Presentación de un escrito sobre la desprotección medioambiental madrileña en la convención de las Naciones Unidas

LOS AGENTES FORESTALES ENTREGARÁN UN ESCRITO EN LA COP 8 DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, MAÑANA DÍA 12 DE SEPTIEMBRE INFORMANDO SOBRE LA DESPROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL MADRILEÑA.

EL ESCRITO SE ENTREGARÁ A LAS 10:30 HORAS EN EL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES DE MADRID.

ASIMISMO, LAS SECCIONES SINDICALES DE UGT Y CCOO EN LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y EL SINDICATO SAFTAM, APOYAN LAS DECLARACIONES DEL FISCAL DE MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Los envenenamientos intencionados, el vertido de residuos tóxicos, la caza furtiva y los accidentes en tendidos eléctricos, son las cuatro causas más importantes que afectan a la fauna silvestre.

En el caso de encontrar ejemplares de especies silvestres envenenados o con sospechas de envenenamiento por cebos o vertidos tóxicos se genera inmediatamente un protocolo de actuación legal en el que participa activamente el Agente Forestal en tanto en cuanto es Agente de la Autoridad. Si no se hace así el proceso no será válido para el juzgado donde se tramite la denuncia. Los Agentes Forestales, con su trabajo de campo, han venido siendo en el 98% de los casos los primeros en encontrar esos ejemplares e iniciar la investigación pertinente.

Con la Nueva Ley 3/2007 se impide a los Agentes Forestales entrar en el 75 % del territorio forestal de Madrid y por tanto, los Agentes no pueden impedir estas prácticas que se han venido dando en nuestra Comunidad desde hace ya muchos años. La actuación disuasoria de los Agentes en su actividad de policía y vigilancia y, en su caso, las sanciones penales sobrevenidas de procedimientos iniciados por los propios Agentes han mantenido estos actos en niveles bajos que, sin embargo, se están incrementando alarmantemente. Curiosamente cualquier actuación del Agente ante esta situación le puede acarrear a él un procedimiento penal por no ajustarse a la mencionada Ley.

Dice la Consejera de Medio Ambiente que los cazadores madrileños "no van a actuar de manera distinta por la nueva Ley de Medidas Urgentes”. Esperemos que no. Pero distingamos entre cazadores y delincuentes, que existen y que ahora no encuentran vigilancia alguna.

En cualquier caso, por utilizar un símil entendible. ¿Se podría esperar que los conductores no actuaran de manera distinta si no hubieran agentes de tráfico? La mayoría de ellos seguirían respetando las normas pero es evidente que todo aquel que tenga algo de sentido común entendería la situación como potencialmente peligrosa.

Los Sindicatos que representan a los Agentes Forestales entienden que las declaraciones del Fiscal de Medio Ambiente, Emilio Valerio, únicamente reflejan la realidad y adelantan que es cierto que esta Ley es catastrófica para el medio natural madrileño. En referencia a lo comentado por la Consejera al respecto de “que los datos reflejarán la verdad” difícilmente podrá hacerse puesto que la crítica se realiza precisamente por la falta de actuaciones y por tanto de datos ya que no los Agentes Forestales no pueden acceder a las fincas para realizar su trabajo.

Asimismo, informamos que el uso de venenos denunciado por el Fiscal, no es solamente un problema ecológico, sino también contra la salud pública, ya que muchos de los tóxicos detectados cuando los agentes podían pasar a las fincas, como el denominado “Aldicarb”, pueden resultar extremadamente peligrosos incluso al contacto con la piel humana. De ahí la importancia de la labor que ha venido realizando este personal especializado.

Por último, en referencia al momento complicado, que dice la Consejera, está pasando la aplicación de la Ley debido a determinados ajustes que deben pasar todas las leyes, la respuesta es muy sencilla. No se ajusta a la realidad. Ni el contenido de la norma, ni la premura de su promulgación son entendibles bajo criterios técnicos y policiales. Debería saber la Consejera como miembro del gobierno regional, que la Asamblea de la Comunidad de Madrid, con el único voto favorable del Partido Popular, ha aprobado una ley con claros tintes de inconstitucionalidad e imposible de aplicar.

Animamos a la Consejera de Medio Ambiente a que valore el trabajo que desarrollan los Agentes Forestales y les permita poder seguir realizándolo.

Lamentamos la no asistencia de nuestra Consejera, Beatriz Elorriaga, a la Conferencia Sectorial de Consejeros de Medio Ambiente de todas las Comunidades Autónomas, presidida por la Ministra Cristina Narbona celebrada el pasado día 6.

Asimismo a la Presidenta del Gobierno Regional, Esperanza Aguirre, que nos conceda la reunión que, desde hace dos meses, le venimos demandando los sindicatos y a la que ya se comprometió.

Alarma ecologista por el informe del fiscal de medio ambiente de Madrid

Las organizaciones ecologistas exigen que se restituya a los Agentes Forestales el acceso a fincas privadas ante el temor del repunte del uso de cebos envenenados en Madrid.

Las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Seo/Birdlife y WWF/Adena, han mostrado hoy su indignación por la situación de desprotección en que se encuentran las principales especies amenazadas de la Comunidad de Madrid, tras prohibir la Comunidad el acceso de los agentes forestales a fincas privadas, precisamente donde habita una parte muy importante de las mismas, tal como ha puesto de manifiesto el informe de la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid y las repetidas denuncias de las organizaciones ecologistas. El recorte en las atribuciones de los agentes forestales contrasta con la enorme importancia de la Comunidad de Madrid para especies tan amenazadas de extinción como el Águila Imperial Ibérica o el Buitre negro, especies de las que aparecieron ejemplares envenenados en Chapinería recientemente.

Las organizaciones ecologistas consideran a Madrid como un auténtico punto negro para muchas especies de aves en grave peligro, precisamente por el uso de veneno, como demuestra el hecho de que en algo más de una década se encontraron envenenados en Madrid un gran número de buitres negros y al menos 18 ejemplares de águila imperial, una de las rapaces más amenazadas del planeta.

