Noticias sobre los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid

Imposibilidad de la aplicación y cumplimiento de la Legislación Medioambiental si estuviera vigente el artículo 9 de la Ley 3/2007

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Las consecuencias prácticas que trae consigo la aplicación del artículo 9 de la Ley 3/2007 en el trabajo diario del Agente Forestal y, por tanto, en la protección, gestión y conservación del medio natural se pueden contar por cientos. Todas negativas para el medio natural de la Comunidad de Madrid. A continuación se exponen una serie de ejemplos prácticos representativos relacionados con la normativa medioambiental vigente que demuestran la imposibilidad de hacerla cumplir en el 77% del territorio de la Comunidad de Madrid.

- Normativa de la Unión Europea

- Normativa Estatal

- Normativa de la Comunidad de Madrid

- Anexo I: Peticiones de autorizaciones judiciales solicitadas por los agentes forestales durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 3 de diciembre de 2007

- Anexo II: Informe sobre la influencia del artículo 9 de la ley 3/2007 en la detección y denuncia de infracciones medioambientales por parte del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid

- Anexo III: Ejemplos de daños infligidos al medio natural en montes privados durante el periodo de vigencia del artículo 9 de la ley 3/2007, al no poder ser evitados ni denunciados por los agentes forestales

- Anexo IV: Protocolos de actuación


NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA

1. Directiva 79/409/CEE, relativa a la conservación de aves silvestres.

Imposibilidad de prevenir, detectar o, en su caso, denunciar en montes privados la muerte o captura ilegal de aves protegidas a nivel europeo, así como la destrucción de sus nidos, lugares de descanso, invernada y hábitats.

Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS) declaradas en la Comunidad de Madrid, de conformidad con esta Directiva, suponen 185.331 has, de las cuales 166.436 has. (90%) pertenecen a montes privados.

Ver tabla y mapa adjunto.

ZEPAs

Superficie (ha)

Montes públicos (ha)

% de monte privado

Alto Lozoya

7.866

4.603

41,5

Carrizales y sotos de Aranjuez

14.972

286

98,1

Cortados y cantiles de los Ríos Jarama y Manzanares

27.961

1.988

92,9

Encinares de los Ríos Alberche y Cofio

83.156

11.931

85,7

Estepas cerealistas de los Río Jarama y Henares

33.110

87

99,7

Monte de El Pardo (Patrimonio Nacional)

15.289

15.289

0,0

Soto Viñuelas

2.977

0

100

Total:

185.331

34.184

81,56

ZEPAs de la Comunidad de Madrid

En color verde oscuro se representan las zonas dentro de cada ZEPA donde sí podrían entrar los Agentes.
Fuente: “El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid 2003-2004” (D. Gral. De Promoción y Disciplina Ambiental.) “Montes de utilidad Pública de la Comunidad de Madrid” (D. Gral. De Medio Natural)

 

2. Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre.

Imposibilidad de prevenir, detectar o, en su caso, denunciar en montes privados la destrucción o alteración de los hábitats amenazados y protegidos a nivel europeo, así como la captura, o muerte de especies de flora o fauna silvestre igualmente amenazadas y protegidas por esta normativa europea.

En la Comunidad de Madrid se han declarado 7 Lugares de Interés Comunitario (LIC´s), que suponen un 40% de su territorio y suman 320.043 has, de las cuales 242.643 has (76%) son terrenos privados. Todos los LIC´s declarados cuentan con Hábitats Prioritarios.

Ver tabla y mapa adjunto.

LICs

Superficie (ha)

Montes públicos (ha)

% de monte privado

Cuenca del Río Guadalix

2.467

1.358

45

Cuenca del Río Guadarrama

34.100

10.905

68

Cuenca del Río Lozoya y Sierra Norte

49.900

38.364

23,1

Cuenca del Río Manzanares

63.305

11.493

81,8

Cuencas de los Ríos Alberche y Cofío

82.981

11.933

85,6

Cuencas de los Ríos Jarama y Henares

36.123

565

98,4

Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste

51.467

2.782

94,6

Total:

320.043

77.400

75,8

LICs de la Comunidad de Madrid

En color verde oscuro se representan las zonas dentro de cada LIC donde sí podrían entrar los Agentes.
Fuentes: “El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid 2003-2004” (D. Gral. De Promoción y Disciplina Ambiental.) “Montes de utilidad Pública de la Comunidad de Madrid” (D. Gral. De Medio Natural)


NORMATIVA ESTATAL

1. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Título XVI: De los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente. Título XVII, Capítulo II, Sección Segunda y Tercera: De los delitos contra la seguridad colectiva. De los incendios. De los incendios forestales y de los incendios en zonas no forestales

Imposibilidad de prevenir, detectar y, en su caso, denunciar en montes privados cualquier delito medioambiental tipificado en el Código Penal, como por ejemplo una edificación no autorizada en suelo protegido, la muerte, corta o destrucción de flora y fauna en peligro de extinción, el empleo de venenos masivos o la realización vertidos, radiaciones o emisiones al suelo, al agua o a la atmósfera que puedan perjudicar el equilibrio de los sistemas naturales y la salud de las personas. Recordar que existen numerosas fincas forestales de cientos o miles de hectáreas donde la impunidad estaría garantizada.

Especial perjuicio supone no poder acceder con inmediatez al monte en el caso de la investigación de posibles delitos por incendio forestal, debido a que es de vital importancia la detección precoz de las posibles pruebas judiciales en el lugar de los hechos por su volatilidad (un simple papel o trapo quemado con restos de gasolina puede desaparecer del lugar en pocas horas por el viento o cualquier otra causa).

 

2. Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Todas las disposiciones que esta Ley básica establece en relación con los espacios y especies protegidas son inaplicables en los montes privados. Incluye esta norma los espacios que componen la Red Europea Natura 2000. No se puede vigilar, evitar o denunciar cualquier ataque o daño a los recursos naturales que protege esta norma.

