apropiación indebida bajo la rúbrica «De la apropiación indebida».

El Código Penal de 1995 había optado por tipificar la administración desleal como un delito societario, a pesar de que se trata en realidad de un delito patrimonial que puede tener por sujeto pasivo a cualquier persona.

La reforma introduce una regulación moderna de la administración desleal, que no es sólo societaria, entre los delitos patrimoniales, cercana a la existente en las distintas legislaciones europeas. Su desplazamiento desde los delitos societarios a los delitos patrimoniales, que es donde debe estar ubicada la administración desleal de patrimonio ajeno, viene exigido por la naturaleza de aquel delito, un delito contra el patrimonio, en el que, por tanto, puede ser víctima cualquiera, no sólo una sociedad. Razones, pues, de sistemática, exigían tal decisión. A través de este delito se intenta proteger el patrimonio en general, el patrimonio de todo aquel, sea una persona individual o una sociedad, que confiere a otro la administración de su patrimonio, o de aquel cuyo patrimonio ha sido puesto bajo la administración de otro, por decisión legal o de la autoridad, sancionándose las extralimitaciones en el ejercicio de las facultades de disposición sobre ese patrimonio ajeno, salvaguardando así que el administrador desempeñe su cargo con la diligencia de un ordenado empresario y con la lealtad de un fiel representante, en interés de su administrado.

La reforma se aprovecha asimismo para delimitar con mayor claridad los tipos penales de administración desleal y apropiación indebida. Quien incorpora a su patrimonio, o de cualquier modo ejerce facultades dominicales sobre una cosa mueble que ha recibido con obligación de restituirla, comete un delito de apropiación indebida. Pero quien recibe como administrador facultades de disposición sobre dinero, valores u otras cosas genéricas fungibles, no viene obligado a devolver las mismas cosas recibidas, sino otro tanto de la misma calidad y especie; por ello, quien recibe de otro dinero o valores con facultades para administrarlos, y realiza actuaciones para las que no había sido autorizado, perjudicando de este modo el patrimonio administrado, comete un delito de administración desleal.

Esta nueva regulación de la administración desleal motiva a su vez la revisión de la regulación de la apropiación indebida y de los delitos de malversación.

Los delitos de apropiación indebida siguen regulados en una sección diferente, quedando ya fuera de su ámbito la administración desleal por distracción de dinero, que pasa a formar parte del tipo penal autónomo de la administración desleal, lo que hace necesaria una revisión de su regulación, que se aprovecha para simplificar la normativa anterior: se diferencia ahora con claridad según se trate de un supuesto de apropiación con quebrantamiento de la relación de confianza con el propietario de la cosa, supuesto que continúa estando castigado con la pena equivalente a la de la administración desleal y la estafa; o de supuestos de apropiación de cosas muebles ajenas sin quebrantamiento del deber de custodia, como es el caso de la apropiación de cosa perdida no susceptible de ocupación, en donde se mantiene la actual agravación de la pena aplicable en los casos de apropiación de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico, y el caso de la apropiación de cosas recibidas por error.

La malversación constituye en realidad una modalidad de administración desleal que, sin embargo, se mantenía históricamente referida en nuestro Derecho básicamente a supuestos de sustracción de los fondos públicos y, en mucha menor medida, a la posible desviación del destino de los mismos.

La reforma introduce una nueva tipificación de la malversación como un supuesto de administración desleal de fondos públicos. De este modo se incluyen dentro del ámbito de la norma, junto con las conductas de desviación y sustracción de los fondos públicos, otros supuestos de gestión desleal con perjuicio para el patrimonio público. Al igual que en el caso de los particulares, la apropiación indebida de bienes por parte del funcionario es sancionada con una pena equivalente a la de la gestión desleal.

Se incluye un supuesto agravado que es aplicable en todos los casos de causación de un perjuicio al patrimonio público superior a 50.000 euros, y se prevé una agravación mayor de la pena (que permite alcanzar penas de hasta doce años de prisión), en los casos de especial gravedad.

Para los casos de menor gravedad, en los que la entidad del perjuicio patrimonial no exceda de 4.000 euros, se mantiene un tipo atenuado para el que está previsto un marco penal amplio que permita a los tribunales ajustar la pena a las circunstancias del caso y, en cualquier caso, la imposición de penas superiores a las actualmente previstas.

XVI

Se lleva a cabo una revisión técnica de los delitos de insolvencia punible que parte de la necesidad de establecer una clara separación entre las conductas de obstaculización o frustración de la ejecución, a las que tradicionalmente se ha entendido referido el delito de alzamiento de bienes, y los delitos de insolvencia o bancarrota. Estos grupos de delitos pasan a estar regulados en capítulos diferenciados.

Dentro de los delitos de frustración de la ejecución se incluyen, junto al alzamiento de bienes, dos nuevas figuras delictivas que están llamadas a completar la tutela penal de los procedimientos de ejecución y, con ello, del crédito, y que son habituales en el Derecho comparado: de una parte, se tipifica la ocultación de bienes en un procedimiento judicial o administrativo de ejecución; y de otra, la utilización no autorizada por el depositario de bienes embargados por la autoridad.

La nueva regulación de los delitos de concurso punible o insolvencia conjuga una doble necesidad: la de facilitar una respuesta penal adecuada a los supuestos de realización de actuaciones contrarias al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos que se producen en el contexto de una situación de crisis económica del sujeto o empresa y que ponen en peligro los intereses de los acreedores y el orden socioeconómico, o son directamente causales de la situación de concurso; y la de ofrecer suficiente certeza y seguridad en la determinación de las conductas punibles, es decir, aquéllas contrarias al deber de diligencia en la gestión de los asuntos económicos que constituyen un riesgo no permitido.

El nuevo delito de concurso punible o bancarrota se configura como un delito de peligro, si bien vinculado a la situación de crisis (a la insolvencia actual o inminente del deudor) y perseguible únicamente cuando se declara efectivamente el concurso o se produce un sobreseimiento de pagos; y se mantiene la tipificación expresa de la causación de la insolvencia por el deudor.

La norma delimita, con la finalidad de garantizar un grado de seguridad y certeza ajustado a las exigencias derivadas del principio de legalidad, las conductas prohibidas por medio de las cuales puede ser cometido el delito. Para ello, tipifica un conjunto de acciones contrarias al deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos mediante las cuales se reduce indebidamente el patrimonio que es garantía del cumplimiento de las obligaciones, o se dificulta o imposibilita el conocimiento por el acreedor de la verdadera situación económica del deudor.

La nueva regulación se completa con la previsión de un tipo agravado aplicable en los supuestos en los que se causan perjuicios económicos de especial gravedad o en los que la mayor parte del crédito defraudado corresponde a deudas frente a la Hacienda pública y la Seguridad Social. De igual forma, se amplía la protección de los acreedores mediante la tipificación de acciones no justificadas de favorecimiento a acreedores determinados llevadas a cabo, antes de la declaración del concurso, pero cuando el deudor se encontraba ya en una situación de insolvencia actual o inminente.

XVII

Los delitos contra la propiedad intelectual, que fueron modificados con ocasión de la reforma operada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modificó la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introduciéndose entonces una importante mejora técnica de su tipificación, de acuerdo con la realidad social, la configuración de los tipos delictivos y su repercusión en la vida económica y social, son objeto también de revisión en esta reforma, a fin de ofrecer una adecuada protección jurídico-penal, aunque sin olvidar que la Ley de Propiedad Intelectual es el instrumento de protección natural en esta materia y que es absolutamente necesario lograr un cierto equilibrio entre esa protección de la propiedad intelectual y la que también deriva del legítimo uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

En primer lugar, resulta necesario ajustar la respuesta penal a la valoración de la gravedad de la infracción cometida y, con esa finalidad, se fija un marco penal amplio que ofrece al juez un margen adecuado para ajustar la pena a la gravedad de la conducta. En todo caso, se prevé la imposición de una penalidad menor en los supuestos de distribución ambulante o meramente ocasional; y se excluye la imposición de penas de prisión en los supuestos de escasa gravedad, en atención a las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio. Los supuestos de almacenamiento, importación y exportación se castigan, en sus respectivos casos, con las mismas penas.

En segundo lugar, a la conducta típica actual consistente en reproducir, plagiar, distribuir o comunicar públicamente, se añade, para reforzar así la protección que se quiere brindar, la de explotar económicamente de cualquier otro modo una obra o prestación protegida sin la autorización de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual, sustituyéndose, además, el elemento subjetivo «ánimo de lucro» por el de «ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto», con el que se pretende abarcar conductas en las que no se llega a producir un lucro directo, pero sí un beneficio indirecto. Se tipifican expresamente conductas por medio de las cuales se llevan a cabo infracciones de los derechos de propiedad intelectual de los que derivan graves perjuicios: la facilitación de la realización de las conductas anteriores mediante la supresión o neutralización de las medidas tecnológicas utilizadas para evitarlo; la elusión o facilitación de la elusión de las medidas tecnológicas de protección de la propiedad intelectual llevada a cabo con la finalidad de facilitar a terceros el acceso no autorizado a las mismas, cuando esta conducta se ejecuta con intención de obtener un beneficio económico directo o indirecto; y, finalmente, la facilitación del acceso o localización de obras o prestaciones protegidas ofrecidas en internet en forma no autorizada. En estos casos, la orden de retirada de las obras o prestaciones objeto de la infracción dispuesta por la autoridad judicial estará referida tanto a los archivos que contengan las obras o prestaciones protegidas como a los enlaces u otros medios de localización de las mismas.

Lo anterior no afecta a quienes desarrollen actividades de mera intermediación técnica, como puede ser, entre otras, una actividad neutral de motor de búsqueda de contenidos o que meramente enlacen ocasionalmente a tales contenidos de terceros.

La revisión de la regulación vigente contiene también la mejora técnica de la tipificación de la fabricación y puesta en circulación de los medios destinados a facilitar la neutralización de las medidas de protección de la propiedad intelectual, o su posesión con finalidad comercial, ajustando la terminología empleada a la más amplia reflejada en la Directiva 2001/29/CE, así como de la regulación de los supuestos agravados.

Este mismo esquema de regulación, que prevé un régimen escalonado de responsabilidad penal en función de la gravedad de la conducta, es también trasladado a los delitos contra la propiedad industrial.

XVIII

Se crea, dentro del Capítulo XI del Título XIII del Libro II del Código Penal, una nueva sección referida a los «Delitos de corrupción en los negocios», en el que se incluyen los delitos de pago de sobornos para obtener ventajas competitivas (se trate de corrupción en el sector privado o de la corrupción de un agente público extranjero).

Esta modificación se aprovecha también para introducir algunas mejoras técnicas en la regulación de estos delitos que tienen por objeto garantizar la aplicación de estos preceptos en todos los casos en los que, mediante el pago de sobornos, en beneficio propio o de tercero, se obtienen posiciones de ventaja en las relaciones económicas. En el caso de la regulación del cohecho transnacional, se modifica su marco penal, y se solucionan las dificultades que pudiera plantear la concurrencia de esta norma con las que regulan el cohecho en el Código Penal. Con esta finalidad, se precisa que la norma solamente dejará de ser aplicada cuando los hechos puedan ser castigados con una pena más grave en otro precepto del Código, si bien se dispone que, en todo caso, se impondrá la pena de prohibición de contratar con el sector público y de recibir subvenciones o ayudas públicas, beneficios o incentivos fiscales, o de intervenir en transacciones comerciales de trascendencia pública.

La regulación se completa con la inclusión de un tipo agravado aplicable en los casos de especial trascendencia y, en el caso del cohecho, la remisión a la nueva definición funcional de funcionario público introducida en el nuevo artículo 427.

XIX

Se introducen determinadas modificaciones para reforzar la punición de los llamados delitos contra la corrupción en el ámbito de la Administración pública.

De una parte, se establece una previsión especial en materia de libertad condicional: podrá denegarse cuando el penado hubiere eludido el cumplimiento de las responsabilidades pecuniarias o la reparación del daño económico causado a la Administración a que hubiere sido condenado. Con ello se pretende que los condenados a penas privativas de libertad por delitos contra la Administración pública, cuando se haya acreditado una sustracción de fondos públicos o un daño económico a la Administración, no puedan acceder al beneficio de la libertad condicional si no han procedido a la correspondiente reparación económica.

Por otro lado, se revisan las penas previstas para todos los delitos relacionados con la corrupción en el ámbito de la Administración pública, con el fin de elevar las condenas previstas en la actualidad. En primer lugar, la reforma lleva a cabo el aumento generalizado de las penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Así sucede en los delitos de prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, en la apropiación indebida y administración desleal cometida por funcionario público, fraudes y exacciones ilegales, entre otros. Y en segundo lugar, en los delitos más graves en los que ya se prevé la posible imposición de una pena de inhabilitación especial para cargo o empleo público, se añade la imposición adicional (no alternativa) de otra pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo. La inhabilitación especial para cargo público alcanza únicamente al que se ostenta al cometer el delito. De este modo, se impide que el condenado por el delito de corrupción pueda optar durante el tiempo de la condena a un cargo electivo. Así se ha establecido, entre otros, en los delitos de cohecho, prevaricación de funcionario público o tráfico de influencias.

Finalmente, la reforma introduce un nuevo Título XIII bis con la rúbrica «De los delitos de financiación ilegal de los partidos políticos», integrado por los dos nuevos artículos 304 bis y 304 ter, que da respuesta penal a la necesidad de definir un tipo penal específico para estos actos delictivos, ya que en la vigente legislación española no existe un delito concreto que esté tipificado como delito de financiación ilegal de partidos políticos. Con esta modificación se castigará a aquellas personas que acepten y reciban donaciones ilegales o que participen en estructuras u organizaciones cuyo principal objeto sea el de financiar ilegalmente a un partido político.

XX

Los incendios forestales siguen siendo uno de los problemas más importantes que afectan a nuestros montes. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, los incendios forestales de mayor gravedad tienen una causa intencionada, y en muchos casos ocasionan importantes daños al patrimonio natural y a bienes públicos o privados, o generan situaciones de peligro para la integridad física de las personas que pueden acarrear la pérdida de vidas, convirtiéndose en delitos de suma gravedad. Precisamente por ello, en septiembre de 2009 el Parlamento Europeo elaboró una resolución en la que pide a los Estados miembros que endurezcan y apliquen sanciones penales a los actos delictivos que dañen el medio ambiente y las impongan, en particular, a quienes provoquen incendios forestales.

Por tales razones, dentro de los delitos contra la seguridad colectiva se modifican los relativos a incendios forestales para ofrecer una respuesta penal más adecuada a los incendios de mayor gravedad. Se mantiene el tipo básico, pero en los supuestos agravados del artículo 353 se prevé una sanción autónoma y desvinculada del concepto de pena en su mitad superior, elevándose hasta los seis años de prisión. Y se recogen nuevas agravantes en los casos especialmente lesivos para el medio ambiente o generadores de un peligro elevado. Además, cuando los incendios afecten a espacios naturales protegidos se castigarán del mismo modo que los delitos contra el medioambiente, lo que significa que sus autores podrán ser castigados con la pena superior en grado. Por último, se contiene una remisión a los artículos 338 a 340 del Código Penal para solucionar los problemas de reparación del daño causado por el incendio, y permitir la imposición de medidas encaminadas a restaurar el ecosistema forestal dañado y la protección de los espacios naturales.

Por otra parte, en atención a la complejidad inherente a este tipo de delitos, y la necesidad de llevar a cabo una investigación lo más ágil posible, se ha estimado conveniente que la instrucción y el enjuiciamiento de los incendios forestales se encomiende a tribunales profesionales, dejando sin efecto la competencia del tribunal del jurado que establece la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del tribunal del jurado.

XXI

El artículo 637 del Código Penal vigente hasta ahora recogía conductas que deben ser tipificadas como delito, y no como una simple falta, pues no cabe duda de que es necesario proteger la confianza que determinados símbolos, uniformes o insignias generan, y su uso indebido debe ser sancionado penalmente. Por ello, se suprime la falta y se tipifica esa conducta como delito dentro de los tipos penales de usurpación de funciones públicas y de intrusismo.

Al mismo tiempo, se modifica la regulación del intrusismo profesional: se incrementan las penas de multa previstas en el tipo básico; y se mejora la redacción actual de estos delitos incluyendo dentro del supuesto agravado aquéllos en que el culpable ejerce actos propios de una determinada profesión, no sólo cuando se atribuye públicamente la condición de profesional, sino también cuando realiza tales actos en un local o establecimiento abierto al público en el que se anuncia la prestación de servicios propios de aquella profesión. Con ello se pretende hacer frente a casos de intrusismo que no están expresamente previstos en la legislación actual, pero que son frecuentes en la práctica y suponen un evidente fraude que debe sancionarse.

XXII

En materia de violencia de género y doméstica, se llevan a cabo algunas modificaciones para reforzar la protección especial que actualmente dispensa el Código Penal para las víctimas de este tipo de delito.

En primer lugar, se incorpora el género como motivo de discriminación en la agravante 4.ª del artículo 22. La razón para ello es que el género, entendido de conformidad con el Convenio n.o 210 del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, aprobado en Estambul por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 7 de abril de 2011, como «los papeles, comportamientos o actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres», puede constituir un fundamento de acciones discriminatorias diferente del que abarca la referencia al sexo.

Además, se amplía el ámbito de la medida de libertad vigilada. Esta medida, que fue introducida en el Código Penal mediante la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, también se podrá imponer en todos los delitos contra la vida, y en los delitos de malos tratos y lesiones cuando se trate de víctimas de violencia de género y doméstica.

Por otro lado, la desaparición de las faltas, y la adecuación de los tipos penales que ello comporta, no impide mantener la diferenciación en el tratamiento de los delitos relacionados con la violencia de género y doméstica, con el fin de mantener un nivel de protección más elevado. De este modo, aunque la nueva categoría de delitos leves requiera, con carácter general, de la denuncia previa del perjudicado, este requisito de perseguibilidad no se va a exigir en las infracciones relacionadas con la violencia de género y doméstica. Tampoco se exigirá denuncia en estos casos para la persecución del nuevo delito de acoso.

Otra previsión destacable en esta materia es la corrección que se introduce en materia de imposición de penas de multa, con el fin de que no genere consecuencias negativas en el ámbito familiar. Con carácter general, sólo será posible la imposición de penas de multa en este tipo de delitos cuando conste acreditado que entre agresor y víctima no existen relaciones económicas derivadas de una relación conyugal, de convivencia o filiación, o existencia de una descendencia común.

Finalmente, en relación con los dispositivos telemáticos para controlar las medidas cautelares y las penas de alejamiento en materia de violencia de género, se están planteando problemas sobre la calificación penal de ciertas conductas del imputado o penado tendentes a hacerlos ineficaces, a las que se alude en la Circular 6/2011, de la Fiscalía General del Estado, sobre criterios para la unidad de actuación especializada del Ministerio Fiscal en relación a la violencia sobre la mujer. Por ello, se considera adecuado tipificar expresamente estas conductas dentro de los delitos de quebrantamiento, a fin de evitar que queden impunes los actos tendentes a alterar o impedir el correcto funcionamiento de dichos dispositivos.

XXIII

Se introduce una nueva definición del atentado que incluye todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre el agente, pero en la que no se equipara el empleo de violencia sobre el agente con la acción de resistencia meramente pasiva, que continúa sancionándose con la pena correspondiente a los supuestos de desobediencia grave. Los supuestos de desobediencia leve dejan de estar sancionados penalmente y serán corregidos administrativamente.

En relación con las faltas de consideración y respeto a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, pasan a ubicarse en el segundo párrafo del artículo 556 del Código Penal, como delito leve.

Como novedad, se refleja de manera explícita que en todo caso se considerarán actos de atentado los que se cometan contra funcionarios de sanidad y educación en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de las mismas, dando visibilidad a lo que, por otra parte, ya venía recogiendo la jurisprudencia mayoritaria.

Los delitos de atentado pueden ser cometidos por medio de conductas muy diferentes cuya gravedad puede ser muy desigual. Por esta razón, se opta por modificar las penas con las que se castigan estos delitos reduciendo el límite inferior de la pena que puede ser impuesta. Y, por otro lado, se ofrece una respuesta contundente a todos aquellos supuestos de atentado en los que concurren circunstancias de las que deriva su especial reprochabilidad: utilización de armas u objetos peligrosos; lanzamiento de objetos contundentes, líquidos inflamables o corrosivos; acometimiento con un vehículo de motor, o cuando los hechos se lleven a cabo con ocasión de un motín, plante o incidente colectivo en el interior de un centro penitenciario.

Se incluyen como sujetos protegidos, junto con los ciudadanos que acuden en auxilio de los agentes de la autoridad, los miembros de los equipos de asistencia y rescate que acuden a prestar auxilio a otro en un accidente o en una calamidad pública. En estos casos está prevista ahora la imposición de la misma pena que cuando los hechos se cometen sobre una autoridad, agente o funcionario. Esta agravación del marco penal tiene una doble justificación: la disminución de la pena mínima con la que se castigan estos delitos; y la consideración de que quien acude en auxilio de una autoridad, agente o funcionario, o asume en determinadas condiciones el desempeño de funciones públicas o de gran relevancia social, debe recibir una protección equivalente a la de aquéllos que intervienen con carácter oficial.

XXIV

La anterior regulación de la alteración del orden público –de origen decimonónico– no definía el delito, sino que yuxtaponía una serie de conductas punibles, lo que generaba problemas de tipicidad, en algunos casos, y concursales en otros. Estos problemas se solucionan mediante la definición de «alteración del orden público» a partir de la referencia al sujeto plural y a la realización de actos de violencia sobre cosas y personas. También se sanciona expresamente la conducta de aquéllos que no participan directamente en los actos de violencia, pero incitan a los otros, o refuerzan su disposición a llevarlos a cabo. Se incluye una regla concursal que prevé la imposición conjunta de las penas correspondientes a la alteración, y de las que correspondan a los concretos actos de violencia o de causación de daños que se hubieran ejecutado.

Se tipifican, como supuestos agravados, los de porte de armas, exhibición de armas de fuego simuladas, realización de acciones violentas especialmente peligrosas para la vida o la integridad de las personas, o comisión de actos de pillaje. Y se regula como supuesto atenuado la entrada en locales y establecimientos de un modo que altere su normal actividad, cuando no se hubieran llegado a producir actos de violencia o amenazas, conducta que la regulación anterior equiparaba a los desórdenes violentos.

También se introduce un nuevo tipo penal, esto es, la difusión de mensajes que inciten a la comisión de alguno de los delitos agravados de alteración del orden público. De este modo, se evita la sanción general de la mera realización de comentarios que puedan incitar de un modo más o menos indirecto a los desórdenes públicos, y solamente se sancionan los actos de incitación a desórdenes especialmente graves cuya delimitación no plantea dificultades.

Además, se revisa la redacción del actual artículo 561 (aviso falso de bomba), para incluir los supuestos de activación mediante noticias falsas de los servicios sanitarios o de emergencia.

XXV

La reforma operada en el Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, introdujo el delito de trata de seres humanos en el actual artículo 177 bis. Este delito se tipificó con anterioridad a la Directiva 2011/36/UE, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo. Aunque la reforma del año 2010 tuvo en cuenta el proyecto que finalmente se materializó en la citada Directiva, existen varias cuestiones que no fueron reflejadas en la redacción actual y que es preciso incluir para una completa transposición de la normativa europea.

En concreto, dentro de las formas de comisión del delito se incluye la entrega o recepción de pagos para obtener el consentimiento de la persona que controla a las víctimas, o la trata con la finalidad de concertar matrimonios forzados. También se tipifica la explotación con la finalidad de que las víctimas cometan actos delictivos para los explotadores. Se delimita el concepto de vulnerabilidad, conforme al texto de la Directiva europea. Y se agrava la pena para los supuestos de creación de peligro de causación de lesiones graves.

Por otra parte, también resulta necesario revisar la regulación de los delitos de inmigración ilegal tipificados en el artículo 318 bis. Estos delitos se introdujeron con anterioridad a que fuera tipificada separadamente la trata de seres humanos para su explotación, de manera que ofrecían respuesta penal a las conductas más graves que actualmente sanciona el artículo 177 bis. Sin embargo, tras la tipificación separada del delito de tráfico de seres humanos se mantuvo la misma penalidad extraordinariamente agravada y, en muchos casos, desproporcionada, para todos los supuestos de delitos de inmigración ilegal. Por ello, se hacía necesario revisar la regulación del artículo 318 bis con una doble finalidad: de una parte, para definir con claridad las conductas constitutivas de inmigración ilegal conforme a los criterios de la normativa de la Unión Europea, es decir, de un modo diferenciado a la trata de seres humanos, como establece la Directiva 2002/90/CE; y, de otra, para ajustar las penas conforme a lo dispuesto en la Decisión Marco 2002/946/JAI, que únicamente prevé para los supuestos básicos la imposición de penas máximas de una duración mínima de un año de prisión, reservando las penas más graves para los supuestos de criminalidad organizada y de puesta en peligro de la vida o la integridad del inmigrante. De este modo, se delimita con precisión el ámbito de las conductas punibles, y la imposición obligatoria de penas de prisión queda reservada para los supuestos especialmente graves. En todo caso, se excluye la sanción penal en los casos de actuaciones orientadas por motivaciones humanitarias.

La reforma culmina también la transposición efectiva de la Directiva 2009/52/CE, por la que se establecen las normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular.

XXVI

Se modifica la regulación de las conductas de incitación al odio y a la violencia por un doble motivo: de una parte, la sentencia del Tribunal Constitucional 235/2007, de 7 de noviembre, impone una interpretación del delito de negación del genocidio que limite su aplicación a los supuestos en los que esta conducta constituya una incitación al odio u hostilidad contra minorías; y de otra, se trata de conductas que deben ser objeto de una nueva regulación ajustada a la Decisión Marco 2008/913/JAI, que debe ser traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico.

Se regulan conjuntamente, y de un modo ajustado a la exigencia de la Decisión Marco 2008/913/JAI, más amplio que el actual, los antiguos artículos 510 y 607 del Código Penal. El cambio de ubicación del artículo 607 viene justificado por el propio texto de la Decisión Marco y por el hecho de que el Tribunal Constitucional haya impuesto que la negación del genocidio solamente puede ser delictiva como forma de incitación al odio o a la hostilidad. De igual forma, la Decisión Marco impone la tipificación de la negación del genocidio en la medida en que se trate de una forma de incitación al odio contra minorías.

La nueva regulación tipifica dos grupos de conductas: de una parte, y con una penalidad mayor, las acciones de incitación al odio o la violencia contra grupos o individuos por motivos racistas, antisemitas u otros relativos a su ideología, religión, etnia o pertenencia a otros grupos minoritarios, así como los actos de negación o enaltecimiento de los delitos de genocidio, lesa humanidad o contra las personas o bienes protegidos en caso de conflicto armado que hubieran sido cometidos contra esos grupos, cuando ello promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad u odio contra los mismos; y de otra parte, los actos de humillación o menosprecio contra ellos y el enaltecimiento o justificación de los delitos cometidos contra los mismos o sus integrantes con una motivación discriminatoria, sin perjuicio de su castigo más grave cuando se trate de acciones de incitación al odio o a la hostilidad contra los mismos, o de conductas idóneas para favorecer un clima de violencia.

Asimismo, se prevé una agravación de la pena para los supuestos de comisión de estos delitos a través de internet u otros medios de comunicación social, así como para los supuestos en los que se trate de conductas que, por sus circunstancias, o por el contexto en el que se produzcan, resulten idóneas para alterar la paz pública o menoscabar gravemente el sentimiento de seguridad de los integrantes de los grupos afectados.

Se incluyen medidas para la destrucción de los documentos, archivos o materiales por medio de los cuales se hubiera cometido el delito, o para impedir el acceso a los mismos.

Finalmente, se incluye la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

XXVII

Las personas con discapacidad deben ser objeto de una protección penal reforzada en atención a su especial vulnerabilidad. Las normas del Código Penal que sirven a este fin deben ser adecuadas a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, que pretende prevenir las conductas discriminatorias que puedan impedirles el disfrute de sus derechos en igualdad de condiciones. Es preciso llevar a cabo una adecuación de la referida Convención a nuestro Código Penal, y ello exige una actualización de los términos empleados para referirse a las personas con discapacidad. El texto original del Código Penal se refiere impropiamente a «minusvalía» o a «incapaces», una terminología ya superada en nuestro ordenamiento jurídico con anterioridad a la Convención, desde la aprobación de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, y que debe sustituirse por los términos más adecuados de «discapacidad» y de «persona con discapacidad necesitada de una especial protección».

A tal fin, se modifica el artículo 25 para actualizar tales términos y ofrecer una definición más precisa de las personas que constituyen objeto de una especial protección penal. Tal modificación encuentra plena consonancia con lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, que establece en su disposición adicional octava que las referencias que en los textos normativos se efectúan a «minusválidos» y a «personas con minusvalía», se entenderán realizadas a «personas con discapacidad». Y para mayor claridad y refuerzo de esta previsión, con la reforma se decide incorporar un apartado para que todas las referencias hechas en el Código Penal al término «minusvalía» se sustituyan por el término «discapacidad», y que el término «incapaz» se sustituya por el de «persona con discapacidad necesitada de especial protección».

De igual modo, se da un mejor tratamiento a la esterilización acordada por órgano judicial, que se circunscribe a supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos. El nuevo artículo 156 se remite a las leyes procesales civiles, que regularán los supuestos de esterilización de la forma más adecuada y garantista para los derechos de las personas afectadas. En tanto se dicte esta nueva normativa, se mantendrá la vigencia de la actual regulación que contempla el Código.

XXVIII

Se tipifica el matrimonio forzado para cumplir con los compromisos internacionales suscritos por España en lo relativo a la persecución de los delitos que atentan contra los derechos humanos.

Así, la propia Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, incluye el matrimonio forzado entre las conductas que pueden dar lugar a una explotación de personas. Igualmente, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas, ratificada por España, establece en su artículo 16 que «los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: a) El mismo derecho para contraer matrimonio; b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento».

Resultaba oportuna, por todo lo anterior, la tipificación específica de este delito, que ya está regulado en otros países de nuestro entorno como Francia, Dinamarca, Reino Unido, Alemania o Noruega. Tratándose de un comportamiento coactivo, se ha estimado oportuno tipificarlo como un supuesto de coacciones cuando se compeliere a otra persona a contraer matrimonio. Y también se castiga a quien utilice medios coactivos para forzar a otro a abandonar el territorio español o a no regresar al mismo, con esa misma finalidad de obligarle a contraer matrimonio.

XXIX

También dentro de los delitos contra la libertad, se introduce un nuevo tipo penal de acoso que está destinado a ofrecer respuesta a conductas de indudable gravedad que, en muchas ocasiones, no podían ser calificadas como coacciones o amenazas. Se trata de todos aquellos supuestos en los que, sin llegar a producirse necesariamente el anuncio explícito o no de la intención de causar algún mal (amenazas) o el empleo directo de violencia para coartar la libertad de la víctima (coacciones), se producen conductas reiteradas por medio de las cuales se menoscaba gravemente la libertad y sentimiento de seguridad de la víctima, a la que se somete a persecuciones o vigilancias constantes, llamadas reiteradas, u otros actos continuos de hostigamiento.

Se aprovecha la reforma para introducir determinadas correcciones al texto vigente.

Se incluyen las armas nucleares y radiológicas dentro de la tipificación penal de los delitos de tenencia y depósito de armas, municiones o explosivos contenida en el Capítulo V del Título XXII.

Se elimina la referencia en pesetas que todavía se mantenía en la redacción del vigente artículo 265, que es actualizada a la cantidad de 1.000 euros.

Se corrige la omisión, en el artículo 306, de la imposición –como está previsto en el resto de los delitos contra la Hacienda pública–, de la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

Y, finalmente, se corrigen las referencias a los sujetos pasivos de los delitos relativos a la Corona.

XXXI

En la actualidad debe primarse la racionalización del uso del servicio público de Justicia, para reducir la elevada litigiosidad que recae sobre juzgados y tribunales, con medidas dirigidas a favorecer una respuesta judicial eficaz y ágil a los conflictos que puedan plantearse. Al tiempo, el Derecho Penal debe ser reservado para la solución de los conflictos de especial gravedad.

Una buena parte de los operadores jurídicos viene reclamando la supresión de las infracciones penales constitutivas de falta: por la notoria desproporción que existe entre los bienes jurídicos que protegen y la inversión en tiempo y medios que requiere su enjuiciamiento; pero también por la dudosa necesidad de que conductas carentes en muchos casos de gravedad suficiente, deban ser objeto de un reproche penal. En tal sentido se viene pronunciando la Fiscalía General del Estado, que aboga por que las actuales infracciones consideradas como faltas penales queden al margen del Código Penal por su escasa gravedad. Y también el Consejo General del Poder Judicial, que de forma reciente ha propuesto despenalizar ciertos comportamientos tipificados como faltas penales como medida adecuada para reducir los elevados niveles de litigiosidad, que son especialmente altos en el orden jurisdiccional penal.

En nuestro Derecho no existe una diferencia cualitativa entre delitos y faltas. Las diferencias son puramente formales, por el carácter que la ley otorga a una u otra infracción, o cuantitativas en atención al tipo de pena que se les impone. La tipificación de determinadas conductas como faltas penales obedece a simples razones de política criminal, que en el momento actual carecen de suficiente justificación. Y se aprecia una cierta distorsión en la comparativa con el Derecho administrativo sancionador, que en muchos casos ofrece una respuesta sancionadora más contundente que la prevista en el Código Penal para conductas teóricamente más graves. De ahí que la reforma lleve a cabo una supresión definitiva del catálogo de faltas regulado en el Libro III del Código Penal, tipificando como delito leve aquellas infracciones que se estima necesario mantener.

La supresión de las infracciones constitutivas de falta introduce coherencia en el sistema sancionador en su conjunto, pues una buena parte de ellas describen conductas sancionadas de forma más grave en el ámbito administrativo; en otras ocasiones, se trata de infracciones que son corregidas de forma más adecuada en otros ámbitos, como las faltas contra las relaciones familiares que tienen una respuesta más apropiada en el Derecho de familia; y, en algunos casos, regulan conductas que, en realidad, son constitutivas de delito o deberían ser reguladas de forma expresa como delito.