Los ecologistas calculan que el número de rapaces envenenadas podría multiplicarse por tres dado la dificultad para encontrar los cadáveres en un territorio tan amplio y cada vez más plagado de vallas cinegéticas que separan las fincas privadas, función que hasta ahora realizaban en gran medida los Agentes Forestales. A pesar del reiterado uso del veneno en la Comunidad de Madrid la sensación de impunidad ante este delito es total ya que la administración regional no ha cerrado un solo coto en los últimos años por esta causa.

Para las organizaciones ecologistas, con su informe el fiscal de medio ambiente ha señalado a las que van a ser las principales víctimas del recorte de competencias de los Agentes Forestales, ya que sin su labor dentro de las fincas es imposible detectar de forma rápida los animales envenenados y por tanto se hace imposible denunciar con eficacia la colocación del veneno, por lo que vuelven a exigir al Gobierno de Esperanza Aguirre que proteja a las especies amenazadas de las que es responsable y garantice su vigilancia devolviendo a los Agentes Forestales sus atribuciones.

"La naturaleza en Madrid sufre una situación de agresión sin precedentes. Exigimos una rectificación urgente a la Comunidad de Madrid, y que se facilite el trabajo de Agentes Forestales, fiscalía de medio ambiente y Seprona para luchas contra el veneno" declaró Juan López de Uralde, Director Ejecutivo de Greenpece "La situación actual es insostenible y está poniendo en grave riesgo la pervivencia de las especies más amenazadas de Madrid".

El fiscal de medio ambiente de la Comunidad de Madrid informa sobre las grabes consecuencias de la Ley 3/2007

El Fiscal de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Emilio Valerio, informa al Fiscal Jefe del Tribunal Superior Justicia de Madrid sobre las grabes consecuencias de la Ley 3/2007, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid, que puede acabar con especies protegidas, como el águila imperial, el lince o la nutria, y hará imposible detectar los cebos envenenados si los agentes forestales no pueden acceder a las fincas.

Este informe será elevado al Fiscal General del Estado y al Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo.

Excmo Sr

Se interesa al Fiscal que suscribe informe sobre las notas de servicio 3094/07 a 3098/07 relativas a diversos casos de envenenamiento de aves rapaces y mamíferos que se mencionarán; los citados supuestos derivan de notas remitidas por la Consejería de Medio Ambiente que vienen sin la realización de las habituales hasta el mes de Junio del 2007 labores y tareas preventivas y exhaustivas de investigación y prospección que el fiscal que suscribe encomendaba a los agentes forestales. A diferencia del procedimiento seguido hasta el citado mes de Junio, los hallazgos de cadáveres de animales envenenados no pueden ya incorporar las pertinentes diligencias de investigación y prospección exhaustiva de los cotos, y muy significativamente, en su propio oficio de remisión se ha reducido la trascendencia penal de los hechos: de la incoación de diligencias de investigación – que debiera de ser lo pertinente ante unos hechos como es la utilización de veneno que reúne características penales – a unas simples y, si se quiere, burocráticas notas de servicio.

El conjunto de circunstancias que reúnen, tanto los cambios en la estructuración de los agentes forestales como en la propia Fiscalía como las rápidas consecuencias que están teniendo en la protección de diversos bienes son muy graves.

Para la protección de la fauna autóctona resulta primordial la implicación activa del Ministerio Fiscal y de los agentes forestales en este grave problema del uso del veneno, responsable de la situación tan critica de muchas especies y de la cercana a la extinción del águila imperial y del lince. Debe de tenerse en cuenta en este sentido que, muy probablemente, la utilización del veneno puede finalmente determinar la extinción del águila imperial, la rapaz a fecha de hoy más amenazada del mundo.

El Fiscal que suscribe ha sido consciente en todo momento de la trascendencia de este problema en el ámbito específico de la Comunidad de Madrid por el siguiente conjunto de razones:

1. Nuestra Comunidad mantiene una población significativamente importante de águila imperial y además, la misma aislada geográficamente de la población andaluza constituye un punto de distribución y una reserva de variabilidad genética esencial para la supervivencia de la especie.

2. Idénticas circunstancias y probablemente con una incidencia mucho mayor podrían ocurrir en cuanto a la distribución del lince en nuestra Comunidad Dicho esto con las necesarias reservas, dadas las reducidas evidencias de su distribución.

3. La afección que el veneno causa en cuanto a las poblaciones de milano real y negro, águila culebrera y perdicera, buitre negro, gato montés y nutria debe considerarse de relevancia clave en esta comunidad.

4. La utilización del mismo, los considerables supuestos de zorros y otras especies envenenadas parecen referir que la utilización del veneno está afectando al equilibrio ecológico de amplias zonas de caza de la Comunidad.

5. Debe también destacarse la existencia en el ámbito de la Comunidad de Madrid de un conjunto importante de grandes cotos de caza o fincas privadas de tal manera que una porción muy significativa de espacios naturales de la Comunidad se sitúan en el ámbito de gestión privada de los cotos de caza y como fincas de propiedad privada.

6. La incidencia habitual del veneno en el régimen de gestión de algunos cotos de caza se ha trasladado también en esta Comunidad a los cotos de pesca, afectando a la distribución de la nutria.