En la Comunidad de Madrid existen 110.029 has que forman parte de alguna de las categorías de espacios naturales protegidos establecidas en esta norma. De ellas, tan sólo 20.484 (un 18.6%), son de carácter público.

Ver tabla y mapa adjunto.

Espacios Naturales Protegidos

Superficie
(ha)

Montes públicos
(ha)

% de monte privado

% de montes públicos

Figura de Protección

Nombre

Sitio de Interés Natural

Hayedo de Montejo de la Sierra

250

250

0,0

100

Refugio de Fauna

Laguna de San Juan

47

0

100

0,0

Parque Natural

Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara

768

546

28,9

71,1

Parque Regional

Cuenca Alta del Manzanares

52.796

15.025

72,5

28,5

Parque Regional

Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno

22.116

1.356

93,9

6,1

Parque Regional

Cursos bajos de los Ríos Manzanares y Jarama (Sureste)

31.550

2.491

92,1

7,9

Monumento Natural

Peña del Arcipreste de Hita

2,65

2,65

0,0

100

Paraje Pintoresco

Pinar de Abantos y Zona de la Herreria

1.538,60

814

47,1

52,9

Reserva Natural

El Regajal-Mar Ontigola

629,21

0

100

0,0

Régimen de Protección Preventiva

Soto del Henares

332

0

100

0,0

Total:

110.029,46

20.484,65

81,4

18,6

Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad de Madrid

En color verde oscuro se representan las zonas dentro de cada ENP donde sí podrían entrar los Agentes.
Fuentes: “El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid 2003-2004” (D. Gral. De Promoción y Disciplina Ambiental.) “Montes de utilidad Pública de la Comunidad de Madrid” (D. Gral. De Medio Natural)

 

3. Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

Imposibilidad de realizar seguimientos o censos de las especies amenazadas que permitan conocer su situación actualizada. Mucho menos velar por su protección y recuperación. En grandes montes privados no se podrán impedir actividades que puedan perjudicar o incluso erradicar la flora y fauna protegida.

Especial relevancia adquiere la imposibilidad de evitar expolios de nidos de aves amenazadas como águila imperial, buitre negro, halcón, etc.

 

4. Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada por Ley 10/2006.

Esta Ley es de aplicación en todos los montes españoles con independencia de su titularidad. No se podrá aplicar en los montes privados de la Comunidad de Madrid, por lo que no habrá control alguno de los aprovechamientos forestales (cortas de madera, leñas, etc…). Se podrán realizar sin la preceptiva autorización cortas, quemas, descuajes, pistas forestales o cambios de uso del suelo en contra de los principios de sostenibilidad de las masas forestales, sin que la Administración autonómica competente para velar por ellos se entere.

Tampoco se podrá conocer el estado sanitario de las masas forestales, por lo que los focos de plagas y enfermedades que se produzcan en ellas no se podrán detectar y tratar con la inmediatez que ello requiere. Las consecuencias de esta situación pueden ser muy graves tanto para los bosques como para la salud humana, ya que algunos insectos que constituyen plaga producen efectos perniciosos sobre la salud de las personas, como es el caso de la oruga procesionaria del pino.

 

5. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.

Imposibilidad de velar por la integridad del Dominio Público Hidráulico. No se podrá inspeccionar la zona de policía de 100 metros a cada lado de los cauces públicos, donde está condicionado el uso del suelo y determinadas actividades que pueden afectar a las aguas. Tampoco se podrá acceder a gran parte de los cauces, ni siquiera a las zonas de servidumbre.

Ello supone, por ejemplo:

  • Imposibilidad de evitar y detectar vertidos que afecten a las aguas continentales, tanto superficiales como subterráneas, con la consiguiente contaminación de los acuíferos que surten de agua potable a la población de la Comunidad de Madrid.
  • Imposibilidad de evitar y detectar captaciones de aguas ilegales, tanto de ríos y arroyos que deben mantener su caudal ecológico, como de las aguas subterráneas tan importantes para surtir a la población en periodos de sequía.
  • Extracciones y dragados ilegales en los cauces.
  • Construcciones, vallados ilegales u otras alteraciones de los cauces, que afectan tanto al paisajismo como a la dinámica fluvial, facilitando riadas y avenidas de agua.

 

6. Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, y Decreto 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970.

Los terrenos destinados a la caza en la Comunidad de Madrid suman 568.871 has (excluyendo el Monte de El Pardo, cuya gestión pertenece a Patrimonio Nacional). De esos terrenos, 529.963 has, es decir el 93%, son de propiedad privada (ver tabla adjunta) y los Agentes Forestales no podrán velar por el cumplimiento de estas normas.

Terrenos destinados a la caza (Cotos) en la Comunidad de Madrid

Fuente: “El Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid 2003-2004” D. Gral. De Promoción y Disciplina Ambiental

No se podrá comprobar que los cazadores disponen de licencia de caza, si se respetan las especies protegidas, los cupos de caza, las medidas de seguridad para la protección de las personas, los medios de caza empleados, etc.

De especial importancia puede ser el incremento de accidentes personales por coincidencia incontrolada del ejercicio de la caza con otras actividades recreativas frecuentes en el medio natural (senderismo, recolección de setas, bicicletas, turismo rural, agricultura, etc.) Según las estadísticas que maneja la aseguradora Mutuasport cada año mueren en España 24 personas por disparos de escopeta durante la caza.

Otra de las graves consecuencias que trae consigo la aplicación de la Ley 3/2007 es la imposibilidad de detectar con rapidez y establecer las medidas y protocolos pertinentes en casos de brotes de enfermedades de la fauna silvestre. Existen patologías que pueden transmitirse tanto a las personas como a los animales domésticos (gripe aviar –ver protocolo de actuación en anexo IV-, tularemia, fiebre aftosa, tuberculosis, etc.).

