APAF-Madrid (Asociación Profesional de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid)

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La utilización del veneno

La utilización del venenoLa Administración se propone como garante de la persecución de las infracciones y delitos. Así establece y delimita sus espacios para garantizar una buena respuesta ante ellos. Así propugna normas y códigos que informan y limitan sobre los hechos susceptibles de ser sancionados o penados y así, también, ordena y organiza personal al que dota de facultades jurídicas para actuar frente a esas infracciones y delitos y frente a quienes los cometen.

No siempre, desgraciadamente, la Administración cumple con eficacia sus funciones. Decenas de explicaciones y justificaciones pueden darse al respecto siendo la mayoría de ellas ajenas a la propia responsabilidad de quienes ejercen y representan esa Administración, es decir, los funcionarios y resto de trabajadores del sector público. Hay casos, sin embargo, donde posiblemente ocurra todo lo contrario, donde la falta de responsabilidad administrativa pueda ser patente o donde el interés personal o corporativo se pueda proponer por encima del interés general y los espacios administrativos se confundan o se obvien en beneficio propio.

La Administración Forestal de la Comunidad de Madrid parece haber caído en tal confusión. En el año 2002 se creó en la Comunidad de Madrid el Cuerpo de Agentes Forestales mediante Ley de la Asamblea. Todos los Grupos políticos votaron a favor. La Ley creó el Cuerpo y reconoció a sus miembros como la policía forestal de la Comunidad de Madrid. Otorgó a cada Agente Forestal facultades jurídicas para ejercer como tales. Así, un Agente Forestal es policía administrativa especial, policía judicial en sentido genérico y agente de la autoridad.

Desde ese año, el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid ha vivido más vicisitudes adversas que prósperas y ha tenido en contra, por definición, a toda la Administración forestal madrileña, incluso a su propia Jefatura. A pesar de ello, y debido a la insistencia de sus propios miembros, el Cuerpo se desarrolló lo suficiente para prestar un servicio al menos decente. Funciones de seguridad vienen siendo ejercidas y desarrolladas con la mejor de las voluntades pero con medios escasos.

La función fundamental y básica del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, por Ley, es la policía custodia y vigilancia para el cumplimiento de la normativa legal aplicable relativa a materia forestal, flora, fauna, caza, pesca, incendios forestales, ecosistemas, aguas continentales, vías pecuarias, espacios naturales protegidos, geomorfología, paisaje y al correcto uso de los recursos naturales y de todo aquello que afecte al medio ambiente natural.

Es evidente que un hecho como el uso ilegal de veneno en el medio natural de la Comunidad de Madrid, es un aspecto fundamental en las funciones del Cuerpo de Agentes Forestales. Prioritario, deberíamos decir. Es además una práctica que viene preocupando desde hace años a los responsables medioambientales de la Unión Europea o a grandes grupos ecologistas. De ahí ha trascendido, con diverso éxito, hacia los Estados miembros de la Unión en políticas ya concretas y específicas que en España se han aplicado en algunas Comunidades Autónomas.

La utilización del venenoEl Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid, desde su creación, ha venido desempeñando esta función de actuación contra el uso ilegal de veneno en el medio natural. Siendo un hecho que puede controlarse desde la práctica diaria del ejercicio del servicio policial, debe decirse que han existido repuntes de actividad al respecto y que los operativos específicos que se vinieron realizando ya no se ejercen porque existen, parece ser, otras prioridades en la Jefatura operativa del Cuerpo, relacionados básicamente con el entretenimiento y la confección de cuadrantes y derivados de ellos.

El Cuerpo dispone de procedimientos normalizados de actuación específicos de casos de uso ilegal de venenos y a partir de ahí se genera toda la actividad necesaria para que el ejercicio de ese procedimiento se atenga en su cauce jurídico a la legalidad vigente que posibilite después, si es el caso, los procedimientos sancionadores administrativos o penales.

El uso ilegal del veneno representa un hecho de incuestionable preocupación social. Representa también el ejemplo de la dificultad de encontrar al sujeto responsable que caracteriza muchos tipos de delito medioambiental. Es por ello que la Administración debe trabajar en el asunto y buscar soluciones a los problemas existentes.

Los Agentes Forestales han denunciado ya numerosos casos de uso ilegal de veneno en el medio natural y estos casos han terminado con el correspondiente atestado en la Administración de Justicia pero la resolución final del proceso queda inconclusa por lo citado en el párrafo anterior, en muchos de esos casos. Los intereses contrapuestos que se vienen ejerciendo en el medio natural, las prácticas atávicas indeseables no desechadas, deben desterrarse con un Plan de Actuación que entre de lleno en ello y que proponga medidas en su contra.

Sin embargo, desgraciadamente, la Administración Forestal de la Comunidad de Madrid ha publicado y publicitado un Plan de Actuación que utiliza ese delito pero no lo combate. La Comunidad de Madrid engorda el problema existente, no soluciona nada y provoca, además, el enfado de quien tiene que hacer el trabajo, rebajándole y utilizándole en beneficio de quien nada aporta.