Esta modificación no supone necesariamente una agravación de las conductas ni de las penas actualmente aplicables a las faltas. Algunos comportamientos tipificados hasta ahora como falta desaparecen del Código Penal y se reconducen hacia la vía administrativa o la vía civil, dejando de sancionarse en el ámbito penal. Sólo se mantienen aquellas infracciones merecedoras de suficiente reproche punitivo como para poder incluirlas en el catálogo de delitos, configurándose en su mayoría como delitos leves castigados con penas de multa. La pretensión es clara: reservar al ámbito penal el tratamiento de las conductas más graves de la sociedad, que por ello deben merecer un tratamiento acorde a su consideración.

La nueva categoría de delitos leves permite subsumir aquellas conductas constitutivas de falta que se estima necesario mantener. Pero también se logra un tratamiento diferenciado de estas infracciones para evitar que se deriven consecuencias negativas no deseadas. A diferencia de lo que se establece para delitos graves y menos graves, la condición de delito leve se atribuye cuando la pena prevista, por su extensión, pueda considerarse como leve y como menos grave. Con ello se evita que el amplio margen establecido para la pena en algún supuesto pueda dar lugar a su consideración como delito menos grave. Además, el plazo de prescripción de estas infracciones se establece en un año, equiparándose a las injurias y calumnias como delitos tradicionalmente considerados de menor entidad a estos efectos. Y se establece expresamente que la existencia de antecedentes penales por la comisión de delitos leves no permitirá apreciar la agravante de reincidencia.

En general se recurre a la imposición de penas de multa, que se estiman más adecuadas para sancionar infracciones de escasa entidad, y además con un amplio margen de apreciación para que el juez o tribunal pueda valorar la gravedad de la conducta. No obstante, se recurre a la imposición de penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de la localización permanente cuando se trata de delitos de violencia de género y doméstica, con el fin de evitar los efectos negativos que para la propia víctima puede conllevar la imposición de una pena de multa.

La reforma supone la derogación completa del Libro III del Código Penal, de forma que desaparece la infracción penal constitutiva de falta. Ello exige adecuar un gran número de artículos que hacen referencia a la dualidad delito o falta, simplemente para eliminar esa mención a las faltas penales. De ahí la extensión de la reforma que se acomete, que en muchos casos consiste en una mera adecuación de la regulación a la supresión del sistema dualista, como sucede con buena parte de los artículos de la parte general del Código Penal, o con otros preceptos de la parte especial como los relativos a las asociaciones ilícitas, la prevaricación judicial o la imputación de delitos, o también el castigo de la receptación en faltas, que con la reforma queda derogado.

En cuanto a la supresión de las faltas contra las personas que recogía el Título I del Libro III del Código Penal, en su mayoría se trata de conductas tipificadas ya como delitos, que pueden incluirse en cada uno de ellos como subtipo atenuado aplicable a los supuestos en los que las circunstancias del hecho evidencian una menor gravedad.

Así, desaparecen las faltas de lesiones, que se incorporan en el catálogo de delitos leves. Las lesiones de menor gravedad, que no requieren tratamiento médico o quirúrgico, se sancionarán en el tipo atenuado del apartado 2 del artículo 147. Se tipifica también como delito leve «el que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión», esto es, la falta del actual apartado 2 del artículo 617, que se agrava en el caso de víctimas vulnerables por el artículo 153, al igual que las lesiones leves del apartado 2 del artículo 147.

En atención a la escasa gravedad de las lesiones y de los maltratos de obra, sólo van a ser perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Con ello se evita la situación actual, en la que un simple parte médico de lesiones de escasa entidad obliga al juez de instrucción a iniciar todo un proceso judicial y a citar al lesionado para que acuda obligatoriamente al juzgado a fin de hacerle el ofrecimiento de acciones como perjudicado, con los inconvenientes que ello le ocasiona. Parece más adecuado que sólo se actúe cuando el perjudicado interponga denuncia. Ahora bien, en los casos de violencia de género no se exigirá denuncia previa para perseguir las lesiones de menor gravedad y el maltrato de obra.

En cuando al homicidio y lesiones imprudentes, se estima oportuno reconducir las actuales faltas de homicidio y lesiones por imprudencia leve hacia la vía jurisdiccional civil, de modo que sólo serán constitutivos de delito el homicidio y las lesiones graves por imprudencia grave (apartado 1 del artículo 142 y apartado 1 del artículo 152), así como el delito de homicidio y lesiones graves por imprudencia menos grave, que entrarán a formar parte del catálogo de delitos leves (apartado 2 del artículo 142 y apartado 2 del artículo 152 del Código Penal). Se recoge así una modulación de la imprudencia delictiva entre grave y menos grave, lo que dará lugar a una mejor graduación de la responsabilidad penal en función de la conducta merecedora de reproche, pero al mismo tiempo permitirá reconocer supuestos de imprudencia leve que deben quedar fuera del Código Penal. No toda actuación culposa de la que se deriva un resultado dañoso debe dar lugar a responsabilidad penal, sino que el principio de intervención mínima y la consideración del sistema punitivo como última ratio, determinan que en la esfera penal deban incardinarse exclusivamente los supuestos graves de imprudencia, reconduciendo otro tipo de conductas culposas a la vía civil, en su modalidad de responsabilidad extracontractual o aquiliana de los artículos 1902 y siguientes del Código Civil, a la que habrá de acudir quien pretenda exigir responsabilidad por culpa de tal entidad.

Se suprimen las faltas de abandono previstas en el apartado 1 del artículo 618 y en el artículo 619 del Código Penal. Los supuestos graves de abandono a un menor desamparado o a una persona con discapacidad necesitada de especial protección pueden subsumirse en el delito de omisión del deber de socorro. Y lo mismo sucede con la conducta del artículo 619 –denegación de asistencia a personas desvalidas de edad avanzada–, que constituye bien un supuesto de omisión del deber de socorro o bien un delito de resultado, cuando se comete por quien, como garante, viene obligado a garantizar la asistencia al anciano.

También se derogan el apartado 2 del artículo 618 y el artículo 622 del Código Penal sin incluir nuevas sanciones delictivas, pues las conductas más graves de incumplimiento de deberes familiares están ya tipificadas como delito en los artículos 226 y siguientes. Y los incumplimientos graves de convenios o sentencias pueden dar lugar a responsabilidad por desobediencia. Los casos de mera obstaculización, cumplimiento defectuoso o incumplimientos sin la gravedad suficiente tienen un régimen sancionador en el artículo 776 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Las amenazas y coacciones de carácter leve se sancionan como subtipo atenuado en cada uno de los respectivos delitos, manteniéndose la exigencia de su persecución sólo a instancia de parte. En cambio, las injurias leves y las vejaciones injustas, salvo cuando se cometen sobre alguna de las personas a que se refiere el apartado 2 del artículo 173, quedan al margen del ámbito penal, por tratarse de ofensas de carácter privado cuya reparación puede exigirse en la vía jurisdiccional civil o mediante los actos de conciliación. La intención, por tanto, es que sólo se deriven a la vía penal aquellas conductas que tengan verdadera entidad y relevancia, cuando además no existan medios alternativos para la solución del conflicto.

En el caso de las infracciones contra el patrimonio, la derogación de las faltas supone la incorporación de nuevos tipos atenuados en los correspondientes delitos de referencia, manteniendo el criterio cuantitativo para sancionar las infracciones de menor gravedad.

Desaparecen las faltas consistentes en el deslucimiento de bienes muebles e inmuebles del artículo 626, así como la causación de daños de escasa entidad en bienes de valor cultural, que pueden reconducirse al delito de daños u otras figuras delictivas cuando revistan cierta entidad, o acudir a un resarcimiento civil; en el caso de bienes de dominio público, también puede acudirse a la sanción administrativa.

En cuanto a las faltas contra los intereses generales, se reconducen a figuras atenuadas de delito los supuestos de uso de moneda falsa (artículo 386) o la distribución o utilización de sellos de correos o efectos timbrados falsos (artículo 389). Y se suprimen las faltas actualmente tipificadas en el artículo 630, apartado 1 del artículo 631 y apartado 1 del artículo 632, pues se trata de conductas que ya son objeto de corrección suficiente –y más adecuada– por el Derecho administrativo sancionador y que pueden ser en todo caso objeto de sanción penal en los casos más graves en los que llegan a causarse daños.

No se aprecian razones suficientes para justificar el mantenimiento de las infracciones penales previstas en el artículo 630 y el apartado 1 del artículo 631, pudiendo acudirse a la sanción administrativa, o a otros delitos si finalmente se causan daños. En cambio, sí parece conveniente mantener como infracción penal el abandono de animales domésticos que castiga el apartado 2 del artículo 631, que pasa a constituir un tipo atenuado del maltrato de animales del artículo 337 bis del Código Penal. La reforma aprovecha, en este punto, para reforzar la protección de los animales mediante una definición de los que son objeto del delito que incrementa la seguridad en la aplicación de la norma, y una revisión de las conductas punibles, incluyendo la explotación sexual de animales, y de las sanciones aplicables a las mismas. Como novedad importante, además de las correspondientes penas de prisión o multa en función de la gravedad, se prevé la posibilidad de imponer las penas de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

Por lo que se refiere a las faltas contra el orden público, los supuestos de alteraciones relevantes están ya castigados como delito, al igual que los supuestos de atentado, resistencia y desobediencia. Se deriva a la vía administrativa la realización de actividades sin seguro obligatorio. No obstante, se mantiene el castigo penal para el que se mantuviere en un domicilio social o local fuera de las horas de apertura, como subtipo atenuado del artículo 203; o el uso de uniforme o la atribución pública de la condición de profesional, que se tipifica en un nuevo artículo 402 bis dentro de la mejora de los tipos penales de usurpación de funciones públicas y de intrusismo.

La reforma se completa con una revisión de la regulación del juicio de faltas que contiene la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que continuará siendo aplicable a los delitos leves. En el caso de las infracciones de menor gravedad (los delitos leves) existen habitualmente conductas que resultan típicas pero que no tienen una gravedad que justifique la apertura de un proceso y la imposición de una sanción de naturaleza penal, y en cuya sanción penal tampoco existe un verdadero interés público. Para estos casos se introduce, con una orientación que es habitual en el Derecho comparado, un criterio de oportunidad que permitirá a los jueces, a petición del Ministerio Fiscal, valorada la escasa entidad del hecho y la falta de interés público, sobreseer estos procedimientos.

Con esta modificación se introduce un instrumento que permite a los jueces y tribunales prescindir de la sanción penal de las conductas de escasísima gravedad, con lo que se consigue una realización efectiva del principio de intervención mínima, que orienta la reforma del Código Penal en este punto; y, al tiempo, se consigue descargar a los tribunales de la tramitación de asuntos menores carentes de verdadera relevancia que congestionan su actividad y reducen los recursos disponibles para el esclarecimiento, persecución y sanción de las conductas realmente graves.

Finalmente, con el fin de evitar los problemas de transitoriedad derivados de la aplicación inmediata de los nuevos delitos leves, se han incluido normas para adaptar la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal. De esta forma, los delitos leves se sustanciarán conforme al procedimiento previsto en el Libro VI de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se adecúa a la nueva categoría delictiva, manteniendo los juzgados de instrucción y los juzgados de violencia de género la competencia para el conocimiento y fallo de estos delitos. También se regula la situación transitoria de los juicios de faltas iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley.


Texto completo de la Ley Orgánica 10/1995 y Ley Orgánica 15/2003, del Código Penal (Textos refundidos) Texto completo de la Ley Orgánica (Textos refundidos)

TITULO XVI: DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL URBANISMO, LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y DEL MEDIO AMBIENTE Modificada la rúbrica por Ley Orgánica 15/2003, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.

CAPITULO PRIMERO: DE LOS DELITOS SOBRE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL URBANISMO Modificada la rúbrica por Ley Orgánica 15/2003, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.

Artículo 319. Modificado por Ley Orgánica 5/2010, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.

1. Se impondrán las penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección.

2. Se impondrá la pena de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cuatro años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en el suelo no urbanizable.

3. Modificado por Ley Orgánica 1/2015, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal. En cualquier caso, los jueces o tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la demolición de la obra y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe, y valorando las circunstancias, y oída la Administración competente, condicionarán temporalmente la demolición a la constitución de garantías que aseguren el pago de aquéllas. En todo caso se dispondrá el decomiso de las ganancias provenientes del delito cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar.

4. En los supuestos previstos en este artículo, cuando fuere responsable una persona jurídica de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis de este Código se le impondrá la pena de multa de uno a tres años, salvo que el beneficio obtenido por el delito fuese superior a la cantidad resultante en cuyo caso la multa será del doble al cuádruple del montante de dicho beneficio.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

Artículo 320. Modificado por Ley Orgánica 1/2015, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.

1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial o urbanística vigentes, o que con motivo de inspecciones haya silenciado la infracción de dichas normas o que haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de un año y seis meses a cuatro años y la de multa de doce a veinticuatro meses.

2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de la aprobación de los instrumentos de planeamiento, los proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción o edificación o la concesión de las licencias a que se refiere el apartado anterior, a sabiendas de su injusticia.

CAPITULO II: DE LOS DELITOS SOBRE EL PATRIMONIO HISTÓRICO

Artículo 321.

Los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cinco años.
En cualquier caso, los Jueces o Tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho, la reconstrucción o restauración de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe.

Artículo 322.

1. La Autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos será castigado además de con la pena establecida en el artículo 404 de este Código con la de prisión de seis meses a dos años o la de multa de doce a veinticuatro meses.

2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia.

Artículo 323. Modificado por Ley Orgánica 1/2015, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.

1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses el que cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos. Con la misma pena se castigarán los actos de expolio en estos últimos.

2. Si se hubieran causado daños de especial gravedad o que hubieran afectado a bienes cuyo valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental fuera especialmente relevante, podrá imponerse la pena superior en grado a la señalada en el apartado anterior.

3. En todos estos casos, los jueces o tribunales podrán ordenar, a cargo del autor del daño, la adopción de medidas encaminadas a restaurar, en lo posible, el bien dañado.

Artículo 324. Modificado por Ley Orgánica 1/2015, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.

El que por imprudencia grave cause daños, en cuantía superior a 400 euros, en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o en bienes de valor artístico, histórico, cultural, científico o monumental, así como en yacimientos arqueológicos, será castigado con la pena de multa de tres a 18 meses, atendiendo a la importancia de los mismos.

CAPITULO III: DE LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE

Artículo 325. Modificado por Ley Orgánica 1/2015, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.

1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años el que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, provoque o realice directa o indirectamente emisiones, vertidos, radiaciones, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas.

2. Si las anteriores conductas, por sí mismas o conjuntamente con otras, pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.

Si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas, se impondrá la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.

Artículo 326. Modificado por Ley Orgánica 1/2015, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.

1. Serán castigados con las penas previstas en el artículo anterior, en sus respectivos supuestos, quienes, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, recojan, transporten, valoricen, transformen, eliminen o aprovechen residuos, o no controlen o vigilen adecuadamente tales actividades, de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas, muerte o lesiones graves a personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales.

2. Quien, fuera del supuesto a que se refiere el apartado anterior, traslade una cantidad no desdeñable de residuos, tanto en el caso de uno como en el de varios traslados que aparezcan vinculados, en alguno de los supuestos a que se refiere el Derecho de la Unión Europea relativo a los traslados de residuos, será castigado con una pena de tres meses a un año de prisión, o multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de tres meses a un año.

Artículo 326 bis. Añadido por Ley Orgánica 1/2015, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.

Serán castigados con las penas previstas en el artículo 325, en sus respectivos supuestos, quienes, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, lleven a cabo la explotación de instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa o en las que se almacenen o utilicen sustancias o preparados peligrosos de modo que causen o puedan causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, a animales o plantas, muerte o lesiones graves a las personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales.

Artículo 327. Modificado por Ley Orgánica 1/2015, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.

Los hechos a los que se refieren los tres artículos anteriores serán castigados con la pena superior en grado, sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código, cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el artículo anterior concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Que la industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones.

b) Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el artículo anterior.

c) Que se haya falseado u ocultado información sobre los aspectos ambientales de la misma.

d) Que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la Administración.

e) Que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico.

f) Que se produzca una extracción ilegal de aguas en período de restricciones.

Artículo 328. Modificado por Ley Orgánica 1/2015, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Capítulo, se le impondrán las siguientes penas:

a) Multa de uno a tres años, o del doble al cuádruple del perjuicio causado cuando la cantidad resultante fuese más elevada, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad.

b) Multa de seis meses a dos años, o del doble al triple del perjuicio causado si la cantidad resultante fuese más elevada, en el resto de los casos.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.

Artículo 329.

1. Modificado por Ley Orgánica 1/2015, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes a que se refieren los artículos anteriores, o que con motivo de sus inspecciones hubiere silenciado la infracción de leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulen, o que hubiere omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio, será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de seis meses a tres años y la de multa de ocho a veinticuatro meses.

2. Con las mismas penas se castigará a la Autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado hubiese resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia.

Artículo 330.

Quien, en un espacio natural protegido dañare gravemente alguno de los elementos que hayan servido para calificarlo, incurrirá en la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

Artículo 331.

Los hechos previstos en este capítulo serán sancionados, en su caso, con la pena inferior en grado, en sus respectivos supuestos, cuando se hayan cometido por imprudencia grave.

CAPITULO IV: DE LOS DELITOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN DE LA FLORA, FAUNA Y ANIMALES DOMÉSTICOS. Modificada la rúbrica por Ley Orgánica 15/2003, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.

Artículo 332. Modificado por Ley Orgánica 1/2015, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.

1. El que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, corte, tale, arranque, recolecte, adquiera, posea o destruya especies protegidas de flora silvestre, o trafique con ellas, sus partes, derivados de las mismas o con sus propágulos, salvo que la conducta afecte a una cantidad insignificante de ejemplares y no tenga consecuencias relevantes para el estado de conservación de la especie, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a dos años.

La misma pena se impondrá a quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, destruya o altere gravemente su hábitat.

2. La pena se impondrá en su mitad superior si se trata de especies o subespecies catalogadas en peligro de extinción.

3. Si los hechos se hubieran cometido por imprudencia grave, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa de cuatro a ocho meses, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de tres meses a dos años.

Artículo 333. Modificado por Ley Orgánica 5/2010, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.

El que introdujera o liberara especies de flora o fauna no autóctona, de modo que perjudique el equilibrio biológico, contraviniendo las Leyes o disposiciones de carácter general protectoras de las especies de flora o fauna, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.

Artículo 334. Modificado por Ley Orgánica 1/2015, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.

1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cuatro años quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general:

a) cace, pesque, adquiera, posea o destruya especies protegidas de fauna silvestre;

b) trafique con ellas, sus partes o derivados de las mismas; o,

c) realice actividades que impidan o dificulten su reproducción o migración.

La misma pena se impondrá a quien, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, destruya o altere gravemente su hábitat.

2. La pena se impondrá en su mitad superior si se trata de especies o subespecies catalogadas en peligro de extinción.

3. Si los hechos se hubieran cometido por imprudencia grave, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa de cuatro a ocho meses y, en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de tres meses a dos años.

Artículo 335.  Modificado por Ley Orgánica 1/2015, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.

1. El que cace o pesque especies distintas de las indicadas en el artículo anterior, cuando esté expresamente prohibido por las normas específicas sobre su caza o pesca, será castigado con la pena de multa de ocho a doce meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar o pescar por tiempo de dos a cinco años.

2. El que cace o pesque o realice actividades de marisqueo relevantes sobre especies distintas de las indicadas en el artículo anterior en terrenos públicos o privados ajenos, sometidos a régimen cinegético especial, sin el debido permiso de su titular o sometidos a concesión o autorización marisquera o acuícola sin el debido título administrativo habilitante, será castigado con la pena de multa de cuatro a ocho meses e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de cazar, pescar o realizar actividades de marisqueo por tiempo de uno a tres años, además de las penas que pudieran corresponderle, en su caso, por la comisión del delito previsto en el apartado 1 de este artículo.

3. Si las conductas anteriores produjeran graves daños al patrimonio cinegético de un terreno sometido a régimen cinegético especial o a la sostenibilidad de los recursos en zonas de concesión o autorización marisquera o acuícola, se impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años e inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de cazar, pescar, y realizar actividades de marisqueo por tiempo de dos a cinco años.

4. Se impondrá la pena en su mitad superior cuando las conductas tipificadas en este artículo se realicen en grupo de tres o más personas o utilizando artes o medios prohibidos legal o reglamentariamente.

Artículo 336. Modificado por Ley Orgánica 5/2010, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.

El que, sin estar legalmente autorizado, emplee para la caza o pesca veneno, medios explosivos u otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva o no selectiva para la fauna, será castigado con la pena de prisión de cuatro meses a dos años o multa de ocho a veinticuatro meses y, en cualquier caso, la de inhabilitación especial para profesión u oficio e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho a cazar o pescar por tiempo de uno a tres años. Si el daño causado fuera de notoria importancia, se impondrá la pena de prisión antes mencionada en su mitad superior.

Artículo 337. Modificado por Ley Orgánica 1/2015, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.

1. Será castigado con la pena de tres meses y un día a un año de prisión e inhabilitación especial de un año y un día a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales, el que por cualquier medio o procedimiento maltrate injustificadamente, causándole lesiones que menoscaben gravemente su salud o sometiéndole a explotación sexual, a

a) un animal doméstico o amansado,

b) un animal de los que habitualmente están domesticados,

c) un animal que temporal o permanentemente vive bajo control humano, o

d) cualquier animal que no viva en estado salvaje.

2. Las penas previstas en el apartado anterior se impondrán en su mitad superior cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Se hubieran utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida del animal.

b) Hubiera mediado ensañamiento.

c) Se hubiera causado al animal la pérdida o la inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal.

d) Los hechos se hubieran ejecutado en presencia de un menor de edad.

3. Si se hubiera causado la muerte del animal se impondrá una pena de seis a dieciocho meses de prisión e inhabilitación especial de dos a cuatro años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

4. Los que, fuera de los supuestos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente, serán castigados con una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

Artículo 337 bis. Añadido por Ley Orgánica 1/2015, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.

El que abandone a un animal de los mencionados en el apartado 1 del artículo anterior en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales.

CAPITULO V: DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 338.

Cuando las conductas definidas en este Título afecten a algún espacio natural protegido, se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas.

Artículo 339. Modificado por Ley Orgánica 1/2015, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.

Los jueces o tribunales ordenarán la adopción, a cargo del autor del hecho, de las medidas necesarias encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado, así como de cualquier otra medida cautelar necesaria para la protección de los bienes tutelados en este Título.

Artículo 340.

Si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en este Título hubiera procedido voluntariamente a reparar el daño causado, los Jueces y Tribunales le impondrán la pena inferior en grado a las respectivamente previstas.


Texto completo de la Ley Orgánica 10/1995 y Ley Orgánica 15/2003, del Código Penal (Textos refundidos) Texto completo de la Ley Orgánica (Textos refundidos)

TITULO XVII: DE LOS DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA

CAPITULO II: DE LOS INCENDIOS

SECCION 1.ª: DE LOS DELITOS DE INCENDIO

Artículo 351. Párrafo 2.º del artículo 351 introducido por el apartado 4.º del artículo 1 de la L.O. 7/2000, 22 diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en relación con los delitos de terrorismo («B.O.E.» 23 diciembre).

Los que provocaren un incendio que comporte un peligro para la vida o integridad física de las personas, serán castigados con la pena de prisión de diez a veinte años. Los Jueces o Tribunales podrán imponer la pena inferior en grado atendidas la menor entidad del peligro causado y las demás circunstancias del hecho.

Cuando no concurra tal peligro para la vida o integridad física de las personas, los hechos se castigarán como daños previstos en el artículo 266 de este Código.

SECCION 2.ª: DE LOS INCENDIOS FORESTALES

Artículo 352.

Los que incendiaren montes o masas forestales, serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco años y multa de doce a dieciocho meses.

Si ha existido peligro para la vida o integridad física de las personas, se castigará el hecho conforme a lo dispuesto en el artículo 351, imponiéndose, en todo caso, la pena de multa de doce a veinticuatro meses.

Artículo 353. Modificado por Ley Orgánica 1/2015, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.

1. Los hechos a que se refiere el artículo anterior serán castigados con una pena de prisión de tres a seis años y multa de dieciocho a veinticuatro meses cuando el incendio alcance especial gravedad, atendida la concurrencia de alguna de las circunstancias siguientes:

1.ª Que afecte a una superficie de considerable importancia.

2.ª Que se deriven grandes o graves efectos erosivos en los suelos.

3.ª Que altere significativamente las condiciones de vida animal o vegetal, o afecte a algún espacio natural protegido.

4.ª Que el incendio afecte a zonas próximas a núcleos de población o a lugares habitados.

5.ª Que el incendio sea provocado en un momento en el que las condiciones climatológicas o del terreno incrementen de forma relevante el riesgo de propagación del mismo.

6.ª En todo caso, cuando se ocasione grave deterioro o destrucción de los recursos afectados.

2. Se impondrá la misma pena cuando el autor actúe para obtener un beneficio económico con los efectos derivados del incendio.

Artículo 354.

1. El que prendiere fuego a montes o masas forestales sin que llegue a propagarse el incendio de los mismos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año y multa de seis a doce meses.

2. La conducta prevista en el apartado anterior quedará exenta de pena si el incendio no se propaga por la acción voluntaria y positiva de su autor.

Artículo 355.

En todos los casos previstos en esta Sección, los Jueces o Tribunales podrán acordar que la calificación del suelo en las zonas afectadas por un incendio forestal no pueda modificarse en un plazo de hasta treinta años. Igualmente podrán acordar que se limiten o supriman los usos que se vinieran llevando a cabo en las zonas afectadas por el incendio, así como la intervención administrativa de la madera quemada procedente del incendio.

SECCION 3.ª: DE LOS INCENDIOS EN ZONAS NO FORESTALES

Artículo 356.

El que incendiare zonas de vegetación no forestales perjudicando gravemente el medio natural, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a veinticuatro meses.

SECCION 4.ª: DE LOS INCENDIOS EN BIENES PROPIOS

Artículo 357.

El incendiario de bienes propios será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años si tuviere propósito de defraudar o perjudicar a terceros, hubiere causado defraudación o perjuicio, existiere peligro de propagación a edificio, arbolado o plantío ajeno o hubiere perjudicado gravemente las condiciones de la vida silvestre, los bosques o los espacios naturales.

SECCION 5.ª: DISPOSICIONES COMUNES Modificada la rúbrica por Ley Orgánica 15/2003, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.

Artículo 358.

El que por imprudencia grave provocare alguno de los delitos de incendio penados en las secciones anteriores, será castigado con la pena inferior en grado, a las respectivamente previstas para cada supuesto.

Artículo 358 bis. Añadido por Ley Orgánica 1/2015, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal.

Lo dispuesto en los artículos 338 a 340 será también aplicable a los delitos regulados en este Capítulo.


Texto completo de la Ley Orgánica 10/1995 y Ley Orgánica 15/2003, del Código Penal (Textos refundidos) Texto completo de la Ley Orgánica (Textos refundidos)

DISPOSICION DEROGATORIA

DISPOSICION DEROGATORIA UNICA

1. Quedan derogados:

e) Los preceptos penales sustantivos de las siguientes leyes especiales:

- Ley de 20 de febrero de 1942, de pesca fluvial.

- Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza. Los delitos y faltas previstos en dicha Ley, no contenidos en este Código, tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves, sancionándose con multa de cincuenta mil a quinientas mil pesetas y retirada de la licencia de caza, o de la facultad de obtenerla, por un plazo de dos a cinco años.

Ley 43/2003 y Leyes 10/2006, 21/2015 y 9/2018, de Montes. Textos refundidos

pdf Texto completo de la Ley (Textos refundidos)

(BOE nº 280, de 22 de noviembre de 2003, BOE nº 102, de 29 de abril de 2006, BOE de 21 de julio de 2015, nº 173) y (BOE nº 294, de 6 de diciembre de 2018)

PREAMBULO Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

PREAMBULO Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

PREAMBULO Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

 

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

CAPÍTULO I. OBJETO Y CONCEPTOS GENERALES.

Artículo 1. Objeto.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

Artículo 3. Principios.

Artículo 4. Multifuncionalidad de los montes.

Artículo 5. Concepto de monte.

Artículo 6. Definiciones.

CAPÍTULO II. COMPETENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Artículo 7. Administración General del Estado.

Artículo 8. Comunidades autónomas.

Artículo 9. Administración local.

Artículo 10. Órganos de coordinación y consultivo de la política forestal española.

 

TÍTULO II. CLASIFICACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS MONTES.

CAPÍTULO I. CLASIFICACIÓN DE LOS MONTES.

Artículo 11. Montes públicos y montes privados.

Artículo 12. Montes de dominio público y montes patrimoniales.

Artículo 13. Montes catalogados de utilidad pública.

CAPÍTULO II. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS MONTES PÚBLICOS.

Artículo 14. Régimen jurídico de los montes demaniales.

Artículo 15. Régimen de usos en el dominio público forestal.

Artículo 16. Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

Artículo 17. Desafectación de montes demaniales.

Artículo 18. Efectos jurídicos de la inclusión de los montes en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

Artículo 19. Características jurídicas de los montes patrimoniales.

CAPÍTULO III. RECUPERACIÓN POSESORIA Y DESLINDE DE LOS MONTES PÚBLICOS.

Artículo 20. Artículo 20. Investigación y recuperación posesoria de los montes públicos.

Artículo 21. Deslinde de montes de titularidad pública.

CAPÍTULO IV. RÉGIMEN DE LOS MONTES PRIVADOS.

Artículo 22. Asientos registrales de montes privados.

Artículo 23. Gestión de los montes privados.

Artículo 24. Declaración de montes protectores.

Artículo 24 bis. Gestión de montes protectores.

CAPÍTULO V. DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE Y UNIDADES MÍNIMAS DE ACTUACIÓN FORESTAL.

Artículo 25. Derecho de adquisición preferente. Tanteo y retracto.

Artículo 26. Límite a la segregación de montes.

Artículo 27. Agrupación de montes.

Artículo 27 bis. Montes de socios.

 

TÍTULO III. GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE.

CAPÍTULO I. INFORMACIÓN FORESTAL.

Artículo 28. Estadística forestal española.

CAPÍTULO II. PLANIFICACIÓN FORESTAL.

Artículo 29. Estrategia forestal española.

Artículo 30. Plan forestal español.

Artículo 31. Planes de ordenación de los recursos forestales.

CAPÍTULO III. ORDENACIÓN DE MONTES.

Artículo 32. La gestión forestal sostenible. Directrices básicas comunes para la ordenación y el aprovechamiento de montes.

Artículo 33. Proyectos de ordenación de montes y planes dasocráticos.

Artículo 34. Gestión de montes catalogados, montes protectores y montes con otras figuras de especial protección.

Artículo 35. Certificación forestal.

Artículo 35 bis. Compra responsable de productos forestales.

CAPÍTULO IV. APROVECHAMIENTOS FORESTALES.

Artículo 36. Aprovechamientos forestales.

Artículo 37. Aprovechamientos maderables y leñosos.

Artículo 38. Fondo de mejoras en montes catalogados.

 

TÍTULO IV. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE MONTES.

CAPÍTULO I. USOS DEL SUELO.

Artículo 39. Delimitación del uso forestal en el planeamiento urbanístico.

Artículo 40. Cambio del uso forestal y modificación de la cubierta vegetal.

CAPÍTULO II. CONSERVACIÓN DE SUELOS, LUCHA CONTRA LA EROSIÓN YLA DESERTIFICACIÓN Y RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL.

Artículo 41. Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias de Restauración Hidrológico-Forestal y Programa de Acción Nacional contra la Desertificación.

Artículo 42. Declaración del interés general de las actuaciones de restauración hidrológico-forestal fuera del dominio público hidráulico.

CAPÍTULO III. INCENDIOS FORESTALES.

Artículo 43. Defensa contra incendios forestales.

Artículo 44. Prevención de los incendios forestales.

Artículo 45. Obligación de aviso.

Artículo 46. Organización de la extinción de los incendios forestales.

Artículo 47. Trabajos de extinción.

Artículo 48. Zonas de alto riesgo de incendio.

Artículo 49. Cobertura de daños por incendios forestales.

Artículo 50. Mantenimiento y restauración del carácter forestal de los terrenos incendiados.

CAPÍTULO IV. SANIDAD Y GENÉTICA FORESTAL.

Artículo 51. Marco jurídico de la sanidad forestal.

Artículo 52. Protección de los montes contra agentes nocivos.

Artículo 53. Obligaciones de los titulares de los montes.

Artículo 54. Recursos genéticos forestales.

CAPÍTULO V. ACCESO A LOS MONTES.

Artículo 54 bis. Acceso público.

 

TÍTULO V. INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN, EXTENSIÓN Y DIVULGACIÓN.

CAPÍTULO I. INVESTIGACIÓN FORESTAL.

Artículo 55. Investigación forestal.

Artículo 56. Redes temáticas, parcelas de seguimiento y áreas de reserva.

CAPÍTULO II. FORMACIÓN Y EDUCACIÓN FORESTAL.

Artículo 57. Formación y divulgación forestal.

Artículo 58. Extensión, policía y guardería forestal.

Artículo 59. Educación forestal.

 

TÍTULO VI. FOMENTO FORESTAL.

CAPÍTULO I. DEFENSA DE LOS INTERESES FORESTALES.

Artículo 60. Fundaciones y asociaciones de carácter forestal.

CAPÍTULO II. EMPRESAS FORESTALES.

Artículo 61. Cooperativas, empresas e industrias forestales.

Artículo 62. Organización interprofesional de productos forestales.

CAPÍTULO III. INCENTIVOS ECONÓMICOS EN MONTES ORDENADOS.

Artículo 63. Disposiciones generales.

Artículo 64. Subvenciones.

Artículo 65. Incentivos por las externalidades ambientales.

Artículo 66. Créditos.

 

TÍTULO VII. RÉGIMEN SANCIONADOR.

CAPÍTULO I. INFRACCIONES.

Artículo 67. Tipificación de las infracciones.

Artículo 68. Clasificación de las infracciones.

Artículo 69. Medidas cautelares.