Según los últimos datos publicados por la Consejería, en el año 2004 existían 38.429 licencias de caza en la Comunidad de Madrid.

 

7. Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de caza y pesca y se establecen normas para su protección y Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies objeto de caza y pesca comercializables y se dictan normas al respecto.

Imposibilidad de controlar la caza de las especies declaradas como cinegéticas, que no se empleen métodos no selectivos para la caza o que se comercialicen exclusivamente las especies declaradas comercializables en el 93% de los terrenos cinegéticos.

 

8. Real Decreto 63/1994, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil del Cazador, de suscripción obligatoria

Imposibilidad de comprobar que los cazadores disponen del Seguro Obligatorio en el 93% de los terrenos cinegéticos.

 

9. Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

Imposibilidad de comprobar que los cazadores disponen del permiso de armas reglamentario, o que usan armas y munición permitida para la caza.

 

10. Ley de 20 de febrero de 1942, por la que se regula el fomento y la conservación de la pesca fluvial. Reglamento para su ejecución, aprobado por Decreto de 6 de abril de 1943.

Para acceder a numerosos tramos de ríos y orillas de embalses y humedales susceptibles de la aplicación de esta normativa es imprescindible atravesar fincas privadas. Además diversos humedales están dentro de montes particulares. Al no ser posible atravesarlas en virtud del artículo 9 de la Ley 3/2007 no se podrá controlar si los pescadores poseen licencia de pesca, si pescan especies autorizadas o protegidas, los cupos y tallas de captura, los medios de pesca, etc.

 

11. Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre incendios forestales.

Imposibilidad de supervisar en el 77% de superficie forestal madrileña todas aquellas medidas preventivas que establece este decreto: cortafuegos, distancias de seguridad, empleo de maquinaria y herramientas que puedan provocar incendios en los montes, quemas controladas, etc. La vigilancia preventiva para evitar actividades y situaciones que puedan elevar el riesgo de incendio pasa a ser nula. No se podrá impedir, por ejemplo, que se haga una barbacoa en plena época de peligro.

La detección precoz del incendio se verá perjudicada al no recorrer los Agentes Forestales gran parte del territorio.

También sufrirá un perjuicio muy grave un aspecto fundamental de cara a la extinción del incendio forestal: el conocimiento previo del terreno. No se podrá conocer la situación de la red pistas forestales y las posibles vías de escape en caso de peligro, los cortafuegos, puntos de agua, etc., de los grandes bosques privados, por lo que se pondrá en riesgo a todo el operativo de extinción. Tampoco se conocerá el estado, cantidad o densidad de la vegetación y toda una serie de variables (relieve, cables de alta tensión, gaseoductos…) de vital importancia para la seguridad en la extinción así como para el éxito del ataque al fuego.

 

12. Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales

Imposibilidad de hacer cumplir en el 77% del territorio las prohibiciones y limitaciones establecidas con el fin de prevenir los incendios forestales.

 

13. Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias

Las Vías pecuarias son bienes de dominio público propiedad de las Comunidades Autónomas. En la Comunidad de Madrid son numerosas, estando muchas de ellas inmersas y rodeadas de terrenos de propiedad privada. El acceso a algunos tramos se ha visto perjudicado por la Ley 3/2007.

 

14. Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Imposibilidad de prevenir, detectar y denunciar vertederos ilegales, depósitos ilegales de residuos tóxicos, vertidos de lodos etc. en montes de propiedad privada. La acumulación de sustancias de desecho conlleva graves situaciones de riesgo para la salud de las personas, bien por la posibilidad de aparición de focos de infección en caso de restos orgánicos, por la filtración de sustancias nocivas a las aguas de consumo humano o por el paso de estas sustancias a la cadena alimenticia.

 

15. Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas.

Imposibilidad de prevenir, detectar y denunciar canteras, minas u otras explotaciones de yacimientos minerales en montes privados, que pueden conllevar graves daños a los recursos naturales y a la cantidad y calidad de las aguas. Tampoco se podrá verificar el cumplimiento de los requisitos y condicionantes medioambientales que deben cumplir las explotaciones con concesión administrativa existentes.

 

16. Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración del espacio natural afectado por explotaciones mineras.

Imposibilidad de inspeccionar y controlar las disposiciones obligatorias que toda concesión minera debe cumplir para restaurar los espacios naturales que hayan resultado afectados por su actividad.


NORMATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

1. Ley 1/2002, de 27 de marzo, por la que se crea el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.

Las funciones que esta ley establece en su artículo 5 para el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid no se pueden ejercer en el 77% del territorio.

 

2. Decreto 2/2008, de 17 de enero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. (art. 6, competencias de la Dirección General del Medio Natural).

Todas las atribuciones encomendadas a la Dirección General del Medio Natural quedan recortadas por la Ley 3/2007. Especialmente importantes son las funciones de protección y conservación del medio ambiente natural, la defensa de los montes, su control, inspección y vigilancia, el planeamiento, la gestión y seguimiento de los Espacios Naturales Protegidos y la concesión y control de autorizaciones y licencias.

 

3. La Ley 2/1991, de 14 de febrero, para la Protección y Regulación de la Fauna y Flora Silvestre de la Comunidad de Madrid.

Se incumple el objeto mismo de la Ley, que no es otro que garantizar la conservación y protección de la fauna y flora silvestres e todo el territorio de la Comunidad de Madrid. La inspección, vigilancia y control de la materia objeto de esta Ley ha quedado absolutamente cercenada. La fauna y flora de la Comunidad de Madrid que habite en los montes privado queda expuesta a cualquier agresión. No se podrá controlar ninguna de las numerosas prohibiciones contenidas en esta ley.