Consciente de la dificultad de penalizar este supuesto a distancia y a posteriori (dado que la única relación probatoria con el guarda o gestor del coto es la simple localización de cebos envenenados en aquel espacio ) y en el marco del Proyecto Veneno de diversos organismos ambientales, se ha establecido mediante el concurso de los agentes del SEPRONA y del Cuerpo de Agentes Ambientales y Forestal de la Consejería, una vigilancia , campaña por campaña, de aquellos cotos con indicios de aquella utilización. En este contexto, ante la aparición de todo indicio de utilización de veneno se procede a la vigilancia diaria, al registro de almacenes y vehículos del coto y a la comprobación del registro de compras en la zona de productos fitosanitarios habitualmente usados para cebo. Las citadas tareas, en la que esta Fiscalía ha sido pionera en el Estado y de las que todos los organismos técnicos han reconocido su esencialidad, han sido siempre realizadas en concurso entre el Seprona y el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, cada organismo en el ámbito de sus respectivas competencias

El citado conjunto de medidas pivotaban sobre la obligada colaboración entre el Seprona y el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, correspondiendo a aquellos la continuación y tramitación de las diligencias iniciadas por estos últimos. Resultaba y resulta esencial para el éxito de la represión de aquellos ilícitos la intervención, avalada en esos supuestos por el Fiscal que suscribe, del Cuerpo de Agentes Forestales , toda vez que los muestreos exhaustivos de los cotos considerados sospechosos por su historial – piénsese en que debe de muestrearse visualmente y con alguna periodicidad en cuadrículas de 3 por 3 metros ha exigido el empleo en aquella función de incluso 50 agentes forestales en diversos cotos, tarea funcional y preventiva obviamente situada lejos de las posibilidades y funciones del Seprona. Efectivamente, resulta de todo punto necesaria la intervención del Cuerpo de Agentes Forestales, puesto que las tareas de muestreo, prospección de un conjunto de cotos de enormes dimensiones, localización de cebos, no competen al Seprona y exigen un número altísimo de personas en su realización. Debe también señalarse que los Agentes Forestales las han realizado con una, como no podía ser de otro modo, con una gran profesionalidad y dedicación.

Debe de señalarse que las citadas funciones – encomendadas por el Fiscal que suscribe al Cuerpo de Agentes Forestales a través de sus órganos jerárquicos en su Consejería – y contando en todo momento con el asesoramiento técnico del Programa Antídoto y Contra el Veneno de los organismos estatales correspondientes y de WWF ha determinado durante estos últimos años un conjunto de resultados prácticos que se deben específicamente de mencionar:

1. Se ha avanzado notabilísimamente en la detección rápida e inmediata de colocaciones de cebos, incrementándose notablemente la presión sobre aquellos cotos, guardas o gestores que eran más proclives a la utilización de aquellos criminales procedimientos. Preventivo: con la desincentivación de aquella utilización. Se ha reducido notablemente los episodios de envenenamientos. La presencia casi diaria de un equipo de agentes en determinados cotos ha reducido muchísimo la incidencia del uso del veneno en las especies de la Comunidad. Desde el contexto de la política criminal y de la protección de la naturaleza, por supuesto que no es lo mismo la detección de un cadáver de una especie envenenada que la detección previa del cebo destinado a ser ingerido. Igualmente, dada la dificultad de determinar las especies afectadas por los cebos, la presencia casi diaria y el muestreo exhaustivo de los cotos, suponen por supuesto una mucha menor incidencia de los cebos en la Naturaleza.

2. Se ha conseguido – con relación a aquellas especies que son más sensibles al consumo de cebos envenenados – esto es, las águilas imperiales, culebreras y perdiceras, el milano negro y real, el buitre negro, detener su declive poblacional debido a aquella causa en la Comunidad de Madrid y así se advierte en los datos de los últimos años.

3. Las tareas asignadas a los Agentes Forestales han determinado también un buen resultado en términos estrictamente penales: se han tramitado para acusación al menos dos diligencias penales anualmente y se ha conseguido en un conjunto de supuestos judiciales merced a la irreprochable actividad de aportación probatoria por parte de los Agentes, la suspensión por vía de medida cautelar de todo derecho de gestión o explotación de caza y de cotos para un determinado grupo de personas responsables de la utilización en un conjunto de cotos de Madrid de aquellos procedimientos. También en este contexto de la suspensión judicial en el proceso de todo derecho de explotación o gestión de caza, esta Fiscalía ha sido pionera, debiendo de mencionarse entre otras diligencias las D P 631/03, de Aranjuez 1 con la suspensión de todo derecho de explotación y gestión de caza y de cotos en todo el Estado a uno de los grupos privados de mayor relevancia en la Comunidad de Madrid.

Desde el contexto de la dedicación profesional al medio ambiente del firmante resulta obvio, cuando es conocido año tras año, la existencia de un conjunto de cotos o territorios o comarcas que desgraciadamente recurren a la colocación de cebos envenenados, la necesidad funcional y , si se quiere, ética, de no permanecer como fiscales ajenos a aquella problemática. La no tramitación, desistimiento, en definitiva rechazo, de aquellas preocupaciones ambientales por parte de V. E. debió determinar el mantenimiento en precario en los primeros meses del año 2007 de los criterios de muestreo exhaustivo sobre los cotos por parte de los agentes forestales e igualmente la ausencia de exposición o respaldo de la utilidad de aquellos trabajos y de aquel Cuerpo ante los órganos administrativos de la Comunidad de Madrid.

Con fecha 27 de julio del presente año 2007 se ha publicado la Ley de Medidas Urgentes de Modernización de la Función Pública en la Comunidad de Madrid que, en su art. 9 establece la imposibilidad para los agentes forestales del acceso a fincas privadas, si no se cuenta con autorización judicial.

Son claras las consecuencias de la entrada en vigor de la citada normativa en cuanto a un conjunto importante de casuísticas penales, porque, como se indica, la labor del fiscal que suscribe, en la mayoría de sus actuaciones: viviendas ilegales, etc, descansaba ya sobre el trabajo del Cuerpo de Agentes Forestales como no podía ser de otra manera en el contexto autonómico de distribución de competencias administrativas de medio ambiente y ordenación del territorio.