Artículo 70. Responsables de las infracciones.

Artículo 71. Prescripción de las infracciones.

Artículo 72. Responsabilidad penal.

CAPÍTULO II. SANCIONES.

Artículo 73. Potestad sancionadora.

Artículo 74. Clasificación.

Artículo 75. Proporcionalidad.

Artículo 76. Reducción de la sanción.

Artículo 77. Reparación del daño e indemnización.

Artículo 78. Multas coercitivas y ejecución subsidiaria.

Artículo 79. Decomiso.

Artículo 80. Prescripción de las sanciones.

 

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Consorcios y convenios de repoblación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Regímenes especiales.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Participación forestal en la declaración de espacios naturales protegidos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Uso energético de la biomasa forestal residual.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Sociedades de propietarios forestales.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Administraciones públicas competentes.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Cambio climático.

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Ocupaciones en montes de dominio público forestal por razones de la Defensa Nacional.

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Mecenazgo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA. Gestión de montes pro indiviso.

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA.

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Servidumbres en montes demaniales.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Plazo para la ordenación de montes.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Incentivos económicos en montes no ordenados.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Montes declarados de utilidad pública con anterioridad a esta Ley.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. Montes declarados protectores con anterioridad a esta Ley.

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación normativa.

 

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Modificación de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna silvestres.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Habilitación competencial.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Habilitación normativa.

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Potestades reglamentarias en Ceuta y Melilla.

DISPOSICIÓN FINAL QUINTA. Actualización de multas.

DISPOSICIÓN FINAL SEXTA. Entrada en vigor de la Ley.

 

DISPOSICIONES DE LA LEY 10/2006, DE 28 DE ABRIL, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Fondo para el patrimonio natural.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación normativa.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Habilitación competencial.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Entrada en vigor.

 

DISPOSICIONES DE LA LEY 21/2015, DE 20 DE JULIO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Referencias.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Aplicación de las ayudas directas de la Política Agrícola Común en España.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Cambio de denominación del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos y del Cuerpo de Ingenieros de Montes.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Caza y pesca.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Caminos Naturales.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Régimen transitorio de la modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Modificación de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Modificación de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal en materia de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas.

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Modificación de la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

DISPOSICIÓN FINAL QUINTA. Impacto presupuestario.

DISPOSICIÓN FINAL SEXTA. Habilitación competencial.

DISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA. Entrada en vigor de la ley.

 

DISPOSICIONES DE LA LEY 9/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Modificación de la disposición adicional sexta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.


pdf Texto completo de la Ley (Textos refundidos)

Juan Carlos I,
Rey de España

A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed:

Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

La ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de todos los tipos de bosques son fundamentales para el desarrollo económico y social, la protección del medio ambiente y los sistemas sustentadores de la vida en el planeta. Los bosques son parte del desarrollo sostenible.

Esta declaración de la Asamblea de Naciones Unidas, en su sesión especial de junio de 1997, es una clara expresión del valor y el papel que los montes desempeñan en nuestra sociedad. Acogiendo esta concepción, esta Ley establece un nuevo marco legislativo regulador de los montes, para la reorientación de la conservación, ÿÿ meÿÿra y aÿÿovechamiento de los espacios forestales en todo el territorio español en consonancia con la realidad social y económica actual, así como con la nueva configuración del Estado autonómico creado por nuestra Constitución.

La Ley de Montes de 1957 ha cumplido casi medio siglo, y lo ha hecho con la eficacia que su propia longevidad demuestra. Sin embargo, el mandato contenido en la Constitución española de 1978 de dotarnos de un marco legislativo básico en materia forestal no puede ser realizado adecuadamente por la Ley de 1957. El marco político e institucional, el contexto económico y social y el nuevo paradigma ambiental marcado especialmente por las tendencias internacionales, en un mundo intensamente globalizado, tienen muy poco que ver con los imperantes en los años 50 del pasado siglo.

Es el objeto de esta Ley constituirse en un instrumento eficaz para garantizar la conservación de los montes españoles, así como promover su restauración, mejora y racional aprovechamiento apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. La Ley se inspira en unos principios que vienen enmarcados en el concepto primero y fundamental de la gestión forestal sostenible.

A partir de él se pueden deducir los demás: la multifuncionalidad, la integración de la planificación forestal en la ordenación del territorio, la cohesión territorial y subsidiariedad, el fomento de las producciones forestales y del desarrollo rural, la conservación de la biodiversidad forestal, la integración de la política forestal en los objetivos ambientales internacionales, la cooperación entre las Administraciones y la obligada participación de todos los agentes sociales y económicos interesados en la toma de decisiones sobre el medio forestal.

El concepto de monte recoge el cumplimiento de las diversas funciones del territorio forestal y da entrada a las comunidades autónomas en el margen de regulación sobre terrenos agrícolas abandonados, suelos urbanos y urbanizables y la determinación de la dimensión de la unidad mínima que será considerada monte a efectos de la Ley.

La Ley designa a las Administraciones autonómicas como las responsables y competentes en materia forestal, de acuerdo con la Constitución y los estatutos de autonomía. Al mismo tiempo, clarifica las funciones de la Administración General del Estado, fundamentadas en su competencia de legislación básica en materia de montes, aprovechamientos forestales y medio ambiente, además de otros títulos. En todo caso, opta con claridad por la colaboración y cooperación entre las Administraciones para beneficio de un medio forestal que no entiende de fronteras administrativas. Por estos mismos motivos, se revitaliza el papel de las Administraciones locales en la política forestal, concediéndoles una mayor participación en la adopción de decisiones que inciden directamente sobre sus propios montes, reconociendo con ello su papel como principales propietarios forestales públicos en España y su contribución a la conservación de unos recursos naturales que benefician a toda la sociedad.

En la misma línea, la Ley establece como principio general que los propietarios de los montes sean los responsables de su gestión técnica y material, sin perjuicio de las competencias administrativas de las comunidades autónomas en todos los casos y de lo que éstas dispongan en particular para los montes catalogados de utilidad pública.

Son los propietarios de los montes los que primero y más directamente se responsabilizan de su gestión sostenible. Para garantizar tal gestión, la Ley pretende el impulso decidido de la ordenación de montes, a través de instrumentos para la gestión como los proyectos de ordenación de montes, planes dasocráticos, planes técnicos o figuras equivalentes, siendo éste uno de los elementos clave de la nueva legislación.

Por su titularidad los montes son públicos o privados, pero todos son bienes que cumplen una clara función social y por tanto están sujetos al mandato constitucional según el cual las Leyes delimitan el derecho y al mismo tiempo la función social de la propiedad. En el caso de los montes catalogados de utilidad pública, la Ley opta por su declaración como dominio público, constituyéndose el dominio público forestal con estos montes junto con los restantes montes afectados a un uso o un servicio público. De esta forma, se da el máximo grado de integridad y permanencia al territorio público forestal de mayor calidad. Al mismo tiempo, abre la posibilidad de la utilización del dominio público forestal por los ciudadanos para aquellos usos respetuosos con el medio natural.

La institución del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, de gran tradición histórica en la regulación jurídica de los montes públicos en España e instrumento fundamental en su protección, permanece y se refuerza en la Ley. En primera instancia, al homologar su régimen, que ya era de cuasi dominio público, con el de los bienes plenamente demaniales. En segundo lugar, al ampliar los motivos de catalogación; en concreto, se han añadido aquellos que más contribuyen a la conservación de la diversidad biológica y, en particular, aquellos que constituyan o formen parte de espacios naturales protegidos o espacios de la red europea Natura 2000. También se refuerza en términos equivalentes la figura de los montes protectores y su registro, cuya declaración se estimula con incentivos económicos.

La Ley concede especial relevancia a un aspecto fundamental para la definición de la política forestal, como es el de la información. Se trata de establecer los mecanismos para disponer de una información forestal actualizada y de calidad para todo el territorio español sobre la base de criterios y metodologías comunes. Esta información se coordinará y plasmará en la Estadística forestal española, entre cuyos objetivos resalta el de facilitar el acceso del ciudadano a la información vinculada al mundo forestal.

La Ley constata la necesidad de la planificación forestal a escala general, consagrando la existencia de la Estrategia forestal española y el Plan forestal español. En este ámbito, la novedad más importante de la Ley la constituyen los planes de ordenación de los recursos forestales (PORF). Se configuran como instrumentos de planificación forestal de ámbito comarcal integrados en el marco de la ordenación del territorio, con lo que la planificación y gestión forestales se conectan con el decisivo ámbito de la ordenación territorial.

Por lo que respecta a los aprovechamientos forestales, la Ley incide en la importancia de que los montes cuenten con su correspondiente instrumento de gestión, de tal manera que para montes ordenados o, en su caso, incluidos en el ámbito de aplicación de un PORF, la Administración se limitará a comprobar que el aprovechamiento propuesto es conforme con las previsiones de dicho instrumento.
Se refuerza también la conservación de los montes mediante el establecimiento de condiciones restrictivas para el cambio del uso forestal de cualquier monte, independientemente de su titularidad o régimen jurídico.

En materia de incendios forestales, la Ley se hace eco de la importancia del papel de la sociedad civil en su prevención. De acuerdo con ello, establece la obligación de toda persona de avisar de la existencia de un incendio, y, en su caso, de colaborar en su combate.

Asimismo, promueve campañas de concienciación y sensibilización ciudadana. Se pone también especial énfasis en la necesidad de coordinación de las diferentes Administraciones en la prevención y combate de los incendios.

La Ley propone la designación de las llamadas zonas de alto riesgo de incendio, que deberán estar provistas de su correspondiente plan de defensa. Asimismo, establece la obligación de restauración de los terrenos incendiados, quedando prohibido el cambio de uso forestal por razón del incendio.

Otro aspecto relevante de esta Ley es la previsión de medidas de fomento de la gestión sostenible de los montes, mediante subvenciones y otros incentivos por las externalidades ambientales, además de considerar incluidos entre los fines de interés general los orientados a la gestión forestal sostenible, a efectos de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Con estas medidas se quiere contribuir al reconocimiento de los beneficios generales que los propietarios aportan a la sociedad con sus montes.

Para incidir una vez más en el impulso a la ordenación de todos los montes, los incentivos solamente serán aplicables a los montes que cuenten con instrumento de gestión, y además tendrán prioridad los montes declarados protectores o los montes catalogados.

Finalmente, se regula un régimen de infracciones y sanciones en las materias objeto de esta Ley, estableciendo los criterios para la calificación de las infracciones según su gravedad y fijando las sanciones correspondientes.

Esta Ley se dicta en virtud del artículo 149.1.8, 14, 15, 18 y 23 de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación civil, hacienda general, fomento y coordinación de la investigación, bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y legislación básica sobre protección del medio ambiente y montes y aprovechamientos forestales, respectivamente.


pdf Texto completo de la Ley (Textos refundidos)

Juan Carlos I,
Rey de España

A todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed:

Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

En el año 2003, las Cortes Generales aprobaron una nueva normativa en materia de montes, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, a través de la cual se procedía a actualizar el régimen jurídico regulador de los espacios forestales de acuerdo con la nueva concepción del medio ambiente consagrada por la Constitución Española y con los principios de gestión forestal sostenibles que deben informar la ordenación y conservación de los montes españoles.

A pesar del poco tiempo transcurrido desde la promulgación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, se han podido detectar en ella ciertas deficiencias e insuficiencias concernientes tanto a la correcta definición de las atribuciones que, de acuerdo con determinados preceptos de la ley, corresponden a las diferentes Administraciones públicas, como en la propia ordenación de los mecanismos de protección y conservación de los montes, señaladamente, aquellos que tienen que ver con la lucha contra los incendios forestales y con la protección que deparan los sistemas administrativos de registro y catalogo de los distintos tipos de montes. Estas circunstancias aconsejan acometer una modificación parcial y muy definida de la ley, en un momento todavía inicial del proceso social de adaptación de los sistemas de ordenación de los montes a las prescripciones recogidas en el nuevo modelo de gestión forestal sostenible.

II

Como novedad de la ley ha de destacarse la regulación introducida en relación con el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, el cual ha constituido históricamente un instrumento útil para la defensa y protección jurídica de los montes públicos. Para extender esta protección a toda la masa forestal y aplicar la lógica derivada del artículo 45 de la Constitución Española, según la cual la protección debe tomar como referencia las cualidades objetivas del recurso que se ha de conservar y restaurar, se añade a la ley un nuevo capítulo sobre las figuras de los montes protectores y con otras figuras de especial protección. La especial importancia de estos montes, ya sean públicos o privados, derivada de los especiales valores que incorporan, les hacen acreedores de una singularidad que justifica la adopción de una regulación y un registro propios, a través de los cuales las Administraciones puedan velar por su especial protección y salvaguarda.

La certificación forestal se reconoce como un instrumento voluntario, transparente y no discriminatorio para la gestión forestal sostenible que pretende, en último extremo, vincular el comercio de los productos forestales con la gestión sostenible de los montes de los que proceden y conseguir que el usuario final se decante por productos procedentes de montes ordenados y gestionados con criterios sostenibles. En la modificación introducida, se establece el compromiso de las Administraciones públicas de promover el consumo responsable de productos forestales en los procedimientos de contratación pública, favoreciendo la adquisición de madera y productos derivados procedentes de bosques certificados y evitando aquellos procedentes de talas ilegales de terceros países. Se atienden así las recomendaciones de organismos internacionales en esta materia. Asimismo, se prevé que las Administraciones públicas fomenten el consumo responsable de estos productos por parte de los ciudadanos.

III

Aspecto capital de las modificaciones que se introducen en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, es el referido al tratamiento jurídico de la lucha contra los incendios desde el punto de vista de la regulación del régimen sustantivo de la protección frente a este tipo de siniestros.

Bien es sabido que el cambio de uso de los terrenos forestales incendiados para transformarlos en otros de carácter agrícola, pascícola, industrial o urbanizable se ha tratado de justificar en la pérdida de valor de dichos terrenos, al carecer de vegetación arbórea como consecuencia del desastre ecológico ocasionado por el incendio. En muchas ocasiones, el cambio de uso no se promovía de forma inmediata tras el siniestro, sino sólo tras repetidos incendios de ese terreno forestal, que quedaba, de esta manera, en una situación de casi total degradación vegetal que dificultaba la posibilidad de rechazar justificada y motivadamente las peticiones de cambio de uso forestal.

Y ello en la medida en que estos terrenos, en un corto plazo, ya no podrían alcanzar el potencial forestal arbolado que poseían antes del incendio.

Los incendios forestales tienen como causa, en una pequeña parte de casos, los fenómenos naturales y, desgraciadamente, en una inmensa mayoría de supuestos, acciones humanas, ya sean negligentes o dolosas. En este sentido, en un país avanzado como España no puede permitirse una actitud de tolerancia hacia ningún delito ecológico ni, en particular, hacia los incendios forestales, que conllevan gravísimas consecuencias sociales y económicas, incluyendo la pérdida de vidas humanas.

En el área mediterránea, países como Italia y Portugal, que padecen de manera similar a España las consecuencias nefastas derivadas de los incendios forestales, han optado por incorporar a su derecho, tanto a través del código penal, como por medio de la legislación sectorial, la imposibilidad de cambiar de uso los terrenos forestales que han sufrido incendios. En la misma línea, varias comunidades autónomas han implantado medidas legislativas de acuerdo con las cuales en ningún caso se podrán tramitar expedientes de cambio de uso de montes o terrenos forestales incendiados. En este contexto, resulta necesario y oportuno que el legislador nacional dé pasos en la misma dirección y adopte medidas análogas de protección, y complemente así en el ámbito administrativo las ya previstas por nuestra legislación penal. La opción que incorpora esta ley es la de prohibir el cambio de uso forestal de los terrenos forestales incendiados durante al menos 30 años, así como la realización de toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal. Se opta, pues, por el plazo de 30 años, lapso de tiempo mínimo que en la mayoría de los casos puede permitir la regeneración de la vegetación forestal y, por extensión, evitar expectativas de recalificación futura de suelos no urbanizables, en particular la de los terrenos forestales, contrarias a los propósitos de regeneración del monte que demandan los principios de la gestión forestal sostenible.

No obstante, se prevé con carácter singular, que las comunidades autónomas puedan acordar excepciones a las citadas prohibiciones cuando existan circunstancias objetivas que acrediten que el cambio de uso del terreno forestal afectado estaba previsto con anterioridad al incendio.

IV

Asimismo, se reconoce la condición de agente de la autoridad de los funcionarios que desempeñen funciones de policía administrativa forestal (agentes forestales), cualquiera que sea su denominación corporativa específica, como se indica en el artículo 6,q) de este texto; y que estos funcionarios constituyen Policía Judicial en sentido genérico, de acuerdo con lo dispuesto por el apartado 6.º del artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, considerando que la referencia que hace este precepto a guardas de montes, campos y sembrados, debe entenderse hecha actualmente a los citados funcionarios.

Otra innovación de gran importancia en esta ley es la creación del Fondo para el patrimonio natural, cuya materialización garantizará la estabilidad y continuidad de los recursos económicos en apoyo de los espacios forestales.

El Fondo para el patrimonio natural se concibe como un instrumento de cofinanciación destinado a asegurar la cohesión territorial mediante el apoyo a la gestión forestal sostenible con el objetivo de valorizar las funciones ecológicas, sociales y culturales de los espacios forestales y hacer viables los modelos sostenibles de silvicultura.

V

Además, con el propósito de garantizar la correcta adecuación al orden constitucional de distribución de competencias, se procede a modificar diversos artículos.

En este sentido, se modifica el artículo 7, para mejorar la delimitación de las funciones de competencia estatal.

Se modifica también el artículo 32, de modo que corresponderá al Gobierno la aprobación de las directrices básicas comunes de ordenación y aprovechamiento de montes, mientras que serán las comunidades autónomas las competentes para aprobar las instrucciones de ordenación y aprovechamiento de los montes. Asimismo, la regulación de incentivos y subvenciones se circunscribe a los supuestos en que estén financiados por los Presupuestos Generales del Estado.

VI

Por último, la necesidad de protección penal del medio ambiente contenida en el apartado 3 del artículo 45 de la Constitución Española se ha reforzado desde la Unión Europea, cuyo Consejo ha adoptado, el 27 de enero de 2003, la Decisión Marco relativa a la protección del medio ambiente a través del derecho penal. En este sentido, España ha introducido en el Código Penal, a través de la reforma operada por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, las modificaciones necesarias para cumplir con las obligaciones comunitarias.

Podría augurarse que la lucha contra las infracciones medioambientales desde el punto de vista penal experimentará un incremento que exigirá contar dentro de la Administración de justicia con profesionales especialmente preparados para hacer frente a este tipo de delincuencia.

La Constitución Española, al enumerar en el artículo 124 las funciones que corresponden al Ministerio Fiscal, señala que éste, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión, entre otras, promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley.

Es bien sabido que el legislador ha hecho, hasta el presente momento, un esfuerzo importante para garantizar el derecho-deber al medio ambiente. Sin embargo, el carácter de interés colectivo que se predica del medio ambiente y sus limitados sistemas de protección, ciertamente lejos de los sistemas de protección que poseen los intereses jurídicos individuales, implica una especial dificultad a la hora de defenderlo o bien de exigir su respeto.

A ello obedece, en esencia, el que se atribuya al Ministerio Fiscal la defensa de ese interés colectivo que es el medio ambiente y también que esta institución preste una atención específica a la defensa de este bien jurídico.

En lógica coherencia con el precepto constitucional y para facilitar el ejercicio del derecho-deber al medio ambiente y la calidad de vida que reconoce el artículo 45 de la Constitución, se hace necesario pergeñar una serie de cambios en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, con la creación de una estructura más eficaz para la lucha contra la delincuencia medioambiental que permita contar con Secciones de Medio Ambiente coordinadas desde la cúpula de la institución por un fiscal de la categoría primera.

Conviene destacar también que desde las distintas organizaciones internacionales se viene reclamando la existencia de figuras especializadas en delincuencia medioambiental. Basta recordar la Resolución (77) 28 del Consejo de Europa, sobre la contribución del derecho penal en la protección ambiente, en la que se pide la creación de secciones especiales en las Audiencias y en las Fiscalías para tratar las cuestiones relacionadas con el medio ambiente.

Para ello, la ley incorpora las modificaciones en el artículo 18.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal con la creación de Secciones de Medio Ambiente específicamente encargadas de la investigación y persecución de delitos relativos a la ordenación del territorio, la protección del patrimonio histórico, el medio ambiente e incendios forestales, e incorpora el artículo 18 quinquies, con la creación de la figura del Fiscal de Sala de Medio Ambiente.

 

Felipe VI, Rey de España

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:


pdf Texto completo de la Ley (Textos refundidos)

PREÁMBULO

I

En el año 2003, las Cortes Generales aprobaron una nueva normativa en materia de montes, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, a través de la cual se procedía a actualizar el régimen jurídico regulador de los espacios forestales de acuerdo con la nueva concepción del medio ambiente consagrada por la Constitución Española y con los principios de gestión forestal sostenible que deben informar la ordenación y conservación de los montes españoles.

Posteriormente se aprobó mediante la Ley 10/2006, de 28 de abril, una modificación parcial y muy definida de la ley, en un momento todavía inicial del proceso social de adaptación de los sistemas de ordenación de los montes a las prescripciones recogidas en el nuevo modelo de gestión forestal sostenible.

Transcurridos diez años desde la aprobación de la Ley de Montes, y con base en su aplicación, se han detectado algunos aspectos que es conveniente mejorar; otros que, debido al desarrollo posterior de la legislación nacional o autonómica, es preciso adaptar; y, finalmente, otros en cuyo desarrollo hay que avanzar más, tanto con respecto del texto originalmente aprobado de la ley como de la primera modificación realizada en 2006. Por ello, y con el fin de tener el mejor instrumento posible para la gestión sostenible de las masas forestales españolas, se realizan modificaciones en los aspectos mencionados a la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, ajustándose además a lo dispuesto en las sentencias del Tribunal Constitucional relativas a la impugnación de múltiples preceptos de la ley originalmente aprobada, fundamentalmente la Sentencia del Tribunal Constitucional 49/2013, de 28 de febrero, la Sentencia del Tribunal Constitucional 84/2013, de 13 de abril, y la reciente Sentencia 97/2013, de 23 de abril, en que los recurrentes han sido, respectivamente, las comunidades autónomas de Cataluña, La Rioja y Castilla y León.

Una de las novedades es la consideración, como un nuevo principio inspirador de esta ley, de los montes como infraestructuras verdes, en sintonía con la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones COM (2013) 249 final, de 6 de mayo de 2013, denominada «Infraestructura verde: mejora del capital natural de Europa, puesto que constituyen unos sistemas naturales prestadores de servicios ambientales de primer orden.

En esta modificación se ahonda en la imbricación del territorio forestal como una parte muy importante del mundo rural, al que pertenece, y a cuyo desarrollo ha de coadyuvar de forma activa. Por otro lado, se perfecciona el equilibrio entre los tres pilares imprescindibles de la gestión forestal sostenible, es decir, el económico, el ecológico y el social.

Igualmente se reconoce el concepto de multifuncionalidad de los montes españoles, es decir, su capacidad de cumplir simultáneamente con varias funciones económicas, ecológicas y sociales, incluyendo las culturales (materiales e inmateriales), sin que ninguna de ellas vaya en detrimento de las demás.

En cuanto al ámbito de aplicación de la ley, se determina que los terrenos agropecuarios que se dediquen temporalmente a cultivos de especies forestales estarán sometidos a esta ley de montes durante dicho periodo, con todas la características de los montes, hasta que termine el turno de aprovechamiento previamente establecido, en el que pueden recuperar su condición anterior de terrenos dedicados a la agricultura o la ganadería.

II

Como novedad, en el artículo 7 se sistematizan las facultades que corresponden a la Administración General del Estado derivadas del vigente marco constitucional, de las que se destacan, entre otras, la coordinación de la elaboración y la aprobación de las directrices sobre distintos aspectos de la lucha contra incendios forestales, así como el despliegue de medios estatales de apoyo a las comunidades autónomas, independientemente de que ambas cuestiones se elaboren en estrecha coordinación con las comunidades autónomas.

Asimismo se refleja en la ley la competencia de la Administración General del Estado derivada del Reglamento (CE) n.º 2173/2005 del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, relativo al establecimiento de un sistema de licencias FLEGT (Aplicación de la legislación forestal, gobernanza y comercio) aplicable a las importaciones de madera en la Comunidad Europea. La aplicación de esta política se realizará conforme a las competencias de cada Administración, por lo que figura como competencia compartida. El cuadro de competencias compartidas se cierra con la inclusión de aquellos aspectos en materia de conservación y ordenación de los recursos cinegéticos y piscícolas que superan el ámbito de una comunidad autónoma, cuya coordinación conviene sea ejercida por la Administración General del Estado.

En cuanto a los órganos de coordinación con las comunidades autónomas la ley dota de flexibilidad a la Administración para adaptarse a las diferentes estructuras que a lo largo del tiempo pueda adquirir, obligando a la definición y regulación de los mismos, en el ámbito reglamentario, mucho más fácil de variar conforme las circunstancias lo vayan aconsejando. Por tanto, se mantiene la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural como órgano de coordinación, facilitando la configuración, funciones y objeto de los comités técnicos existentes y los que sean necesarios en el futuro mediante normas de rango menor.

De igual manera, recupera la figura de un órgano de participación de ámbito forestal mediante el establecimiento de un Consejo Forestal Nacional, cuyas funciones específicas, composición y funcionamiento también se regularán por la vía reglamentaria.

III

La ley establece una clasificación de los montes en grupos disjuntos, primero según su titularidad y seguidamente por su afección a un interés general, que es el factor que determina las características de la gestión de que deben ser objeto. La especial importancia de estos montes, ya sean públicos o privados, derivada de los valores singulares que incorporan, les hace acreedores de una peculiaridad que justifica la adopción de una regulación y unos registros propios, diferentes para cada titularidad, a través de los cuales las Administraciones puedan velar por su especial protección y salvaguarda.

En esta modificación se amplían varios aspectos referentes, por un lado, al uso de montes públicos, que cuando es privativo se somete con carácter general al régimen de concesión administrativa, o que puede ser público y, por tanto, libre, pero en todo caso ordenado, por lo que se debe contemplar en el instrumento de gestión aplicable.

Se refuerzan las disposiciones que permiten la defensa del Dominio Público Forestal en lo que se refiere a recuperación posesoria, deslinde, adquisición preferente y derechos de tanteo y retracto. No se modifica el régimen de inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad y ausencia de tributación.

Entre los montes privados, se mantiene la figura de los protectores. Aunque persiste la denominación, se redefinen como aquellos montes privados que cumplen alguna de las condiciones que se exige a los públicos para declararse de utilidad pública, ampliando, por tanto, el concepto y afectando al monte de una manera secundaria a un servicio público, lo que permitirá la preferencia en la compensación de sus externalidades positivas.

Se aprovecha para introducir un nuevo artículo 27 bis en substitución de la disposición adicional décima, reguladora de los montes pro indiviso, caracterizados por la falta de identificación de todos los comuneros. Bajo la denominación de montes de socios se establece un procedimiento que permitirá a los titulares conocidos proceder a su gestión evitando así el abandono y deterioro del monte, y desaprovechamiento de los recursos naturales y a la vez, esclarecer la titularidad de las cuotas vacantes.

IV

Manteniéndose la apuesta general por la planificación como mejor vía para garantizar la gestión forestal sostenible, se simplifica y se hace posible este principio para aquellos montes de reducida superficie, muy frecuentes en nuestra geografía, para los que un procedimiento de ordenación o un plan técnico individualizado resulta muy costoso e inabordable por sus propietarios o gestores. La adhesión a un modelo tipo de gestión forestal debidamente aprobado, que incluya series de actuaciones selvícolas aplicables a los diferentes tipos de monte a la escala apropiada, puede reemplazar los instrumentos individuales siempre que las comunidades autónomas así lo permitan, favoreciendo la ordenación forestal mediante instrumentos flexibles y de bajo coste para montes pequeños. De esta forma, se abre la puerta a que las comunidades autónomas puedan establecer una serie de modelos-tipo de gestión forestal para cada una de las clases de monte que poseen en su territorio y que consideren que, por su tamaño, su simplicidad estructural o por cualesquiera otras razones, pueden ser objeto de un plan de gestión muy simple. El titular que por escrito se adhiere a uno de esos modelos aprobados se compromete a seguir lo que en dicho modelo se indica y su monte se puede considerar ordenado. Evidentemente, los servicios de inspección pueden comprobar que realmente se efectúan las acciones silvícolas prescritas en el modelo en el terreno que a ello se ha comprometido. Al mismo tiempo, se limita la obligación legal de disponer de un proyecto de ordenación, plan dasocrático u otro instrumento equivalente a los montes catalogados y los protectores, debido a los valores forestales o naturales que poseen y que hacen necesario este instrumento específico. Igualmente, las comunidades autónomas podrán ampliar esta obligación a los montes que consideren conveniente.

Se conserva la autorización previa, o declaración responsable si se trata de turnos cortos, para los aprovechamientos en montes que no dispongan de instrumento alguno de ordenación y la simple notificación previa para los que dispongan de él. En todos ellos se obliga a notificar con posterioridad al aprovechamiento a efectos estadísticos. Con este sistema se agiliza y simplifica la tramitación al tiempo que se fomenta la planificación forestal.

Se determina en este texto que los contratos públicos de aprovechamientos forestales, diferentes en esencia de las concesiones de uso, se deben regir en sus términos generales por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, bajo la figura de contratos especiales, puesto que deben estar sometidos a la legislación sectorial forestal. Por esta razón, se faculta al Gobierno a regular reglamentariamente el régimen básico de estos contratos de obras y servicios forestales.

La certificación forestal voluntaria, transparente y no discriminatoria se reconocía ya en el texto anterior como un valioso instrumento de gestión forestal sostenible que pretende, en último extremo, vincular el comercio de los productos forestales con la gestión sostenible de los montes de los que proceden y conseguir que el usuario final se decante por productos procedentes de montes planificados y gestionados con criterios sostenibles. En esta modificación se elimina el procedimiento administrativo que supondría la garantía que el Estado proporciona sobre la voluntariedad, transparencia y no discriminación de los esquemas de certificación.

En la modificación introducida se establece además que las Administraciones públicas tratarán de controlar la legalidad del origen de los productos forestales, poniendo todos los medios para evitar la introducción en el mercado europeo a través de nuestro país de madera y productos forestales cuyo origen no sea legal, de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 2173/2005 del Consejo, de 20 de diciembre de 2005, relativo al establecimiento de un sistema de licencias FLEGT aplicable a las importaciones de madera en la Comunidad Europea y el Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera.

V

Se mantiene, sobre el ya difícil cambio de uso forestal con carácter general, la prohibición expresa del cambio de uso durante 30 años en un terreno incendiado. Se añade, sin embargo, una excepción, para terrenos en que concurran razones imperiosas de interés general de primer orden que resulten prevalentes sobre su carácter forestal. Esta prevalencia debe ser definida por una norma con rango de ley, lo que exige un proceso de participación pública y un pronunciamiento con sede en la soberanía popular. Por último, se exigen medidas compensatorias.

El acceso a los montes y el uso de las pistas forestales, prohibido con carácter general por el texto de 2006, se deja ahora a la decisión de cada comunidad autónoma, que deberá legislar al respecto en todo caso si queda prohibido o permitido con carácter general, autorizándose o prohibiéndose en los casos que se decidan. En todo caso se garantiza el acceso a los vehículos vinculados a la gestión, las servidumbres de paso reconocidas y a los servicios de vigilancia y extinción de incendios.

Junto con estas modificaciones, en ejecución de una medida CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas), se modifica el régimen de los agentes forestales y las potestades administrativas de extensión, policía y guardería forestal.

VI

Por otra parte, se crea el Registro Nacional de Cooperativas, Empresas e Industrias Forestales, no como licencia o requisito previo para desarrollar su correspondiente actividad, sino con el carácter de instrumento de cumplimiento de la trazabilidad de los productos forestales y de la diligencia debida que deben tener a efectos de legalidad, así como fuente de información estadística, base para la planificación forestal a escala regional y nacional.

VII

La aplicación del esquema de infracciones y sanciones de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, se ha mostrado deficiente al tener sólo en cuenta el tiempo necesario para la recuperación del daño ambiental como factor de gravedad, obviando la dimensión del mismo. Como factor de corrección se introduce una medida de la importancia de dicho daño como moduladora de la gravedad de la infracción, de forma que, tanto las infracciones produzcan daños que tardaren mucho tiempo en recuperarse, como las que ocasionaren daños muy cuantiosos –estimados mediante el valor de reposición– se considerarán graves o muy graves, según los casos. Esto implica que este segundo factor, que en la redacción anterior se consideraba como agravante, deja de serlo, pues no se debe utilizar dos veces en la calificación de la infracción. También incide en la gravedad la reincidencia en faltas de menor gravedad.

Se introduce en este capítulo una nueva infracción por violación de los preceptos derivados de la aplicación del Reglamento n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre, sobre aseguramiento de la legalidad de los productos de madera, y la normativa europea derivada, cuestión que tiene reserva de ley. En ella el valor de la madera introducida en el mercado contraviniendo la normativa es el que define la gravedad de la infracción.

Para desincentivar la posibilidad de que la sanción se considere un coste más de una operación, pese a lo cual siga resultando rentable, se introduce el factor de que la sanción será la mayor de la prescrita o el doble del valor del daño causado (o de la madera comercializada, que además se confisca), junto con la obligación de reparar los daños, por lo que los casos en que a pesar de ello la infracción sea rentable, se eliminan en su práctica totalidad.

VIII

Con la idea de reactivar económicamente el sector forestal, en este caso mediante la agrupación de montes a efectos de gestión –y solamente a estos efectos– de forma que se pueda aplicar una economía de escala, se definen las sociedades forestales, cuyos socios mantienen todas las prerrogativas dominicales a excepción de la gestión forestal, que se entrega por un tiempo a la sociedad a cambio de una participación en los beneficios de los mismos.