 

4. Decreto 18/1992, de 26 de marzo, Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre y Árboles Singulares.

Imposibilidad de realizar seguimientos o censos de las especies amenazadas de la Comunidad de Madrid que permitan conocer su situación actualizada. Mucho menos velar por su protección y recuperación. En grandes montes privados no se podrán impedir actividades que puedan perjudicar o incluso erradicar la flora y fauna protegida.

Especial relevancia adquiere la imposibilidad de evitar expolios de nidos de aves amenazadas como águila imperial, buitre negro, halcón, etc.

Los ejemplares de árboles singulares catalogados en montes particulares quedan expuestos a la corta, poda o cualquier actuación que pueda perjudicarles.

 

5. Ley 7/1990, de 28 de junio, sobre Protección de Embalses y Zonas Húmedas de la Comunidad de Madrid. Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad de Madrid.
Decretos por los que se aprueban los Planes de Ordenación de 11 embalses catalogados por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 10 de octubre de 1991. (Decs. 111/2002, 112/2002, 113/2002, 114/2002,115/2002, 116/2002, 117/2002, 118/2002, 119/2002, 120/2002, 121/2002.)
Decreto 265/2001, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Actuación sobre Humedales Catalogados de la Comunidad de Madrid.

Los embalses de la Comunidad de Madrid están rodeados, según sus planes de ordenación y de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1990, por diferentes franjas de protección. Los 100 primeros metros que los circundan están clasificados como suelo no urbanizable objeto de protección especial, pero no se podrán controlar pues gran parte de ellos pertenecen a montes privados. Existen además otras áreas protegidas que será imposible vigilar e impedir cualquier actuación que pueda afectar al embalse y a la calidad de sus aguas de consumo humano.

Como ejemplo se puede observar el embalse de Riosequillo en Buitrago de Lozoya. Está rodeado de montes particulares donde están limitados diversos usos, actividades y construcciones por la normativa vigente pero será imposible hacerla cumplir, poniendo en riesgo sus aguas y ecosistemas.

Tomando los datos de las publicaciones de la propia Comunidad se puede estimar que tan sólo el 19% de lo terrenos sometidos a ordenación de embalses pertenecen a montes públicos.

Plan de Ordenación del embalse de Riosequillo Plan de Ordenación del embalse de Riosequillo

Fuente: “Atlas del Medio Ambiente en la Comunidad de Madrid” Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Respecto a los humedales existe una zona periférica de 50 m calificada como suelo no urbanizable de protección especial y prácticamente todos (20 de los 23 existentes) están en montes privados, con lo cual se hace imposible su inspección y protección.

 

6. Leyes de declaración de los Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad de Madrid y sus respectivos Planes de Ordenación de Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y Gestión:

  • Ley 1/1985, de 23 de enero. Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.
  • Ley 6/1990, de 10 de mayo. Parque Natural Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara.
  • Ley 6/1994, de 28 de junio. Parque Regional en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama.
  • Ley 20/1999, de 3 de mayo. Parque Regional Curso Medio del Río Guadarrama y su Entorno.
  • Real Orden del Ministerio nº 213. Monumento Natural de Interés Nacional Peñas del Arcipreste de Hita.
  • Decreto de 2418/1961, de 16 de noviembre. Paraje Pintoresco Pinar Abantos y zonas de la Herrería del Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial.
  • Decreto de 2866/1974, de 30/08/74. Sitio Natural de Interés Nacional Hayedo de Montejo de la Sierra.
  • Decreto 5/1991, de 14 de febrero. Refugio de Fauna Laguna de San Juan.
  • Decreto 68/1994. Reserva Natural El Regajal-Mar de Ontígola.
  • Decreto 169/2000 de 13 de julio. Régimen de Protección preventiva Soto del Henares

El caso de los Espacios Naturales Protegidos es especialmente grave. Todas las limitaciones y prohibiciones establecidas en las normas que los regulan, encaminadas a su conservación y protección son inaplicables desde la aprobación de la Ley 3/2007 ya que el 81.4 % de su superficie pertenece a montes privados.

Existen además otros dos espacios protegidos en la Comunidad de Madrid que han sido declarados por la aplicación de convenios internacionales:

  • Reserva de la Biosfera “Sierra del Rincón”: cuenta con 15.239 ha. de las que 9.053 ha. son gestionadas por la Comunidad de Madrid (únicamente el 59,4 %.)
  • Reserva de la Biosfera “Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares”: cuenta con unas 46.846 ha., de las que sólo 10.407 ha. son gestionadas por la Comunidad de Madrid (un 22,2 %.)

 

7. Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid.

Las disposiciones que marca la propia Ley son de aplicación a todos los montes o terrenos forestales existentes en el territorio de la Comunidad de Madrid, con independencia de su titularidad.

Establece también que su finalidad es la adecuación de todos los montes de la Comunidad de Madrid al cumplimiento de la función de servicio a la colectividad social, protección de la naturaleza y medio ambiente en general.

Todo lo que dispone esta ley sobre el control que debe ejercer la Administración sobre cambios de usos del suelo, eliminación de las cubiertas vegetales, defensa contra incendios forestales, defensa contra plagas y enfermedades, lucha contra la erosión, inspección y control de los aprovechamientos forestales y de actividades recreativas o la comprobación de las actuaciones llevadas a cabo mediante subvenciones públicas, pasa a ser de imposible aplicación en el 77% del territorio.

Además, esta ley crea una nueva figura de protección denominada “monte preservado” para aquellos montes que presentan un especial valor ecológico-forestal. Estos montes preservados suman 105.137 ha., de las únicamente son públicas 14.909 ha. Es decir, el 86 % está en manos privadas y escaparían a todo tipo de inspección y control para su adecuada conservación. Ver mapa adjunto:

Montes Preservados de la Comunidad de Madrid

Fuente: D.G. de Medio Natural

 

8. Decreto 111/1988, de 27 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la regulación de cortas en los montes bajos o tallares de encina y rebollo de la Comunidad de Madrid.