Las consecuencias para las investigaciones en cuanto a los cebos envenenados y en cuanto a la pervivencia de aquel despliegue preventivo y de los muestreos exhaustivos en los cotos sospechosos mediante indicación del Ministerio Fiscal son absolutamente nítidas: la referencia autoridad o permiso judicial en modo alguno comprende al ministerio Fiscal y en línea con la postura mantenida por V. E., en cuanto a la tramitación del citado Protocolo e incluso en general en cuanto a la totalidad del trabajo ambiental y urbanístico del firmante, no es posible el concurso de los agentes forestales con el Ministerio fiscal en cuanto a la citada casuística, a pesar de que, una vez más, debe manifestar el firmante no ya su utilidad sino incluso su esencialidad.

Transcurrido apenas un mes de la desautorización del trabajo conjunto del Fiscal firmante encomendado a los agentes forestales y de la citada imposibilidad del acceso a fincas privadas – como son los grandes cotos - las consecuencias están bien a la vista: se están redoblando la utilización de cebos envenenados en todos los cotos o gestores sospechosos de la Comunidad de Madrid. : la Nota de Servicio 3096/07 – hallazgo por los agentes forestales e inicio de investigación consiguiente en días sucesivos de un cadáver de zorro con síntomas de envenenamiento, de un milano real agonizante, de diversos cebos envenenados en localizaciones diferentes en los cotos de caza M – 10479 y M 10363 de Chapinería; la Nota de Servicio 3097/07 – hallazgo por los agentes forestales e inicio de investigación consiguiente de un cadáver de milano real con síntomas de envenenamiento en el coto de caza M – 10136 de Navalagamella; la Nota de Servicio 3094/07 – hallazgo por los agentes forestales e inicio de investigación consiguiente de un cadáver de milano negro con síntomas de envenenamiento en Villalba; la Nota de Servicio 3095/07 – hallazgo por los agentes forestales e inicio de investigación consiguiente de un cadáver de águila imperial con síntomas de envenenamiento en Chapinería; la Nota de Servicio 3097/07 – hallazgo por los agentes forestales e inicio de investigación consiguiente de un cadáver de buitre negro con síntomas de envenenamiento en Rascafría.

Todas estas Notas de Servicio aluden a los exhaustivos trabajos de investigación y muestreos realizados por los agentes forestales , trabajos que no es posible ya continuar sobre los citados cotos toda vez que en el ámbito de la normativa que se menciona y de las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal no es posible interesar ni conseguir gestión alguna de los agentes forestales en aquellas fincas privadas como son la mayoría por no decir todos los cotos de interés de la Comunidad de Madrid.

¿Cómo va a alcanzar resultados el Fiscal que suscribe en cuanto a la detección de cebos envenenados, cómo incluso en el supuesto de fundadas sospechas de su reiterada o renovada colocación, si los agentes forestales – organismo que ha efectuado en los últimos años el 98% de las detecciones de cebos y animales envenenados - no pueden acceder a las fincas?

Por supuesto que, en el ámbito de las diligencias de investigación sobre aquellos cotos el fiscal que suscribe propondrá a V. E. que las labores de muestreo, recorrido exhaustivo prácticamente diario de los cotos, etc sean realizados por el Seprona, pero resulta obvio que no es el trabajo del citado cuerpo y que tampoco cuenta con los aproximadamente cincuenta agentes suplementarios que se necesitan para realizar aquella actividad en los cotos señalados.

El Fiscal que suscribe, con el sentimiento que supone llevar mas de una decena de años vocacionalmente dedicado a los trabajos ambientales y urbanísticos debe señalar que esta campaña 2007 – de la que no tendrá más conocimiento puesto que ya desde finales de Junio ya no están los agentes forestales en los citados cotos, está siendo catastrófica, que muy probablemente los envenenamientos de especies sensibles ascenderán al 800% de anteriores campañas y que, de no restaurar la confianza en los trabajos conjuntos Fiscaliza de Madrid – Agentes forestales , de no implantar un despliegue semejante al desestimado por V. E. en el protocolo presentado, y finalmente de no conseguir una efectiva presencia del Cuerpo de Agentes Forestales a las ordenes del Fiscal o de sus mandos administrativos naturales en los cotos sospechosos en un período cortísimo de tiempo, en el plazo de dos – tres campañas la población de algunas especies emblemáticas esto es el águila imperial , los milanos negro y real, el águila culebrera e incluso algunos mamíferos más difíciles de detectar en los muestreos, como el gato montés y la nutria sufrirán un declive irreversible en el territorio de esta Comunidad. En el caso del águila imperial puede afectar al futuro genético de la especie la desaparición de la misma en esta Comunidad.

Debe finalmente destacarse la concordancia de las referencias y planteamientos técnicos del presente escrito con los que derivan, entre otros documentos de las conclusiones del proyecto contra el veneno de WWF y el M. de Medio Ambiente (Doc. 1) así como de las conclusiones en este tema en las estrategias nacionales para la preservación del águila imperial que por su extensión no se aportan.

La triple circunstancia de que estos hechos ya fueron mencionados a V. E. con ocasión de la presentación del proyecto de Protocolo – no asumiendo V. E. la postura del fiscal que suscribe - , de que los datos de Agosto, con envenenamientos de imperiales son ya catastróficos y de importancia para especies clave de nuestra estrategia estatal y, finalmente, las dudas jurídicas y técnicas que plantea hacer recaer sobre el Seprona – además del trabajo habitual en cuanto a los titulares de los cotos y otros indicios de delito – el muestreo exhaustivo de los mismos determinan la necesidad de que, mediante su conducto se remita el presente informe al Excmo. Sr. Fiscal General del Estado y Fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo.

Madrid, a 22 de Agosto del 2007

Fdo. Emilio Valerio Mz. de Muniain

DESTINO: Excmo Sr Fiscal Jefe del T S J de Madrid

La nueva Ley de la Comunidad de Madrid rompe España y va contra la naturaleza

Los agentes forestales nos hemos concentrado junto al Palacio de Zurbano, donde se celebraba la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente con la presencia de la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y de los Consejeros de Medio Ambiente de todas las Comunidades Autónomas salvo la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Beatriz Elorriaga, para mostrarle nuestro apoyo a la Ministra en la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Medidas Urgentes de Modernización de la Comunidad de Madrid y reconocer la labor del resto de Consejeros junto a la Ministra en la defensa del patrimonio natural de los españoles.