Con el objeto de incentivar las agrupaciones de propietarios y la mejora en la sostenibilidad de los montes, se establece una deducción en el Impuesto sobre Sociedades de las sociedades forestales del 10 por ciento de los gastos e inversiones destinados a la conservación, mantenimiento, mejora, protección y acceso del monte para las Sociedades Forestales creadas en esta ley, y al mismo tiempo y con el mismo fin se establece el régimen especial de diferimiento previsto en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, con el objeto de evitar la tributación que pudiera existir en el momento de realización de aquellas operaciones por las que se ceden los derechos de uso forestal por parte de los propietarios de parcelas susceptibles de aprovechamiento forestal, a la sociedad forestal a cambio de participaciones en la misma.

Con el fin de facilitar el cumplimiento de lo establecido en el Reglamento 995/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre, se establece la validez de una declaración responsable, cuyo contenido mínimo se regulará reglamentariamente, para el cumplimiento de los requisitos derivados del segundo, estableciéndose también el carácter de infracción leve de su omisión. Igualmente, y a efectos de homogeneizar la intensidad y forma de realizar las inspecciones, se establece la elaboración de un Plan Nacional de Inspección en cooperación con las comunidades autónomas.

Por último, constatada la baja proporción de montes con instrumento de planificación vigente, se aumentan en diez años –a comenzar desde 2004– los plazos en los cuales los montes que tengan esa obligación deben contar con un proyecto de ordenación, plan dasocrático, técnico o instrumento equivalente, así como el de carencia de dicho instrumento a efectos de incentivos. Esta ampliación se justifica por el cambio de las condiciones: no son los mismos montes los que tienen que tener dicho plan, la existencia de la posibilidad de modelos tipo de gestión forestal que hace más fácil la planificación, pero que llevará un tiempo elaborar. Todo ello hace aconsejable establecer un plazo adicional para la adecuación del sistema de incentivos a montes ordenados y de acomodación a la legalidad de los montes catalogados y protectores.

IX

En la ley de modificación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, se incluyen también seis disposiciones adicionales que responden a diferentes fines: así, la primera se limita a actualizar las referencias con el nombre correcto del Departamento Ministerial.

Se introduce también en segundo lugar una disposición adicional análoga a la ya contenida en el artículo 120 de la Ley 62/2003, de 31 de diciembre, de medidas fiscales administrativas y del orden social, que garantice una correcta aplicación de las ayudas directas de la Política Agrícola Común en España, conforme a criterios comunes establecidos a escala nacional para todo el territorio derivadas del nuevo marco comunitario contenido en los Reglamentos (UE) 1307/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común, y 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, en particular, las relativas al sistema integrado de gestión y control establecido en el capítulo II del título V y al sistema de condicionalidad establecido en el título VI, y disposiciones concordantes.

Se procede mediante la disposición adicional tercera a cambiar la denominación de los cuerpos de Ingenieros agrónomos y de Ingenieros de montes, dos de los cuerpos más antiguos de la Administración, incluyendo expresa mención «del Estado.

La disposición adicional cuarta recoge algunos aspectos del mundo de la caza y la pesca que, aun reconociendo la competencia exclusiva de las comunidades autónomas en su legislación, requieren, para garantizar la unidad de mercado, cierta armonización y organización a escala nacional, como actividades económicas que también son. Así, se prevé la elaboración y adopción de una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética así como el registro nacional de infractores que este sistema debe conllevar para ser efectivo.

La disposición adicional quinta establece las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura.

La disposición adicional sexta regula el Camino Natural y la Red Nacional de Caminos Naturales.

Por último, se incluyen también siete disposiciones finales. La primera de ellas modifica la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura. La segunda modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional. La tercera añade un nuevo artículo tras el 16 a la Ley 8/2003, de 24 de abril, de Sanidad Animal, en el sentido de prevenir la transmisión de enfermedades al ganado o a los humanos por medio de las especies cinegéticas, estableciendo que tanto las granjas productoras de especies cinegéticas como los terrenos cinegéticos y el movimiento de estas especies estarán regulados por la legislación vigente en sanidad animal. La cuarta modifica la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. La quinta declara que el texto anterior no supone aumento del gasto público y fija en tres meses el plazo de entrada en vigor del mismo. La sexta, por su parte, establece la habilitación competencial y finalmente la séptima fija en tres meses el plazo de entrada en vigor.

X

La Ley incorpora una serie de preceptos relativos al trasvase Tajo-Segura, para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional, de 5 de febrero. Esta sentencia ha declarado la inconstitucionalidad de varias disposiciones relativas al trasvase Tajo-Segura, que fueron introducidas mediante enmiendas en el curso de la tramitación parlamentaria de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, por haberse omitido el preceptivo trámite de audiencia a la Comunidad Autónoma de Aragón, previsto en el artículo 72.3 de su Estatuto de Autonomía.

La declaración de inconstitucionalidad ha generado incertidumbre y pone en riesgo el normal funcionamiento del trasvase. Con el firme propósito de evitar esta situación, en la presente Ley se da cumplimiento a la sentencia del Alto Tribunal.

El trasvase Tajo-Segura, en servicio desde 1979, es una infraestructura esencial: abastece a 2,5 millones de personas y garantiza el suministro de riego a 150.000 hectáreas, dedicadas a la agricultura. Se trata de cultivos de alto valor añadido y muy tecnificados, que precisan de un marco normativo claro y estable en el tiempo, que permita conocer a los regantes con total seguridad el recurso hídrico del que disponen para programar adecuadamente las cosechas y acceder a la financiación que precisan para desarrollar su actividad.

La propia sentencia del Tribunal Constitucional subraya la relevancia de estas disposiciones, en su fundamento jurídico quinto, al indicar con toda claridad que «todas estas disposiciones se refieren al régimen de transferencias hídricas a través del Acueducto Tajo-Segura, cuya trascendencia está fuera de toda duda de suerte que la anulación de las normas antes mencionadas es susceptible de generar graves perjuicios a los intereses generales.

De este modo, se asegura el funcionamiento ordinario y con plena seguridad jurídica del trasvase Tajo-Segura.


pdf Texto completo de la Ley (Textos refundidos)

PREÁMBULO

I

El régimen jurídico de la evaluación ambiental estratégica de los planes y programas y de la evaluación de impacto ambiental de los proyectos quedó establecido con carácter unitario en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que integró en una sola norma la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, y el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero. La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, recoge en una única norma las leyes que incorporaron al ordenamiento jurídico español dos directivas comunitarias: la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente –«directiva sobre evaluación de impacto ambiental»– y la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2001, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.

La Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre, se ha modificado en el año 2014 mediante la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014. Esta modificación persigue los siguientes objetivos: en primer lugar, conseguir una regulación más eficaz del proceso de evaluación de impacto ambiental, adaptando las diversas etapas de las que consta este proceso a los principios comunitarios de «una mejor legislación» y de reducción de las cargas administrativas para los ciudadanos; en segundo lugar, aumentar la coherencia y las sinergias con otra legislación y otras políticas de la Unión Europea, así como con las estrategias y políticas establecidas por los Estados miembros en ámbitos de competencia nacional; y, finalmente, garantizar la mejora de la protección del medio ambiente, de la salud humana, del patrimonio nacional, velar por el mantenimiento de la diversidad de especies, conservar la capacidad de reproducción del ecosistema como recurso fundamental de la vida y el aumento de la eficiencia en el uso de los recursos naturales, mediante un sistema de toma de decisiones sobre inversiones, tanto públicas como privadas, más previsible y sostenible a largo plazo.

La nueva directiva sobre evaluación de impacto ambiental, que entró en vigor el 15 de mayo de 2014, supone un refuerzo del actual enfoque de la evaluación de impacto ambiental, como instrumento preventivo, que contempla las amenazas y desafíos ambientales que han surgido desde que entró en vigor la primera directiva sobre evaluación

de impacto ambiental de proyectos, hace ya más de 25 años. Esto significa prestar más atención a determinadas áreas, como la eficiencia de los recursos, el cambio climático y la prevención de riesgos que, con la nueva regulación, están ahora mejor reflejados en el proceso de evaluación.

Por otro lado, por lo que se refiere a otras áreas como el patrimonio cultural, que se define en el artículo 5.1.i) de la ley, se han de tener en cuenta las disposiciones de los tratados internacionales como el Convenio Europeo para la Protección del Patrimonio Arqueológico, de 16 de enero de 1992, el Convenio para la Salvaguarda del Patrimonio Arquitectónico de Europa, de 3 de octubre de 1985, o la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, de 2 de noviembre de 2001, sin olvidar el Convenio Europeo del Paisaje, de 20 de octubre de 2000, tal y como se menciona en los considerandos de la Directiva que se transpone.

Así mismo, de acuerdo con la nueva disposición comunitaria, los Estados miembros deben prever la integración o coordinación de los procesos de evaluación de impacto ambiental con otros procedimientos ambientales establecidos por normas comunitarias o nacionales; también se introducen plazos para las diferentes etapas de la evaluación de impacto ambiental: así, por ejemplo, el análisis caso por caso –lo que la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, denomina evaluación de impacto ambiental simplificada– debe realizarse en un plazo de noventa días, con posibilidad de prórroga, y las consultas públicas deben durar al menos treinta días. Los Estados miembros deben garantizar también que las decisiones finales sobre la autorización o denegación del proyecto se toman dentro de un «plazo razonable». El proceso para determinar si un proyecto debe someterse a evaluación de impacto ambiental se precisa, al exigir que las decisiones estén debidamente motivadas a la luz de los criterios de selección actualizados. Los informes de evaluación del impacto ambiental –estudios de impacto ambiental, según la terminología de la ley nacional– se deben hacer más comprensibles para el público, especialmente con respecto a las evaluaciones del estado actual del medio ambiente y las distintas alternativas al proyecto. También deben mejorarse la calidad y el contenido de los estudios e informes ambientales y las autoridades competentes tendrán que probar su objetividad para evitar conflictos de intereses. Los motivos que llevan a la decisión de autorizar o de denegar un proyecto deben ser claros y transparentes para el público. Los Estados miembros podrán fijar plazos para la validez de las conclusiones razonadas u opiniones emitidas como parte del proceso de evaluación de impacto ambiental, es decir, de lo que la ley española denomina declaración o informe de impacto ambiental. Si los procesos de evaluación concluyesen que un proyecto entrañará efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, los promotores, estarán obligados a adoptar las medidas necesarias para prevenir, reducir o compensar estos efectos. Además, tendrán que establecer sistemas de seguimiento y control de las decisiones ambientales durante la ejecución de los proyectos. Con el fin de evitar duplicidades y costes innecesarios, se podrán aplicar métodos de seguimiento y control ya existentes.

II

La mayor parte de los principios, objetivos y mandatos de la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, ya fueron incorporados en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, dado que la tramitación de ambas normas, la de la Unión Europea y la nacional, fue prácticamente simultánea. De este modo, durante la redacción del anteproyecto de ley ya se tuvieron en cuenta algunas de las novedades que posteriormente incluiría la directiva en su versión definitiva. Es el caso, por ejemplo, de la consideración del cambio climático en las evaluaciones ambientales. A continuación, se citan los artículos de la Directiva de 2014 que ya fueron incluidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre: así parte del artículo 2(3) de la Directiva se encuentra en el vigente artículo 14; el artículo 3(1) en el artículo 35.1.c); el artículo 4(3) está transpuesto ya en los artículos 47.2 (parcialmente, criterios del anexo III) y artículo 7.2 y anexo II (aunque ahora en el artículo 47.2 de la Ley se completa); el artículo 4(6) figura en el vigente artículo 47.1 (parcialmente); el artículo 5(2) en el 34.2 (parcialmente); el artículo 5(3) en los artículos 16.1 (parcialmente) y 40.3; el 6(2) en el 37.3 último párrafo (parcialmente); el 6(6) en los artículos 34.4, 36.1, 37.4 y 46.2; el 6(7) en los artículos 36.1 y 37.4; el 7(5) en el 49 (parcialmente); el 8BIS(4) en el artículo 52.2 (parcialmente); el 8BIS(6) en los artículos 47.4 (parcialmente) y 43; el artículo 10.a) en el Título III, capítulos II y III (parcialmente); y el Anexo III en el Anexo III (parcialmente).

No obstante, para una completa transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, resulta preciso modificar algunos preceptos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación y éste es precisamente el objeto fundamental de la presente ley.

Además de las modificaciones estrictamente necesarias para la incorporación de la directiva a nuestro ordenamiento, se han realizado también algunas modificaciones, entre otros, en los artículos 11, 40.4 y 44 que aclaran determinados conceptos de la ley, dotando de mayor seguridad jurídica a la regulación en materia de evaluación ambiental.

Por todo ello, la presente ley se dicta de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, regulados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

III

A continuación, se detallan las principales modificaciones que comporta la presente ley.

En primer lugar se reordenan los principios inspiradores de la evaluación ambiental, enumerados en el artículo 2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, con la finalidad de incluir en un mismo apartado la precaución y la acción cautelar.

El artículo 3 se modifica con el fin de adaptarlo a lo dispuesto en la directiva. Para ello, y aunque en la práctica ya se viene realizando, se prevé, de forma expresa, que las Administraciones que puedan estar interesadas en un plan, programa o proyecto determinado debido a sus responsabilidades medioambientales o a sus competencias específicas deban ser consultadas al respecto. Y, asimismo, se establece que el órgano ambiental y el sustantivo deberán ejercer sus funciones de manera objetiva y evitar situaciones que den lugar a conflicto de intereses.

Se modifica el artículo 5, relativo a las definiciones de la ley, con el fin de adaptarlo a lo dispuesto en la directiva, especialmente en lo referente a la definición de evaluación de impacto ambiental. La Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 por la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, define la «evaluación de impacto ambiental» como el proceso consistente en la preparación por el promotor de un informe de impacto ambiental, la realización de consultas, el examen por la autoridad competente de la información, la conclusión razonada de la autoridad competente sobre los efectos significativos del proyecto en el medio ambiente y la integración de la conclusión razonada de la autoridad competente en la decisión de autorización. La evaluación ambiental se configura en la directiva como un conjunto de trámites administrativos, que los Estados miembros pueden integrar en los procedimientos sustantivos sectoriales de autorización.

Esta consideración de la evaluación de impacto ambiental como «proceso» o conjunto de trámites es coherente con la que proporciona la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. Esta ley solventó la debatida cuestión de la naturaleza jurídica de la evaluación y de los pronunciamientos ambientales, de conformidad con la jurisprudencia que sobre la misma se había ido consolidando. Por lo que se refiere a los primeros, la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental se califican como «procedimiento administrativo instrumental» con respecto al procedimiento sustantivo sectorial de aprobación o adopción de los planes y programas o de la autorización de los proyectos. Por su parte, los pronunciamientos ambientales, es decir, la declaración ambiental estratégica, el informe ambiental estratégico, la declaración de impacto ambiental y el informe de impacto ambiental, tienen la naturaleza jurídica de un informe preceptivo y determinante.

No obstante, para realizar una correcta transposición de la directiva, se ha modificado el artículo 5, relativo a las definiciones de la ley, con el fin de adaptar la definición de evaluación de impacto ambiental a la que introduce la norma comunitaria. De manera que, aunque en la ley se hable indistintamente de «proceso» o de «procedimiento», la evaluación ambiental es un proceso en el sentido de la directiva, es decir, un conjunto de trámites administrativos, incardinados dentro del procedimiento más amplio de adopción, aprobación o autorización del proyecto. Asimismo, se han realizado las correspondientes modificaciones en el artículo 33 para adaptar a esta definición de la directiva el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria.

La directiva introduce como novedad la obligación para el promotor de incluir en el estudio de impacto ambiental un análisis sobre la vulnerabilidad de los proyectos ante accidentes graves o catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos.

Para incorporar este mandato de la directiva se ha considerado conveniente incluir en el artículo 5 las definiciones de vulnerabilidad del proyecto, de accidente grave, y de catástrofe. Asimismo, se han incluido menciones aclaratorias en la regulación de: la elaboración del documento de alcance del estudio de impacto ambiental; el estudio de impacto ambiental; las consultas a Administraciones públicas afectadas y personas interesadas; la declaración de impacto ambiental; la autorización del proyecto; y la evaluación de impacto ambiental simplificada.

Por otro lado, la regulación de los supuestos de proyectos excluidos de evaluación de impacto ambiental y de los proyectos excluibles, previstos en el artículo 8, se ha modificado para adaptarlo a los cambios introducidos por la directiva. Por una parte, el órgano sustantivo solamente podrá excluir del proceso de evaluación de impacto ambiental, en un análisis caso por caso, los proyectos o partes de proyectos que tengan como único objetivo la defensa –sin especificar que deba ser la defensa nacional– y los proyectos que tengan como único objetivo la respuesta a casos de emergencia civil, cuando tal aplicación pudiera tener repercusiones negativas sobre tales objetivos. Por otro lado, se ha suprimido la posibilidad de que mediante una ley específica se excluyan proyectos específicos de evaluación de impacto ambiental, teniendo en cuenta que la directiva en su nueva redacción únicamente prevé la posibilidad de exclusión del trámite de consulta pública. Finalmente, la posibilidad de exclusión de un proyecto determinado de la evaluación de impacto ambiental en casos excepcionales mediante acuerdo motivado del Consejo de Ministros, o del órgano que determine cada comunidad autónoma, se ha limitado, como hace la directiva, a los supuestos en los que la aplicación de la evaluación de impacto ambiental tenga efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto. La ley cita expresamente el caso de las obras de reparación de infraestructuras críticas dañadas como consecuencia de acontecimientos catastróficos. En estos supuestos, el Consejo de Ministros en el ámbito de la Administración General del Estado o, en su caso, el órgano que determine la legislación de cada comunidad autónoma en su respectivo ámbito de competencias decidirá, a propuesta del órgano sustantivo, si procede someter el proyecto a otra forma alternativa de evaluación que cumpla los principios y objetivos de la ley. El acuerdo de exclusión y los motivos que lo justifican se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» o diario oficial correspondiente. Adicionalmente, se pondrá a disposición del público la información relativa a la decisión.

Se modifica el artículo 11 apartado primero para la determinación del órgano ambiental y del órgano sustantivo. Así en el ámbito de la Administración General de Estado corresponde al órgano del Ministerio competente en materia de medio ambiente que reglamentariamente se determine ejercer las funciones atribuidas por esta ley al órgano ambiental cuando se trate de la evaluación ambiental de planes, programas o proyectos que deban ser adoptados, aprobados o autorizados por la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, o que sean objeto de declaración responsable o comunicación previa ante esta administración.

La utilización preferente de los medios electrónicos para garantizar la participación efectiva de las personas interesadas en los procesos de evaluación ambiental es otra de las novedades de la presente ley y es el motivo de la modificación de los artículos 9.3, 21.4, 22.1, 28.4, 36.3 y 37.3 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre. Con la finalidad de reforzar el acceso público a la información y la transparencia, la información medioambiental relativa a la aplicación de la ley debe estar accesible a los ciudadanos de manera fácil y efectiva y en formato electrónico. Para ello, se establece la obligación de disponer de, al menos, un portal central o puntos de acceso sencillo en el nivel administrativo territorial correspondiente.

IV

La obligación de establecer procedimientos coordinados o conjuntos para proyectos sujetos a la directiva y otra legislación de la Unión Europea, especialmente la directiva de emisiones industriales y la directiva de conservación de hábitats naturales, fauna y flora silvestre, estaba ya contemplada en la legislación nacional. No obstante, se han introducido modificaciones en la evaluación de las repercusiones de los planes, programas y proyectos sobre los espacios Red Natura 2000, con la finalidad de colmar algunas lagunas jurídicas que se habían detectado en esta regulación y solventar algunos problemas que se habían puesto de manifiesto en su aplicación práctica.

El artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que incorpora al derecho nacional la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva de Hábitats), no contempla ninguna excepción a la obligación de someter a evaluación ambiental los planes, programas y proyectos que puedan afectar de forma apreciable a espacios protegidos Red Natura 2000. Por tanto, aunque el plan, programa o proyecto esté excluido de evaluación ambiental en virtud del artículo 8.5 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, ese plan, programa o proyecto deberá someterse, cuando pueda afectar de forma apreciable a Espacios Protegidos Red Natura 2000, a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el espacio. En este supuesto, el promotor elaborará un estudio sobre las afecciones del plan, programa o proyecto sobre los espacios Red Natura 2000 y solicitará un informe del órgano competente de la comunidad autónoma afectada. Si en el informe se constatase que el plan, programa o proyecto puede causar un perjuicio a la integridad de la Red Natura 2000, se sustanciará el procedimiento regulado por los apartados 4 a 7 del artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

V

Como ya se ha mencionado anteriormente, otra de las novedades de la ley, prevista, entre otros, en el nuevo artículo 35, es la obligación, por parte del promotor, de incluir en el estudio de impacto ambiental un análisis sobre la vulnerabilidad de los proyectos ante accidentes graves o catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos.

Para evitar duplicidades, se puede utilizar toda la información pertinente disponible y obtenida a través de las evaluaciones de riesgo efectuadas de conformidad con otra legislación comunitaria o nacional. En particular, el promotor incluirá la información relevante, cuando resulte de aplicación, de las evaluaciones efectuadas de conformidad con otras normas, como la normativa relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como la normativa que regula la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares.

La ley especifica, con mayor grado de detalle, el contenido mínimo del estudio de impacto ambiental, que debe tener en cuenta los impactos del proyecto en su conjunto, incluidos, si procede, su superficie y su subsuelo, durante las fases de construcción y explotación y, si procede, de demolición; este estudio será elaborado por expertos para garantizar su calidad. La determinación por la administración competente del documento del alcance se mantiene como fase voluntaria en el proceso, ya regulado en el artículo 34 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de conformidad con la directiva.

El artículo 37 incorpora el informe de los órganos con competencias en materia de prevención y gestión de riesgos derivados de accidentes graves o catástrofes, en su caso, informe que tiene carácter preceptivo. Por lo que respecta a la evaluación de impacto ambiental simplificada, denominado «procedimiento de comprobación previa» en la directiva, la ley especifica, en el artículo 45, la información que el promotor está obligado a facilitar, centrándose en los aspectos clave que permitan que el órgano ambiental formule el informe de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental simplificada debe garantizar que solamente sea necesaria la evaluación de impacto ambiental ordinaria para proyectos que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente.

Las administraciones públicas competentes deberán garantizar que los órganos implicados en los procedimientos de evaluación ambiental disponen de personal con conocimientos suficientes para examinar los documentos ambientales. Una cuestión esencial de la directiva, y así se ha incorporado en la ley, es el contenido de la decisión que adopten las autoridades en relación con el proyecto una vez realizada la evaluación de impacto ambiental ordinaria, y la publicidad que debe darse a la decisión. El órgano sustantivo incluirá en la autorización la conclusión sobre los efectos significativos del proyecto en el medio ambiente, las condiciones ambientales establecidas en la declaración de impacto ambiental, así como una descripción de las características del proyecto y las medidas previstas para prevenir, corregir y, si fuera posible, compensar los efectos adversos significativos en el medio ambiente, así como, en su caso, medidas de seguimiento. Asimismo, la decisión de denegar una autorización indicará las principales razones de la denegación. El órgano sustantivo publicará un extracto de esta información.

Otra de las novedades de la ley, prevista en su artículo 38, que no deriva del texto de la directiva pero sí de su espíritu, es la previsión de realizar un nuevo trámite de información pública y consultas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas si como consecuencia del trámite de información pública y de consultas, el promotor incorporara en el proyecto o en el estudio de impacto ambiental, modificaciones que supongan efectos ambientales significativos distintos de los previstos originalmente. Como consecuencia, se refuerza el trámite de consultas, emprendiendo un análisis que permita examinar el fondo de la información adicional facilitada.

El artículo 39 se modifica para prever la obligación del órgano sustantivo de comprobar que el promotor ha incluido en el estudio de impacto ambiental, todos los apartados específicos contemplados en el artículo 35.1.

El artículo 40 que regula el análisis técnico del expediente se modifica para incluir las consecuencias jurídicas de la omisión, en el estudio de impacto ambiental elaborado por el promotor, de alguno de los apartados específicos contemplados en el artículo 35.1.

Se modifica el artículo 41 para adecuar el contenido y el alcance de la declaración de impacto ambiental a lo previsto en la directiva. Asimismo, se modifica el artículo 42 para incluir la obligación derivada de la directiva de establecer un plazo razonable para la autorización del proyecto, quedando su concreta determinación en el ámbito del órgano sustantivo y también se detalla el contenido mínimo del extracto de la autorización que ha de publicarse.

Se modifica el artículo 44 para mejorar y adecuar el procedimiento de modificación de las condiciones de la declaración de impacto ambiental que podrá iniciarse de oficio o a solicitud del promotor.

El artículo 45, relativo a la solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada, traslada a la Ley tanto el artículo 4.4 como el anexo II bis de la directiva, lo que implica una mejor comprensión y claridad de la documentación que debe aportar el promotor y facilita la toma de decisión al órgano ambiental para analizar el proyecto.

Tanto el artículo 47, relativo al informe ambiental, como el artículo 48, sobre la autorización del proyecto y publicidad, incorporan nuevos elementos de información facilitados por el promotor que debe tener en cuenta el órgano ambiental para determinar, de forma motivada, si el proyecto debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria o no tiene efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Con la nueva redacción de los apartados 2 y 3 del artículo 49, se completan determinados aspectos procedimentales de las consultas a otros Estados en los procedimientos de evaluación ambiental.

De acuerdo con el artículo 8.bis, apartado 4, párrafo segundo de la directiva de 2011, en la redacción dada por la de 2014, se regula en el artículo 52, con mayor precisión, el seguimiento de las declaraciones de impacto ambiental y de los informes de impacto ambiental incluyendo, en su caso, el tipo de parámetros que deban ser objeto de seguimiento y la duración del seguimiento, que serán proporcionados en relación con la naturaleza, ubicación y dimensiones del proyecto y con la importancia de su impacto en el medio ambiente.

El último de los artículos de la ley que se modifican es el artículo 56.2, que, cumpliendo con el mandato establecido en el artículo 10 bis de la directiva, clarifica que las sanciones han de ser efectivas, disuasorias y proporcionadas.

Por lo que se refiere a las disposiciones adicionales que se modifican, la disposición adicional tercera ha incorporado el contenido de la información que, como mínimo, se debe aportar a la Comisión Europea cada seis años contados a partir del 16 de mayo de 2017.

La disposición adicional séptima, que regula la evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000, se completa, detallando la forma en que se puede acreditar que dichos planes, programas o proyectos guardan una relación directa con la gestión del espacio de la Red Natura.

La disposición adicional novena se modifica para incluir la posibilidad de que el órgano ambiental en el ámbito de la Administración General del Estado emita certificaciones sobre evaluaciones de impacto ambiental practicadas.

La disposición adicional decimocuarta, relativa a la identificación de las personas interesadas, se modifica para mencionar la interconexión de los registros creados para dicha identificación, lo que responde a la necesidad de transparencia y agilidad en la tramitación de los procedimientos de evaluación ambiental.

Se incorpora una nueva disposición adicional decimosexta para regular aquellos casos en los que, en ejecución de sentencia firme, deba realizarse la evaluación de impacto ambiental de un proyecto cuya ejecución ya se haya iniciado o finalizado.

Asimismo se incorpora una disposición adicional decimoséptima sobre instalaciones militares.

Por último, la disposición adicional decimoctava incluye todas las actuaciones que deba efectuar el Consejo de Seguridad Nuclear en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de proyectos que deban ser autorizados según el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, aprobado por el Real Decreto 1836/1999, de 3 de diciembre. Conforme a lo establecido en la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, corresponde a este organismo la función de evaluar el impacto radiológico ambiental de las instalaciones nucleares y radiactivas y de las actividades que impliquen el uso de radiaciones ionizantes, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable.

Por último, se modifica la disposición final octava relativa a los títulos competenciales, con el fin de adecuarla a la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/2017, de 11 de mayo, que declaró inconstitucionales algunos de los títulos competenciales invocados en la redacción originaria de la ley. Asimismo, se elimina la disposición final undécima, al considerar que la legislación básica es aplicable directamente a las Comunidades Autónomas desde su entrada en vigor.

Finalmente, también se modifica la disposición final novena, relativa a la autorización de desarrollo de la ley, con el fin de autorizar al Gobierno para modificar los anexos con el fin de adaptarlos a la normativa vigente, a la evolución científica y técnica, y a lo que dispongan las normas internacionales y el Derecho de la Unión Europea.

La disposición transitoria única regula el régimen aplicable a los procedimientos en curso.

Mediante la disposición final segunda se efectúa una modificación de la disposición adicional sexta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. La finalidad de esta modificación es dar cumplimiento a la Sentencia 118/2017, de 19 de octubre, que ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía frente a los apartados tercero a octavo de la disposición adicional sexta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, relativa a los Caminos Naturales, y ha declarado nulos e inconstitucionales algunos de los extremos contenidos en la misma (letras d) y e) del apartado 4 y dos incisos concretos en los apartados 6 y 7). La disposición final tercera lleva a cabo una modificación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, modificando los artículos 30 y 36 e introduciendo un nuevo artículo 35 bis. Ello, con el fin de definir, con mayor precisión, las especialidades propias del régimen administrativo sancionador contenido en la versión consolidada de la mencionada ley y adecuar los planes de seguimiento de los operadores aéreos.

La disposición final cuarta establece la incorporación de Derecho de la Unión Europea.

Por último, la disposición final quinta determina la entrada en vigor.

VI

Esta ley consta de un artículo único, por el que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, una disposición adicional, una disposición transitoria, sobre expedientes en curso, y cinco disposiciones finales, sobre modificación de las Leyes 43/2003, de 21 de noviembre, y 1/2005, de 9 marzo, sobre la incorporación del derecho de la Unión Europea y sobre la entrada en vigor, respectivamente.


pdf Texto completo de la Ley (Textos refundidos)

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES.

 CAPÍTULO I. OBJETO Y CONCEPTOS GENERALES.

Artículo 1. Objeto. Redacción según Ley 10/2006, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

Esta Ley tiene por objeto garantizar la conservación y protección de los montes españoles, promoviendo su restauración, mejora, sostenibilidad y aprovechamiento racional, apoyándose en la solidaridad colectiva y la cohesión territorial.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Esta Ley es de aplicación a todos los montes españoles de acuerdo con el concepto contenido en el artículo 5. En el caso de los montes vecinales en mano común, esta Ley les es aplicable sin perjuicio de lo establecido en su legislación especial.

2. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. A los terrenos de condición mixta agrosilvopastoral, y en particular a los terrenos adehesados, les será de aplicación esta ley en lo relativo a sus características y aprovechamientos forestales, sin perjuicio de la aplicación de la normativa que les corresponda por sus características agropecuarias.

3. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Los montes o fracciones de monte que estén incluidos en espacios naturales protegidos se rigen por su legislación específica, así como por las disposiciones de esta ley en lo que no sea contrario a aquélla.

4. Las vías pecuarias que atraviesen o linden con montes se rigen por su legislación específica, así como por las disposiciones de esta Ley, en lo que no sea contrario a aquélla.

Artículo 3. Principios.

Son principios que inspiran esta Ley:

a. La gestión sostenible de los montes.

b. El cumplimiento equilibrado de la multifuncionalidad de los montes en sus valores ambientales, económicos y sociales.

c. La planificación forestal en el marco de la ordenación del territorio.

d. El fomento de las producciones forestales y sus sectores económicos asociados.

e. La creación de empleo y el desarrollo del medio rural.

f. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. La conservación, mejora y restauración de la biodiversidad de los ecosistemas y especies forestales.

g. La integración en la política forestal española de los objetivos de la acción internacional sobre protección del medio ambiente, especialmente en materia de desertificación, cambio climático y biodiversidad.

h. La colaboración y cooperación de las diferentes Administraciones públicas en la elaboración y ejecución de sus políticas forestales.

i. La participación en la política forestal de los sectores sociales y económicos implicados.

j. Añadido por Ley 10/2006, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Principio o enfoque de precaución, en virtud de la cual cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza.

k. Añadido por Ley 10/2006, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Adaptación de los montes al Cambio Climático, fomentando una gestión encaminada a la resiliencia y resistencia de los montes al mismo.

l. Añadido por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. La consideración de los montes como infraestructuras verdes para mejorar el capital natural y su consideración en la mitigación del cambio climático. 

Artículo 4. Multifuncionalidad de los montes. Redactado por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

Los montes, independientemente de su titularidad, desempeñan una función social relevante, tanto como fuente de recursos naturales y sustento de actividades económicas como por ser proveedores de múltiples servicios ambientales, entre ellos, de protección del suelo y del ciclo hidrológico; de fijación del carbono atmosférico; de depósito de la diversidad biológica y como elementos fundamentales de la conectividad ecológica y del paisaje.

El reconocimiento de estos recursos y externalidades, de los que toda la sociedad se beneficia, obliga a las Administraciones públicas a velar en todos los casos por su conservación, protección, restauración, mejora y ordenado aprovechamiento.

Artículo 5. Concepto de monte.

1. A los efectos de esta Ley, se entiende por monte todo terreno en el que vegetan especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o recreativas.

Tienen también la consideración de monte:

a. Los terrenos yermos, roquedos y arenales.

b. Las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en el que se ubican.

c. Los terrenos agrícolas abandonados que cumplan las condiciones y plazos que determine la comunidad autónoma, y siempre que hayan adquirido signos inequívocos de su estado forestal.

d. Todo terreno que, sin reunir las características descritas anteriormente, se adscriba a la finalidad de ser repoblado o transformado al uso forestal, de conformidad con la normativa aplicable.

e. Añadido por Ley 10/2006, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Los enclaves forestales en terrenos agrícolas con la superficie mínima determinada por la Comunidad Autónoma.

2. Redactado por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Sin perjuicio de lo dispuesto en los demás apartados de este artículo, no tienen la consideración de monte:

a) Los terrenos dedicados al cultivo agrícola.

b) Los terrenos urbanos.

c) Los terrenos que excluya la comunidad autónoma en su normativa forestal y urbanística.

3. Las comunidades autónomas, de acuerdo con las características de su territorio, podrán determinar la dimensión de la unidad administrativa mínima que será considerada monte a los efectos de la aplicación de esta Ley.