Este decreto establece una regulación de cortas en encinares y robledales “con el fin de mejorar la producción económica y la conservación y restauración de estos montes”, ya que “las cortas de leñas en la Comunidad de Madrid, seguidas por la práctica del pastoreo están comprometiendo la recuperación biológica producida en los últimos tiempos en los bosques y montes bajos de frondosas”. Indica, además, que “el personal de la Consejería de Medio Ambiente, siempre que ésta lo estime conveniente, visitará las fincas donde se estén ejecutando o hayan ejecutado cortas, con el fin de comprobar si dichas labores se ajustan o se han ajustado a los criterios técnicos dictados”.

Todo ello entra en contradicción con lo establecido en la Ley 3/2007.

 

9. Decreto 8/1986, de 23 de enero, del Consejo de Gobierno, sobre regulación de las labores de podas, limpias y aclareos de fincas de propiedad particular pobladas de encinas.

Este decreto es similar al anterior y dispone una serie de criterios técnicos para que los propietarios de fincas con encinas realicen las podas para su aprovechamiento de leñas “con el fin de proteger esta especie al objeto de asegurar su persistencia y conservación”. De igual modo establece que “el personal de la Consejería de Medio Ambiente, siempre que ésta lo estime conveniente, visitará las fincas donde se estén ejecutando o hayan ejecutado podas, limpias o aclareos, con el fin de comprobar si dichas labores se ajustan o se han ajustado a los criterios técnicos dictados.”

Al no poder entrar en las fincas todos esos criterios establecidos para el adecuado aprovechamiento de las encinas no podrán ser controlados.

 

10. Orden 755/2007, de 30 de marzo, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se fijan las limitaciones y épocas hábiles de caza que regirán durante la campaña 2007-2008.

Imposibilidad de controlar y hacer cumplir las disposiciones que establece la orden de vedas sobre las épocas, días y especies autorizadas para la caza, así como las medios utilizados, en el 93% de la superficie cinegética de la Comunidad de Madrid.

 

11. Orden 2658/1998, de 31 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, por la que se autoriza la caza de aves fringílidas en la Comunidad de Madrid.

Imposibilidad de controlar en los montes privados la captura de estas aves de acuerdo con los requisitos legales establecidos.

 

12. Orden 1722/2007, de 13 de julio, de la Consejera de Medio Ambiente y Ord. del Territorio, regula la caza de jabalí modalidad de batida, en Zona de Caza Controlada y en la Reserva Nacional de Caza de Sonsaz, de la Comunidad de Madrid, campaña 2007-2008.

Se podrá controlar el ejercicio de la caza en el interior de estas zonas puesto que están emplazadas en montes públicos, pero será imposible dar cumplimiento a los preceptos establecidos en la legislación cinegética respecto a las distancias en las que está prohibido cazar alrededor de la zona donde se desarrolle la batida. Es lo que se conoce como cazar en “línea de retranca”, es decir a menos de 500 m de los límites de esa zona. Con lo cual se podrá furtivear sin problema en los terrenos circundantes que sean privados u organizar otra batida simultanea, lo que también está prohibido.

 

13. Orden 1723/2007, de 13 de julio, de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la caza de palomas migratorias desde puestos fijos en pasos tradicionales situados en la Comunidad de Madrid, campaña cinegética 2007-2008.

Es objeto de esta orden la regulación de la modalidad de caza de paloma migratoria, desde puestos fijos en los pasos tradicionales declarados como tales en la Comunidad de Madrid.

La mitad de estos pasos se encuentra en cotos privados de caza, por lo que debido a la Ley 3/2007 no se pueden hacer cumplir los mandatos de esta orden.

De especial importancia es el posible incumplimiento de las fajas de seguridad, franjas de terreno de 1 Km. de ancho donde se limita la actividad para proteger a las personas.

 

14. Decreto 47/1991 de 21 de junio de Implantación obligatoria del Plan de Aprovechamiento Cinegético en terrenos acotados.

Se establece en este decreto que todo aprovechamiento cinegético en terrenos acotados debe hacerse, por el titular del derecho de forma ordenada y conforme al Plan Cinegético justificativo de la cuantía y modalidades de las capturas a realizar, con el fin de proteger y fomentar la riqueza cinegética.

Sin embargo con la aplicación de la ley 3/2007, es imposible constatar el cumplimiento de las disposiciones que establecen estos planes de aprovechamiento cinegético en los cotos privados de caza (93% de la superficie cinegética). No se podrá saber, por ejemplo, si el coto se está sobreexplotando o se usan medios ilegales de captura.

 

15. Orden 2139/1996, de 25 de septiembre de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se regula el control sanitario, transporte y comercialización de animales silvestres abatidos en cacerías y monterías

Esta orden tiene por objeto regular el control sanitario, transporte y comercialización de los animales silvestres abatidos en monterías y cacerías. Hasta la fecha de publicación de la Ley 3/2007 los Agentes Forestales estaban presentes, como agentes de la autoridad, junto a los veterinarios para verificar que se analizaban todos los animales abatidos y hacer cumplir todos los requisitos sanitarios establecidos. A partir de ahora los veterinarios acuden solos a las cacerías, desconocen el terreno, se pierde la presencia del agente de la autoridad y, al no haber actas oficiales de los animales que se han abatido no se puede garantizar que haya animales comercializados para el consumo humano con la debida seguridad sanitaria y alimentaría.

 

16. Decreto 156/2002, de 19 de septiembre del Consejo de Gobierno, por el que se limita el uso de munición que contenga plomo para el ejercicio de la caza y el tiro deportivo en determinados embalses y zonas húmedas de la Comunidad de Madrid.

No se podrá verificar la no utilización de munición plomo en humedales que están situados en terrenos privados.