Según declaraciones de la ministra Cristina Carbona, el Gobierno ultima el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 3/2007, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid así como la suspensión cautelar de la misma porque rompe España al dar una menor garantía de derechos a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid en comparación con los del resto de España, por la defensa del interés general y por gravedad de las consecuencias que su aplicación tendría para el Medio Ambiente madrileño.

Con la nueva Ley Medio Ambiente madrileño se queda desprotegido, tras 130 años colaborando con las fincas privadas, a los agentes forestales se les impide ejercer sus funciones de prevención, inspección y apoyo técnico. Esta ley no solo va en contra de la normativa medioambiental estatal y autonómica, sino también contra la normativa europea. "MANOS VERDES"
Además entregamos más de 200 escritos firmados, dirigidos al presidente del PP, Mariano Rajoy, para que interceda ante la presidenta regional, Esperanza Aguirre. Junto a los mismos, le hicimos entrega de un manifiesto de apoyo a los agentes forestales de la Comunidad de Madrid y una camiseta naranja de su talla. Agentes Froestales en la sede del PP

El medio ambiente de la Comunidad de Madrid sufre las consecuencias de la Ley de Medidas Urgentes de Esperanza Aguirre

EL PRÓXIMO JUEVES 6 DE SEPTIEMBRE LOS AGENTES FORESTALES SE CONCENTRARÁN EN EL PALACIO DE ZURBANO DE MADRID CON MOTIVO DE LA CONFERENCIA SECTORIAL DE MEDIO AMBIENTE.

EL MEDIO AMBIENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID SUFRE LAS CONSECUENCIAS DE LA LEY DE MEDIDAS URGENTES DE ESPERANZA AGUIRRE.

Las Secciones Sindicales de UGT y CC.OO. en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y el Sindicato SAFTAM denuncian los graves efectos negativos que la aplicación de la Ley de Medidas Urgentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid está produciendo en el medio natural de nuestra región.

En cumplimiento de esta ley, los Agentes Forestales han solicitado alrededor de un centenar de autorizaciones judiciales para acceder a los montes privados, no teniendo constancia a día de hoy de la tramitación de ninguna de ellas. Este hecho es un claro ejemplo de la indefinición, caos y desconcierto que reina en la Consejería de Medio Ambiente ante una ley imposible de aplicar.

Una de las pocas solicitudes tramitadas directamente por los Agentes Forestales al juzgado (antes de que los altos cargos del gobierno regional les impidieran hacerlo) con objeto de realizar una investigación de un incendio forestal, ha sido resuelta en pocos días, dando la razón al planteamiento que vienen sosteniendo los agentes al indicarse en el Auto judicial que los terrenos de titularidad privada no son lugares cerrados ni domicilios y por ello, no admitiendo a trámite la solicitud de autorización judicial basándose en el artículo 18 de la Constitución.

Los Agentes Forestales, como profesionales de la protección de la naturaleza, vienen observando un aumento notable de los perjuicios que esta ley está produciendo ante la imposibilidad de acceder a los montes privados, tales como:

- Aumento y dispersión de vertidos.

- Incremento de las actividades ilegales de la caza.

- Aprovechamientos y trabajos forestales con destrucción de zonas de gran valor ecológico y corta de arbolado centenario.

- Dejación en las medidas preventivas contra incendios forestales.

- Circulación ilegal de vehículos deportivos fuera de caminos y pistas.

- Imposibilidad de seguimiento de posibles casos de botulismo y gripe aviar.

- Aumento de las construcciones ilegales.

Los agentes reiteran a la Presidenta de la Comunidad de Madrid la necesidad de retirar la Ley de Medidas Urgentes ya que se está rompiendo la unidad de la nación española en materia de protección y conservación de la naturaleza.

También piden a la Ministra de Medio Ambiente, Dª Cristina Narbona la urgencia y necesidad de tramitar el recurso ante la inconstitucionalidad de una norma contraria a la Ley Estatal de Montes y a la práctica totalidad de la normativa del Gobierno de España en materia defensa de los bosques. Por ello los sindicatos, aprovechando la Conferencia Sectorial con los Consejeros de Medio Ambiente de todas las Comunidades Autónomas,  han convocado una concentración de apoyo a la Ministra para este jueves en la calle Zurbano nº 7 de Madrid a las 11:00 horas.

La Comunidad dificulta aún más el trabajo de los agentes forestales

La consejería les impide ahora pedir directamente la orden judicial para entrar en los montes

Fuente: El Pais  01/09/2007, Autora: Soledad Alcalde.

La burocracia complica aún más el trabajo de los agentes forestales. La Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno -la primera norma aprobada por el Gobierno de Esperanza Aguirre en su segundo mandato- impuso el pasado julio a los 250 agentes de la región la obligación de tener autorización judicial para entrar en los montes o terrenos forestales de titularidad privada. Ahora la Consejería de Medio Ambiente les niega también la posibilidad de que acudan directamente al juzgado de guardia para pedir esa autorización, necesaria para hacer sus labores.

La Constitución no protege la inviolabilidad de la propiedad privada", dice Nolla

Una juez se declara incompetente para autorizar la entrada a una finca forestal

Una orden interna del pasado 23 de agosto, firmada por el jefe del Cuerpo de Agentes Forestales, José Luis Monleón, informa de que la tramitación de la autorización judicial se "realiza a través de la Secretaría General Técnica". La solicitud, agrega el documento, "se canaliza a través de la Jefatura del Cuerpo, que la remite vía Dirección General del Medio Natural a la Secretaria General Técnica para su envío al juzgado correspondiente". Es decir, debe pasar antes por los cargos políticos de la consejería.