4. Añadido por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.  Las plantaciones de especies forestales de turno corto en régimen intensivo sobre terrenos agrícolas estarán sometidas a lo dispuesto en esta ley durante la vigencia de los turnos de aprovechamiento previamente establecidos, a menos que la comunidad autónoma decida expresamente un periodo más corto decidiendo su titular una vez finalizado dicho periodo sobre el aprovechamiento de dicho terreno.

Artículo 6. Definiciones.

A los efectos de esta Ley, se definen los siguientes términos:

a. Forestal: todo aquello relativo a los montes.

b. Especie forestal: especie arbórea, arbustiva, de matorral o herbácea que no es característica de forma exclusiva del cultivo agrícola.

c. Gestión: el conjunto de actividades de índole técnica y material relativas a la conservación, mejora y aprovechamiento del monte.

d. Selvicultura: conjunto de técnicas que tratan de la conservación, mejora, aprovechamiento y regeneración o, en su caso, restauración, de las masas forestales.

e. Gestión forestal sostenible: la organización, administración y uso de los montes de forma e intensidad que permita mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de regeneración, para atender, ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes en el ámbito local, nacional y global, y sin producir daños a otros ecosistemas.

f. Redactado por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Repoblación forestal: establecimiento de especies forestales en un terreno mediante siembra o plantación. Puede ser forestación o reforestación.

Puede ser forestación o reforestación.

g. Forestación: repoblación, mediante siembra o plantación, de un terreno que era agrícola o estaba dedicado a otros usos no forestales.

h. Reforestación: reintroducción de especies forestales, mediante siembra o plantación, en terrenos que estuvieron poblados forestalmente hasta épocas recientes, pero que quedaron rasos a causa de talas, incendios, vendavales, plagas, enfermedades u otros motivos.

i. Redactado por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Aprovechamientos forestales: los maderables y leñosos, incluida la biomasa forestal, los de corcho, los de resina, pastos, caza, frutos, hongos, plantas aromáticas y medicinales, productos apícolas y los demás productos y servicios con valor de mercado característicos de los montes.

j. Plan de aprovechamiento: documento que describe el objeto del aprovechamiento y especifica la organización y medios a emplear, incluidas extracción y saca y, en su caso, las medidas para garantizar la sostenibilidad de acuerdo con las prácticas de buena gestión recogidas en la normativa de la comunidad autónoma o en las directrices del PORF.

k. Incendio forestal: el fuego que se extiende sin control sobre combustibles forestales situados en el monte.

l. Cambio del uso forestal: toda actuación material o acto administrativo que haga perder al monte su carácter de tal.

m. Instrumentos de gestión forestal: bajo esta denominación se incluyen los proyectos de ordenación de montes, planes dasocráticos, planes técnicos u otras figuras equivalentes.

n. Redactado por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Proyecto de ordenación de montes: documento técnico que sintetiza la organización en el tiempo y el espacio de la utilización sostenible de los recursos forestales, maderables y no maderables, en un monte o grupo de montes, para lo cual debe incluir una descripción pormenorizada del terreno forestal en sus aspectos ecológicos, legales, sociales y económicos y, en particular, un inventario forestal con un nivel de detalle tal que permita la toma de decisiones en cuanto a la selvicultura a aplicar en cada una de las unidades del monte y a la estimación de sus rentas.

ñ. Redactado por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Plan dasocrático o plan técnico: proyecto de ordenación de montes que, por su singularidad –pequeña extensión; funciones preferentes distintas a las de producción de madera o corcho; masas inmaduras (sin arbolado en edad de corta), etc.– precisan una regulación más sencilla de la gestión de sus recursos. En consonancia, el inventario forestal podrá ser más simplificado, si bien será necesario que incorpore información sobre espesura en el caso de montes arbolados.

o. Monte ordenado: el que dispone de instrumento de gestión forestal vigente.

p. Certificación forestal: procedimiento voluntario por el que una tercera parte independiente proporciona una garantía escrita tanto de que la gestión forestal es conforme con criterios de sostenibilidad como de que se realiza un seguimiento fiable desde el origen de los productos forestales.

q. Redactado por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Agente forestal: Funcionario que ostenta la condición de agente de la autoridad perteneciente a las Administraciones Públicas que, de acuerdo con su propia normativa y con independencia de la denominación corporativa específica, tiene encomendadas, entre otras funciones, las de vigilancia, policía y custodia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y la de policía judicial en sentido genérico tal como establece el apartado 6 del artículo 283 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, actuando de forma auxiliar de los jueces, tribunales y del Ministerio Fiscal, y de manera coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con respeto a las facultades de su legislación orgánica reguladora.

CAPÍTULO II. COMPETENCIAS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Artículo 7. Administración General del Estado.

1. Corresponden a la Administración General del Estado en las materias relacionadas con esta Ley las siguientes competencias de forma exclusiva:

a. Derogado por Ley 10/2006, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

b. La representación internacional de España en materia forestal.

2. Asimismo, corresponden a la Administración General del Estado, en colaboración con las comunidades autónomas y sin perjuicio de sus competencias en estos ámbitos, las funciones que se citan a continuación:

a. Redactado por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. La definición de los objetivos generales de la política forestal española a través de documentos como:

1.º Estrategia Forestal Española.

2.º Plan Forestal Español.

3.º Programa de Acción Nacional contra la Desertificación.

4.º Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias de Restauración hidrológico-forestal.

5.º Plan Nacional de Control de la Legalidad de la Madera Comercializada.

b. Redactado por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. La recopilación, elaboración y sistematización de la información forestal para mantener y actualizar la Información Forestal Española.

 c. Redactado por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. El establecimiento de las directrices comunes sobre formación en materia de extinción y prevención de incendios, en la normalización de los medios materiales, y de los equipamientos de personal de extinción de incendios forestales en todo el territorio español, así como el despliegue de medios estatales de apoyo a las comunidades autónomas, para la cobertura de los montes contra incendios.

d. El ejercicio de las funciones necesarias para la adopción de medidas fitosanitarias urgentes, así como velar por la adecuada ejecución, coordinación y seguimiento de las mismas, en situaciones excepcionales en las que exista grave peligro de extensión de plagas forestales, de conformidad con el artículo 16 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal.

e. La promoción de planes de formación y empleo del sector forestal.

f. Redactado por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. El establecimiento de normas básicas sobre conservación y uso sostenible de los recursos genéticos forestales y sobre procedencia, producción, utilización y comercialización de los materiales forestales de reproducción y, en particular, la determinación de sus regiones de procedencia y el mantenimiento del Registro y del Catálogo Nacional de Materiales de Base.

g. Redactado por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. La elaboración y la aprobación de las directrices básicas comunes de gestión forestal sostenible.

h. Derogado por Ley 10/2006, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

i. El fomento de la investigación científica y la innovación tecnológica en el ámbito forestal.

3. Redacción según Ley 10/2006, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Corresponde, asimismo, a la Administración General del Estado el ejercicio de aquellas otras competencias que le confiere la legislación y, en particular:

a. Redactado por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. La coordinación de la llevanza del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, así como la del Registro de Montes Protectores y demás registros previstos en esta ley.

b. Redactado por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. La colaboración en el diseño de las redes, la recopilación y comunicación a los órganos comunitarios de los datos obtenidos por las comunidades autónomas en su ámbito territorial y de los obtenidos por la Administración General del Estado en el ámbito suprautonómico o en el de sus competencias, procedentes de las parcelas de las redes europeas para el seguimiento del estado de los montes, y otros sistemas de seguimiento general.

Artículo 8. Comunidades autónomas.

1. Las comunidades autónomas ejercen aquellas competencias que en materia de montes y aprovechamientos forestales, y las que en virtud de otros títulos competenciales que inciden en esta Ley, tienen atribuidas en sus estatutos de autonomía.

2. La Comunidad Foral de Navarra ejerce las competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales en los términos previstos en la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

Artículo 9. Administración local.

Las entidades locales, en el marco de la legislación básica del Estado y de la legislación de las comunidades autónomas, ejercen las competencias siguientes:

a. La gestión de los montes de su titularidad no incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

b) Redactado por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. La gestión de los montes catalogados de su titularidad, cuando así se disponga y en la forma que se disponga en la legislación forestal de la comunidad autónoma.

c. La disposición del rendimiento económico de los aprovechamientos forestales de todos los montes de su titularidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 en relación con el fondo de mejoras de montes catalogados o, en su caso, de lo dispuesto en la normativa autonómica.

d. La emisión de informe preceptivo en el procedimiento de elaboración de los instrumentos de gestión relativos a los montes de su titularidad incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

e. La emisión de otros informes preceptivos previstos en esta Ley, relativos a los montes de su titularidad.

f. Aquellas otras que, en la materia objeto de esta Ley, les atribuya, de manera expresa, la legislación forestal de la comunidad autónoma u otras Leyes que resulten de aplicación.

Artículo 10. Órganos de coordinación y consultivo de la política forestal española. Redactado por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

1. Corresponde a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural la coordinación entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas para la preparación, estudio y desarrollo de las cuestiones propias de la política forestal española.

2. Se crea el Consejo Forestal Nacional como órgano consultivo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en materia de montes y política forestal, que informará, entre otros, las normas y planes de ámbito estatal relativas al ámbito forestal. Presidido por el Ministro, su composición, organización y funcionamiento se determinarán reglamentariamente garantizándose, en todo caso, la participación de las organizaciones representativas de los intereses afectados, sin que puedan generar costes de personal ni aumento del gasto público.


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TÍTULO II. CLASIFICACIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS MONTES.

CAPÍTULO I. CLASIFICACIÓN DE LOS MONTES.

Artículo 11. Montes públicos y montes privados.

1. Por razón de su titularidad los montes pueden ser públicos o privados.

2. Son montes públicos los pertenecientes al Estado, a las comunidades autónomas, a las entidades locales y a otras entidades de derecho público.

3. Son montes privados los pertenecientes a personas físicas o jurídicas de derecho privado, ya sea individualmente o en régimen de copropiedad.

4. Redactado por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Los montes vecinales en mano común son montes privados que tienen naturaleza especial derivada de su propiedad en común sin asignación de cuotas, siendo la titularidad de éstos de los vecinos que en cada momento integren el grupo comunitario de que se trate y sujetos a las limitaciones de indivisibilidad, inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley 55/1980, de 11 de noviembre, de Montes Vecinales en Mano Común, se les aplicará lo dispuesto para los montes privados.

Artículo 12. Montes de dominio público y montes patrimoniales.

1. Son de dominio público o demaniales e integran el dominio público forestal:

a. Por razones de servicio público, los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública a la entrada en vigor de esta Ley, así como los que se incluyan en él de acuerdo con el artículo 16.

b. Los montes comunales, pertenecientes a las entidades locales, en tanto su aprovechamiento corresponda al común de los vecinos.

c. Aquellos otros montes que, sin reunir las características anteriores, hayan sido afectados a un uso o servicio público.

2. Son montes patrimoniales los de propiedad pública que no sean demaniales.

Artículo 12 bis. Suprimido por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. 

Artículo 13. Redactado por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Montes catalogados de utilidad pública.

A partir de la entrada en vigor de esta ley, las comunidades autónomas podrán declarar de utilidad pública e incluir en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública los montes públicos comprendidos en alguno de los siguientes supuestos:

a. Los que sean esenciales para la protección del suelo frente a los procesos de erosión.

b. Los situados en las cabeceras de las cuencas hidrográficas y aquellos otros que contribuyan decisivamente a la regulación del régimen hidrológico, incluidos los que se encuentren en los perímetros de protección de las captaciones superficiales y subterráneas de agua, evitando o reduciendo aludes, riadas e inundaciones y defendiendo poblaciones, cultivos e infraestructuras, o mejorando el abastecimiento de agua en cantidad o calidad.

c. Los que eviten o reduzcan los desprendimientos de tierras o rocas y el aterramiento de embalses y aquellos que protejan cultivos e infraestructuras contra el viento.

d. Los que sin reunir plenamente en su estado actual las características descritas en los párrafos a), b) o c) sean destinados a la repoblación o mejora forestal con los fines de protección en ellos indicados.

e. Los que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica a través del mantenimiento de los sistemas ecológicos, la protección de la flora y la fauna o la preservación de la diversidad genética y, en particular, los que constituyan o formen parte de espacios naturales protegidos, zonas de especial protección para las aves, zonas de especial conservación, lugares de interés geológico u otras figuras legales de protección, así como los que constituyan elementos relevantes del paisaje.

f. Aquellos otros que establezca la comunidad autónoma en su legislación.

CAPÍTULO II. RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS MONTES PÚBLICOS.

Artículo 14. Régimen jurídico de los montes demaniales.

Los montes del dominio público forestal son inalienables, imprescriptibles e inembargables y no están sujetos a tributo alguno que grave su titularidad.

Artículo 15. Régimen de usos en el dominio público forestal.

1. La Administración gestora de los montes demaniales podrá dar carácter público a aquellos usos respetuosos con el medio natural, siempre que se realicen sin ánimo de lucro y de acuerdo con la normativa vigente, en particular con lo previsto en los instrumentos de planificación y gestión aplicables, y cuando sean compatibles con los aprovechamientos, autorizaciones o concesiones legalmente establecidos.

2. La Administración gestora de los montes demaniales someterá a otorgamiento de autorizaciones aquellas actividades que, de acuerdo con la normativa autonómica, la requieran por su intensidad, peligrosidad o rentabilidad. En los montes catalogados será preceptivo el informe favorable del órgano forestal de la comunidad autónoma.

3. Redactado por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Los aprovechamientos forestales en el dominio público forestal se regirán por lo que se establece en los artículos 36 y 37 de esta ley.

4. La Administración gestora de los montes demaniales someterá a otorgamiento de concesión todas aquellas actividades que impliquen una utilización privativa del dominio público forestal. En los montes catalogados, esta concesión requerirá el informe favorable de compatibilidad con la persistencia de los valores naturales del monte por parte del órgano forestal de la comunidad autónoma.

5. Redactado por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. En los procedimientos de concesión y autorización de actividades económicas promovidas por la administración gestora del monte que vayan a realizarse en montes demaniales, sin perjuicio de lo dispuesto en la regulación de los montes comunales, se respetarán los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad y transparencia. Se aplicará además el principio de concurrencia competitiva conforme a los instrumentos o directrices de planificación y gestión del mismo en los siguientes supuestos:

a) cuando se trate de una actividad de servicios que se promueva por la administración gestora del monte.

b) cuando el ejercicio de la actividad excluya el ejercicio de otras actividades por terceros.

Los criterios en que se basará la concesión y autorización para la realización de actividades de servicios estarán directamente vinculados a lo dispuesto en los instrumentos o directrices de planificación y gestión del monte.

La duración de dichas autorizaciones y concesiones será como máximo de 75 años, de acuerdo con sus características, y no dará lugar a renovación automática ni a ventajas a favor del anterior titular o personas vinculadas con él.

Artículo 16. Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

1. El Catálogo de Montes de Utilidad Pública es un registro público de carácter administrativo en el que se inscriben todos los montes declarados de utilidad pública.

2. La inclusión y exclusión de montes en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública y la llevanza de éste corresponde a las comunidades autónomas en sus respectivos territorios. Las comunidades autónomas darán traslado al Ministerio de Medio Ambiente de las inscripciones que practiquen así como de las resoluciones administrativas y sentencias judiciales firmes que conlleven modificaciones en el catálogo, incluidas las que atañen a permutas, prevalencias y resoluciones que, con carácter general, supongan la revisión y actualización de los montes catalogados.

3. Redactado por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. La inclusión en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de los montes públicos a los que se refiere el artículo 13 se hará de oficio o a instancia del titular, y se adoptará por acuerdo del máximo órgano de gobierno de cada comunidad autónoma, a propuesta de su respectivo órgano forestal, previa instrucción del correspondiente procedimiento en el que deberá ser oída la Administración titular y, en su caso, los titulares de derechos sobre dichos montes.

4. Redactado por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. La exclusión de un monte del Catálogo de Montes de Utilidad Pública sólo procederá cuando haya perdido las características por las que fue catalogado y se regulará por el procedimiento descrito en el apartado anterior. La exclusión parcial o permuta de una parte no significativa de un monte catalogado podrá ser autorizada por acuerdo del máximo órgano de gobierno de cada comunidad autónoma, a propuesta de su órgano forestal, siempre que suponga una mejor definición de la superficie del monte o una mejora para su gestión y conservación.

5. Redactado por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Con carácter excepcional, por acuerdo del máximo órgano de gobierno de cada comunidad autónoma, previo informe de su órgano forestal y, en su caso, de la entidad titular, se podrá autorizar la exclusión o permuta de una parte de un monte catalogado por causa de interés público prevalente.

Artículo 17. Desafectación de montes demaniales.

1. La desafectación de los montes catalogados del dominio público forestal requerirá, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 18.4, su previa exclusión del catálogo.

2. La desafectación de los restantes montes demaniales se tramitará por su Administración titular y requerirá, en todo caso, el informe favorable del órgano forestal de la comunidad autónoma.

3. La comunidad autónoma regulará el procedimiento de desafectación de los montes demaniales.

Artículo 18. Efectos jurídicos de la inclusión de los montes en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

1. Redactado por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. La declaración de utilidad pública de un monte no prejuzga ninguna cuestión de propiedad, pero constituye una presunción de posesión a favor de la entidad a la que el catálogo otorga su pertenencia. La titularidad que en el catálogo se asigne a un monte sólo puede impugnarse en juicio declarativo ordinario de propiedad ante los tribunales civiles, no permitiéndose el ejercicio de las acciones reales del artículo 250.1.7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

2. Redactado por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. En los casos en los que se promuevan juicios declarativos ordinarios de propiedad de montes catalogados, será parte demandada la comunidad autónoma, además de, en su caso, la entidad titular del monte. En todas las actuaciones que se realicen en los procedimientos judiciales a que se refiere este artículo deberá ser emplazada a su debido tiempo la representación de la administración gestora, declarándose nulas en caso contrario.

3. Redactado por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. La Administración titular o gestora inscribirá los montes catalogados, así como cualquier derecho sobre ellos, en el Registro de la Propiedad, mediante certificación acompañada por un plano topográfico del monte o el levantado para el deslinde a escala apropiada, debidamente georreferenciados, y en todo caso la certificación catastral descriptiva y gráfica en la que conste la referencia catastral del inmueble o inmuebles que constituyan la totalidad del monte catalogado, de acuerdo con el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo. En caso de discrepancia se estará a lo que disponga la legislación hipotecaria sobre la inscripción de la representación gráfica de las fincas en el Registro de la Propiedad.

4. Redactado por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Cuando un monte catalogado se halle afectado por un expediente del cual pueda derivarse otra declaración de demanialidad distinta de la forestal, y sin perjuicio de lo que, en su caso, disponga la declaración de impacto ambiental, las Administraciones competentes buscarán cauces de cooperación al objeto de determinar cuál de tales declaraciones debe prevalecer.

En el supuesto de discrepancia entre las Administraciones, resolverá, según la Administración que haya tramitado el expediente, el Consejo de Ministros o el órgano que la comunidad autónoma determine. En el caso de que ambas fueran compatibles, la Administración que haya gestionado el expediente tramitará, en pieza separada, un expediente de concurrencia, para armonizar el doble carácter demanial.

Cuando se trate de montes afectados por obras o actuaciones de interés general del Estado, resolverá el Consejo de Ministros, oída la comunidad autónoma afectada.

Artículo 18 bis. Añadadido por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Segregación de fincas parcialmente afectadas al dominio público forestal.

1. Cuando una finca registral de titularidad pública sea objeto de afectación parcial al dominio público forestal, la Administración titular podrá segregar la parte demanial de la patrimonial mediante certificación administrativa que será título suficiente para su inscripción en el Registro de la Propiedad.

2. En los expedientes administrativos de segregación regulados en el apartado anterior resultará de aplicación lo dispuesto en los artículos 13 y 46.2 del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

Artículo 19. Características jurídicas de los montes patrimoniales.

1. La usucapión o prescripción adquisitiva de los montes patrimoniales sólo se dará mediante la posesión en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida durante 30 años.

2. Redactado por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Se entenderá interrumpida la posesión a efectos de la prescripción por la realización de aprovechamientos forestales, por la iniciación de expedientes sancionadores o por cualquier acto posesorio realizado por la administración titular o gestora del monte.

CAPÍTULO III. RECUPERACIÓN POSESORIA Y DESLINDE DE LOS MONTES PÚBLICOS.

Artículo 20. Investigación y recuperación posesoria de los montes públicos. Rubrica según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

1. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Los titulares de los montes públicos, por propia iniciativa o a instancia de la Administración gestora en los montes catalogados, tendrán la facultad de investigar la situación de los terrenos que se presuman pertenecientes a su patrimonio, según lo establecido en el artículo 45 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, a cuyo efecto podrán recabar todos los datos e informes que se consideren necesarios.

2. Los titulares de los montes demaniales, junto con la Administración gestora en los montes catalogados, podrán ejercer la potestad de recuperación posesoria de los poseídos indebidamente por terceros, que no estará sometida a plazo y respecto a la que no se admitirán acciones posesorias ni procedimientos especiales.

Artículo 21. Deslinde de montes de titularidad pública.

1. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Los titulares de los montes públicos, junto con la Administración gestora en los montes catalogados, gozarán de la potestad de deslinde administrativo de sus montes. La administración forestal competente podrá colaborar en su caso en el deslinde de estos montes, poniendo a disposición de la Administración titular los medios técnicos y documentales de los que disponga.

2. Derogado por Ley 10/2006, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

3. El deslinde de los montes no catalogados se ajustará al procedimiento que determinen las respectivas Administraciones públicas titulares.

El deslinde de los montes catalogados se ajustará al procedimiento que determinen las comunidades autónomas y, cuando afecte a montes de titularidad estatal, será preceptivo el informe de la Abogacía del Estado.

4. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Los deslindes deberán aprobarse a la vista de los documentos acreditativos o situaciones de posesión cualificada que acrediten la titularidad pública del monte objeto del deslinde, así como de la cartografía catastral y la certificación catastral descriptiva y gráfica del inmueble o inmuebles afectados, y establecerán sus límites con sus cabidas y plano georreferenciado si se dispone de él, debiendo concretarse igualmente los gravámenes existentes.

5. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Solamente tendrán valor y eficacia en el acto del apeo los títulos de dominio inscritos en el Registro de la Propiedad y sentencias firmes en juicio declarativo de propiedad.

6. El deslinde aprobado y firme supone la delimitación del monte y declara con carácter definitivo su estado posesorio, a reserva de lo que pudiera resultar de un juicio declarativo de propiedad.

7. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. La resolución será recurrible tanto por los interesados como por los colindantes ante la jurisdicción contencioso-administrativa, una vez agotada la vía administrativa, por razones de competencia o procedimiento, y ante la jurisdicción civil si lo que se discute es el dominio, la posesión o cualquier otro derecho real.

8. La resolución definitiva del expediente de deslinde es título suficiente, según el caso, para la inmatriculación del monte, para la inscripción de rectificación de la descripción de las fincas afectadas y para la cancelación de las anotaciones practicadas con motivo del deslinde en fincas excluidas del monte deslindado. Esta resolución no será título suficiente para rectificar los derechos anteriormente inscritos a favor de los terceros a que se refiere el artículo 34 de la Ley Hipotecaria.

9. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Una vez que el acuerdo de aprobación del deslinde fuera firme, se procederá al amojonamiento, con participación, en su caso, de los interesados. La Administración actuante deberá formalizar la correspondiente comunicación al Catastro Inmobiliario del resultado del deslinde, de acuerdo con la normativa catastral.

10. Podrá pedirse a nombre del Estado o de la comunidad autónoma, y se acordará por los jueces y tribunales, la nulidad de actuaciones en los procedimientos judiciales a que se refiere este artículo cuando no haya sido emplazada a su debido tiempo la representación procesal del Estado o la de la comunidad autónoma, cualquiera que sea el estado en el que se encuentren los referidos procedimientos.

CAPÍTULO IV. RÉGIMEN DE LOS MONTES PRIVADOS.

Artículo 22. Asientos registrales de montes privados.

1. Toda inmatriculación o inscripción de exceso de cabida en el Registro de la Propiedad de un monte o de una finca colindante con monte demanial o ubicado en un término municipal en el que existan montes demaniales requerirá el previo informe favorable de los titulares de dichos montes y, para los montes catalogados, el del órgano forestal de la comunidad autónoma.

2. Tales informes se entenderán favorables si desde su solicitud por el registrador de la propiedad transcurre un plazo de tres meses sin que se haya recibido contestación. La nota marginal de presentación tendrá una validez de cuatro meses.

3. Para los montes catalogados, los informes favorables o el silencio administrativo positivo derivado del apartado 2 no impedirán el ejercicio por la Administración de las oportunas acciones destinadas a la corrección del correspondiente asiento registral.

Artículo 23. Gestión de los montes privados.

1. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Los montes privados se gestionan en la forma que disponga su titular, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica y en el Código Civil.

2. Los titulares de estos montes podrán contratar su gestión con personas físicas o jurídicas de derecho público o privado o con los órganos forestales de las comunidades autónomas donde el monte radique.

3. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. La gestión de estos montes se ajustará, en caso de disponer de él, al correspondiente instrumento de gestión o planificación forestal. La aplicación de dichos instrumentos será supervisada por el órgano forestal de la comunidad autónoma. A falta de dicho instrumento, la gestión del titular conllevará la necesaria autorización previa para los aprovechamientos forestales en los términos que la comunidad autónoma establezca conforme a lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de esta ley.

Artículo 24. Declaración de montes protectores. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

1. Podrán ser declarados protectores aquellos montes o terrenos forestales de titularidad privada que cumplan alguna de las condiciones que para los montes públicos establece el artículo 13.

2. La declaración de monte protector se hará por la Administración de la comunidad autónoma correspondiente, previo expediente en el que, en todo caso, deberán ser oídos los propietarios y la entidad local donde radique. Igual procedimiento se seguirá para la desclasificación una vez que las circunstancias que determinaron su inclusión hubieran desaparecido.

3. Las comunidades autónomas crearán registros de montes protectores de carácter administrativo en que constarán las cargas, gravámenes y demás derechos reales que soportan los montes incluidos en ellos.

4. Se crea el Registro Nacional de Montes Protectores. Las comunidades autónomas remitirán al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la información relativa a los asientos que se produzcan en sus registros conforme al apartado anterior a fin de elaborar y mantener actualizado el Registro Nacional.

El Registro tendrá carácter informativo y dependerá del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Su organización y funcionamiento se establecerán reglamentariamente previa consulta a las comunidades autónomas.

Artículo 24 bis. Gestión de montes protectores. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

1. La gestión de los montes protectores corresponde a sus propietarios, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación específica. El gestor deberá presentar a la Administración forestal de la comunidad autónoma el correspondiente proyecto de ordenación de montes o plan dasocrático, en caso de no disponer de un instrumento de planificación de ordenación de recursos naturales o forestal vigente en la zona.

2. Las limitaciones que se establezcan en la gestión de los montes protectores por razón de las funciones ecológicas, de protección o sociales que cumplen podrán ser compensadas económicamente en los términos previstos en el capítulo III del título VI.

CAPÍTULO V. DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE Y UNIDADES MÍNIMAS DE ACTUACIÓN FORESTAL.

Artículo 25. Derecho de adquisición preferente. Tanteo y retracto.

1. Las comunidades autónomas tendrán derecho de adquisición preferente, a reserva de lo dispuesto en el apartado 2, en los siguientes casos de transmisiones onerosas:

a. De montes de superficie superior a un límite a fijar por la comunidad autónoma correspondiente.

b. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. De montes declarados protectores conforme al artículo 24.

2. En el caso de fincas o montes enclavados en un monte público o colindantes con él, el derecho de adquisición preferente corresponderá a la Administración titular del monte colindante o que contiene al enclavado. En el caso de montes colindantes con otros pertenecientes a distintas Administraciones públicas, tendrá prioridad en el ejercicio del derecho de adquisición preferente aquella cuyo monte tenga mayor linde común con el monte en cuestión.

3. No habrá derecho de adquisición preferente cuando se trate de aportación de capital en especie a una sociedad en la que los titulares transmitentes deberán ostentar una participación mayoritaria durante cinco años como mínimo.

4. Para posibilitar el ejercicio del derecho de adquisición preferente a través de la acción de tanteo, el transmitente deberá notificar fehacientemente a la Administración pública titular de ese derecho los datos relativos al precio y características de la transmisión proyectada, la cual dispondrá de un plazo de tres meses, a partir de dicha notificación, para ejercitar dicho derecho, mediante el abono o consignación de su importe en las referidas condiciones.

5. Los notarios y registradores no autorizarán ni inscribirán, respectivamente, las correspondientes escrituras sin que se les acredite previamente la práctica de dicha notificación de forma fehaciente.

6. Si se llevara a efecto la transmisión sin la indicada notificación previa, o sin seguir las condiciones reflejadas en ella, la Administración titular del derecho de adquisición preferente podrá ejercer acción de retracto en el plazo de un año contado desde la inscripción de la transmisión en el Registro de la Propiedad o, en su defecto, desde que la Administración hubiera tenido conocimiento oficial de las condiciones reales de dicha transmisión.

7. El derecho de retracto al que se refiere este artículo es preferente a cualquier otro.

Artículo 26. Límite a la segregación de montes.

Serán indivisibles, salvo por causa no imputable al propietario, las parcelas forestales de superficie inferior al mínimo que establecerán las comunidades autónomas.

Artículo 27. Agrupación de montes.

Las Administraciones públicas fomentarán la agrupación de montes, públicos o privados, con el objeto de facilitar una ordenación y gestión integrada mediante instrumentos de gestión forestal que asocien a pequeños propietarios.

Artículo 27 bis. Montes de socios. Introducido por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

1. Son montes de socios aquellos cuya titularidad corresponde, en pro indiviso, a varias personas y alguna de ellas son desconocidas, con independencia de su denominación y de su forma de constitución.

2. Cualquiera de los copropietarios de un monte de socios, con independencia de cuál sea su cuota de participación, podrá promover la constitución de una junta gestora ante el órgano competente en gestión forestal, que convocará, a instancia de parte, a todos los copropietarios conocidos. La junta gestora, una vez constituida, será el órgano de gobierno y representación de la comunidad en tanto existan cuotas de participación vacantes y sin dueño conocido, mediante comunicación al efecto a todos los demás copropietarios conocidos.

La junta gestora comunicará la existencia de una o varias cuotas de participación que carecen de dueño conocido a la Dirección General del Patrimonio del Estado, a fin de que proceda en cumplimiento de lo previsto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto.

3. Para la válida constitución de la junta gestora, será necesario el acuerdo de, al menos, las cuatro quintas partes de los propietarios conocidos, y su formalización por escrito. Se levantará acta de la constitución de la junta gestora en la que figure la identificación del monte o montes afectados, la designación al menos de un presidente y un secretario y las normas de funcionamiento interno, que deberán incluir el criterio de incorporación de nuevos miembros.

4. Corresponde a la junta gestora:

a) La representación y la gestión de la comunidad. Para ello podrá adoptar los actos de gestión y de administración que mejor convengan a los intereses comunes, lo que incluye la gestión y el disfrute del monte de socios y de todos sus productos y la enajenación de toda clase de aprovechamientos forestales, agrícolas, ganaderos, energéticos y mineros, así como cualquier otro acto para el que estén facultados los propietarios por esta ley. La junta gestora podrá acordar el reparto de beneficios generados entre los socios, en proporción a su participación, con exclusión de los correspondientes a las partes no esclarecidas, que deberán invertirse en la mejora del monte.

b) La promoción de los expedientes de investigación de la titularidad de las cuotas vacantes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 45 y siguientes de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas y demás normativa aplicable. La junta gestora tratará de identificar a los titulares de las cuotas vacantes, mediante cualesquiera pruebas documentales o de otra clase admitidas en derecho; en particular, mediante los datos obrantes en el Registro de la Propiedad, en el Catastro, en escrituras públicas, en testimonios y actas notariales o en partidas de nacimiento o de bautismo de los últimos titulares conocidos y de sus descendientes, sin perjuicio de las competencias de la Dirección General del Patrimonio del Estado.

5. Para la válida adopción de acuerdos se requerirá el voto favorable de la mayoría de las cuotas de participación de los propietarios conocidos, presentes o representados.

6. La junta gestora se disolverá una vez todos los comuneros estén identificados conforme a derecho, momento a partir del cual se somete a las reglas de comunidad de bienes en régimen de pro indiviso, no procediendo la acción de división hasta que no se haya procedido a la identificación de la totalidad de las cuotas vacantes.

7. La Dirección General del Patrimonio del Estado incoará el correspondiente procedimiento de investigación respecto a las cuotas vacantes siempre que de la comunicación de la junta gestora se desprenda que existen indicios fundados de que dichas cuotas carecen efectivamente de dueño.

Al procedimiento de investigación se incorporarán las diligencias realizadas por la junta gestora tendentes al esclarecimiento de la titularidad de las cuotas, que no necesitarán ser reiteradas por la Administración General del Estado.

En el caso de que se acreditase la existencia de cuotas vacantes, tales cuotas se entenderán afectadas por ministerio de la ley al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente cuando se acuerde su incorporación al patrimonio de la Administración General del Estado, declarándose así en la resolución que ponga fin al procedimiento de investigación.

El resultado de dicha identificación será objeto de declaración ante el Catastro Inmobiliario, a fin de incorporar al mismo las alteraciones catastrales que, en su caso, procedan.

En todo caso, sobre dichas cuotas podrá iniciarse un procedimiento de enajenación al amparo de lo establecido en el artículo 112.6 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

8. Los propietarios de los montes de socios se regirán en lo que no se oponga a esta regulación, por lo dispuesto en los artículos 392 y siguientes del Código Civil y, en particular, tendrán derecho de retracto. En cualquier caso, el derecho de retracto legal entre condueños no será aplicable en la transmisión ínter vivos otorgada a favor del cónyuge o parientes por consanguinidad dentro del segundo grado del condómino o sociedades unipersonales del mismo.

9. A las juntas gestoras constituidas se les asignará identificación fiscal para la realización de negocios jurídicos de su competencia.


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TÍTULO III. GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE.

CAPÍTULO I. INFORMACIÓN FORESTAL.

Artículo 28. Estadística forestal española.

1. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente coordinará con los demás órganos competentes de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas la elaboración de la Información Forestal Española, que incluirá las siguientes materias:

a) El Inventario forestal nacional y su correspondiente Mapa forestal de España.

b) El Inventario nacional de erosión de suelos.

c) El Inventario Español de caza y pesca continental.

d) Repoblaciones y otras actividades forestales.

e) Relación de montes ordenados.

f) Producción forestal y actividades industriales forestales.

g) Incendios forestales.

h) Seguimiento de la interacción de los montes y el medio ambiente.

i) Caracterización del territorio forestal incluido en la Red Natura 2000 o en Espacios Naturales Protegidos y áreas protegidas por convenios internacionales.

j) La diversidad biológica de los montes de España.

k) Estado de protección y conservación de los principales ecosistemas y especies forestales españoles y efectos del cambio climático en los mismos.

l) La percepción social de los montes.

m) Servicios Ambientales.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente podrá incluir en la Información Forestal Española otras operaciones estadísticas.

Toda la información recogida en los inventarios, así como el contenido que integra la Información Forestal Española tendrá carácter público, siendo aplicable la normativa de acceso a la información medioambiental.

2. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Los órganos competentes en materia de estadística forestal de las comunidades autónomas y las demás Administraciones públicas proporcionarán al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la información de carácter forestal de su ámbito de competencia necesaria para elaborar la Información Forestal Española y atender las demandas de información estadística de los organismos internacionales, así como para facilitar el acceso del ciudadano a la información forestal. En particular, antes del tercer cuatrimestre de cada año, proporcionarán la información estadística forestal que hayan elaborado sobre el año anterior.

3. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente establecerá procedimientos de coordinación para que en los documentos de la Información Forestal Española y de la Estadística Agroalimentaria exista una identidad de las definiciones de los usos y aprovechamientos forestales y agrícolas, así como de las superficies asignadas a cada uno de ellos.

4. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente pondrá la información contenida en la Información Forestal Española a disposición de las comunidades autónomas y entidades locales, las empresas e industrias forestales y demás agentes interesados.

5. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Periódicamente, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente elaborará y publicará un informe forestal español, a partir del análisis de los datos de la Información Forestal Española.

6. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. El Inventario Forestal Nacional y el Mapa Forestal de España, así como el Inventario Nacional de Erosión de Suelos, tendrán carácter continuo y una periodicidad de actualización al menos decenal. Su elaboración se hará aplicando criterios y metodología comunes para todo el territorio español.

CAPÍTULO II. PLANIFICACIÓN FORESTAL.

Artículo 29. Estrategia forestal española. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

1. La Estrategia Forestal Española, como documento de referencia para establecer la política forestal española, contendrá el diagnóstico de la situación de los montes y del sector forestal español, las previsiones de futuro, de conformidad con sus propias necesidades y con los compromisos internacionales contraídos por España, y las directrices que permiten articular la política forestal española.

2. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, oídos los ministerios afectados, elaborará la Estrategia Forestal Española, con la participación de las comunidades autónomas y previo informe favorable de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. La Estrategia Forestal Española será aprobada mediante acuerdo del Consejo de Ministros.

3. Cuando las circunstancias lo aconsejen, y en cualquier caso con ocasión de cada revisión del Plan Forestal Español, la Estrategia Forestal Española será revisada. La revisión se tramitará y aprobará con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.

Artículo 30. Plan forestal español. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

 

1. El Plan Forestal Español, como instrumento de planificación a largo plazo de la política forestal española, desarrollará la Estrategia Forestal Española.

2. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente elaborará el Plan Forestal Español con la participación de las comunidades autónomas teniendo en cuenta los planes forestales de aquéllas y previo informe favorable de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. El Plan Forestal Español será aprobado mediante acuerdo del Consejo de Ministros.

3. El Plan Forestal Español será revisado cada diez años, o en un plazo inferior cuando las circunstancias así lo aconsejen. La revisión se tramitará y aprobará con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.

Artículo 31. Planes de ordenación de los recursos forestales.

1. Las comunidades autónomas podrán elaborar los planes de ordenación de recursos forestales (PORF) como instrumentos de planificación forestal, constituyéndose en una herramienta en el marco de la ordenación del territorio.

2. El contenido de estos planes será obligatorio y ejecutivo en las materias reguladas en esta Ley. Asimismo, tendrán carácter indicativo respecto de cualesquiera otras actuaciones, planes o programas sectoriales.

3. Con carácter previo a la elaboración de los PORF, las comunidades autónomas definirán los territorios que, de acuerdo con esta Ley y con su normativa autonómica, tienen la consideración de monte.

4. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. El ámbito territorial de los PORF serán los territorios forestales con características geográficas, socioeconómicas, ecológicas, culturales o paisajísticas homogéneas. Se podrán adaptar a aquellas comarcalizaciones y divisiones de ámbito subregional planteadas por la ordenación del territorio u otras específicas divisiones administrativas propias de las comunidades autónomas.

5. Las comunidades autónomas, a propuesta de su órgano forestal, delimitarán los territorios forestales a los que se deberá dotar de su correspondiente PORF, cuando las condiciones de mercado de los productos forestales, los servicios y beneficios generados por los montes o cualquier otro aspecto de índole forestal que se estime conveniente sean de especial relevancia socioeconómica en tales territorios.

6. Las comunidades autónomas, a propuesta de su órgano forestal, elaborarán y aprobarán los PORF y determinarán la documentación y contenido de estos que, con independencia de su denominación, podrán incluir los siguientes elementos:

a. Delimitación del ámbito territorial y caracterización del medio físico y biológico.

b. Descripción y análisis de los montes y los paisajes existentes en ese territorio, sus usos y aprovechamientos actuales, en particular los usos tradicionales, así como las figuras de protección existentes, incluyendo las vías pecuarias.

c. Aspectos jurídico-administrativos: titularidad, montes catalogados, mancomunidades, agrupaciones de propietarios, proyectos de ordenación u otros instrumentos de gestión o planificación vigentes.

d. Características socioeconómicas: demografía, disponibilidad de mano de obra especializada, tasas de paro, industrias forestales, incluidas las dedicadas al aprovechamiento energético de la biomasa forestal y las destinadas al desarrollo del turismo rural.

e. Zonificación por usos y vocación del territorio. Objetivos, compatibilidades y prioridades.

f. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Planificación de las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos fijados en el plan, incorporando las previsiones de repoblación, restauración hidrológico-forestal, prevención y extinción de incendios, prevención y lucha contra plagas, regulación de usos recreativos y ordenación de montes, incluyendo, cuando proceda, la ordenación cinegética, piscícola y micológica.

g. Establecimiento del marco en el que podrán suscribirse acuerdos, convenios y contratos entre la Administración y los propietarios para la gestión de los montes.

h. Establecimiento de las directrices para la ordenación y aprovechamiento de los montes, garantizando que no se ponga en peligro la persistencia de los ecosistemas y se mantenga la capacidad productiva de los montes.

i. Criterios básicos para el control, seguimiento, evaluación y plazos para la revisión del plan.

7. La elaboración de estos planes incluirá necesariamente la consulta a las entidades locales y, a través de sus órganos de representación, a los propietarios forestales privados, a otros usuarios legítimos afectados y a los demás agentes sociales e institucionales interesados, así como los trámites de información pública.

8. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Cuando exista un plan de ordenación de recursos naturales (PORN) de conformidad con la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, u otro plan equivalente de acuerdo con la normativa autonómica que abarque el mismo territorio forestal que el delimitado según el apartado 5, la parte forestal de estos planes podrá tener el carácter de PORF, siempre y cuando cuenten con el informe favorable del órgano forestal competente.

CAPÍTULO III. ORDENACIÓN DE MONTES.

Artículo 32. La gestión forestal sostenible. Directrices básicas comunes. Rubrica según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

1. Los montes deben ser gestionados de forma sostenible, integrando los aspectos ambientales con las actividades económicas, sociales y culturales, con la finalidad de conservar el medio natural al tiempo que generar empleo y colaborar al aumento de la calidad de vida y expectativas de desarrollo de la población rural.

2. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. El Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, a través de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, aprobará las directrices básicas comunes de gestión forestal sostenible en relación con los siguientes aspectos:

a) La adaptación a los montes españoles de los criterios e indicadores de sostenibilidad, su evaluación y seguimiento, de conformidad con los criterios establecidos en resoluciones internacionales y convenios en los que España sea parte y, en particular, los requeridos para los montes incluidos en la Red Natura 2000.

b) El contenido mínimo de las instrucciones de ordenación y aprovechamiento de montes, para garantizar su gestión sostenible.

3. Corresponde a las comunidades autónomas la aprobación de las instrucciones de ordenación y aprovechamiento de montes.

4. Añadido según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. El órgano autonómico competente podrá aprobar modelos tipo de gestión forestal para aquellos montes cuyas características así lo permitan, así como procedimientos de adhesión a los mismos que conlleven un compromiso de seguimiento por parte de sus titulares. Si así se establece, en estos casos la adhesión comportará la consideración de monte ordenado.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente colaborará con las comunidades autónomas en la elaboración de los modelos tipo de gestión forestal de cada comunidad, y facilitará el intercambio de experiencias sobre ellos.

Artículo 33. Proyectos de ordenación de montes y planes dasocráticos.

1. Las Administraciones publicas impulsarán técnica y económicamente la ordenación de todos los montes.

2. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Los montes declarados de utilidad pública y los montes protectores deberán contar con un proyecto de ordenación de montes, plan dasocrático u otro instrumento de gestión equivalente.

3. La elaboración de dichos instrumentos se hará a instancias del titular del monte o del órgano forestal de la comunidad autónoma, debiendo ser aprobados, en todo caso, por este último.

4. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. El contenido mínimo de los proyectos de ordenación de montes y planes dasocráticos se determinará en las directrices básicas comunes para la gestión forestal sostenible y el aprovechamiento de montes establecidas en el artículo 32. La elaboración de estos instrumentos deberá ser dirigida y supervisada por profesionales con titulación forestal universitaria y deberá tener como referencia, en su caso, el PORF en cuyo ámbito se encuentre el monte.

5. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.  El órgano competente de la comunidad autónoma regulará en qué casos puede ser obligatorio disponer de un instrumento de gestión para los montes privados no protectores y públicos no catalogados.

Artículo 34. Gestión de montes catalogados, montes protectores y montes con otras figuras de especial protección. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

1. Los montes catalogados de utilidad pública y los montes protectores declarados con base en los párrafos a) a d) del artículo 13 se gestionarán con el fin de lograr la máxima estabilidad de la masa forestal, se evitará, en su caso, la fragmentación ecológica de los montes y se aplicarán métodos silvícolas que persigan prioritariamente el control de la erosión, del peligro de incendio, de los daños por nieve, vendavales, inundaciones y riadas o de otros riesgos para las características protectoras del monte.

2. Los montes catalogados y los montes protectores declarados con base en el párrafo e) del artículo 13 se gestionarán para garantizar su mantenimiento en un estado de conservación favorable o, en su caso, para la restauración de los valores que motivaron dicha declaración, sin menoscabo en lo posible de los fines especificados en el apartado 1.

Artículo 35. Certificación forestal. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

Las Administraciones públicas promoverán el desarrollo de los sistemas de certificación forestal voluntarios, transparentes y no discriminatorios.

Artículo 35 bis. Compra responsable de productos forestales. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

A efectos de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el órgano de contratación podrá incluir entre las consideraciones de tipo medioambiental que se establezcan en el procedimiento de contratación, las relativas a las condiciones de legalidad del aprovechamiento de la madera y sus productos derivados en origen como factor excluyente en caso de no acreditarse, y las relativas a su sostenibilidad, que podrá acreditarse, entre otras formas, mediante la certificación forestal definida en el artículo 6.

CAPÍTULO IV. APROVECHAMIENTOS FORESTALES.

Artículo 36. Aprovechamientos forestales. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

1. El titular del monte será en todos los casos el propietario de los recursos forestales producidos en su monte, incluidos frutos espontáneos, y tendrá derecho a su aprovechamiento conforme a lo establecido en esta ley y en la normativa autonómica.

2. Los aprovechamientos de los recursos forestales se realizarán de acuerdo con las prescripciones para la gestión de montes establecidas en los correspondientes planes de ordenación de recursos forestales, cuando existan. Se ajustarán también, en su caso, a lo que concretamente se consigne en el proyecto de ordenación de montes, plan dasocrático o instrumento de gestión equivalente vigente.

3. El órgano competente de la comunidad autónoma regulará los aprovechamientos no maderables. Dichos aprovechamientos, y en particular el de pastos, deberán estar, en su caso, expresamente regulados en los correspondientes instrumentos de gestión forestal o PORF en cuyo ámbito se encuentre el monte en cuestión.

4. Los aprovechamientos en los montes del dominio público forestal podrán ser enajenados por sus titulares en el marco de lo establecido en la legislación patrimonial que les resulte de aplicación.

5. La Administración gestora de los montes demaniales podrá enajenar productos o servicios de los mismos, bajo el régimen de aprovechamientos forestales, con sujeción a las cláusulas técnico-facultativas y económico-administrativas que se establezcan y a los instrumentos de gestión vigentes. Como contraprestación, además o en lugar del precio, podrá establecerse o aceptarse la realización de determinadas mejoras del monte, que deberán sujetarse al instrumento de gestión correspondiente, a las condiciones específicas que se establezcan y a la aprobación del titular del monte.

6. En los contratos que celebren las Administraciones gestoras o titulares de montes demaniales para la realización de actuaciones de mejora en dichos montes, en las que se generen productos forestales con valor de mercado, estos podrán quedar a disposición del adjudicatario de los trabajos y el precio estimado de su venta constituir un elemento dentro del presupuesto de la actuación.

7. Los aprovechamientos en los montes afectados por las zonas de servidumbre, policía, o afección de los dominios públicos hidráulico, marítimo-terrestre, de carreteras o ferroviario no precisarán de la autorización de los órganos competentes de dichos dominios, siempre y cuando tales montes dispongan de instrumentos de gestión cuya aprobación por el órgano forestal de la comunidad autónoma haya sido informada favorablemente por los órganos de gestión de los dominios públicos mencionados.

8. El Gobierno, oídas las comunidades autónomas, regulará reglamentariamente el régimen básico propio de los contratos públicos de aprovechamientos, obras y servicios forestales.

Artículo 37. Aprovechamientos maderables y leñosos. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

1. Los aprovechamientos maderables y leñosos se regularán por el órgano forestal de la comunidad autónoma.

2. En los montes no gestionados por dicho órgano forestal, estos aprovechamientos estarán sometidos a las siguientes condiciones básicas:

a) Cuando exista proyecto de ordenación, plan dasocrático o instrumento de gestión equivalente, o el monte esté incluido en el ámbito de aplicación de un PORF y éste así lo prevea el titular de la explotación del monte deberá remitir la declaración responsable del aprovechamiento al órgano forestal de la comunidad autónoma, al objeto de que éste pueda comprobar su conformidad con lo previsto en el instrumento de gestión o, en su caso, de planificación.

b) En caso de no existir dichos instrumentos, estos aprovechamientos requerirán autorización administrativa previa, salvo que se trate de aprovechamientos maderables o leñosos a turno corto o domésticos de menor cuantía, en cuyo caso deberá comunicar, mediante una nueva declaración responsable, que concurren las circunstancias por las que no es necesaria dicha autorización.

Se considerarán aprovechamientos de turno corto aquéllos cuyo turno sea inferior a 20 años y los aprovechamientos de las especies y turnos conjuntamente tratados que determinen las comunidades autónomas para su territorio. Se considerarán aprovechamientos de menor cuantía los inferiores a 10 metros cúbicos de madera o a 20 estéreos de leñas, salvo que las comunidades autónomas establezcan para su territorio cuantías menores.

3. Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entiende sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional undécima, en relación con el procedimiento para llevar a cabo la correspondiente evaluación ambiental previa de actividades sometidas a notificación o declaración responsable cuando la misma sea exigible por la legislación básica estatal o autonómica de evaluación ambiental.

4. El titular de un aprovechamiento maderable o leñoso cuyos productos sean objeto de comercialización deberá comunicar la cuantía realmente obtenida al órgano forestal autonómico en el plazo máximo de un mes desde su finalización y de acuerdo con los procedimientos que se establezcan al efecto.

Artículo 38. Fondo de mejoras en montes catalogados. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

Los titulares de montes catalogados aplicarán a un fondo de mejoras, cuyo destino será la conservación y mejora de los montes incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, una cuantía que fijarán las comunidades autónomas y que no será inferior al 15 por ciento del valor de sus aprovechamientos forestales o de los rendimientos obtenidos por ocupaciones u otras actividades desarrolladas en el monte. Dicho fondo será administrado por el órgano forestal de la comunidad autónoma, salvo que ésta lo transfiera a la entidad local titular. Las inversiones se realizarán de acuerdo con el plan de mejoras establecido en la planificación de dicho monte.

 

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TÍTULO IV. CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE MONTES.

CAPÍTULO I. USOS DEL SUELO.

Artículo 39. Delimitación del uso forestal en el planeamiento urbanístico. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

Los instrumentos de planeamiento urbanístico, cuando afecten a la calificación de terrenos forestales, requerirán el informe de la Administración competente en gestión forestal. Dicho informe será vinculante si se trata de montes catalogados o protectores.

Los montes pertenecientes al dominio público forestal tendrán la consideración de suelo en situación rural, a los efectos de lo dispuesto por la legislación estatal de suelo, y deberán quedar preservados por la ordenación territorial y urbanística, de su transformación mediante la urbanización.

 

Artículo 40. Cambio del uso forestal y modificación de la cubierta vegetal.

1. El cambio del uso forestal de un monte cuando no venga motivado por razones de interés general, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18.4 y de la normativa ambiental aplicable, tendrá carácter excepcional y requerirá informe favorable del órgano forestal competente y, en su caso, del titular del monte.

2. La Administración forestal competente podrá regular un procedimiento más simplificado para la autorización del cambio de uso en aquellas plantaciones forestales temporales para las que se solicite una reversión a usos anteriores no forestales.

3. La Administración forestal competente regulará los casos en los que, sin producirse cambio de uso forestal, se requiera autorización para la modificación sustancial de la cubierta vegetal del monte.

CAPÍTULO II. CONSERVACIÓN DE SUELOS, LUCHA CONTRA LA EROSIÓN Y LA DESERTIFICACIÓN Y RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL.

Artículo 41. Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias de Restauración Hidrológico-Forestal y Programa de Acción Nacional contra la Desertificación.

1. Redacción según Ley 10/2006, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y con las comunidades autónomas, la elaboración y aprobación del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación. La aplicación y seguimiento del Programa corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, de acuerdo con el principio de coordinación.

2. El Programa de Acción Nacional contra la Desertificación tendrá como objetivos la prevención y la reducción de la degradación de las tierras, la rehabilitación de tierras parcialmente degradadas y la recuperación de tierras desertificadas para contribuir al logro del desarrollo sostenible de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas del territorio español.

3. Redacción según Ley 10/2006, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Asimismo, corresponde al Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con las comunidades autónomas, la elaboración y aprobación del Plan Nacional de actuaciones prioritarias de restauración hidrológico-forestal. La aplicación y seguimiento del plan corresponde al Ministerio de Medio Ambiente y a las comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, de acuerdo con el principio de coordinación.

4. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. El Plan Nacional de Actuaciones Prioritarias de Restauración Hidrológico-Forestal diagnosticará e identificará, por subcuencas, los procesos erosivos, clasificándolos según la intensidad de los mismos y su riesgo potencial para poblaciones, cultivos e infraestructuras, definiendo las zonas prioritarias de actuación, valorando las acciones a realizar y estableciendo la priorización y programación temporal de las mismas.

En la elaboración o posterior aplicación del Plan, las autoridades competentes delimitarán zonas de peligro por riesgo de inundaciones o intrusiones de nieve que afecten a poblaciones o asentamientos humanos de acuerdo a lo previsto en la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.

Estas zonas deberán contar con planes específicos de restauración hidrológico-forestal de actuación obligatoria para todas las Administraciones públicas.

Artículo 42. Declaración del interés general de las actuaciones de restauración hidrológico-forestal fuera del dominio público hidráulico. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

El Gobierno podrá declarar de interés general actuaciones de restauración hidrológico-forestal fuera del dominio público hidráulico a petición de las comunidades autónomas afectadas.

CAPÍTULO III. INCENDIOS FORESTALES.

Artículo 43. Defensa contra incendios forestales.

Corresponde a las Administraciones públicas competentes la responsabilidad de la organización de la defensa contra los incendios forestales. A tal fin, deberán adoptar, de modo coordinado, medidas conducentes a la prevención, detección y extinción de los incendios forestales, cualquiera que sea la titularidad de los montes.

Artículo 44. Prevención de los incendios forestales.

1. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. La Administración General del Estado y las comunidades autónomas organizarán coordinadamente programas específicos de prevención de incendios forestales basados en investigaciones sobre su causalidad y, en particular, sobre las motivaciones que puedan ocasionar intencionalidad en su origen. Para esta planificación se tendrá en cuenta la Directriz básica de planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales y los planes específicos que de ella se deriven.

2. Asimismo, las Administraciones públicas desarrollarán programas de concienciación y sensibilización para la prevención de incendios forestales, fomentando la participación social y favoreciendo la corresponsabilidad de la población en la protección del monte.

3. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Las comunidades autónomas regularán en montes y áreas colindantes el ejercicio de todas aquellas actividades que puedan dar lugar a riesgo de incendio, y establecerán normas de seguridad aplicables a edificaciones, obras, instalaciones eléctricas e infraestructuras de transporte en terrenos forestales y sus inmediaciones, que puedan implicar peligro de incendios o ser afectadas por estos. En particular, regularán de forma específica la prevención de incendios forestales y las medidas de seguridad en las zonas de interfase urbano-forestal. Asimismo, podrán establecer limitaciones al tránsito por los montes, llegando a suprimirlo cuando el peligro de incendios lo haga necesario.

4. Las Fuerzas y los Cuerpos de Seguridad del Estado, así como las instituciones autonómicas y locales, cada uno de conformidad con su normativa reguladora y en el ejercicio de sus competencias y, en su caso, de conformidad con la planificación en materia de protección civil, intervendrán en la prevención de los incendios forestales mediante vigilancia disuasoria e investigación específica de las causas y en la movilización de personal y medios para la extinción.

5. Las Administraciones públicas podrán regular la constitución de grupos de voluntarios para colaborar en la prevención y extinción y cuidarán de la formación de las personas seleccionadas para desarrollar estas tareas. Igualmente fomentarán las agrupaciones de propietarios de montes y demás personas o entidades interesadas en la conservación de los montes y su defensa contra los incendios.

Artículo 45. Obligación de aviso.

Toda persona que advierta la existencia o iniciación de un incendio forestal estará obligada a avisar a la autoridad competente o a los servicios de emergencia y, en su caso, a colaborar, dentro de sus posibilidades, en la extinción del incendio.

Artículo 46. Organización de la extinción de los incendios forestales.

1. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.  Para facilitar la colaboración entre los dispositivos de extinción de incendios forestales, de forma que sea posible la asistencia recíproca de las Administraciones competentes y la utilización conjunta de los medios personales y materiales, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en colaboración con las comunidades autónomas establecerá las directrices comunes para la implantación de un sistema de gestión de emergencias común, la formación, preparación y equipamiento del personal y para la normalización de los medios materiales.

2. El órgano competente de la comunidad autónoma establecerá para la extinción de cada incendio, salvo en aquellos que se juzgue innecesario por su pequeña entidad, un mando unificado y estructurado por funciones, basado en los objetivos de eficacia y seguridad.

El director técnico de la extinción será un profesional que haya recibido formación acreditada específica sobre comportamiento del fuego forestal y técnicas adecuadas para su extinción.

3. En el caso de incendios en zonas limítrofes de dos o más comunidades autónomas, los órganos competentes de éstas coordinarán sus dispositivos de extinción. Cuando se solicite en estos incendios la intervención de medios de la Administración General del Estado, ésta podrá exigir a las comunidades autónomas afectadas la constitución de una dirección unificada de los trabajos de extinción. A su vez, la Administración General del Estado podrá, a petición de las comunidades autónomas, destinar personal técnico cualificado para asesorar a dicha dirección unificada.

4. En caso de declaración de situación de emergencia, se estará a lo dispuesto en la normativa de protección civil para emergencia por incendios forestales.

Artículo 47. Trabajos de extinción.

1. Redacción según Ley 10/2006, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. El director o responsable técnico de las tareas de extinción tiene la condición de agente de la autoridad y podrá movilizar medios públicos y privados para actuar en la extinción de acuerdo con un plan de operaciones. Asimismo, podrá disponer, cuando sea necesario y aunque no se pueda contar con la autorización de los propietarios respectivos, la entrada de equipos y medios en fincas forestales o agrícolas, la circulación por caminos privados, la apertura de brechas en muros o cercas, la utilización de aguas, la apertura de cortafuegos de urgencia y la quema anticipada mediante la aplicación de contrafuegos, en zonas que se estime que, dentro de una normal previsión, pueden ser consumidas por el incendio. La autoridad local podrá movilizar medios públicos o privados adicionales para actuar en la extinción, según el plan de operación del director técnico.

2. Se considerará prioritaria la utilización por los servicios de extinción de las infraestructuras públicas, tales como carreteras, líneas telefónicas, aeropuertos, embalses, puertos de mar y todas aquellas necesarias para la comunicación y aprovisionamiento de dichos servicios, sin perjuicio de las normas específicas de utilización de cada una de ellas.

3. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. La Administración responsable de la extinción asumirá la defensa jurídica del director técnico y del personal bajo su mando en los procedimientos seguidos ante los órdenes jurisdiccionales civil y penal por posibles responsabilidades derivadas de las órdenes impartidas y las acciones ejecutadas en relación con la extinción del incendio.

Artículo 48. Zonas de alto riesgo de incendio.

1. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Aquellas áreas en las que la frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la importancia de los valores amenazados hagan necesarias medidas especiales de protección contra los incendios, podrán ser declaradas zonas de alto riesgo de incendio o de protección preferente. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en colaboración con las comunidades autónomas, establecerá las directrices y criterios para la definición de estas zonas especialmente sensibles al riesgo de incendio.

2. Corresponde a las comunidades autónomas la declaración de zonas de alto riesgo y la aprobación de sus planes de defensa.

3. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Todas estas zonas dispondrán de un Plan de Defensa que, además de todo aquello que establezca el correspondiente Plan autonómico de emergencias, deberá considerar como mínimo:

a) Los problemas socioeconómicos que puedan existir en la zona y que se manifiesten a través de la provocación reiterada de incendios o del uso negligente del fuego, así como la determinación de las épocas del año de mayor riesgo de incendios forestales.

b) Los trabajos de carácter preventivo que resulte necesario realizar, incluyendo los tratamientos selvícolas que procedan, áreas cortafuegos, vías de acceso y puntos de agua que deban realizar los propietarios de los montes de la zona, así como los plazos de ejecución.

c) Asimismo, el plan de defensa contendrá las modalidades de ejecución de los trabajos, en función del estado legal de los terrenos, mediante convenios, acuerdos, cesión temporal de los terrenos a la Administración, ayudas o subvenciones o, en su caso, ejecución subsidiaria por la Administración.

d) El establecimiento y disponibilidad de los medios de vigilancia y extinción necesarios para dar cobertura a toda la superficie forestal de la zona, con las previsiones para su financiación.

e) La regulación de los usos que puedan dar lugar a riesgo de incendios forestales.

4. La normativa de las comunidades autónomas determinará las modalidades para la redacción de los planes de defensa y podrá declarar de interés general los trabajos incluidos en aquéllos, así como determinar, en cada caso, el carácter oneroso o gratuito de la ejecución subsidiaria por la Administración.

5. Cuando una zona de alto riesgo esté englobada en un territorio que disponga de PORF, éste podrá tener la consideración de plan de defensa siempre y cuando cumpla las condiciones descritas en el apartado 3.

6. Las infraestructuras, existentes o de nueva creación, incluidas en las zonas de alto riesgo de incendio tendrán una servidumbre de uso para su utilización por los servicios de prevención y extinción de incendios.

Artículo 49. Cobertura de daños por incendios forestales.

1. La Administración General del Estado, a través del Consorcio de Compensación de Seguros, garantizará la cobertura de indemnizaciones por accidente exclusivamente para las personas que colaboren en la extinción de incendios.

2. Redacción según Ley 10/2006, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Se promoverá el desarrollo y puesta en marcha del seguro de incendios forestales en el marco de lo previsto en la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de seguros agrarios combinados. Los propietarios que suscriban el seguro tendrán prioridad para acogerse a las subvenciones previstas en el artículo 64 de esta Ley, cuando estas se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Artículo 50. Mantenimiento y restauración del carácter forestal de los terrenos incendiados. Redacción según Ley 10/2006, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

1. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Las comunidades autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados, y queda prohibido:

a) El cambio de uso forestal al menos durante 30 años.

b) Toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el periodo que determine la legislación autonómica.

Con carácter singular, las comunidades autónomas podrán acordar excepciones a estas prohibiciones siempre que, con anterioridad al incendio forestal, el cambio de uso estuviera previsto en:

a) Un instrumento de planeamiento previamente aprobado.

b) Un instrumento de planeamiento pendiente de aprobación, si ya hubiera sido objeto de evaluación ambiental favorable o, de no ser esta exigible, si ya hubiera sido sometido al trámite de información pública.

c) Una directriz de política agroforestal que contemple el uso agrario o ganadero extensivo de montes no arbolados en estado de abandono.

Asimismo, con carácter excepcional las comunidades autónomas podrán acordar el cambio de uso forestal cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden que deberán ser apreciadas mediante ley, siempre que se adopten las medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada. Tales medidas compensatorias deberán identificarse con anterioridad al cambio de uso en la propia ley junto con la procedencia del cambio de uso.

En el caso de que esas razones imperiosas de primer orden correspondan a un interés general de la Nación, será la ley estatal la que determine la necesidad del cambio de uso forestal, en los supuestos y con las condiciones indicadas en el párrafo anterior.

En ningún caso procederá apreciar esta excepción respecto de montes catalogados.

2. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Redacción según Ley 21/2015 El órgano competente de la comunidad autónoma fijará las medidas encaminadas a la retirada de la madera quemada y a la restauración de la cubierta vegetal afectada por los incendios que, en todo caso, incluirán el acotamiento temporal de aquellos aprovechamientos o actividades incompatibles con su regeneración por un plazo que deberá ser superior a un año, salvo levantamiento del acotado por autorización expresa de dicho órgano.

3. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo previsto en el capítulo II del título XVII de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, mediante la que se aprueba el Código Penal.

CAPÍTULO IV. SANIDAD Y GENÉTICA FORESTAL.

Artículo 51. Marco jurídico de la sanidad forestal.

En la prevención y lucha contra las plagas forestales, en el Registro de Productos Fitosanitarios a utilizar en los montes y en la introducción y circulación de plantas y productos forestales de importación, así como en cualquier otro aspecto de la sanidad forestal se cumplirá lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal.

Artículo 52. Protección de los montes contra agentes nocivos. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

1. Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, la protección de los montes contra los agentes nocivos debe ser de carácter preferentemente preventivo, mediante técnicas selvícolas adecuadas, utilización de agentes biológicos que impidan o frenen el incremento de las poblaciones de agentes nocivos y la aplicación de métodos de lucha integrada.

2. Las comunidades autónomas adoptarán las medidas necesarias de vigilancia, localización y extinción de focos incipientes de plagas, debiendo informar a los propietarios forestales de la zona afectada, y al órgano competente de la Administración General del Estado por si pudiera verse afectada la sanidad general de los montes españoles.

3. La Estrategia Forestal Española, el Plan Forestal Español, los Planes de Ordenación de Recursos Forestales, las Directrices Básicas Comunes de Gestión Forestal Sostenible, los Proyectos de Ordenación, los Planes Dasocráticos y cualquier otra acción de planificación contemplada en la presente ley, deberán incluir disposiciones para la prevención y lucha contra plagas y enfermedades, con especial atención a los riesgos de las plagas emergentes.

Artículo 53. Obligaciones de los titulares de los montes.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, los titulares de los montes están obligados a comunicar la aparición atípica de agentes nocivos a los órganos competentes de las comunidades autónomas y a ejecutar o facilitar la realización de las acciones obligatorias que éstos determinen.

Artículo 54. Recursos genéticos forestales. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

1. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, elaborará y gestionará, en colaboración con las comunidades autónomas, programas de ámbito nacional que promuevan la mejora genética y la conservación de los recursos genéticos forestales así como los instrumentos necesarios para su desarrollo, y en particular lo establecido en la Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de los Recursos Genéticos Forestales.

2. El Gobierno, consultadas las comunidades autónomas y a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, establecerá las normas básicas sobre conservación y uso sostenible de los recursos genéticos forestales y sobre la producción, comercialización y utilización de los materiales forestales de reproducción.

3. El Gobierno, consultadas las comunidades autónomas y a propuesta del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, determinará las regiones de procedencia de los materiales forestales de reproducción y, en particular, mantendrá el Registro y el Catálogo Nacional de Materiales de Base.

CAPÍTULO V. ACCESO A LOS MONTES. Rubrica por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

Artículo 54 bis. Acceso público. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

1. El acceso público a los montes será objeto de regulación por las Administraciones Públicas competentes.

2. Las comunidades autónomas definirán las condiciones en que se permite la circulación de vehículos a motor por pistas forestales situadas fuera de la red de carreteras y a través de terrenos forestales, fuera de los viales existentes para tal fin.

3. En ningún caso podrá limitarse la circulación en las servidumbres de paso para la gestión agroforestal y las labores de vigilancia y de extinción de incendios de las Administraciones Públicas competentes.

4. El acceso de personas ajenas a la vigilancia, extinción y gestión podrá limitarse en las zonas de alto riesgo de incendio previstas en el artículo 48, cuando el riesgo de incendio así lo aconseje, haciéndose público este extremo de forma visible.


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TÍTULO V. INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN, EXTENSIÓN Y DIVULGACIÓN.

CAPÍTULO I. INVESTIGACIÓN FORESTAL.

Artículo 55. Investigación forestal. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

1. La Administración General del Estado, a través de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología que establece la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, identificará e incorporará en sus programas de actuación las demandas de investigación forestal de las Administraciones Públicas y de los sectores productivos, así como los instrumentos necesarios para alcanzar los objetivos propuestos.