 

17. Orden 71/2007, de 31 de enero, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, sobre establecimiento de vedas y regulación especial de la actividad piscícola en los ríos, arroyos y embalses de la Comunidad de Madrid para el ejercicio de 2007.

Esta orden regula el ejercicio de la pesca deportiva en el ámbito de las aguas públicas de la Comunidad de Madrid. El Agente Forestal es el agente de la autoridad encargado de hacer cumplir sus disposiciones. En la mayoría de las ocasiones el agente no puede acceder a las aguas públicas al tener que atravesar terrenos privados, circunstancia prohibida por la Ley 3/2007, por lo que se pierde todo control sobre la actividad piscícola en gran parte de los ríos de la Comunidad de Madrid.

 

18. Decreto 59/2006, de 20 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA).

Una de las excepciones que permite la Ley 3/2007 es la entrada a montes privados para extinguir incendios forestales. Sin embargo impide una detección rápida de los incendios, la prevención que venía ejerciendo el Agente Forestal y la investigación de incendios forestales. Además la extinción se ve condicionada por numerosos parámetros.

  • Detección: El Agente Forestal, por su situación constante en el monte, detecta numerosos incendios forestales. En todos los casos el agente debe acercarse lo más posible al foco del posible incendio, ya que son numerosas las falsas alarmas y no es conveniente activar el operativo de extinción por una simple presunción. La Ley 3/2007 impide esta circunstancia y, lo que es más grave, la primera actuación de extinción que en numerosas ocasiones realizaba el propio Agente Forestal en incendios incipientes o conatos.
  • Prevención: La presencia del Agente Forestal en el monte supone uno de los mecanismos de prevención más eficientes, ya que se evitan actividades que pueden producir incendios. El mal uso socio-recreativo de los montes durante el verano produce un alto porcentaje de los incendios (barbacoas, paellas, fiestas nocturnas, etc.). Se cuentan por centenas las denuncias efectuadas por los Agentes Forestales debido a estas cuestiones. Ahora será imposible controlar cualquier actuación de este tipo en el 77% del territorio. Por otro lado el Agente Forestal desconocerá en poco tiempo el estado de las pistas forestales, cortafuegos y masas forestales presentes en montes particulares, no pudiendo informar de tales hechos, quedando expuestos estos montes a ser pasto de los incendios forestales.
  • Extinción: Precisamente por lo anteriormente expuesto la extinción se ve fuertemente condicionada. Todos los medios del operativo de extinción son normalmente dirigidos al incendio por el Agente Forestal a través de pistas y cortafuegos. Cuando lo que se requiere es rapidez y seguridad, el desconocimiento del terreno debido a la Ley 3/2007 aportará todo lo contrario, peligrando las masas forestales, la fauna silvestre y las vidas humanas.
  • Investigación de las causas de incendios forestales: Especial perjuicio supone no poder acceder con inmediatez al monte en el caso de la investigación de posibles delitos por incendio forestal, debido a que es de vital importancia la detección precoz de las posibles pruebas judiciales en el lugar de los hechos por su volatilidad (un simple papel o trapo quemado con restos de gasolina puede desaparecer el lugar en pocas horas por el viento o cualquier otra causa). La investigación de causas es fundamental para la futura prevención de incendios.

 

19. Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid.

Los condicionados que imponen las declaraciones de impacto ambiental sobre las actividades que están sujetas a evaluación ambiental en el medio natural no podrán ser inspeccionados ni comprobados, por lo que tales declaraciones podrán incumplirse sin problema alguno con lo graves riesgos tanto para el medio ambiente como para la salud humana que ello conlleva.

 

20. Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo en la Comunidad de Madrid.

En la Comunidad de Madrid se hace más patente que en ninguna otra Comunidad las diferencias suelo urbano, urbanizable y no urbanizable (ya sea por estar protegido o no). Estas diferencias permiten observar claramente el inmenso número de agresiones urbanísticas que sufre el medio natural de la Comunidad de Madrid. El 85% de las denuncias por construcciones ilegales que llegan a los juzgados madrileños provienen del Cuerpo de Agentes Forestales. Es evidente que todas esas infracciones, en la mayoría de los casos delitos, se producen en montes o terrenos de particulares y es por ello que se pone en evidencia el artículo 9 de la Ley 3/2007 que no permite penetrar en esos montes a los Agentes Forestales.

La Ley 3/2007 permitirá en pocos años en la Comunidad de Madrid un continuo de construcciones ilegales que influirán negativa y exageradamente en los montes madrileños y que posibilitará el crecimiento de incendios forestales, la peligrosidad de su extinción, el descontrol en las cortas y la imposible gestión del medio natural de la Comunidad de Madrid.

 

21. Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.

Imposibilidad de prevenir, detectar y denunciar vertederos ilegales, depósitos ilegales de residuos tóxicos, vertidos de lodos etc. en montes de propiedad privada. La acumulación de sustancias de desecho conlleva graves situaciones de riesgo para la salud de las personas, bien por la posibilidad de aparición de focos de infección en caso de restos orgánicos, por la filtración de sustancias nocivas a las aguas de consumo humano o por el paso de estas sustancias a la cadena alimenticia.

Resulta especialmente contradictorio con la Ley 3/2007 los siguientes artículos de esta Ley de Residuos:

Artículo 66. Servicios de inspección y vigilancia de la Comunidad de Madrid.

1. Las funciones de vigilancia e inspección ambiental de la Comunidad de Madrid de las actividades sujetas a esta Ley se llevarán a cabo por los Agentes Ambientales, los Agentes Forestales en los términos previstos en la Ley 1/2002, de 27 de marzo, de creación del Cuerpo de Agentes Forestales, y demás personal oficial designado para realizar labores de vigilancia e inspección medioambientales.