Este sistema contrasta con el utilizado por la Guardia Civil o la Policía Nacional, que tramitan la autorización a través de su unidad y no del Ministerio del Interior, del que dependen. "Es el jefe de la unidad competente, sea el de la Policía Judicial o de un cuartel de la Guardia Civil, el que con el sello y firma de la unidad pide al juzgado la autorización correspondiente", explicó ayer un portavoz del instituto armado.

La Consejería de Medio Ambiente replicó que el sistema se ha impuesto precisamente para "centralizar y agilizar" las peticiones, según un portavoz. "La Secretaría General Técnica es la encargada en la Administración de las relaciones con los tribunales", puntualizó. "Todas las peticiones que han hecho hasta ahora los forestales se han enviado a los juzgados".

Los agentes consultados consideran que esta tramitación supone dar un rodeo burocrático que les impide aún más hacer sus labores de inspección.

Por si fuera poco, un juzgado de instrucción de Alcobendas ya ha mostrado su falta de competencia para autorizar a los agentes forestales la entrada en los montes y bosques privados. Un auto del pasado 20 de agosto (tres días antes de la orden interna de la consejería), dictado por la juez María Verónica Caravantes, notifica al Cuerpo de Agentes Forestales que no tiene competencias para dar la autorización judicial de entrada a unos terrenos forestales porque éstos no son un domicilio. Los forestales habían solicitado el permiso para poder investigar las causas del incendio de una finca.

La juez argumenta que en la petición "en modo alguno consta que se pretenda la entrada en lugar cerrado, respecto del que se pudiera resultar afectado el derecho previsto en el artículo 18 de la Constitución". Este artículo protege el derecho al domicilio, que es inviolable: "Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito". El auto sostiene así que no se puede equiparar el domicilio con una propiedad privada. Además, la juez afirma que tampoco existe "procedimiento penal en curso, ni la solicitud pretende justificar su incoación de manera que no se solicita, en puridad, la práctica de una diligencia de investigación criminal".

La justificación que da la juez Caravantes ya la hizo valer en la Asamblea de Madrid el diputado socialista Modesto Nolla cuando defendió que el texto legal no se aprobara. "La Constitución protege la inviolabilidad del domicilio, no de la propiedad privada. Las fincas a las que acceden los agentes no son domicilios, salvo que consideren que es el de las águilas imperiales a las que protegen", aseveró el pasado 19 de julio.

No fue el único que se opuso a esta polémica ley, que ha levantado las protestas de organizaciones ecologistas, sindicatos, PSOE e IU. Hasta el Ministerio de Medio Ambiente ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Pero quienes más se han quejado de la nueva norma han sido los representantes sindicales de los forestales, CC.OO., U.G.T. y el Sindicato de Agentes Forestales y Técnicos Auxiliares Medioambientales (SAFTAM).

No sólo denuncian que con la nueva ley sus labores de prevención de delitos ecológicos se ven mermados por la necesidad de una autorización judicial, sino que en agosto se querellaron contra sus responsables, el director general de Medio Natural, Miguel Allué, y el jefe del Cuerpo de Agentes Forestales, Monleón. Les acusan de "prevaricación y coacciones" por una orden interna emitida en noviembre de 2006, antes de la nueva ley regional, en la que les prohíben remitir a la justicia las denuncias de los delitos que descubran. Según dicen, esa orden anula su capacidad inspectora.

Recogida de firmas contra la Ley de Medidas Urgentes y Modernización de la Comunidad de Madrid

Grupos ecologistas de la Comunidad de Madrid inician una recogida de firmas contra la Ley de Medidas Urgentes y Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid. Ecologistas en Acción, GRAMA, ARBA, El Soto y Jarama Vivo recogerán firmas dirigidas al Defensor del Pueblo solicitándole que interponga un recurso de inconstitucionalidad. Igualmente se enviarán cartas a Mariano Rajoy pidiéndole que se oponga a una Ley cuya aplicación podría resultar contraria a la Carta Magna y a los intereses generales de los madrileños.

Varios grupos ecologistas de la Comunidad de Madrid dedicarán los próximos meses a difundir el aberrante contenido de la Ley de Medidas Urgentes que aprobó el Partido Popular en pleno periodo estival. La falta de información y la rapidez con la que se ha tramitado la ley ha hurtado cualquier posibilidad de que los ciudadanos conozcan el nuevo texto legal. Para contrarrestar esta desinformación, se van a impartir charlas y proyectar vídeos sobre la especulación urbanística entre asociaciones vecinales y cualquier colectivo que lo solicite.

Al mismo tiempo se recogerán firmas para solicitar al Defensor del Pueblo que de acuerdo a sus competencias interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva Ley. En el texto dirigido al Defensor del Pueblo se detallan los artículos que, a juicio de las organizaciones ecologistas resultan inconstitucionales, bien por invadir competencias estatales, o por contradecir, o no adaptarse a la diferente normativa de carácter básico, aprobada por las Cortes Generales.

Entre los aspectos ha destacar cabe reseñar las limitaciones a los agentes forestales para entrar en fincas privadas, algo que va en contra de la Ley de Montes. Igualmente, el nuevo procedimiento de aprobación de avances y modificaciones puntuales de planes generales elimina fases e informes preceptivos establecidos en la Ley estatal de evaluación de planes y programas. Por otra parte la nueva Ley elude la obligación de que los Ayuntamientos publiquen íntegramente el contenido de los planes generales, algo que incorpora la Ley de Suelo estatal. De la misma forma la Ley de Medidas Urgentes generaliza las construcciones en suelo no urbanizable protegido, algo totalmente opuesto a la misma Ley de Suelo. Además, la Ley de Medidas Urgentes podría invadir competencias estatales en materia de agua al posibilitar que la Comunidad de Madrid apruebe y construya embalses en la región, algo que solo compete al Estado.