2. Las Administraciones Públicas fomentarán la investigación forestal y, en particular, promoverán:

a) La transferencia tecnológica de los resultados de la Investigación Forestal a los órganos responsables de la planificación y gestión de los montes públicos y privados.

b) La innovación y el desarrollo de nuevos métodos de gestión forestal sostenible.

c) La coordinación general de la investigación forestal, estableciendo los mecanismos necesarios para el mejor uso de la totalidad de los recursos y medios disponibles, el intercambio de información, la constitución de redes temáticas permanentes de carácter nacional e internacional y la creación y mantenimiento de bases de datos armonizadas.

d) La cooperación en materia forestal entre institutos, centros de investigación, centros tecnológicos y universidades, tanto públicos como privados y los organismos públicos y las organizaciones privadas responsables de la gestión forestal de los montes, en particular a través del enlace en forma de redes entre las distintas instituciones implicadas.

3. La información y resultados de los programas y proyectos de investigación ejecutados con financiación pública que se requieran para elaborar la Información Forestal Española, referida en el artículo 28, se integrarán en ésta. Con tal fin, las instituciones investigadoras responsables proporcionarán esta información al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y a las comunidades autónomas.

Artículo 56. Redes temáticas, parcelas de seguimiento y áreas de reserva.

1. La Administración General del Estado y las comunidades autónomas cooperarán en el establecimiento, mantenimiento, financiación y control de las redes temáticas y parcelas de seguimiento derivadas de la normativa internacional, sus respectivos planes forestales o los planes nacionales de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica.

2. En los montes de titularidad estatal o autonómica se podrán establecer áreas de reserva no intervenidas para el estudio de la evolución natural de los montes.

Este mismo tipo de áreas se podrá establecer en montes de otra titularidad, previo acuerdo con su propietario.

CAPÍTULO II. FORMACIÓN Y EDUCACIÓN FORESTAL.

Artículo 57. Formación y divulgación forestal.

1. Con el fin de contribuir al desarrollo y promoción de los aspectos sociolaborales del sector forestal y al fomento del empleo con especial atención a las poblaciones rurales, la Administración General del Estado, en colaboración con las comunidades autónomas y los agentes sociales representativos, promoverá la elaboración de planes de formación y empleo del sector forestal, incluyendo medidas relativas a la prevención de riesgos laborales.

2. Asimismo, la Administración General del Estado cooperará con las comunidades autónomas y los agentes sociales representativos en el establecimiento de programas de divulgación que traten de dar a conocer la trascendencia que tiene para la sociedad la existencia de los montes y su gestión sostenible, y la importancia de sus productos como recursos naturales renovables.

3. Igualmente, las Administraciones públicas fomentarán el conocimiento de los principios básicos de la selvicultura entre los propietarios privados de los montes y los trabajadores forestales. En las labores de formación se fomentará la participación de las asociaciones profesionales del sector.

Artículo 58. Extensión, policía y guardería forestal. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

1. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, deberán desempeñar, entre otras, las siguientes funciones de extensión, policía y guardería forestal:

a) De policía, custodia y vigilancia para el cumplimiento de la normativa aplicable en materia forestal, especialmente las de prevención, detección e investigación de las causas de incendios forestales, emitiendo los informes técnicos pertinentes.

b) De asesoramiento facultativo en tareas de extensión y gestión forestal y de conservación de la naturaleza.

Los funcionarios que desempeñen estas funciones contarán con la formación específica que les capacite para su correcto desarrollo.

2. Para fomentar las labores citadas en el párrafo b) del apartado 1, la Administración forestal podrá establecer acuerdos con los agentes sociales representativos.

3. Los funcionarios que desempeñen funciones de policía administrativa forestal, por atribución legal o por delegación, tienen la condición de agentes de la autoridad. Los hechos constatados y formalizados por ellos en las correspondientes actas de inspección y denuncia tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados.

Asimismo, en el ejercicio de estas funciones están facultados para:

a) Entrar libremente en cualquier momento y sin previo aviso en los lugares sujetos a inspección y a permanecer en ellos, con respeto, en todo caso, a la inviolabilidad del domicilio. Al efectuar una visita de inspección, deberán comunicar su presencia a la persona inspeccionada o a su representante, a menos que consideren que dicha comunicación pueda perjudicar el éxito de sus funciones.

b) Proceder a practicar cualquier acto de investigación, examen o prueba que consideren necesaria para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente.

En particular podrán tomar o sacar muestras de sustancias y materiales, realizar mediciones, obtener fotografías, vídeos, grabación de imágenes, y levantar croquis y planos, siempre que se notifique al titular o a su representante, salvo casos de urgencia, en los que la notificación podrá efectuarse con posterioridad.

4. En el ejercicio de sus funciones como Policía Judicial genérica se limitarán a efectuar las primeras diligencias de prevención, de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de la Policía Judicial y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 284 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Cuando tuvieran conocimiento de hecho que pudieran ser constitutivos de delito deberán ponerlos en conocimiento de la Autoridad judicial o del Ministerio Fiscal, a través del procedimiento que determinan los órganos en cuya estructura se integren y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

En el ejercicio de las funciones a las que se refiere este apartado, los Agentes Forestales prestarán en todo momento auxilio y colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Artículo 59. Educación forestal.

Las Administraciones públicas promoverán programas de educación, divulgación y sensibilización relativos a los objetivos de esta Ley, que estarán dirigidos a los integrantes del sistema educativo.


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TÍTULO VI. FOMENTO FORESTAL.

CAPÍTULO I. DEFENSA DE LOS INTERESES FORESTALES.

Artículo 60. Fundaciones y asociaciones de carácter forestal.

Las Administraciones públicas promoverán activamente las fundaciones, asociaciones y cooperativas de iniciativa social, existentes o de nueva creación, que tengan por objeto las materias que se tratan en esta Ley y, en particular, la gestión sostenible y multifuncional de los montes, y que puedan colaborar con la Administración en el ejercicio de sus competencias.

CAPÍTULO II. EMPRESAS FORESTALES.

Artículo 61. Cooperativas, empresas e industrias forestales. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

1. Las comunidades autónomas crearán registros de cooperativas, empresas e industrias forestales, tanto de las empresas que realizan trabajos o aprovechamientos forestales en los montes como de las industrias forestales, incluyendo en éstas las de sierra, chapa, tableros, pasta, papel, y corcho, resina, biomasa, aceites, piñón, castaña, setas, y trufas así como cualquier otro aprovechamiento forestal.

2. Se crea el Registro Nacional de Cooperativas, Empresas e Industrias Forestales. Las comunidades autónomas remitirán al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la información relativa a los asientos que se produzcan en sus registros conforme al apartado anterior, a fin de elaborar y mantener actualizado el Registro Nacional.

El Registro Nacional tendrá carácter informativo y dependerá del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal. Su organización y funcionamiento se establecerán reglamentariamente.

3. Las cooperativas, empresas e industrias forestales facilitarán anualmente a las comunidades autónomas, a efectos estadísticos, los datos relativos a su actividad, en particular, la producción, transformación y comercialización de sus productos forestales. Esta información se integrará en la Información Forestal Española a través de mecanismos de colaboración entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y los demás órganos de las Administraciones competentes.

Artículo 62. Organización interprofesional de productos forestales. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente promoverá la creación de organizaciones interprofesionales en el sector forestal. El estatuto jurídico de las organizaciones interprofesionales de los productos forestales será el establecido en la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias, y la normativa autonómica sobre la materia.

CAPÍTULO III. INCENTIVOS ECONÓMICOS EN MONTES ORDENADOS.

Artículo 63. Disposiciones generales. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

1. Los incentivos recogidos en los artículos 64 a 66, cuando se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se aplicarán con prioridad para los montes ordenados tanto de titularidad privada como de entidades locales, y para los montes protectores y los catalogados, en los términos que se establezcan.

2. Las administraciones facilitarán el desarrollo de instrumentos basados en el mercado para abordar eficazmente la conservación y mejora de los activos naturales o de los servicios que estos prestan.

3. Se incentivará preferentemente la implantación de proyectos de ordenación, planes dasocráticos u otros instrumentos de gestión equivalentes en los montes privados y públicos no catalogados. Los montes no ordenados incluidos en un PORF podrán acceder a los incentivos cuando así se habilite en dicho plan.

En el acceso a las subvenciones para la prevención contra incendios forestales, cuando se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, tendrán prioridad los montes que se encuentren ubicados en una zona de alto riesgo de incendio con un plan de defensa contra incendios vigente, de acuerdo con el artículo 48.

Artículo 64. Subvenciones.

Podrán ser objeto de subvención, en los términos fijados en las respectivas convocatorias, las actividades vinculadas a la gestión forestal sostenible.

Artículo 65. Incentivos por las externalidades ambientales.

1. Las Administraciones públicas regularán los mecanismos y las condiciones para incentivar las externalidades positivas de los montes ordenados.

2. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Para estos incentivos se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes factores:

a) La conservación, restauración y mejora de la biodiversidad en ecosistemas y especies forestales y del paisaje en función de las medidas específicamente adoptadas para tal fin.

b) La fijación de dióxido de carbono en los montes como medida de contribución a la mitigación del cambio climático, en función de la cantidad de carbono fijada en la biomasa forestal del monte, así como de la valorización energética de su biomasa forestal aprovechable.

c) La conservación de los suelos y del régimen hidrológico en los montes como medida de lucha contra la desertificación, en función del grado en que la cubierta vegetal y las prácticas selvícolas contribuyan a reducir la pérdida o degradación del suelo y la mejora de los recursos hídricos superficiales y subterráneos.

d) La mejora de la calidad del aire y la disminución de ruidos.

3. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Las Administraciones Públicas podrán aportar estos incentivos por las siguientes vías:

a) Subvención al propietario de los trabajos dirigidos a la gestión forestal sostenible.

b) Establecimiento de una relación contractual con el propietario o titular de la gestión del monte, o de cualquier aprovechamiento, siempre que esté planificado.

c) Inversión directa por la Administración.

Artículo 66. Créditos.

De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, las Administraciones públicas fomentarán la creación de líneas de crédito bonificadas para financiar las inversiones forestales. Estos créditos podrán ser compatibles con las subvenciones e incentivos.


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TÍTULO VII. RÉGIMEN SANCIONADOR.

 

CAPÍTULO I. INFRACCIONES.

Artículo 67. Tipificación de las infracciones.

A los efectos de esta Ley, y sin perjuicio de lo que disponga al respecto la legislación autonómica, se consideran infracciones administrativas las siguientes:

a. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. El cambio de uso forestal o la realización de actividades en contra del uso forestal, sin autorización.

b. La utilización de montes de dominio público sin la correspondiente concesión o autorización para aquellos usos que la requieran.

c. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. La corta, quema, arranque o inutilización de ejemplares arbóreos o arbustivos de especies forestales, salvo casos excepcionales autorizados singularmente o los previstos y controlados explícitamente en el correspondiente instrumento de intervención administrativa de ordenación, autorización, declaración responsable o notificación y justificados por razones de gestión del monte.

d. El empleo de fuego en los montes y áreas colindantes en las condiciones, épocas, lugares o para actividades no autorizadas.

e. El incumplimiento de las disposiciones que regulen el uso del fuego dictadas en materia de prevención y extinción de incendios forestales.

f. La modificación sustancial de la cubierta vegetal del monte sin la correspondiente autorización.

g. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. La forestación o reforestación con materiales de reproducción que incumplan los requisitos establecidos en la legislación vigente en esta materia.

h. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. La realización de aprovechamientos forestales sin autorización administrativa o declaración responsable del titular y, en general, la realización de cualquier actividad no autorizada o notificada, cuando tales requisitos sean obligatorios, así como el incumplimiento de las disposiciones que regulen el disfrute de los aprovechamientos forestales.

i. La realización de vías de saca, pistas, caminos o cualquier otra obra cuando no esté prevista en los correspondientes proyectos de ordenación o planes dasocráticos de montes o, en su caso, PORF, o sin estar expresamente autorizada por el órgano forestal de la comunidad autónoma.

j. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. El pastoreo o la permanencia de reses en los montes donde se encuentre prohibido o se realice en violación de las normas establecidas al efecto por el órgano forestal de la comunidad autónoma.

k. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. El tránsito o la permanencia en caminos o zonas forestales donde exista prohibición expresa en tal sentido, o incumpliendo las condiciones que al respecto se establezcan, así como la circulación con vehículos a motor atravesando terrenos fuera de carreteras, caminos, pistas o cualquier infraestructura utilizable a tal fin, excepto cuando haya sido expresamente autorizada.

l. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Cualquier incumplimiento grave que afecte al normal desarrollo del monte, del contenido de los proyectos de ordenación de montes, planes dasocráticos de montes o planes de aprovechamientos, u otros instrumentos de gestión equivalentes, entre otros los compromisos de adhesión a modelos tipo de gestión forestal, así como sus correspondientes autorizaciones, sin causa técnica justificada y notificada al órgano forestal de la comunidad autónoma para su aprobación.

m. El incumplimiento de las disposiciones encaminadas a la restauración y reparación de los daños ocasionados a los montes y, en particular, los ocasionados por acciones tipificadas como infracción, así como de las medidas cautelares dictadas al efecto.

n. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. El vertido o el abandono no autorizados de residuos, materiales o productos de cualquier naturaleza en terrenos forestales.

ñ . La alteración de las señales y mojones que delimitan los montes públicos deslindados.

o. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. La manifiesta falta de colaboración o la obstrucción por acción u omisión de las actuaciones de investigación, inspección y control de las Administraciones Públicas y de sus agentes, en relación con las disposiciones de esta ley y de sus normas de desarrollo.

 p. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. El incumplimiento de las obligaciones de información a la Administración por parte de los particulares, así como su ocultación o alteración.

q. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. El incumplimiento, total o parcial, de otras obligaciones o prohibiciones establecidas en esta Ley.

 r. Añadido por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. El incumplimiento de las obligaciones impuestas por el Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera, en cuanto a:

1.º La comercialización de madera no aprovechada legalmente y sus productos derivados.

2.º La ausencia de mantenimiento y evaluación de un sistema de diligencia debida, ya sea de manera individual o a través de una entidad de supervisión.

3.º La ausencia de colaboración con la Administración competente en los controles realizados por ésta.

4.º La no adopción de medidas correctoras expedidas, en su caso, por la autoridad competente tras la realización del correspondiente control.

5.º El incumplimiento de la obligación de trazabilidad y conservación de esta información a la que están sujetos los comerciantes.

Artículo 68. Clasificación de las infracciones. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

1. Son infracciones muy graves:

a) Las infracciones tipificadas en los párrafos a) a n) del artículo anterior, cuando los hechos constitutivos de la infracción hayan causado al monte daños con unos costes de reposición iguales o superiores a 1.000.000 euros o cuyo plazo de reparación o restauración sea superior a 10 años.

b) La infracción tipificada en el párrafo ñ) del artículo anterior, cuando la alteración de señales y mojones impida la determinación sobre el terreno de los lindes legalmente establecidos.

c) Las infracciones tipificadas en el párrafo r) del artículo anterior, cuando el valor de la madera objeto de incumplimiento superare los 200.000 euros.

d) La reincidencia, entendiendo por ésta que el infractor haya cometido una infracción leve, grave o muy grave en el plazo de un año si es leve, dos años si es grave y cinco años si es muy grave, contados desde que recaiga la resolución sancionadora firme.

2. Son infracciones graves:

a) Las infracciones tipificadas en los párrafos a) a n) del artículo anterior, cuando los hechos constitutivos de la infracción hayan causado al monte daños con unos costes de reposición iguales o superiores a 10.000 euros e inferiores a 1.000.000 euros o cuyo plazo de reparación o restauración sea inferior a 10 años y superior a seis meses.

b) La infracción tipificada en el párrafo ñ) del artículo anterior, cuando la alteración de señales y mojones no impida la identificación de los límites reales del monte público deslindado.

c) La infracción tipificada en el párrafo o) del artículo anterior.

d) Las infracciones tipificadas en el párrafo r) del artículo anterior, cuando el valor de la madera objeto de incumplimiento sea igual o menor que 200.000 euros pero mayor que 50.000 euros.

e) El incumplimiento de las obligaciones recogidas en los subapartados 2.º, 3.º, 4.º y 5.º del párrafo r) del artículo anterior.

f) La reincidencia, entendiendo por ésta que el infractor haya cometido una infracción leve, grave o muy grave en el plazo de un año si es leve, dos años si es grave y cinco años si es muy grave, contados desde que recaiga la resolución sancionadora firme.

3. Son infracciones leves:

a) Las infracciones tipificadas en los párrafos a) a n) del artículo anterior cuando los hechos constitutivos de la infracción no hayan causado daños al monte o cuando, habiendo daño, tenga unos costes de reposición inferiores a 10.000 euros o el plazo para su reparación o restauración no exceda de seis meses.

b) Las infracciones tipificadas en los párrafos p) y q) del artículo anterior.

c) Las infracciones tipificadas en el párrafo r) del artículo anterior, cuando el valor de la madera objeto de incumplimiento no supere los 50.000 euros.

4. En los todos los casos de infracciones tipificadas en el párrafo r) del artículo anterior, será sanción accesoria el comiso de los bienes comercializados que constituyen el objeto de la infracción, que serán enajenados por subasta pública.

Artículo 69. Medidas cautelares.

La Administración competente, o sus agentes de la autoridad, podrán adoptar las medidas de carácter provisional que estimen necesarias, incluyendo el decomiso, para evitar la continuidad del daño ocasionado por la actividad presuntamente infractora.

Al inicio del procedimiento y de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso, la Administración competente deberá ratificar tales medidas. Asimismo, podrá imponer nuevas medidas cautelares para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.

Artículo 70. Responsables de las infracciones.

1. Serán responsables de las infracciones previstas en esta Ley las personas físicas o jurídicas que incurran en aquellas y, en particular, la persona que directamente realice la actividad infractora o la que ordene dicha actividad cuando el ejecutor tenga con aquella una relación contractual o de hecho, siempre que se demuestre su dependencia del ordenante.

2. Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas que hubiesen intervenido en la realización de una infracción, la responsabilidad será solidaria, sin perjuicio del derecho a repetir frente a los demás participantes, por parte de aquel o aquellos que hubieran hecho frente a las responsabilidades.

Artículo 71. Prescripción de las infracciones.

1. El plazo de prescripción de las infracciones será de cinco años para las muy graves, tres años para las graves y un año para las leves.

2. El plazo de prescripción comenzará a contar a partir de la fecha en que la infracción se haya cometido.

3. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviese paralizado durante un mes por causa no imputable al presunto responsable.

Artículo 72. Responsabilidad penal.

1. Cuando la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, la Administración instructora lo pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional competente, suspendiéndose la tramitación del procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no hubiera dictado sentencia firme o resolución que ponga fin al proceso.

2. La sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, del hecho y del fundamento. De no haberse estimado la existencia de delito o falta, el órgano competente continuará, en su caso, el expediente sancionador teniendo en cuenta los hechos declarados probados en la resolución firme del órgano judicial competente.

CAPÍTULO II. SANCIONES.

Artículo 73. Potestad sancionadora.

1. La sanción de las infracciones corresponderá, salvo lo dispuesto en el apartado 2, al órgano de la comunidad autónoma que tenga atribuida la competencia en cada caso.

2. Compete a la Administración General del Estado la imposición de sanciones en aquellos supuestos en que la infracción administrativa haya recaído en ámbito y sobre materias de su competencia.

Artículo 74. Clasificación. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

Las infracciones tipificadas en este título serán sancionadas con las siguientes multas:

a) Las infracciones leves, de 100 a 1.000 euros.

b) Las infracciones graves, de 1.001 a 100.000 euros.

c) Las infracciones muy graves, de 100.001 a 1.000.000 euros, salvo que el importe de la madera indebidamente comercializada, o el doble del coste de reposición del daño causado, fueran superiores al millón de euros. En este caso, la sanción será equivalente al importe mayor.

Artículo 75. Proporcionalidad.

Dentro de los límites establecidos en el artículo anterior, las sanciones se impondrán atendiendo a las circunstancias del responsable:

a. Suprimido por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

b. Grado de culpa.

c. Reincidencia.

d. Beneficio económico obtenido por el infractor.

Artículo 76. Reducción de la sanción.

Podrá reducirse la sanción o su cuantía, siempre y cuando el infractor haya procedido a corregir la situación creada por la comisión de la infracción en el plazo que se señale en el correspondiente requerimiento.

Artículo 77. Reparación del daño e indemnización.

1. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, el infractor deberá reparar el daño causado en la forma y condiciones fijadas por el órgano sancionador. Esta obligación es imprescriptible en el caso de daños al dominio público forestal.

2. Redacción según Ley 10/2006, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. La reparación tendrá como objetivo la restauración del monte o ecosistema forestal a la situación previa a los hechos constitutivos de la infracción sancionada. A los efectos de esta Ley se entiende por restauración la vuelta del monte a su estado anterior al daño, y por reparación las medidas que se adoptan para lograr su restauración. El causante del daño vendrá obligado a indemnizar la parte de los daños que no puedan ser reparados, así como los perjuicios causados.

3. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Podrá requerirse asimismo indemnización en los casos en que el beneficio económico del infractor sea superior a la máxima sanción prevista. Esta indemnización será como máximo el doble de la cuantía de dicho beneficio y en el caso de montes declarados de utilidad pública se ingresará en el fondo de mejoras regulado en el artículo 38.

4. Los daños ocasionados al monte y el plazo para su reparación o restauración se determinarán según criterio técnico debidamente motivado en la resolución sancionadora.

Artículo 78. Multas coercitivas y ejecución subsidiaria.

1. Si los infractores no procedieran a la reparación o indemnización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77, y una vez transcurrido el plazo señalado en el requerimiento correspondiente, la Administración instructora podrá acordar la imposición de multas coercitivas o la ejecución subsidiaria.

2. Las multas coercitivas serán reiteradas por lapsos de tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, y la cuantía de cada una de dichas multas no superará el 20 % de la multa fijada por la infracción cometida.

3. La ejecución por la Administración de la reparación ordenada será a costa del infractor.

Artículo 79. Decomiso.

La Administración competente podrá acordar el decomiso tanto de los productos forestales ilegalmente obtenidos como de los instrumentos y medios utilizados en la comisión de la infracción.

Artículo 80. Prescripción de las sanciones.

1. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Las sanciones impuestas por la comisión de faltas muy graves prescribirán a los cinco años, en tanto que las impuestas por faltas graves o leves lo harán a los dos años y al año, respectivamente.

2. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.

3. Interrumpirá la prescripción, la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si aquél está paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.


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DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Consorcios y convenios de repoblación.

1. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Los consorcios y convenios de repoblación amparados por la legislación que se deroga en la disposición derogatoria única de esta ley continuarán vigentes hasta la fecha de su finalización, sin perjuicio de las posibles prórrogas pactadas en los contratos.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las comunidades autónomas podrán sustituir los consorcios y convenios de repoblación suscritos entre la Administración forestal y los propietarios de montes por otras figuras contractuales en las que no sería exigible una compensación económica a favor de la Administración o condonar su deuda, siempre que se cuente con el acuerdo de los propietarios y que concurra alguna de las siguientes condiciones:

a. Los beneficios indirectos y el interés social que genere el mantenimiento de la cubierta vegetal superen los de las rentas directas del monte.

b. El propietario del suelo se comprometa a conservar adecuadamente la masa forestal creada por aquellos consorcios o convenios mediante la aplicación de un instrumento de gestión.

c. Aquellas otras que fije la comunidad autónoma.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Regímenes especiales.

1. Los montes del Estado que pertenecen al dominio público por afectación al Patrimonio Nacional se rigen por su legislación específica, siéndoles de aplicación lo dispuesto en esta Ley cuando ello no sea contrario a los fines a los que fueron afectados.

2. Redacción según Ley 10/2006, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. En el territorio forestal del dominio público forestal de titularidad estatal adscrito al Ministerio de Defensa, así como en las zonas de interés para la Defensa y en aquellos territorios en los que el Ministerio de Defensa desarrolle actividades en virtud de cualquier título jurídico, la aplicación de lo dispuesto en esta Ley estará subordinada a los fines de la Defensa Nacional.

En particular, en estos territorios la defensa contra incendios forestales será responsabilidad del Ministerio de Defensa, con el asesoramiento técnico del Ministerio de Medio Ambiente.

Lo dispuesto en el artículo 58.3 no será de aplicación en estos territorios.

3. Redacción según Ley 10/2006, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Lo dispuesto en esta Ley se entiende sin perjuicio de las normas específicas aplicables a los montes afectados al ejercicio de competencias estatales o adscritos a servicios públicos gestionados por la Administración del Estado.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Participación forestal en la declaración de espacios naturales protegidos.

En el procedimiento de declaración de montes como espacios naturales protegidos será preceptiva la participación del órgano forestal de la comunidad autónoma cuando éste sea distinto del órgano declarante.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Uso energético de la biomasa forestal residual. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

El Gobierno elaborará, en colaboración con las comunidades autónomas, una estrategia para el desarrollo del uso energético de la biomasa forestal, de acuerdo con los objetivos indicados en el Plan de Energías Renovables en España.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Sociedades de propietarios forestales. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

1. Se define como sociedad forestal la agrupación de propietarios de parcelas susceptibles de aprovechamiento forestal que ceden a la Sociedad Forestal los derechos de uso forestal de forma indefinida o por plazo cierto igual o superior a veinte años.

2. También podrán pertenecer a la Sociedad Forestal otras personas físicas o jurídicas que no sean titulares, siempre y cuando su participación no supere el 49 por ciento de las participaciones sociales.

3. En caso de transmisión de parcelas se presumirá, salvo pacto en contrario, la subrogación automática de la posición de socio del nuevo titular.

4. Las comunidades autónomas determinarán, en el ámbito de sus competencias, los requisitos adicionales que deberán cumplir estas sociedades, el nombre que tendrán y los incentivos de que disfrutarán.

5. Estas Sociedades Forestales tendrán como único objeto social la explotación y aprovechamiento en común de terrenos forestales cuyo uso se cede a la sociedad, para realizarlo mediante una gestión forestal sostenible.

6. Las Sociedades Forestales se regirán por el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

7. El régimen fiscal especial establecido en el capítulo VII del título VII de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, resultará de aplicación a las operaciones de cesión de derechos de uso forestal a que se refiere el apartado 1 de esta disposición a cambio de valores representativos del capital social de la sociedad forestal adquirente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Administraciones públicas competentes.

La referencia que se hace en el texto de esta Ley a las comunidades autónomas se entenderá que incluye también a las Ciudades de Ceuta y Melilla y, en su caso, a los órganos forales de los Territorios Históricos del País Vasco y a los Cabildos y Consejos Insulares y otras entidades locales con competencias en materia forestal, reconocidas en la normativa autonómica.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Cambio climático.

Las Administraciones públicas elaborarán, en el ámbito del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, un estudio sobre las necesidades de adaptación del territorio forestal español al cambio climático, incluyendo un análisis de los métodos de ordenación y tratamientos silvícolas más adecuados para dicha adaptación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Ocupaciones en montes de dominio público forestal por razones de la Defensa Nacional.

1. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes. Podrán establecerse derecho de paso y autorizarse ocupaciones temporales en montes del dominio público forestal, motivadas por interés de la Defensa Nacional, conforme al procedimiento y plazos que se determinen.

2. En caso de discrepancia entre las Administraciones públicas implicadas, la resolución del expediente de establecimiento del derecho de paso u ocupación a que se refiere el apartado anterior se resolverá conforme al procedimiento previsto en el apartado 4 del artículo 18 de esta Ley.

3. En aquellas actividades realizadas por razones de la Defensa Nacional que entrañen riesgo directo de incendios, el Ministerio de Defensa dotará a los territorios afectados de infraestructuras preventivas y equipos de extinción de acuerdo con los planes técnicos aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Mecenazgo.

A efectos de lo previsto en el apartado 1 del artículo 3 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, se considerarán incluidos entre los fines de interés general los orientados a la gestión forestal sostenible.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA. Gestión de montes pro indiviso. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

1. Las Administraciones Públicas cooperarán en el ámbito de sus competencias para asegurar la legalidad de la madera y productos derivados introducidos en el mercado en España, y dar así cumplimiento a la normativa comunitaria en esta materia, derivada del Plan sobre Aplicación de las Leyes Forestales, Gobernanza y Comercio de la Unión Europea.

2. En el ámbito del Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera, los agentes que opten por un sistema individual para ejercer la diligencia debida deberán presentar una declaración responsable ante el órgano autonómico competente. El contenido mínimo de esta declaración responsable se establecerá reglamentariamente. La omisión de la presentación de esta declaración supondrá una infracción leve a los efectos del título VII.

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA. Añadido por Ley 10/2006, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

El Gobierno remitirá en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta Ley una propuesta de ley reguladora del Estatuto de la Propiedad Forestal, en la que se establecerán las bases, respetando las competencias que ostentan las Comunidades Autónomas, según sus respectivos Estatutos, en esta materia.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA. Fomento de la Industria Forestal. Añadida por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

Se modifica el artículo 5.3 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, añadiendo entre los objetivos de los programas de promoción industrial, uno nuevo con el siguiente contenido:

i) El fomento de las industrias de transformación de recursos naturales renovables, y específicamente las que utilicen como materia prima los recursos forestales.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA. Deducción en el Impuesto sobre Sociedades por gastos e inversiones de las sociedades forestales. Añadida por Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

Las sociedades forestales a que se refiere la disposición adicional quinta de esta Ley tendrán derecho a una deducción en la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades del 10 por ciento de los gastos o inversiones que realicen en el período impositivo en la conservación, mantenimiento, mejora, protección y acceso del monte.

Esta deducción estará sometida a los límites y condiciones establecidos en el artículo 39 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, conjuntamente con las allí señaladas.


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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Servidumbres en montes demaniales.

Las Administraciones gestoras de los montes que pasen a integrar el dominio público forestal revisarán, en el plazo de 10 años desde la entrada en vigor de esta Ley, las servidumbres y otros gravámenes que afecten a estos montes, para garantizar su compatibilidad con su carácter demanial y con los principios que inspiran esta Ley.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Plazo para la ordenación de montes. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

Los montes que tengan la obligación, conforme a lo dispuesto en el artículo 33, de disponer de un instrumento de gestión forestal, tendrán un período de 25 años desde la entrada en vigor de esta ley para dotarse de aquél.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Incentivos económicos en montes no ordenados. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

Durante un plazo de quince años desde la entrada en vigor de esta ley, los propietarios de montes no ordenados podrán acogerse a los incentivos a los que se refiere el artículo 63, pudiendo ser objeto de subvención o crédito la elaboración del correspondiente instrumento de gestión forestal. Pasado dicho período se le denegará de oficio cualquier incentivo en tanto no se doten de instrumento de gestión o, en su caso, y tal como se prevé en el artículo 63.3, se incluyan en un PORF.

Si durante este plazo se produce un cambio de propiedad, el plazo para el nuevo propietario empezará a contar desde el momento de la transmisión.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Montes declarados de utilidad pública con anterioridad a esta Ley. Redacción según Ley 21/2015, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

A los efectos de lo previsto en el artículo 16 y concordantes, se consideran incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública todos los montes declarados de utilidad pública con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. Montes declarados protectores con anterioridad a esta Ley.

A los efectos de lo previsto en el artículo 24, se consideran incluidos en el Registro de Montes Protectores todos los montes declarados como tales con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley.


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DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación normativa.

1. Quedan derogadas las siguientes Leyes:

a. Ley de 10 de marzo de 1941, sobre el Patrimonio Forestal del Estado.

b. Ley de 8 de junio de 1957, de Montes.

c. Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre Incendios Forestales.

d. Ley 22/1982, de 16 de junio, sobre repoblaciones gratuitas con cargo al Presupuesto del ICONA en terrenos incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

e. Ley 5/1977, de 4 de enero, de Fomento de la Producción Forestal.

2. Las normas reglamentarias dictadas en desarrollo de los textos derogados a los que se refiere el apartado anterior continuarán vigentes, en tanto no se opongan a lo previsto en esta Ley, hasta la entrada en vigor de las normas que puedan dictarse en su desarrollo.


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DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Modificación de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna silvestres.   La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad  deroga la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna silvestres.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Habilitación competencial.

1. Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23 de la Constitución y tiene, por tanto, carácter básico (legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y protección del medio ambiente), sin perjuicio de lo dispuesto en los dos apartados siguientes.

2. Tienen carácter básico al amparo de otros preceptos constitucionales los artículos 12, 14, 15, 16, 17, 18, apartado 4, 20, 21, 36, apartado 4, 47, apartado 3, disposición adicional segunda, apartado 1, y disposición transitoria primera, por dictarse al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución.

3. Los siguientes preceptos y disposiciones se dictan al amparo de títulos competenciales exclusivos del Estado:

a. Los artículos 18, apartados 1, 2 y 3, 19, 22, 25 y la disposición adicional décima, que se dictan al amparo del artículo 149.1.8 de la Constitución, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan.

b. El capítulo I del título V, por dictarse al amparo del artículo 149.1.15 de la Constitución.

c. La disposición adicional novena, por dictarse al amparo del artículo 149.1.14 de la Constitución.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Habilitación normativa. Redacción según Ley 10/2006, por la que se modifica la Ley 43/2003, de Montes.

El Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, dictarán las disposiciones necesarias para el desarrollo de esta Ley.

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Potestades reglamentarias en Ceuta y Melilla.

Las Ciudades de Ceuta y Melilla ejercerán las potestades normativas reglamentarias que tienen atribuidas por las Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo, dentro del marco de esta Ley y de las que el Estado promulgue a tal efecto.

DISPOSICIÓN FINAL QUINTA. Actualización de multas.

Se faculta al Gobierno para actualizar mediante real decreto la cuantía de las multas establecidas en esta Ley de acuerdo con los índices de precios de consumo.

DISPOSICIÓN FINAL SEXTA. Entrada en vigor de la Ley.

La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 21 de noviembre de 2003.

 
 

- Juan Carlos R. -

 

 

El Presidente del Gobierno,

 

José María Aznar López.

 

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DISPOSICIONES DE LA LEY 10/2006, DE 28 DE ABRIL, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Fondo para el patrimonio natural. Derogada por Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA.