2. Este personal, en el ejercicio de sus funciones, gozará de la consideración de Agentes de la Autoridad, estando facultados para acceder a aquellos lugares e instalaciones donde se desarrollen las actividades mencionadas en esta Ley, previa identificación y sin necesidad de aviso previo.

3. (…)

4.(…)

Artículo 67. Actas de Inspección.

El resultado de la vigilancia, inspección o control se consignará en el correspondiente acta o documento público que, firmado por el agente de la autoridad y con las formalidades exigidas, gozará de presunción de veracidad y valor probatorio en cuanto a los hechos consignados en el mismo, sin perjuicio de las demás pruebas que los interesados puedan aportar en defensa de sus respectivos intereses. Del citado documento se entregará copia al interesado.

Artículo 68. Deber de colaboración.

Los titulares, responsables o encargados de las actividades que sean objeto de vigilancia o inspección, están obligados a permitir el acceso de los funcionarios debidamente acreditados y a los asesores técnicos, mencionados en el artículo 66 de esta Ley, para el ejercicio de sus funciones, así como a prestarles la colaboración necesaria para la realización de exámenes, controles, tomas de muestras y cualquier otra operación que sea necesaria para su desarrollo, facilitando cuanta información y documentación les sea requerida a tal efecto.

 

21. Orden 3359/2007, de 31 de diciembre, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se convocan para el año 2008 subvenciones para la ejecución de obras y trabajos de repoblación forestal en montes de titularidad privada en la Comunidad de Madrid.

Cada año se publica una Orden como la mencionada. Se otorgan subvenciones a particulares para obras forestales. Para controlar los trabajos realizados y subvencionados se exige, por la Ley 3/2007, autorización judicial.


ANEXO I: PETICIONES DE AUTORIZACIONES JUDICIALES SOLICITADAS POR LOS AGENTES FORESTALES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE AGOSTO Y EL 3 DE DICIEMBRE DE 2007

Durante el periodo de tiempo que ha estado en vigor el artículo 9 de la Ley 3/2007, de Medidas Urgentes para la modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid, 1 de agosto a 3 de diciembre de 2007, los Agentes Forestales han solicitado peticiones de autorización judicial para acceder a 32.165 montes de propiedad particular e intentar desarrollar así las funciones que tienen encomendadas por la legislación medioambiental vigente, pero cumpliendo también el nuevo condicionante que les imponía el mencionado artículo.

Hasta la fecha tan solo se han producido 10 autos o resoluciones judiciales en respuesta al gran número de peticiones de acceso solicitadas por los Agentes Forestales:

▪ 7 procedentes de la jurisdicción contencioso administrativa que han autorizando el acceso equiparando tal acción a un acto de ejecución forzosa de la Administración. En algunos de estos casos los Agentes Forestales no reciben copia de la autorización judicial, si no una nota interna de la Jefatura del Cuerpo de Agentes Forestales en la que se les informa que existe autorización judicial y se les insta al acceso y realizar inspección con el único amparo de esta orden interna.

▪ 3 procedentes de diversos juzgados de 1ª instancia que ponen de manifiesto que no son competentes.

Las peticiones de autorización judicial para acceso a terrenos forestales de titularidad privada se realizaron inicialmente directamente por los Agentes Forestales ante los Juzgados correspondientes. Posteriormente, y tras recibir la orden de la Jefatura del Cuerpo de Agentes Forestales en este sentido, ante el registro interno de dicha Jefatura.

Desde que se produce la petición inicial del Agente Forestal, hasta la resolución última del Juzgado correspondiente, estas solicitudes pasan por una serie de cauces o trámites internos en la propia Administración de los que no tenemos información clara, aunque según se nos ha transmitido verbalmente estos podrían ser: Jefatura del Cuerpo de Agentes Forestales -> Dirección General de Medio Natural -> Secretaría General Técnica -> Servicios Jurídicos -> Juzgado correspondiente.

Como ya se ha dicho, se han producido un total de diez autorizaciones judiciales, lo que supone un porcentaje del 0,03 % sobre el total de solicitudes, transcurriendo un tiempo medio en la tramitación de aproximadamente 70 días, con lo que los Agentes Forestales no pudieron realizar sus funciones con la inmediatez requerida. Del resto de las 32.155 peticiones solicitadas no ha habido respuesta.

Estas peticiones son de muy diversa índole. Cabe resaltar las relativas a:

  • Investigación de incendios forestales.
  • Prevención de incendios forestales.
  • Vigilancia y control de la actividad cinegética.
  • Inspección para localización de cebos envenenados y levantamiento de cadáveres de fauna protegida posiblemente envenenada.
  • Inspección y vigilancia de las zonas húmedas para la detección de casos de gripe aviar.
  • Vigilancia, autorización y control de aprovechamientos forestales
  • Control y denuncia de construcciones y obras ilegales en el medio natural.
  • Custodia y vigilancia de especies de flora y fauna amenazada.
  • Inspección y denuncia de captaciones ilegales de aguas así como de vertidos de aguas residuales.
  • Autorización de quemas de residuos vegetales.
  • Etc.

COMARCA

NÚMERO DE PETICIONES

I RASCAFRIA (P.N. PEÑALARA)

215

II LOZOYA

6.068

III BUITRAGO

6.186

IV MONTEJO

216

V TORRELAGUNA

5.460

VI ALCALÁ

90

VII ESTE

1.587

VIII P.R.SURESTE

400

IX P.R. RIO GUADRRAMA

9.465

X S.M. DE VALDEIGLESIAS

45

XI FRESNEDILLAS

172

XII EL ESCORIAL

1.973

XIII P.R. MANZANARES OESTE

158

XIV P.R. MANZANARES NORTE

61

XV P.R. MANZANARES SUR

68

UNIDAD FUNCIONAL

1

TOTAL:

32.165


ANEXO II: INFORME SOBRE LA INFLUENCIA DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 3/2007 EN LA DETECCIÓN Y DENUNCIA DE INFRACCIONES MEDIOAMBIENTALES POR PARTE DEL CUERPO DE AGENTES FORESTALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La entrada en vigor del artículo 9 de la Ley, 3/2007 de Medidas Urgentes para la modernización del Gobierno y la Admón. de la Comunidad de Madrid ha supuesto una notable disminución de las denuncias por infracciones medioambientales interpuestas por el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.