Pero los ciudadanos interesados no sólo podrán dirigirse al Defensor del Pueblo, también podrán solicitarse al Presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, que se oponga a la Ley de Medidas Urgentes. La referida Ley conculca el principio de jerarquía normativa establecido en la Carta Magna y, por tanto, su aplicación puede resultar inconstitucional. En coherencia a sus manifestaciones sobre la defensa de la Constitución española, Rajoy debería solicitar a Esperanza Aguirre la retirada de esta nueva Ley.

Aunque esta iniciativa ha partido de cinco organizaciones ecologistas, cualquier colectivo o particular puede sumarse a ella. La campaña se prolongará durante los próximos meses y en septiembre se hará público el calendario de actividades divulgativas.

Las cartas al Defensor del Pueblo y a Mariano Rajoy se adjuntan a continuación.

Notas internas de la Consejería de Medio Ambiente contradicen la Ley 3/2007

Las Secciones Sindicales de U.G.T. y CC.OO. en la. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y el Sindicato SAFTAM, INFORMAN:

La Ley 3/2007, de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid, como se esperaba, vista su inconstitucionalidad, trae una contradicción tras otra, siendo prácticamente imposible su aplicación.

Con fechas 13 y 16 de agosto de 2007, la Dirección General del Medio Natural ha firmado dos “Notas Interiores” para hacer práctica la labor técnica y de vigilancia de los Agentes Forestales, contraviniendo lo prescrito en la propia Ley.

La Dirección General del Medio Natural pretende sustituir la autorización judicial establecida en dicha Ley para el acceso a fincas privadas por el consentimiento y autorización del titular de la finca. La realidad es que el medio natural necesita la presencia del Agente Forestal pero esto es imposible con la Ley 3/2007 en vigor.

Las Secciones Sindicales, de U.G.T. y CC.OO. en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y el Sindicato SAFTAM, han recomendado a los Agentes Forestales, como funcionarios públicos, que se cumpla al pie de la letra la Ley 3/2007; aún considerando que es inconstitucional y que atenta gravemente contra el medio natural de la Comunidad de Madrid.

Entrevista de NOVOPRESS a SAFTAM

NOVOPRESS

La intención de la administración de Esperanza Aguirre está clara, se esta realizando una serie de privatizaciones en cuanto a la gestión del Monte, como es el caso de la misma extinción de incendios forestales (el Cuerpo de Bomberos y Los retenes).

No queremos andarnos por las ramas. Un diez para el sindicato del Cuerpo de Agentes forestales que como “gato panza arriba” esta desarrollando una estrategia eficaz a través de la concienciación social informando de la nueva ley, que desde NOVOPRESS no tenemos inconvenientes en denominar nefasta, 03/2007 y que menosprecia en gran medida la labor que han realizado y que ya no podrán realizar los agentes forestales dentro de la Comunidad de Madrid. Nos resultó totalmente esclarecedor como un responsable sindical no tenía reparo en seguir luchando en pleno mes de Agosto mientras que por el contrario, quienes debieran ser los mayores trabajadores de la administración, esto es, políticos, pasan sus joviales vacaciones en… ¿Quién sabe si fincas forestales?

NOVOPRESS: ¿Desde cuando existe el sindicato SAFTAM? ¿Cuáles han sido las labores, las reivindicaciones y las actividades realizadas durante estos años?

David Serrano: Desde el año 1999. SAFTAM se crea en mayo de 1999 dentro de CSIT-Unión Profesional, como sindicato independiente y profesional de Agentes Forestales y Técnicos Auxiliares Medioambientales. Ya hemos tenido otra serie de experiencias negativas en la que hubo intentos de privatizar nuestro sector, hemos tenido bastantes problemas con la administración pero también hemos llegado a acuerdos cuando se ha dado esa oportunidad Podemos sentirnos orgullosos de la aprobación de la Ley 1/2002 de creación del Cuerpo de Agentes Forestales, el aumento de plantilla, que se materializó con la salida a oposición en 2002 de más de 80 plazas de nueva creación. Nueva jornada y horario para los Agentes Forestales que los equipara al resto de funcionarios públicos de Madrid.

En 2005 nos vimos obligados a movilizarnos para reclamar el cumplimiento de la Ley de Creación del Cuerpo de 2002 y una serie de mejoras en la organización, funcionamiento, formación, etc. Se consiguió establecer la Escala Técnica del Cuerpo (aunque hasta 2006 no se nombró a la Jefatura y todavía no se han cubierto las plazas de jefe de unidad ), el compromiso firmado de aprobar un Reglamento profesional (que han paralizado), una placa de acreditación ante el ciudadano y otras mejoras organizativas. Los agentes forestales son un cuerpo que esta creado por ley, para ser exactos la ley 1/2002 y fue creada por consenso de todos los partidos políticos y sindicatos, aprobada por el gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón.

NOVO: Dentro del cuerpo de agentes forestales, ¿Cuál es la presencia de vuestro sindicato, SAFTAM? ¿Hay más sindicatos incorporados dentro del Cuerpo de Agentes Forestales?

D.S.: Sí, somos el sindicato mayoritario del Cuerpo de Agentes forestales, pero eso no quita para que se haya llevado una unidad de acción entre los otros sindicatos del cuerpo, tanto CC.OO como U.G.T. Es cierto que puede que en ocasiones haya diferentes criterios y nuestras posiciones sean diferentes, pero es innegable que la causa en este momento es común a todos. Hay que recordar que la ley aprobada contemplaba dos aspectos, por un lado, la intención de retirarnos el carácter de Autoridad, cosa que hemos conseguido que no sea aprobado gracias a esta acción conjunta. Antes de las elecciones nos movilizamos para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados en 2005: aprobación del Reglamento, plan de formación, protocolo de tramitación de denuncias, nueva jornada y horario… Después de las elecciones: el conflicto actual. Como podéis ver, siempre nos movilizamos para que se cumpla la legislación que ellos mismos aprueban y para que cumplan los acuerdos que ellos mismos firman. Una pena. Así cuesta muchísimo avanzar mínimamente.