La Comunidad de Madrid ha publicado el Decreto 144/2018, de 2 de octubre, por el que aprueba el Plan de Actuación contra el uso ilegal de veneno en el medio natural de la Comunidad de Madrid. En un preámbulo lógico inicial justificativo, la Comunidad confunde los principios de obligado cumplimiento. Si el principio de necesidad es evidente, los de eficacia, proporcionalidad y seguridad jurídica los da por satisfechos con la mera presencia de esta norma cuando precisamente es la norma la que los pisotea.

La Dirección General de Medio Ambiente y Sostenibilidad se propone como responsable de la aplicación del Plan de Actuación y es a partir de aquí, sin crear algo nuevo, sin proponer alguna novedad, cuando decide hacerse dueña de lo ya existente.

Así, este Plan propone como actuaciones novedosas las ya presentes. Se cuida de no decirlo y enumera lo que ya ha venido haciendo el Cuerpo de Agentes Forestales. Enumera periodicidad y periodos de búsqueda, criterios de selección de zonas de inspección y por supuesto, no puede ser de otra forma, establece que serán los agentes forestales los que hagan efectivo el Plan.

Establece como se realiza la inspección, la elaboración de las Actas, el precintado de las muestras, el transporte, la cadena de custodia, la retirada de los precintos. El Plan tan solo ha tenido que cortar y pegar el procedimiento normalizado del Cuerpo de Agentes Forestales.

¿Cuáles son, pues, los dos hechos destacables y fundamentales de este Plan? El primero es sencillo de observar. No aportar nada nuevo ni solucionar los problemas existentes. El segundo es más rebuscado pero más sencillo aún de comprender. Situar en el Plan una obligación que no es necesaria, ni productiva, ni operativa. El Plan introduce en la actividad inspectora de los Agentes Forestales, en lo más alto, la figura de un técnico de la Dirección de Medio Ambiente.

Así pues, un Cuerpo de Agentes Forestales, agentes de la autoridad, policías administrativos especiales y policías judiciales en sentido genérico que cubren desde la A hasta la Z todo el espectro necesario del procedimiento de ejecución de un hecho como este, un Cuerpo con Jefes propios, perfectamente jerarquizado, debe investigar a partir de ahora este tipo penal asistiendo a un técnico que no tiene ninguna de las facultades jurídicas mencionadas ni pertenece a su Cuerpo, saltándose además, cualquier cadena de mando existente.

¿Razones? Ninguna productiva y operativa que atienda al bien general. ¿Entonces?¿Podría imaginar alguien, presuntamente, que este Plan pueda servir como cobertura de unas guardias bien dotadas económicamente pero con difícil justificación?

La Dirección General de Medio Ambiente tiene sus funciones y nadie las discute pero no son, en ningún caso, integrarse en la operatividad del Cuerpo de Agentes Forestales y menos aún en el servicio de los agentes. La DG Medio Ambiente deberá conocer, por supuesto, los resultados finales de estos hechos y de las investigaciones y establecer y gestionar, en consecuencia, políticas de funcionamiento de cotos de caza, de prácticas agrarias y ganaderas adecuadas.

No es un Plan de Actuación de lucha contra el veneno. Parece otra cosa. Por lo que se demanda del Agente Forestal y lo poco que se le ofrece, por la preponderancia que se le otorga al SEPRONA frente al propio Cuerpo de Agentes Forestales bien parece un Plan de lucha contra los Agentes Forestales.

El Plan es necesario pero equivoca los fines. Busca réditos corporativos y se olvida de plantear soluciones sociales. Interviene en la especialización propia del Cuerpo de Agentes Forestales a través de la formación específica de unos pocos agentes cuando esto no corresponde a la Dirección General de Medio Ambiente.

El Plan no plantea obligaciones a los cotos de caza ni les da soluciones cuando se enfrentan a este problema. El Plan no genera más medios para el Cuerpo de Agentes Forestales, protagonista real de la lucha contra el uso ilegal del veneno. No ha dado margen ni presencia a la Jefatura del Cuerpo de Agentes Forestales en su confección o tal vez esta ni siquiera ha querido hacerlo para desgracia de quienes debemos ejercer el operativo final.

El Plan no propone más de lo que ya hay, cambiando de manos, únicamente, los beneficios. Es, sin más, una utilización del uso ilegal del veneno, no un Plan de Actuación en su contra. Es este uno de esos casos donde la Administración no ejerce el desempeño para el cual es necesaria y para el que existe. Lo paga el medio natural que tendrá un embrollo de operativo que no producirá más que encontronazos, lo pagan los ciudadanos, con su dinero, y lo pagamos los agentes forestales, cada vez más estupefactos.

Decreto 144/2018, de 2 de octubre, por el que aprueba el Plan de Actuación contra el uso ilegal de veneno en el medio natural de la Comunidad de Madrid

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