APAF-Madrid (Asociación Profesional de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid)

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Los Agentes Forestales exigen pautas de seguridad propias

Fuente: Diario de Burgos

Reprochan que el protocolo «es igual para los que frenamos a gente armada que para el funcionario de oficina» La región, la primera del país en agresiones graves

Los Agentes Forestales exigen pautas de seguridad propiasLos Agentes Medioambientales de la región están cansados de salir cada día a realizar su labor de vigilancia por los montes y caminos de toda la región, y hacerlo casi ‘a pecho descubierto’. Y es que actualmente cuentan con un protocolo de seguridad genérico -cuando por ley debería ser específico-, «lo que hace que informe por igual tanto a quienes cada día nos enfrentamos solos y en medio del campo a gente con armas, como a otros funcionarios que realizan su jornada en la oficina con un ordenador, labor tan loable como la nuestra pero con un claro menor riesgo diario».

Así se lo argumentaron ayer el presidente y vicepresidente de Apamcyl (Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León), Esaú Escolar y Santiago García respectivamente, al delegado de la Junta en Burgos, Roberto Saiz, en la reunión que mantuvieron todos ellos en la capital, y en la que le reiteraron la urgencia de que se elabore un protocolo específico y realizado por profesionales del ámbito de la vigilancia y la seguridad.

Evaluación específica

«Y no únicamente por técnicos de prevención como el actual, quienes desconocen las numerosas situaciones de riesgo en que habitualmente nos encontramos nosotros en los caminos y montes en los que trabajamos», remarcaron, recordando que pertenece a un colectivo de funcionarios públicos «que constituimos una policía especial, de naturaleza mixta, administrativa y judicial», explican.

Redacción que, como añadieron los también representantes de la agrupación en la provincia burgalesa «debe realizar la Consejería de Medio Ambiente». Explican que la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales marca que la labor de custodia y de policía debe tener una evaluación específica, «dejando así de ser competencia de la Dirección General de la Función Pública, que depende de la Consejería de Presidencia, y pasando a serlo del órgano del que dependen los profesionales, en nuestro caso la Consejería de Medio Ambiente».

Tarea de la que, como reprochan, «ésta no quiere hacerse cargo alegando que esa labor de custodia y vigilancia no es de los Agentes Medioambientales, cuando sabe perfectamente que lo es al recogerlo así el reglamento jurídico».

Subrayan así que «no se trata de lo que la Consejería quiera o no que los funcionarios regionales hagan, sino de lo que marca la ley que debemos hacer», recalcó Escolar, como identificar a personas ante la duda de incumplimiento de la ley de Montes o de Caza por ejemplo, revisar sus vehículos y decomisar sus armas o las piezas ilegalmente obtenidas. «Actuaciones que hacen que nosotros nos encontremos en muchas ocasiones con personas armadas, con las que se generan situaciones de gran tensión ante las que nos sentimos indefensos», lamentan ambos representantes, insistiendo en que la Junta debe ponerse ya con dicho protocolo.

Por ello, aunque reconocen que desde la Secretaría general de Medio Ambiente, han asegurado que se darán en breve los pasos para crear una mesa de seguridad en la que reunir a expertos en la materia, así como para mantener reuniones periódicas, «creemos que en 3 meses tendrían que empezar a verse los primeros borradores, ya que la situación es cada vez más complicada y peligrosa».

A la cabeza de incidentes

Urgencia que «no marcamos nosotros sino los datos regionales de estos años, en los que los 11 percances graves que se han producido, han colocado a la región a la cabeza de todo el país en peligrosidad para nuestro sector», aseguran los responsables de APAMCYL.

Detallan asimismo que a la falta de este protocolo de seguridad que deberían tener -«pues intervenimos en montes y caminos al igual que un policía lo hace en una calle de Burgos, y él sí lo tiene y saber así cómo actuar»-, se suma un reglamento interno obsoleto de 2002.

Y que observa en su contenido, por ejemplo, que sólo en casos concretos puedan patrullar en pareja, «por lo que la mayor parte de las veces estamos solos-; o que la cobertura de servicios dependa de la plantilla que tenga cada comarca, o ni mencione algunas nuevas atribuciones de vigilancia de abandono de residuos o la recogida micológica ilegal, lagunas que lo hacen casi inservible», lamentan.

Una media de 54 años y la previsión de 250 jubilaciones

Los responsables de APAMCYL recordaron al delegado territorial que hoy son 90 los Agentes Medioambientales en la provincia burgalesa -lejos de los 134 con que deberían contar-, de los 750 existentes por toda Castilla y León. «Cifras que en 2023, cuando concluya la actual legislatura, se habrán reducido a apenas a 500 ya que son unas 250 las jubilaciones que se producirán estos años», remarcan desde la asociación. «Porque la media de edad está ya en 54 años, así que ya vamos tarde para contratar y formar a quienes deberán ocuparse de los miles de caminos y metros cuadrados de monte con que cuenta la región».

De ahí que urjan a la Junta a que, en cuanto se aprueben los presupuestos regionales, lleve a cabo la publicación de la convocatoria de plazas, «que han informado que será conjunta y reunirá las previstas para 2017, 2018 y 2019 (41, 39 y 66 respectivamente)», cifra.

Y que prevé «se queden cortas, pues deben restarse 30 con las que se consolidarán las plazas de interinos, además de restar las jubilaciones que seguirán produciéndose estos años».

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