NOVO: Realmente, ¿Que pretende esta ley?

D.S.: Para que nos hagamos una idea, esta ley deja sin vigilancia el 73% de los territorios forestales de la comunidad de Madrid. Ya que se nos impide a los agentes forestales entrar a las fincas como se ha venido haciendo en 135 años de historia que tenemos. Es curioso que se de únicamente en la comunidad de Madrid, ya que todo el cuerpo de agentes forestales que no sea el de la comunidad de Madrid, va a poder seguir realizando su trabajo de inspección y control sin ningún tipo de problema. Otro de los problemas es que mucha de la legislación ambiental va a quedar en “entredicho”, ya que, si legalmente por parte de nuestra legislación estatal se nos otorga la responsabilidad de poder realizar nuestras labores profesionales, si los agentes forestales no podemos entrar en las fincas, no podemos hacer cumplir estas leyes. Se va a conseguir, además, que el 40% del territorio de la Comunidad de Madrid, que forma parte de Espacios Naturales Protegidos incluso a nivel europeo, quede desprotegido por una ley que carece de cualquier tipo de lógica.

NOVO: Esta ley puede pretender “privatizar” cierto tipo de trabajos?

D.S.: Hay un asunto clave y muy claro. Para ser agente de la autoridad, agente forestal, capaz de ostentar ese poder de control de inspección y de denuncia, hay que ser funcionario de la comunidad de Madrid. La intención de la administración de esperanza Aguirre está clara, se esta realizando una serie de privatizaciones en cuanto a la gestión del Monte, como es el caso de la misma extinción de incendios forestales (el Cuerpo de Bomberos y Los retenes).

NOVO: Huele a temas urbanísticos…

D.S.: Nosotros pensamos que hay una serie de intereses de propietarios de diversas fincas que no les interesa que pueda ser controlada su actividad. Que puede ser, o bien urbanística, donde pueden construir chalets ilegales en zonas protegidas sin ningún control, o bien por que quieren cazar especies protegidas, o furtivear sin control alguno. Hasta ahora cualquier tipo de actividad realizada con la caza, podía ser controlada por el Cuerpo de agentes forestales, se podía solicitar los permisos pertinentes sin problemas, ahora en cambio, no podemos trabajar. Cabe recordar que la Caza, no es un bien o algo que incumba al propietario, sino que la caza corresponde al estado, su control, su supervisión. La administraciones conceden ese “derecho” de caza siempre y cuando se comprometan los propietarios a respetar la legislación medioambiental, por tanto, si no hay alguien que compruebe que esa legislación es cumplida, ¿como vamos a saber si existe o no una actividad delictiva? Otro punto importante es el conocimiento que tenemos el Cuerpo de agentes forestales en cuanto a actividades como la de vertido de escombros. Ahora no podremos investigar ni desarrollar un control estricto sobre aquellas fincas, existen casos reales sobre ello, que reciben compensaciones económicas dejando verter escombros en terrenos particulares, lo que conlleva claramente a que los acuíferos estén afectados.

NOVO: Hablemos de los propietarios de las fincas, ¿Cuál está siendo su posicionamiento?

D.S.: Es algo que queremos constatar aquí. Son muchos los propietarios que nos están solicitando que sigamos entrando en sus fincas porque la labor que hacemos, en primer lugar, les beneficia a ellos. Saben que su finca va a estar cuidada, no va a haber furtivismo, no va a haber incendios, no va a haber barbacoas… y lo único que podemos hacer es explicarles que solo a través de una orden judicial podremos acceder a su propiedad.

NOVO: ¿Creéis que es posible que esta ley pueda servir de avanzadilla para otras regiones del estado español?

D.S.: No tenemos conocimiento de esto, pero debemos concienciar a la población de este problema y de esta ley aprobada. Existen grupos de presión que pueden influir en la toma de decisiones de las administraciones. Debemos agarrarnos a ese dicho de “Cuando las barbas de tu vecino veas cortar…”.

NOVO: ¿Cual ha sido la posición de la jefatura del cuerpo de agentes forestales?

D.S.: (…) Parece que no saben por donde se andan (…).

NOVO: Finalmente, si esta ley infringe otros preceptos legales, ¿Qué argumentación jurídica ha dado la Comunidad de Madrid para defender esta nueva ley?

D.S.: La comunidad de Madrid únicamente se ampara para aprobar esta ley, en que defiende el derecho de la propiedad privada. Quiere equiparar una finca forestal a un piso en el centro de una ciudad. Pero por otro lado la Constitución española dice que el domicilio es inviolable, y para entrar en un domicilio, a menos que así lo permita el dueño, se debe disponer de una orden judicial, de ahí escuchamos la famosa frase del sr. Beteta “No podemos dar la patada en la puerta”. No, en ningún caso los agentes forestales se dedican a dar patadas en las puertas, se ha entrado en las fincas forestales porque tenemos potestad para entrar, y nunca en más cien años de historia, un agente forestal ha sido condenado por entrar en una finca forestal. Sin duda, la Comunidad de Madrid esta intentando confundir a la opinión pública equiparando domicilio con propiedad forestal

NOVOPRESS ESPAÑA QUIERE AGRADECER AL SINDICATO SAFTAM, Y EN ESPECIAL A SU PROTAVOZ DAVID SERRANO, EL TRATO RECIBIDO. QUEREMOS MANIFESTAR NUESTRO APOYO TOTAL CON EL CUERPO DE AGENTES FORESTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID ASÍ COMO GARANTIZAR NUESTRO COMPROMISO PARA, SI CABE, EJERCER DE PRESIÓN SOCIAL A TRAVES DE NUESTRAS PÁGINAS.