El Gobierno, en el marco del Plan de Fomento de Energías Renovables, actualizará las primas e incentivos de las centrales de producción de energía eléctrica en régimen especial que utilicen como combustible biomasa forestal procedente de operaciones de prevención de incendios y planes de gestión forestal sostenible.

Las primas e incentivos serán las que se establezcan en el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación normativa.

Quedan derogados los apartados 1.a y 2.h del artículo 7 y el apartado 2 del artículo 21 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

La Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se modifica en los siguientes términos:

  • Uno. El párrafo segundo del artículo 18.1 queda redactado en los siguientes términos

En la Fiscalía de la Audiencia Nacional y en cada Fiscalía de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales existirá una Sección de Menores a la que se encomendarán las funciones y facultades que al Ministerio Fiscal atribuye la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. En las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales existirán Secciones contra la Violencia sobre la Mujer y Secciones de Medio Ambiente especializadas en delitos relativos a la ordenación del territorio, la protección del patrimonio histórico, los recursos naturales y el medio ambiente, la protección de la flora, fauna y animales domésticos, y los incendios forestales. A estas secciones serán adscritos fiscales que pertenezcan a sus respectivas plantillas, y tendrán preferencia aquellos que por razón de las anteriores funciones desempeñadas, cursos impartidos o superados o por cualquier otra circunstancia análoga se hayan especializado en la materia. No obstante, cuando las necesidades del servicio así lo aconsejen podrán actuar también en otros ámbitos o materias.

  • Dos. Se añade un artículo 18 quinquies, con la siguiente redacción

Artículo 18 quinquies.

1. El Fiscal General del Estado, oído el Consejo Fiscal, nombrará, como delegado, un fiscal contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, del medio ambiente e incendios forestales, con categoría de Fiscal de Sala, que ejercerá las siguientes funciones:

- Practicar las diligencias a que se refiere el artículo 5 e intervenir, directamente o a través de instrucciones impartidas a los delegados, en aquellos procesos penales de especial trascendencia apreciada por el Fiscal General del Estado, referentes a delitos relativos a la ordenación del territorio, la protección del patrimonio histórico, los recursos naturales y el medio ambiente, la protección de la flora, fauna y animales domésticos, y los incendios forestales.

- Ejercitar la acción pública en cualquier tipo de procedimientos, directamente o a través de instrucciones impartidas a los delegados, cuando aquella venga prevista en las diferentes leyes y normas de carácter medioambiental, exigiendo las responsabilidades que procedan.

- Supervisar y coordinar la actuación de las secciones especializadas de medio ambiente y recabar los informes oportunos, dirigiendo por delegación del Fiscal General del Estado la red de fiscales de medio ambiente.

- Coordinar las Fiscalías en materia de medio ambiente unificando los criterios de actuación, para lo cual podrá proponer al Fiscal General la emisión de las correspondientes instrucciones y reunir, cuando proceda, a los fiscales integrantes de las secciones especializadas.

- Elaborar anualmente y presentar al Fiscal General del Estado un informe sobre los procedimientos seguidos y actuaciones practicadas por el Ministerio Fiscal en materia de medio ambiente, que será incorporado a la memoria anual presentada por el Fiscal General del Estado.

2. Para su adecuada actuación se le adscribirá una Unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, así como, en su caso, los efectivos necesarios del resto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que tengan competencias medioambientales, de conformidad con la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Igualmente, podrán adscribirse los profesionales y expertos técnicos que sean necesarios para auxiliarlo de manera permanente u ocasional. La Fiscalía podrá recabar el auxilio de los agentes forestales o ambientales de las administraciones públicas correspondientes, dentro de las funciones que estos colectivos tienen legalmente encomendadas.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Habilitación competencial.

1. Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23 de la Constitución y tiene, por tanto, carácter básico, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados siguientes.

2. Tienen carácter básico, por dictarse al amparo del artículo 149.1.18 de la Constitución, los apartados once, trece y veintiséis del artículo único, que modifican los artículos 18.4, 21.7 y 47.3 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

3. El apartado quince del artículo único, que modifica el artículo 25.1.b de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, se dicta al amparo del artículo 149.1.8 de la Constitución, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan.

4. La disposición adicional primera se dicta al amparo del artículo 149.1.14 de la Constitución.

5. La disposición final primera se dicta al amparo del artículo 149.1.5 de la Constitución.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 28 de abril de 2006.

 
 

- Juan Carlos R. -

 
  El Presidente del Gobierno,
  José Luís Rodríguez Zapatero.

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DISPOSICIONES DE LA LEY 21/2015, DE 20 DE JULIO, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Referencias.

1. Todas las referencias que la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, hace al Ministerio de Medio Ambiente y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se entenderán sustituidas por la referencia al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

2. Todas las referencias que la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, hace al «Órgano Forestal» o «Administración forestal» deberán entenderse sustituidas por «Órgano competente en materia forestal».

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Aplicación de las ayudas directas de la Política Agrícola Común en España.

1. Los pagos directos establecidos en el artículo 1 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 637/2008 y (CE) n.º 73/2009 del Consejo, se aplicarán conforme a criterios comunes establecidos a escala nacional para todo el territorio.

2. Se habilita al Gobierno, para que, por vía reglamentaria desarrolle lo establecido en este artículo, de conformidad con las previsiones del Reglamento (UE) N.º 1307/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, por el que se establecen, así como de las previsiones aplicables a los pagos directos establecidas en el Reglamento (UE) N.º 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, en particular, las relativas al sistema integrado de gestión y control establecido en el capítulo II del título V y al sistema de condicionalidad establecido en el título VI de dicho Reglamento.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Cambio de denominación del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos y del Cuerpo de Ingenieros de Montes.

El Cuerpo de Ingenieros Agrónomos y el Cuerpo de Ingenieros de Montes, pasan a denominarse Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado y Cuerpo de Ingenieros de Montes del Estado.

Ambos cuerpos mantendrán su adscripción orgánica al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como la clasificación en el subgrupo A1 de los establecidos en el artículo 76 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Caza y pesca.

1. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la participación de las comunidades autónomas, elaborará una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética que constituya el marco orientativo y de coordinación para la ordenación a escala nacional del aprovechamiento cinegético. Será aprobada por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y las comunidades autónomas podrán referirse a ella en su legislación específica.

2. A efectos informativos se crea el Registro Español de Infractores de Caza y Pesca. Las comunidades autónomas remitirán al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la información relativa a los asientos que se produzcan en sus correspondientes registros de infractores de caza y pesca, incluidos los relativos a la suspensión y extinción de validez de las licencias, en particular los derivados de infracciones penales y de un procedimiento sancionador, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura.

1. En función de las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía a comienzos de cada mes, se establecen los siguientes niveles mensuales con arreglo a los que se acordará la realización de los trasvases, con un máximo anual total de 650 hectómetros cúbicos en cada año hidrológico (600 para el Segura y 50 para el Guadiana):

Nivel 1. Se dará cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía sean iguales o mayores que 1.500 hectómetros cúbicos, o cuando las aportaciones conjuntas entrantes a estos embalses en los últimos doce meses sean iguales o mayores que 1.000 hectómetros cúbicos. En este caso el órgano competente autorizará un trasvase mensual de 68 hectómetros cúbicos, hasta el máximo anual antes referido.

Nivel 2. Se dará cuando las existencias conjuntas de Entrepeñas y Buendía sean inferiores a 1.500 hectómetros cúbicos, sin llegar a los volúmenes previstos en el Nivel 3, y las aportaciones conjuntas registradas en los últimos doce meses sean inferiores a 1.000 hectómetros cúbicos. En este caso el órgano competente autorizará un trasvase mensual de 38 hectómetros cúbicos, hasta el máximo anual antes referido.

Nivel 3. De situaciones hidrológicas excepcionales, se dará cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía no superen, a comienzos de cada mes, los valores que se determinen por el Plan hidrológico del Tajo vigente. El Gobierno, mediante el real decreto previsto posteriormente en este apartado, establecerá para el nivel 3 el trasvase máximo mensual que el órgano competente podrá autorizar discrecionalmente y de forma motivada, así como los valores mensuales antes referidos, definitorios del nivel 3, con el objetivo único que se indica posteriormente.

Nivel 4. Se dará esta situación cuando las existencias conjuntas en Entrepeñas y Buendía sean inferiores a 400 hectómetros cúbicos, en cuyo caso no cabe aprobar trasvase alguno.

Con el único objetivo de dotar de mayor estabilidad interanual a los suministros, minimizando la presentación de situaciones hidrológicas excepcionales a las que se refiere el nivel 3, sin modificar en ningún caso el máximo anual de agua trasvasable, a propuesta justificada del Ministerio competente en materia de aguas, y previo informe favorable de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, podrán modificarse, mediante real decreto, tanto el volumen de existencias y el de aportaciones acumuladas contemplados en el nivel 1, como los volúmenes de trasvase mensual correspondientes a los niveles 1, 2, 3 y los volúmenes de existencias para cada mes correspondientes al nivel 3. Asimismo, en este real decreto se definirán los criterios de predicción de aportaciones para la aplicación de la regla en horizontes plurimensuales.

A efectos de favorecer el desarrollo de los municipios ribereños, se explotará el sistema de forma que el volumen de trasvase ya autorizado y pendiente de aplicación se mantenga preferentemente en los embalses de cabecera, antes que en otros almacenamientos en tránsito o destino, siempre que tal explotación sea compatible con una gestión racional e integrada del sistema conjunto.

Salvo en situaciones catastróficas o de extrema necesidad debidamente motivadas, que impidan el envío de agua, si no se hubieran trasvasado en el plazo autorizado los volúmenes aprobados previstos en los niveles 1 y 2, se podrán transferir en los tres meses siguientes al fin del periodo de autorización, salvo que se produzca un cambio de nivel.

Los recursos cuyo trasvase haya sido ya autorizado podrán ser utilizados por sus usuarios a lo largo del año hidrológico, hasta el final del mismo. En el caso de que al término del año hidrológico exista en la cuenca receptora algún volumen disponible de agua trasvasada, será objeto de una nueva distribución, considerándose como recurso aprovechable para los usos del trasvase a que correspondan en el año hidrológico siguiente.

Los volúmenes cuyo trasvase haya sido autorizado se distribuirán entre abastecimientos y regadíos, en la proporción de un 25 por ciento para abastecimiento y el 75 por ciento restante para regadío, hasta el máximo de sus dotaciones anuales, y asegurando siempre al menos 7,5 hectómetros cúbicos/mes para los abastecimientos urbanos.

2. La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura autorizará los trasvases cuando concurran las condiciones hidrológicas de los Niveles 1 y 2, y el Ministro que tenga atribuidas las competencias en materia de agua, previo informe de esta Comisión, cuando concurran las condiciones del Nivel 3. En el caso de los niveles 1 y 2 la autorización de los trasvases se efectuará preferentemente por semestres, mientras que en el caso del nivel 3 se realizará preferentemente por trimestres, salvo que el órgano competente justifique en cualquiera de los niveles la utilización de plazos distintos.

3. Con carácter previo a la primera reunión del año hidrológico de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, y en todo caso, antes de la primera autorización del trasvase, exclusivamente en los niveles 1 y 2, la Dirección General del Agua elaborará, para su consideración por la Comisión Central de Explotación a efectos de las autorizaciones, un informe justificativo de las necesidades hídricas en las zonas y abastecimientos afectos al trasvase Tajo-Segura, que se referirá, para las zonas regables, a los cultivos planificados y, para los abastecimientos, a las demandas estimadas, así como a las posibilidades de regulación existentes para tales caudales.

Este informe se elaborará por la Dirección General del Agua a partir de la información de la planificación hidrológica, y deberá actualizarse semestralmente, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Planificación Hidrológica, sobre seguimiento de los planes hidrológicos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Caminos Naturales. Redacción según DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Modificación de la disposición adicional sexta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. Régimen transitorio de la modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

La aplicación de la disposición adicional tercera de la Ley 10/2001, de 5 de julio, reguladora del Plan Hidrológico Nacional, se escalonará en el tiempo conforme a las siguientes prescripciones:

1. La implantación del nuevo nivel de referencia de 400 hectómetros cúbicos para la definición de excedentes trasvasables en la cabecera del Tajo seguirá un régimen transitorio de forma que este nuevo nivel se alcance a lo sumo en cinco años conforme al siguiente procedimiento.

2. En la fecha de entrada en vigor del nuevo plan hidrológico del Tajo, elaborado conforme a la Directiva Marco del Agua, el nivel se elevará 32 hectómetros cúbicos, y se irá elevando en escalones adicionales de 32 hectómetros cúbicos el día 1 de enero de cada año sucesivo, hasta alcanzar los 400 hectómetros cúbicos finales. Igualmente, la curva de definición de situaciones hidrológicas excepcionales vigente se irá elevando de forma escalonada y simultánea a sus correspondientes niveles de referencia, hasta alcanzar la curva final.

3. Si en el inicio o en cualquier momento del período transitorio se alcanzase un nivel de existencias embalsadas de 900 hectómetros cúbicos, tanto el nuevo nivel de referencia de 400 hectómetros cúbicos como la curva de condiciones excepcionales entrarían en vigor de forma inmediata.

4. La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura velará por la aplicación de estos criterios y resolverá las incidencias que pudieran plantearse en el período de transición.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

1. Queda derogada la disposición adicional primera de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio de 2001, del Plan Hidrológico Nacional.

2. Se mantendrá en vigor el Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Modificación de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura.

Se modifica el último párrafo de la disposición adicional primera de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura que pasa a tener la siguiente redacción:

«Por el contrario, si se producen menores pérdidas, los recursos adicionales generados se distribuirán en un setenta por ciento para regadío, en proporción a las referidas zonas regables, mientras que el treinta por ciento restante se asignará para abastecimientos de la provincia de Almería.»

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Modificación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

Uno. Se modifica la disposición adicional tercera, que pasa a tener la siguiente redacción:

«En cuanto a las transferencias de agua aprobadas desde la cabecera del Tajo, se considerarán aguas excedentarias todas aquellas existencias embalsadas en el conjunto de Entrepeñas-Buendía que superen los 400 hectómetros cúbicos. Por debajo de esta cifra no se podrán efectuar trasvases en ningún caso.

Este volumen mínimo podrá revisarse en el futuro conforme a las variaciones efectivas que experimenten las demandas de la cuenca del Tajo, de acuerdo con los principios de eficiencia y sostenibilidad, de forma que se garantice en todo caso su carácter preferente, y se asegure que las transferencias desde cabecera nunca puedan suponer un límite o impedimento para el desarrollo natural de dicha cuenca.»

Dos. Se introduce una nueva disposición adicional decimoquinta, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional decimoquinta.

Se llevarán a cabo con carácter de urgencia, y de acuerdo con criterios de viabilidad, las obras previstas en el Anexo al Plan Hidrológico Nacional que aún no hayan sido ejecutadas y que permitan a Castilla-La Mancha utilizar la infraestructura del trasvase Tajo-Segura, así como los recursos correspondientes que tenga asignados y reservados.»

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Modificación de la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal en materia de actuaciones sanitarias en especies cinegéticas.

Se añade un artículo 16 bis a la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, que queda redactado como sigue:

«Artículo 16 bis. Actuaciones sanitarias en especies cinegéticas.

Con el objetivo de asegurar el buen estado sanitario de las especies cinegéticas y para evitar la transmisión de enfermedades entre ellas o al ganado domestico:

1. Todas las explotaciones productoras de especies cinegéticas deberán cumplir los requisitos sanitarios que legalmente se establezcan. Asimismo, el movimiento de animales procedentes de estas explotaciones será regulado reglamentariamente.

2. Reglamentariamente se establecerán los requisitos de sanidad animal que los diferentes terrenos tanto de aprovechamiento cinegético como de régimen especial recogidos en el título II deberán cumplir. Estos requisitos incluirán, en especial, los sistemas de vigilancia para detectar la presencia de enfermedades y las actuaciones que en el caso de riesgo de transmisión éstas deberán abordarse tanto por las Administraciones competentes como por los responsables o gestores de los terrenos.»

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Modificación de la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Se modifica la disposición final segunda de la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que quedará redactada de la siguiente manera:

«Disposición final segunda. Autorización para elaborar un texto refundido en materia de prevención y control integrados de la contaminación.

Se autoriza al Gobierno para elaborar y aprobar, antes del 31 de diciembre de 2016, un texto refundido en el que se integren, debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y las disposiciones en materia de emisiones industriales contenidas en normas con rango de Ley.»

DISPOSICIÓN FINAL QUINTA. Impacto presupuestario.

Las medidas incluidas en esta norma no supondrán coste alguno y se llevarán a cabo con los medios personales, materiales y técnicos disponibles sin incremento de dotaciones, retribuciones u de otros gastos de personal al servicio de la Administración General del Estado.

DISPOSICIÓN FINAL SEXTA. Habilitación competencial.

Las disposiciones adicionales segunda y cuarta se dictan al amparo de los títulos competenciales exclusivos del Estado contemplados en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución, que atribuye al Estado competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

La disposición final tercera se dicta al amparo del título competencial exclusivo del Estado previsto en el artículo 149.1.13.ª, 16.ª y 23.ª de la Constitución, que reservan al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, bases y coordinación general de la sanidad y legislación básica sobre protección del medio ambiente.

La disposición adicional sexta se dicta al amparo del título competencial exclusivo del Estado previsto en el artículo 149.1.23.ª de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva en legislación básica sobre protección del medio ambiente.

La disposición adicional quinta, la disposición transitoria única, la disposición derogatoria, y las disposiciones finales primera y segunda se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.22.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma.

DISPOSICIÓN FINAL SÉPTIMA. Entrada en vigor de la ley.

La presente ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto, Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 20 de julio de 2015.

- Felipe R. -

El Presidente del Gobierno,

Mariano Rajoy Brey


pdf Texto completo de la Ley (Textos refundidos)

DISPOSICIONES DE LA LEY 9/2018, DE 5 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 43/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE MONTES.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Modificación de la disposición adicional sexta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

La disposición adicional sexta de la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, queda redactada en los siguientes términos:

«Disposición adicional sexta. Caminos Naturales.

1. Se define Camino Natural como el itinerario destinado a un uso público no motorizado, principalmente peatonal y ciclístico, que reúne los siguientes requisitos:

a) Construido aprovechando itinerarios públicos preexistentes,

b) Destinado fundamentalmente a la realización de actividades deportivas, culturales y recreativas, como el senderismo y el cicloturismo.

c) Localizado preferentemente en el medio rural atravesando a lo largo de su trazado lugares con importantes cualidades naturales, culturales o paisajísticas sirviendo como instrumento para la puesta en valor de las referidas cualidades del territorio.

d) Que contribuye al desarrollo rural al favorecer la diversificación económica mediante actividades ligadas al uso turístico-recreativo.

e) Identificado con una marca registrada, con identidad gráfica y señalización propia normalizada en cuanto a dimensiones, materiales, criterios de diseño, tipografía, colores, etc.

2. La Red Nacional de Caminos Naturales estará integrada por los Caminos Naturales que cumplan con los requisitos que se definan reglamentariamente. Sus objetivos son:

a) Fomentar sistemas de transporte respetuosos con el medio ambiente y con baja emisión de carbono, promoviendo la movilidad periurbana e interurbana sostenible y por lo tanto, la calidad de vida y salud de la población.

b) Desarrollar el turismo rural activo, de naturaleza, fomentando el turismo de interior, contribuyendo a variar la estacionalidad de la oferta turística.

c) Favorecer el desarrollo socioeconómico de la zona de actuación, mediante la potenciación y diversificación de los recursos económicos, el fomento del empleo y el asentamiento de la población en el medio rural.

d) Definir la estrategia de mantenimiento y conservación de los Caminos Naturales que la integren.

e) Evaluar la demanda de los itinerarios para mejorar los trazados ya ejecutados.

f) Poner en valor y difundir los caminos naturales que integren la Red Nacional de Caminos Naturales.

3. Los Caminos Naturales incluidos en la Red Nacional de Caminos Naturales pueden ser:

a) Itinerarios de carácter básico: trazados de largo recorrido, que forman parte de alguno de los ejes vertebradores interterritoriales y/o transfronterizos que se definan en el Plan Director de la Red Nacional de Caminos Naturales.

b) Itinerarios de carácter secundario: trazados que, sin pertenecer a los de carácter básico, pueden darles continuidad, permitir la conexión entre caminos ya construidos o posibilitar el acceso a lugares de interés ambiental o cultural.

4. En materia de caminos naturales competen a la Administración General del Estado a través del Ministerio competente en materia de medio ambiente, sin perjuicio de las competencias que en cada caso puedan corresponder al resto de Administraciones Públicas, las siguientes funciones:

a) Ejercer la supervisión y fomentar la coordinación de la Red Nacional de Caminos Naturales.

b) Ejecutar las obras y realizar el mantenimiento de los Caminos Naturales realizados sobre trazados cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado, previo acuerdo con las restantes Administraciones competentes en la materia.

c) Asumir en su caso, previo acuerdo con las Administraciones competentes, la ejecución de las obras de los nuevos Caminos Naturales a incorporar a la Red.

d) Incluir a propuesta de las Administraciones competentes, itinerarios ya construidos por las mismas en la Red Nacional de Caminos Naturales.

e) Gestionar las marcas registradas «Caminos Naturales» e «Itinerarios No Motorizados».

f) Determinar, en su caso, el trazado y diseño de los Caminos Naturales a incluir en la Red en colaboración con las Administraciones competentes.

g) Favorecer acuerdos para el desarrollo rural de las zonas donde se localizan los Caminos Naturales.

h) Representar a España en redes internacionales equivalentes.

Los gastos derivados de las acciones mencionadas en las letras anteriores estarán limitados a la envolvente financiera que se le asigne al Ministerio competente en materia de medio ambiente dentro de los Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio. 5. Reglamentariamente se determinarán los requisitos y procedimientos básicos para la actuación coordinada de todas las Administraciones en el diseño, planificación y ejecución de Caminos Naturales integrados en la Red Nacional.

6. Cualquier actuación administrativa en materia de caminos naturales que incida sobre zonas declaradas de interés para la Defensa Nacional y terrenos, edificaciones e instalaciones, incluidas sus zonas de protección, afectos a la Defensa Nacional, necesitará el informe preceptivo del Ministerio de Defensa.

Ley 1/2002, de 27 de marzo, por la que se crea el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid

pdf Texto completo de la  Ley

(BOCM nº 79, de 4 de abril de 2002)

PREAMBULO

ARTICULADO

Artículo 1: Objeto

Artículo 2: Ámbito territorial

Artículo 3: Estructura del Cuerpo de Agentes Forestales

Artículo 4: Titulación exigida

Artículo 5: Funciones

Artículo 6: Carácter de Autoridad

Artículo 7: Destinos

Artículo 8: Uniformidad y Acreditación

Artículo 9: Formación

Artículo 10: Asistencia Jurídica

 

DISPOSICIONES

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera: Extinción de la Escala de Agentes Forestales

Segunda: Extinción del Cuerpo de Guardas, Escala de Guardas Forestales

Tercera: Escala del Cuerpo de Agentes Forestales

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA


pdf Texto completo de la  Ley

El Presidente de la Comunidad de Madrid.

Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la presente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.

PREÁMBULO

La Comunidad de Madrid, en el ejercicio de las competencias y funciones que su Estatuto de Autonomía le atribuye en materias relacionadas con el entorno físico y el medio ambiente natural, aprobó la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza, que surge con la finalidad de promover y garantizar la conservación y mejora de los ecosistemas forestales, potenciar se crecimiento y ordenar sus usos, compatibilizándola con las funciones protectoras, productoras, culturales y recreativas que estos ecosistemas desempeñan.

Con el objetivo de dar cumplimiento al artículo 45 de la Constitución española, que obliga a los poderes públicos a velar por la utilización racional de los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida y de defender y restaurar el medio ambiente, la citada Ley 16/1995 articula unas vías eficaces de acción ante las actuaciones contrarias al ordenamiento forestal y establece unos mecanismos de vigilancia que se encargan de velar por lo dispuesto en la Ley. Así, en su artículo 100, se determina que, a través de la Consejería de Medio Ambiente, se velará por el cumplimiento de sus disposiciones con el personal que tenga atribuidas funciones de vigilancia y en particular la Guardería Forestal.

Entre el personal de vigilancia, el mencionado artículo incluye a los Agentes Forestales, a quienes califica como agentes de la autoridad, y en su Disposición Adicional Quinta se crea, en el Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Administración Especial de la Comunidad de Madrid del Grupo C, la Escala de Agentes Forestales. Por su parte, las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda establecieron los requisitos para la integración de funcionarios en la citada Escala, cuyo procedimiento quedó regulado mediante el Decreto 66/1996, de 9 de mayo, y que supuso la integración efectiva en la Escala de Agentes Forestales de distintos colectivos de funcionarios que, prestando servicios en la Comunidad de Madrid, procediesen de alguno de los siguientes Cuerpos o Escalas: Cuerpo Especial de Guardería Forestal del Estado, Escala de Guardería Forestal del ICONA, Servicios Forestales de la Diputación Provincial de Madrid y Escala de Guardas Forestales de la Comunidad de Madrid.

El cumplimiento del mandato legal contenido en la Ley 16/1995, con la conclusión de la integración anteriormente descrita, supuso un significativo avance en la ordenación y armonización de los diferentes colectivos de funcionarios que en la Comunidad de Madrid y en ese momento prestaban servicios encaminados a la consecución de los objetivos básicos de la norma.

No obstante, la mejora conseguida con los procedimientos mencionados en la racionalización y adecuación de los recursos humanos que la Comunidad de Madrid emplea en garantizar los preceptos contenidos en su ordenamiento ambiental, no resuelve una serie de aspectos fundamentales cuyos enunciados se encuentran, en parte, en la propia Ley 16/1995, y también en la gestión diaria de la actual Escala de Agentes Forestales: así, y entre otras razones, se precisa un desarrollo reglamentario de las funciones del colectivo en cumplimiento del artículo 100.4 de la Ley 16/1995, también resulta necesario dotar al colectivo con un grupo técnico y de mando que lleve a cabo las actuaciones imprescindibles que confieran a las acciones que actualmente desarrollan los agentes forestales mayores niveles de eficacia y calidad.

Las soluciones a estas necesidades encuentran difícil encaje en el marco actual de la Escala de Agentes Forestales dentro del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Administración Especial, Grupo C, de la Comunidad de Madrid, por lo que parece oportuno, y en base también a la especificidad de sus competencias, reorganizar a los funcionarios que en lo sucesivo desarrollen las funciones que se atribuyen a este colectivo, en un Cuerpo, clasificado como de Administración Especial de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, cuya denominación, funciones, desagregación en Escalas, Categorías, Grupos asignados, componentes, titulaciones exigidas para el ingreso y otras características son materia de la presente Ley.


Artículo 1: Objeto

Por la presente Ley se crea el Cuerpo de Agentes Forestales, clasificado como de Administración Especial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1.b) de la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid.

Artículo 2: Ámbito territorial

1. El ámbito territorial de actuación del Cuerpo de Agentes Forestales se circunscribirá al territorio de la Comunidad de Madrid.

2. No obstante, los integrantes del referido Cuerpo de Agentes Forestales, podrán actuar en otras Comunidades, cuando existieran acuerdos de colaboración con ellas, o en supuestos excepcionales o de emergencia y, en todo caso, siempre previa petición de la autoridad competente de la Comunidad Autónoma afectada y previa autorización de la autoridad competente de la Comunidad de Madrid.

Artículo 3: Estructura del Cuerpo de Agentes Forestales

El Cuerpo de Agentes Forestales se estructura en las siguientes Escalas y Categorías:

a) Escala Técnica, que comprende las Categorías de:

- Técnico Superior Agente Forestal.

- Técnico Medio Agente Forestal.

La categoría de Técnico Superior Agente Forestal se clasifica en el Grupo A, y la categoría de Técnico Medio Agente Forestal se clasifica en el Grupo B.

b) Escala Operativa, que comprende la Categoría de Agente Forestal, clasificada en el Grupo C.

Artículo 4: Titulación exigida

1. Para el acceso a la Escala Técnica, Categoría de Técnico Superior Forestal, Grupo A, será necesario estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente, con especialización en materias medioambientales o de protección y conservación de la naturaleza.

2. Para el acceso a la Escala Técnica, Categoría de Técnico Medio Forestal, Grupo B, será necesario estar en posesión del título de Ingeniero Técnico, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Formación Profesional de Tercer Grado o equivalente, con especialización en materias medioambientales o de protección y conservación de la naturaleza.

3. Para el acceso a la Escala Operativa, Categoría de Agente Forestal, Grupo C, será necesario estar en posesión del título de Bachiller, Formación Profesional de Segundo Grado o equivalente.

Artículo 5: Funciones

1. Se establecen como funciones del Cuerpo de Agentes Forestales las siguientes:

a) Policía, custodia y vigilancia para el cumplimiento de la normativa legal aplicable en la Comunidad de Madrid, relativa a materia forestal, flora, fauna, caza, pesca, incendios forestales, ecosistemas, aguas continentales, vías pecuarias, espacios naturales protegidos, geomorfología, paisaje y al correcto uso de los recursos naturales y de todo aquello que afecte al medio ambiente natural.

b) Policía, custodia y vigilancia del Patrimonio Histórico Artístico y Arqueológico ubicado en el medio ambiente natural de la Comunidad de Madrid.

c) Policía, custodia y vigilancia de las especies de flora y fauna silvestre y árboles catalogados como singulares en el medio agrícola.

d) Policía, custodia y vigilancia de las especies de fauna autóctona y árboles catalogados como singulares en el medio urbano.

e) Policía y vigilancia de animales domésticos que se encuentren, tanto en el medio ambiente natural como agrícola.

f) Participación en los trabajos de defensa y prevención contra plagas, enfermedades o cualquier causa que amenace todo el ecosistema.

g) Intervenir en los trabajos de prevención, detección y extinción de incendios forestales, así como en la realización de la investigación de causas de los mismos, según lo dispuesto en la normativa aplicable en la Comunidad de Madrid y lo requerido por la Unidad Administrativa de la que todos ellos dependan, canalizándose todo ello a través de sus superiores jerárquicos y con arreglo a los protocolos que pudieran establecerse.

h) Apoyo y colaboración con otros Servicios de la Dirección General de la que dependan, en la realización de obras, trabajos, estudios, servicios y demás actuaciones que aquellos tengan encomendadas, así como en la realización de informes oportunos sobre estos aspectos, canalizándose a través de sus superiores jerárquicos y con arreglo a los protocolos que pudieran establecerse.

i) Informar y orientar a los ciudadanos en todas las materias relativas al uso, disfrute y conservación del medio natural, así como participar en los programas de educación ambiental para los que sean requeridos.

j) Auxiliar, en caso de accidente, catástrofe o calamidad pública, o en otros supuestos de protección civil.

k) Elevar las denuncias y actas de inspección correspondientes, actuando, cuando las circunstancias lo requieran, de forma coordinada con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, en razón de la materia concurrente.

l) Cuantas otras funciones les pudieran ser asignadas por la Autoridad Administrativa de quien dependan, en supuestos de especial necesidad o urgencia.

2. Reglamentariamente se procederá al desarrollo de las funciones a que se refiere el párrafo anterior, así como a su distribución y el ejercicio de las mismas por las distintas Escalas y Categorías del Cuerpo de Agentes Forestales.

Artículo 6: Carácter de Autoridad

El Cuerpo de Agentes Forestales tiene la consideración de Policía Administrativa Especial, y sus integrantes ostentarán el carácter de Agentes de la Autoridad, cuando presten servicio en el ejercicio de sus funciones, para todos los efectos legalmente procedentes.

Artículo 7: Destinos

Los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Agentes Forestales, estarán destinados en los servicios centrales, demarcaciones forestales, o en aquellas Unidades Especiales que se establezcan dentro del Órgano Administrativo con competencias en la gestión del medio ambiente natural.

Artículo 8: Uniformidad y Acreditación

Los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Agentes Forestales, cuando se hallen de servicio, irán debidamente uniformados y portarán la acreditación correspondiente a su identidad profesional, todo ello según se establezca reglamentariamente.

Artículo 9: Formación

La Consejería competente en materia de Medio Ambiente, organizará periódicamente cursos de formación y especialización para el personal del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, sobre las distintas funciones que tiene atribuidas.

Artículo 10: Asistencia Jurídica

Los miembros del Cuerpo de Agentes Forestales gozarán de la representación en juicio por los letrados de la Comunidad de Madrid, en los términos establecidos por la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos.


DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera: Extinción de la Escala de Agentes Forestales

La Escala de Agentes Forestales del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Administración Especial quedará extinguida a la entrada en vigor de la presente Ley, y sus componentes quedan integrados de forma inmediata y directa en la Escala Operativa, Categoría de Agente Forestal, del Cuerpo de Agentes Forestales.

Segunda: Extinción del Cuerpo de Guardas, Escala de Guardas Forestales

Se declara a extinguir el Cuerpo de Guardas, Escala de Guardas Forestales, si bien los funcionarios que en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley desempeñen puestos de trabajo adscritos a dicha Escala, continuarán en su desempeño con el mismo carácter que los vinieran ocupando.

Tercera: Escala del Cuerpo de Agentes Forestales

Se adiciona un nuevo artículo 38 bis a la Ley 1/1986, de 10 de abril, de la Función Pública de la Comunidad de Madrid, con una redacción en los siguientes términos:

" Artículo 38 bis. - Pertenece a la Administración Especial el Cuerpo de Agentes Forestales, en el cual se distinguen las siguientes Escalas, de acuerdo con la Ley de Creación del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid:

a) Técnica, compuesta por las categorías de Técnico Superior Agente Forestal y Técnico Medio Agente Forestal.

b) Operativa, compuesta por la categoría de Agente Forestal".

DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA

Los titulares de puestos de trabajo cuyos destinos no se correspondan con lo previsto en el artículo 7 de esta Ley mantendrán su derecho a permanecer en los mismos. Los referidos puestos de trabajo, cuando resulten vacantes, se integrarán en la estructura propia del Cuerpo que se crea.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley que la cumplan, y a los Tribunales y Autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar.

Madrid, a 27 de marzo de 2002.

El Presidente,
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN
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