Como se puede observar en el cuadro comparativo adjunto, las denuncias presentadas durante el periodo de vigencia del artículo 9 de la Ley 3/2007 antes de ser suspendido por el Tribunal Constitucional (del 1 de agosto al 3 de diciembre de 2007), sumaron una cifra de 272. Por el contrario, en el mismo periodo del año anterior, los Agentes Forestales interpusieron 852 denuncias. Esto supone una disminución del 68 % en la presentación de denuncias durante el periodo de aplicación de la ley con respecto al mismo periodo del año 2006. Este porcentaje es similar al del territorio de la Comunidad de Madrid que es de propiedad particular (77%, dato oficial publicado por la Consejería de Medio Ambiente) y quedó sin estar sujeto a la vigilancia e inspección de los Agentes Forestales tras la aplicación de la citada Ley, tal y como se ve en el mapa siguiente.

Suelo privado y montes públicos de la Comunidad de Madrid

En color verde se señalan los terrenos donde únicamente pueden entrar los Agentes Forestales.

Llama la atención que las mayores reducciones en la interposición de denuncias se producen en las zonas con mayor protección ambiental de la Comunidad de Madrid: En el Parque Natural de Peñalara (comarca I) las denuncias se han reducido un 87%; en el Parque Regional del Sureste (comarca VIII), un 77 %; en el Parque Regional del río Guadarrama (comarca IX) un 72%; y en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (comarcas XII, XIV y XV) un 43%.

Los datos aportados son todos contrastables.

COMARCA

2006
(agosto-noviembre)

2007
(agosto-noviembre)

DIFERENCIA

I P.N. PEÑALARA

136

18

-118

II LOZOYA

15

16

+1

III BUITRAGO

43

13

-30

IV MONTEJO

23

4

-19

V TORRELAGUNA

75

14

-61

VI ALCALÁ

65

24

-41

VII ESTE

62

18

-44

VIII P.R. SURESTE

101

23

-78

IX P.R RIO GUADARRAMA

117

33

-84

X S. M. VALDEIGLESIAS

7

5

-2

XI FRESNEDILLAS

68

31

-37

XII EL ESCORIAL

44

20

-24

XIII P.R. MANZANARES O.

37

18

-19

XIV P.R. MANZANARES N.

28

26

-2

XV P.R. MANZANARES S.

31

9

-22

TOTAL:

852

272

-580


ANEXO III: EJEMPLOS DE DAÑOS INFLIGIDOS AL MEDIO NATURAL EN MONTES PRIVADOS DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 3/2007, AL NO PODER SER EVITADOS NI DENUNCIADOS POR LOS AGENTES FORESTALES.

1. Acumulación de residuos vegetales durante toda la época de peligro alto de incendios forestales, elevando así los índices de probabilidad y de peligrosidad de incendio forestal. Los restos también fueron cortados sin autorización.

Acumulación de residuos vegetales

2. Realización de pistas forestales y desmontes de terreno sin autorización y en zona de máxima protección de un Espacio Natural Protegido, con graves efectos erosivos.

Pistas forestales y desmontes de terreno sin autorización

3. Podas y cortas realizadas sin autorización y sin cumplir los criterios técnicos para la viabilidad de los ejemplares.

Podas y cortas realizadas sin autorización y sin cumplir los criterios técnicos

4. Realización de obras sobre arroyos sin autorización.

Realización de obras sobre arroyos sin autorización

5. Construcciones ilegales en zona no urbanizable protegida:

Fotografía realizadas el 16 de enero de 2008 en terrenos forestales de propiedad privada situados en el paraje denominado “Valdecorzas”, en el término municipal de Arganda del Rey. Los terrenos forman parte del Parque Regional entorno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama (P.R. del Sureste) y están calificados como Suelo No Urbanizable de Protección.

Construcción ilegal en zona no urbanizable protegida

Fotografía realizada el 21 de enero de 2008 en terreno forestal de propiedad privada situado en el paraje denominado “Valdecorzas”, en el término municipal de Arganda del Rey. Los terrenos forman parte del Parque Regional entorno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama (P.R. del Sureste) y están calificados como Suelo No Urbanizable de Protección.

Construcción ilegal en zona no urbanizable protegida

6. Caza furtiva:

Fotografía realizada el 21 de septiembre de 2007 en una finca forestal de propiedad privada situada en el término municipal de Quijorna. Al no estar suspendido todavía el artículo 9 de la Ley 3/2007 por el Tribunal Constitucional, la fotografía fue tomada desde un camino público colindante con la finca.

Restos de un gamo


ANEXO IV: PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

A continuación se adjuntan, como ejemplo, cuatro protocolos de actuación para los Agentes Forestales elaborados y aprobados por la propia Administración de la Comunidad de Madrid, cuya aplicación resulta imposible debido al artículo 9 de la Ley 3/2007. Se trata de los siguientes:

  • Protocolo de la Dirección General de Medio Natural de actuación en caso de cualquier indicio o sospecha de gripe aviar
  • Protocolo de la Dirección General de Medio Natural de actuación en casos de envenenamiento y empleo de cebos envenenados en el medio natural.
  • Protocolo de la Dirección General de Medio Natural de actuación en caso de localización de ejemplares heridos de fauna silvestre.
  • Protocolo de la Dirección General de Medio Natural de actuación en caso de localizar fauna muerta presuntamente electrocutada.
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